El Juzgado de Instrucción 1 de Elche (Alicante) ha impuesto una multa de 60 euros a San José, un miembro del Grupo Antimilitarista Tortuga al que ha condenado por una falta de desobediencia cometida por protestar contra una «jura de bandera».
Para que nos enteremos todos: en España desobedecer es un delito y protestar es desobedecer. Todo este esperpéntico asunto es característico de un Estado teocrático, inquisitorial y medieval como España.
El acto castrense lo organizó el 8 de junio del pasado año la Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella, una cofradía de Semana Santa, que quería celebrar de esa manera tan recia su 25 aniversario.
Las oscuras conexiones de una Cofradía religiosa con el Ejército del Aire no aparecen explicadas, pero nos las imaginamos: en España se jura por dios, incluídos los militares, que son funcionarios públicos, o sea, de un Estado que se confiesa como laico (y no lo es).
El caso es que para celebrar el cumpleaños de una Hermandad religiosa, la Academia General del Ejército del Aire, que tiene su base en la localidad murciana de San Javier, organizó una jura de bandera de los futuros aviadores de la Nueva División Azul que irán al Báltico a poner a Rusia en su sitio.
Ante tamaño akelarre, al Colectivo Antimilitarista Tortuga se le ocurre protestar, la policía acude a socorrer a la conjunción religioso-castrense y en lugar de detener a los soldados y los cofrades lo que hace es detener a los antimilitaristas, entre ellos a San José.
Por su parte, el Juzgado confirma el despropósito medieval y le condena al protestante por una falta de desobediencia. La sanción es una multa de diez días con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 60 euros. La sentencia conlleva aparejada un día de cárcel por cada dos cuotas impagadas, es decir, cinco días de prisión.
Lo que viene después es lo más alentador, toda una lección que nos da a todos el Grupo Antimilitarista Tortuga: no van a pagar la multa. Para los antimilitaristas «no se trata de una situación de insolvencia, sino de la necesidad de denunciar una injusticia». Asumirán el riesgo de que la sentencia se ejecute y que San José deba pasar cinco días en la cárcel «porque es inocente de su imputación, en primer lugar, y porque pagar dicha multa contribuiría a legitimar los abusos policiales y la connivencia del estamento judicial con este actuar, mediante el perverso mecanismo de la presunción de veracidad de los agentes de la ley».
El colectivo califica el juicio celebrado el pasado 2 de febrero por este asunto como «esperpéntico» (otro esperpento más) pues «no superó los diez minutos de duración» y el acusado no pudo exponer sus argumentos ni se tuvo en cuenta los testigos ni el material probatorio que pretendía aportar.
En España los jueces no necesitan ni 10 minutos para condenar a nadie. Ya van muy preparados: escriben la sentencia la noche anterior al juicio.
A todo este disparate es al que llaman Estado de Derecho. Amén