Ucrania necesitará 500.000 millones de euros para su reconstrucción, según una nueva estimación publicada el martes por el Banco Mundial. La cifra corresponde a 2,8 veces el PIB de Ucrania del año pasado.
Las evaluaciones anteriores, publicadas en febrero de 2023 y marzo de 2024, ascendieron a 392.000 millones de euros y 464.000 millones de euros, respectivamente.
Las zonas cercanas a la línea del frente acumulan casi tres cuartas partes del presupuesto. Un 13 por ciento del parque de viviendas ha resultado dañado o destruido, afectando a más de 2,5 millones de hogares.
Ucrania no ha sido capaz de sostenerse en pie sin la masiva “ayuda” internacional. Según las últimas cifras del Instituto Kiel para la Economía Mundial, en los últimos tres años se han entregado a Ucrania unos 267.000 millones de euros.
De ese dinero, la asistencia militar representa la mayor parte: 130.000 millones, es decir, la mitad. La “ayuda” financiera se sitúa justo detrás, con 118.000 millones de euros entregados, es decir, el 44 por cien del dinero.
La “ayuda humanitaria” asciende a 19.000 millones de euros, es decir, el 7 por cien.
A lo largo de la guerra los presupuestos para la reconstrucción se han ido subiendo poco a poco para justificar el robo de los activos que Rusia tenía depositados en los bancos europeos.
Rumanía es la gran vergüenza de la Unión Europea, que se ha abonado al golpismo. Primero anularon las elecciones de diciembre que había ganado Calin Georgescu porque era “prorruso” y hoy le han detenido para que no pueda presentarse a las nuevas elecciones, que se celebrarán en mayo.
Junto con otros 27, el candidato presidencial fue detenido por la policía e interrogado por el fiscal, acusado de financiación ilegal de la campaña electoral.
La policía realizó 47 registros en los domicilios de sus allegados. Posteriormente, el candidato publicó un mensaje anunciando su intención de postularse nuevamente a las elecciones presidenciales de mayo y 30 minutos después, el vehículo en el que viajaba fue detenido en una carretera y le detuvieron.
El montaje consiste en involucrar a Georgescu en un caso contra Horatiu Potra, instructor militar y guardaespaldas del candidato, al que acusan de declarar en falso sobre la financiación de la campaña electoral.
Los medios rumanos han comenzado una campaña intoxicadora para justificar este segundo pucherazo electoral. Afirman que Potra tiene vínculos con Moscú y que han encontrado armas, municiones y grandes sumas de dinero en posesión de Potra y otros aliados de Georgescu.
No es casualidad que hayan detenido al candidato precisamente cuando se disponía a formalizar los trámites para presentarse a las próximas elecciones.
Desde diciembre los tribunales rumanos no han avanzado en probar la injerencia de Rusia en las anteriores elecciones e incluso han aparecido documentos que refutan esas acusaciones.
Ante la ausencia de pruebas sobre la financiación rusa, Bucarest ha recurrido a las medidas más extremas. Ahora han abierto un segundo proceso contra Potra, a quien acusan de destruir el orden constitucional. En realidad, son los tribunales quienes lo destruyeron en diciembre, al anular las elecciones.
Cuando Friedrich Merz llegue a la Cancillería se encontrará con que la hucha está vacía, o quizá peor: con que debe dinero. Los presupuestos pueden convertirse en un enigma económico, y posiblemente también político.
El Bundesbank ha anunciado una pérdida histórica de 19.200 millones de euros el año pasado, la mayor desde hace casi medio siglo. No pueden decir que las pérdidas eran imprevisibles: para controlar la inflación provocada por el aumento de los precios de la energía, el Banco Cenfral Europeo subió los tipos en 2022 y los costes de los bancos centrales europeos han aumentado.
El Bundesbank paga ahora más intereses a los bancos comerciales sobre ciertos depósitos.
Al mismo tiempo, los ingresos están disminuyendo porque las compras masivas de bonos durante la pandemia no rinden frutos.
Hace cuatro años que el Bundesbank está en números rojos. Tiró de sus reservas para tener una contabilidad presentable pero, en medio de una recesión, las previsiones hacen saltar todas las alarmas.
El Ministerio de Hacienda alemán depende de los beneficios del Bundesbank. En 2019 Olaf Scholz recibió 5.850 millones de euros para cuadrar sus presupuestos. El futuro gobierno de Merz tendrá que prescindir de esos ingresos, lo que dificultará la financiación de sus proyectos de rearme y guerra.
Como afirmamos en otra entrada, los magnatesestán sobrevalorados. Apenas son capaces de hacer las operaciones aritméticas más alementales. Sin embargo, muchos confunden a los listos con los listillos y creen que personajes como Elon Musk han amasado fortunas porque son inteligentes y capaces de llegar lejos.
Se equivocan. La mayor parte de las veces, los magnates sólo ponen su rostro y son otros los que hacen el trabajo duro. Así se crea una apariencia falsa.
En el caso de Musk, la Casa Blanca acaba de revelar la identidad de la persona que dirige oficialmente la institución responsable de la purga en la administración pública. Se trata de una discreta funcionaria de 53 años llamada Amy Gleason.
Trump firmó un decreto creando el departamento de eficacia burocrática, llamado Doge por sus iniciales en inglés, y todos pensaron que Musk estaba al frente. Pero durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó explícitamente a revelar el nombre del director de dicho departamento.
Por lo tanto, oficialmente Musk no tiene ningún nombramiento.
El departamento ocupa el lugar del Servicio Digital de Estados Unidos, creado por Obama. Gleason trabajó allí durante el primer mandato de Trump y bajo la presidencia de Biden. En su perfil de Linkedin se presenta como asesora de dicho departamento.
Los últimos tres años ha trabajado en Russell Street Ventures, un fondo buitre con sede en Nashville, Tennessee, que invierte en sanidad.
Purgas, recortes y disciplina
Pero aunque Musk no esté oficialmente al frente de la purga, es un funcionario especial del gobierno que -en teoría- trabaja 130 días al año en la Casa Blanca. Es uno de los rostros de Trump que expone ante los micrófonos la necesidad de purgar las plantillas, reducir gastos e imponer disciplina. En su cuenta de X/Twitter amenaza con despedir a los funcionarios que no sigan sus instrucciones.
El Presidente de Estados Unidos nombra a los altos funcionarios, que luego deben ser confirmados por el Senado. No es el caso de Elon Musk ni de Amy Gleason, lo que puede envolver a Trump en otra maraña de juicios de constucionalidad. Por eso la Casa Blanca no quiere revelar la identidad del funcionario encargado del departamento.
A su vez, la opacidad plantea la cuestión del control democrático sobre una institución con amplios poderes, que es capaz de despedir a funcionarios públicos, cancelar contratos e incluso desmantelar oficinas enteras.
La resistencia a las purgas de Gleason es cada vez mayor. Nada menos que 21 funcionarios han dimitido. Su salida colectiva representa una reducción de casi un tercio de la plantilla.
14 Fiscales Generales del Estado han presentado una queja diciendo que no hay mayor amenaza a la “democracia” que la concentración del poder del Estado en manos de un individuo al que nadie ha elegido.
Sin ayuda estadounidense, Ucrania se quederá sin algunas de sus armas más sofisticadas (ATACMS, Patriot), dice el Wall Street Journal (1).
Las armas que el gobierno de Biden envió en sus últimos meses deberían ser suficientes para permitir a los ucranianos continuar los combates a su ritmo actual, pero sólo hasta mediados de año.
El fin de la “ayuda” militar de Estados Unidos es el peor de los supuestos. Significaría que Ucrania tendría que aumentar su producción militar y obtener más de los europeos.
Pero los países del Viejo Continente ni tienen ni pueden fabricar más armamento. Si Rusia quisiera invadir Europa occidental, ahora sería el momento propicio.
No cabe duda de que Bruselas se esfuerza. Ha aumentado significativamente su producción de proyectiles de artillería y se están llevando a cabo conversaciones para aumentar la “ayuda” de la Unión Europea a 30.000 millones de dólares este año. Pero, al menos de momento, no tiene nada que ofrecer.
La conexión a Starlink también pende de un hilo, sobre todo con Elon Musk tan cerca de la Casa Blanca. Los negociadores estadounidenses han vinculado el acceso a la red satelital a las discusiones sobre los supuestos minerales críticos de Ucrania (2).
Pero la conexión del ejército ucraniano a Starlink no es gratuita. Está financiada por Polonia que, desde el inicio de la guerra en 2022, ha pagado 20.000 unidades satelitales. Si Musk corta el acceso, tendrá que romper el contrato que tiene con un cliente.
La guerra de Ucrania es así: las operaciones militares no se pueden entender al margen de los negocios privados que generan.
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