Los hechos ocurrieron el 31 de mayo del año pasado, “cuando la policía solicitó permiso para realizar un operativo y buscar objetos prohibidos dentro de las celdas” de un pabellón del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi.
“Las personas privadas de libertad fueron sacadas de sus celdas y sin motivo alguno los policías les habrían agredido”, señala la fiscalía.
Entre los detenidos, que podrían ser condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, figuran un mayor, tres subtenientes y agentes de las llamadas Unidades de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional.
La fiscalía sustenta su acusación con varias pruebas, entre ellas videos de las cámaras de seguridad del penal, versiones de las víctimas e informes médicos.
El juez ordenó que se mantengan las medidas cautelares de presentación periódica ante la justicia y la prohibición de salida del país en contra de los policías acusados.
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