La sesión comenzó con la lectura de las declaraciones de varias mujeres extranjeras que declararon como testigos protegidas, tomadas al principio de la instrucción. Tras esto, tanto las acusaciones como las defensas presentaron sus conclusiones definitivas.
Es el final de un largo juicio que se inició en octubre de 2013. Desde entonces han declarado los acusados, investigadores y algunas testigos. Además, la Audiencia Provincial ha intentado en varias ocasiones localizar a algunas de las mujeres internadas, víctimas de las violaciones, que son de diferentes nacionalidades.
Los hechos investigados sucedieron entre junio y julio de 2006. El fiscal pidió inicialmente en total 27 años de prisión para los cinco policías. Según su escrito provisional, los acusados organizaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros en los turnos de trabajo de madrugada «cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los policías».
Asimismo, el fiscal asegura en su escrito que «se intimaba con las internas, a las que se les invitaba a asistir a cambio de comida, bebida, tabaco, regalos o usar el móvil», al tiempo que se indica que se creaba un «ambiente relajado de disciplina» que «los procesados buscaban para luego, si llegaba el caso, satisfacer su ánimo libidinoso con las internas».
En este ambiente, señala el ministerio público, en algunas ocasiones las fiestas acabaron en relaciones sexuales. Se considera que los acusados actuaron «prevaliéndose de su condición de policía» y se pone de manifiesto que se ha acreditado la existencia de ocho violaciones.
Los policías se dirigieron a las mujeres internadas y «se les insinuaron sexualmente», con caricias, rechazando siempre éstas la situación, según se precisa en el escrito del fiscal. Otras veces, llegaron a violar a mujeres que dieron «su consentimiento por la condición de autoridad» de los policías.
La Fiscalía de Málaga acusa a los procesados de delitos de violación, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los 10 años de cárcel.
Además del fiscal hay otras acusaciones, dos que representan a varias de las víctimas y la del colectivo Andalucía Acoge.