Valiéndose de una empresa comercial de su propiedad, los dos capitalistas idearon un procedimiento para defraudar a la Hacienda Pública andaluza obteniendo las subvenciones que ésta ofrecía para incentivar la integración laboral de personas con discapacidad.
Con este procedimiento, los capitalistas obtuvieron subvenciones por la contratación de 95 trabajadores a lo largo de 2008, 2009 y 2010, contrataciones que resultaron ficticias ya que los supuestos trabajadores después de ser contratados por tiempo indefinido y haber sido dados de alta en tal concepto en la seguridad social, eran despedidos, algunos de ellos sin haber llegado a desempeñar actividad laboral alguna.
A lo largo de los tres años, los acusados defraudaron por este procedimiento 158.516,79 euros. La Fiscalía les acusa de un delito continuado de estafa por el que les reclama los cinco años de prisión.