El informe, denominado “Listado de personas ejecutadas durante la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid” ha sido elaborado por un
equipo encabezado por el historiador Fernando Hernández para el Ayuntamiento de Madrid.
Este nuevo trabajo fija en 2.934 las personas fusiladas o ejecutadas mediante garrote, añadiendo, por tanto, 271 nombres a los de las 2.663 víctimas que habían sido consignadas en el estudio “Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945)”, hecho público en 1997 por Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas.
Los autores han utilizado fuentes a las que antes no se había podido acceder, como los expedientes de enterramiento, lo que ha permitido completar los datos de filiación y circunstancias de la muerte de los ejecutados, desde certificados de defunción hasta copias de la sentencia del consejo de guerra. Comparando esos datos con los que figuran en libros de enterramiento y órdenes de inhumación han podido corregir erratas y errores de transcripción.
También se han basado en otros estudios previos de diferentes historiadores -realizados a partir de documentación depositada en diferentes archivos- y en el trabajo continuado de la asociación Memoria y Libertad, que desde hace años actualiza el listado.
Se precisa en el estudio que “seguramente nunca se podría llegar a precisar de manera exacta la cantidad de personas ejecutadas en Madrid capital durante el periodo 1939-1944”, en vista, entre otras cosas, de la situación de caos reinante tras la victoria franquista, pero sus autores pueden acreditar que todos los que integran el listado murieron por fusilamiento, además de treinta y seis -como cifra provisional- mediante garrote en la prisión provincial de Porlier.
La mayoría de las ejecuciones realizadas en Madrid capital en la posguerra inmediata (1939-1944) se llevaron a cabo por fusilamiento en las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Como se sabe, los presos varones procedentes de las cárceles madrileñas eran trasladados a Porlier, donde escuchaban la lectura de la diligencia de ejecución y eran entregados al piquete, formado por militares o guardias civiles.
En camiones se dirigían al cementerio, pasando por el puente de Ventas, hacia la tapia sur. Una vez efectuado el fusilamiento, y confirmada la muerte con el tiro de gracia del jefe de la fuerza, los cadáveres eran transportados al depósito del cementerio, donde eran colocados en cajas de ínfima calidad.
Después de la ejecución, un oficial del cuerpo de Sanidad Militar firmaba el acta de defunción, documento que era remitido por el Juzgado Militar de Ejecutorias al Registro Civil.
Por lo general, el mismo día de la ejecución las autoridades del cementerio rellenaban y firmaban una orden de inhumación para “sepultura de cuarta temporal” (en papel reutilizado de la República), llamadas posteriormente “de caridad”, es decir, gratuitas.
La rutina de fusilamiento de madrugada y enterramiento a lo largo del día se fue asentando. En la inmensa mayoría de casos, la fecha de la orden de inhumación coincide con la de muerte.
Respecto a las víctimas de garrote, el retraso podía llegar hasta los once días, previo paso del cadáver por el depósito judicial.
A los diez años de su enterramiento en sepulturas de cuarta, y salvo reclamación de familiares al objeto del cambio de sepultura –temporal de tercera clase, por ejemplo- los cadáveres eran exhumados y enviados al osario o fosa común.
Según el estudio, fueron ochenta las mujeres ejecutadas, todas ellas por fusilamiento, una cifra muy alta si se la comprara con la de otras ciudades con perfil de represión de posguerra como Barcelona.
Cuando había condenadas a muerte, los camiones que trasladaban a los presos desde Porlier a la tapia sur del Cementerio de La Almudena pasaban por la prisión de Ventas para recoger a las mujeres condenadas a muerte.
Además de su finalidad historiográfica, este novedoso estudio será muy útil para los familiares de las víctimas y para la memoria pública y social de los antifascistas.
Los investigadores reclaman en el texto la necesidad de la conservación y digitalización de las fuentes utilizadas, así como de su apertura a consulta pública, “en su calidad de textos de un futuro archivo imprescindible para el patrimonio memorial e histórico de la ciudad”.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/3000-tapia-cementerio/20180202124208148073.html