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Día: 24 de octubre de 2024 (página 1 de 1)

Los espías iraníes capturados en Israel pueden ser condenados a muerte

Los siete espias iraníes capturados en Israel el 19 de septiembre van ser acusados ​​de ayudar al enemigo en tiempo de guerra, un delito castigado con la pena de muerte o la cadena perpetua.

Se espera que el fiscal presente este viernes una acusación contra ellos en el tribunal de Haifa. Sus nombres son Aziz Nisanov, Alexander Sadikov, Yigal Nisan, Vyacheslav Gushchin y Yevgeny Yoffe. Además hay dos adolescentes de 16 y 17 años de edad. Se trata de judíos que emigraron desde Azerbaiyán y que obtuvieron su ciudadanía bajo la Ley del Retorno. Residían en la región norteña de Krayot y Haifa.

Los espías no operaban directamente con Irán, sino a través de intermediarios turcos. Recientemente se han producido detenciones relacionadas con este caso en Turquía y Azerbaiyán.

Cobraron cientos de miles de dólares transferidos en criptomonedas, de forma cifrada, a través de las casas de cambio del país, e incluso varias veces a través de correos rusos que llegaban al país y les transferían los fondos durante las reuniones que mantenían con ellos.

Durante dos años los siete participaron en más de 600 actividades de espionaje. Todos los misiles disparados en los últimos dos años desde Gaza, Líbano o Irán han impactado en lugares que fotografiaron y enviaron a Irán. Documentaron instalaciones de seguridad sensibles, bases militares y objetivos humanos.

El Shin Bet todavía está investigando si los siete se reunieron y vigilaron la casa de Netanyahu en Cesarea, que fue atacada por un dron de Hezbollah la semana pasada.

Entre otros objetivos, los espías fotografiaron la base de entrenamiento de la Brigada Golani, donde un dron de Hezbollah atacó y mató a decenas de soldados del ejército israelí.

Tres de los siete hombres fueron sorprendidos en el acto mientras se encontraban cerca de la casa del comandante de la base militar de Nevatim en el sur de Israel y en una misión para vigilarlo a él y a su hijo.

“Es uno de los hechos más graves jamás investigados”, dijo el jefe de la división de seguridad de la Unidad de Delitos Graves 433 de Lahav, Yaron Binyamin. “Parece que tenemos demasiada gente así en el país y eso es muy preocupante”. Un alto dirigente del Shin Bet dijo: “Como parte de la investigación, se incautaron numerosos documentos, recogidos por miembros de la infraestructura y transferidos a agentes iraníes, incluidas fotografías y vídeos de numerosas bases de las FDI [ejército israelí] en todo el país, puertos e infraestructura energética en Israel, todo mientras el Estado de Israel lucha en varios frentes diferentes. La evaluación es que las actividades de los miembros de la infraestructura condujeron a violaciones de la seguridad del Estado”.

Níger cierra definitivamente la despensa nuclear de Francia

Desde julio del año pasado Níger ha puesto en jaque los intereses franceses en el país. Primero fue la expulsión de 1.500 soldados franceses y la salida forzosa del embajador francés. Luego el gigante francés del uranio, Orano, se vio obligado a suspender su producción.

Su salida marca la culminación de una política de reapropiación de los recursos naturales encabezada por la junta militar nigerina, que ha ampliado sus asociaciones internacionales. El país africano, que durante mucho tiempo fue la “despensa nuclear de Francia”, ha dado un vuelco total a sus relaciones con la antigua metrópoli.

El golpe de definitivo llegará el 31 de este mes, cuando Orano suspenda su producción de uranio en Níger. Es una decisión histórica que se produce después de meses de tensiones y bloqueos, en particular la imposibilidad de exportar el mineral a través de las fronteras cerradas con Benín.

Los intentos de encontrar soluciones alternativas, como la exportación aérea a través, han quedado en letra muerta frente a la determinación de los militares nigerinos. La empresa francesa del uranio, cuyo capital es propiedad del Estado al 90 por cien, se encuentra bloqueada con más de mil toneladas de materia prima, lo que representa un valor de mercado de 300 millones de euros.

La suspensión de las actividades de Orano plantea numerosos interrogantes. Las organizaciones de la sociedad civil nigeriana, en particular CRESCA y ROTAB, exigen garantías sólidas en materia de reurbanización de los yacimientos, descontaminación de las aguas subterráneas y gestión de los residuos radiactivos. La suerte de sus 780 trabajadores y de otros tantos subcontratistas, casi todos nigerinos, sigue siendo una gran preocupación, aunque Orano se compromete a mantener sus salarios hasta finales de este año.

El nuevo gobierno nigerino no oculta su deseo de recuperar el control de sus recursos de uranio. La reciente creación de la empresa estatal “Timersoi National Uranium Company” es prueba de ello. El país, que aporta el 4,7 por cien de la producción mundial de uranio natural, dispone de importantes activos, en particular el yacimiento de Imouraren, cuyo permiso de explotación fue retirado a Orano en junio.

Para Orano, las consecuencias financieras ya son visibles con una pérdida de 133 millones de euros en el primer semestre de este año. El grupo intenta tranquilizar a sus clientes destacando sus otras fuentes de suministro en Canadá y Kazajstán, pero la suspensión de la producción en Níger representa un importante revés estratégico y económico para Francia.

Unos se van y llegan otros. El martes el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, anunció la firma de un memorando de entendimiento entre Turquía y Níger en el sector minero. El convenio allana el camino para que las empresas turcas realicen trabajos de exploración minera en el país africano.

Los aviones de combate estadounidenses no están disponibles para el combate

La mayor parte de los arsenales militares están llenos de chatarra y artilugios obsoletos, que se almacenan antes de que hayan tenido la oportunidad de intervenir en un campo de batalla. Apenas sirven para algo más que para participar en un desfile.

No sólo ocurre con los países del Tercer Mundo sino, sobre todo, con las grandes potencias, que periódicamente revisan sus equipamientos para quitarles el óxido. Los ejércitos han creado un índice de disponibilidad de material (MC) para evaluar el estado de su equipamiento.

En el caso de los aviones de combate, el índice MC mide el porcentaje de tiempo durante el cual un avión puede realizar al menos una de las misiones para las que fue diseñado.

Para evitar la vergüenza, el índice MC no se suele mostrar públicamente, ni siquiera a los parlamentarios. En Estados Unidos es diferente porque el Pentágono y los organismos de control, como la GAO (Oficina de Responsabilidad Gubernamental), publican dicha información.

En mayo la Fuerza Aérea estadounidense reconoció que el año pasado entre un 75 y un 80 por cien de su flota de aviones no es capaz de cumplir ninguna misión militar y el porcentaje ha seguido disminuyendo, hasta situarse este año por debajo del 70 por cien.

En un informe que acaba de publicar (*), la GAO ha analizado los índices MC de todas las flotas de aviones de combate operadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Armada y el Cuerpo de Marines durante el período 2018-2023.

“Los índices de capacidad de las misiones de aviones tácticos generalmente no han cumplido con los objetivos del Departamento de Defensa (DoD) durante varios años”, reconoce el informe.

Los aviones pasan la mayor parte del tiempo en los talleres de reparaciones, que se esfuerzan por lograr que vuelen y alcancen los objetivos de disponibilidad exigidos. El problema es que los gastos de mantenimiento de los aviones en condiciones operativas son cada vez mayores, alcanzando los 57.200 millones de dólares.

Es mucho dinero para lograr que los aviones hagan lo que deben: volar.

(*) https://www.gao.gov/assets/gao-25-107870.pdf

El periodismo también es un delito muy grave de terrorismo en Reino Unido

El jueves de la semana pasada la policía antiterrorista británica asaltó la casa de Asa Winstanley, editor de The Electronic Intifada, uno de los mejores medios informativos del mundo sobre Palestina.

Alrededor de 10 policías llegaron a la vivienda en el norte de Londres y le entregaron al periodista órdenes judiciales y otros documentos que les autorizaban a registrar su casa y su vehículo en busca de dispositivos y documentos.

El policía que dirigió el asalto le informó que están investigando varios delitos incluidos de la ley antiterrorista de 2006 que definen como “fomento del terrorismo”. La investigación estaba vinculada a sus publicaciones en las redes sociales.

La policía británica encuadra el asalto a la vivienda dentro de la Operación Incesantness, lo que indica una campaña más amplia de represión política contra quienes critican las grandes matanzas de Israel, que cuentan con el apoyo pleno del gobierno laborista británico.

Aunque sus dispositivos fueron incautados, Winstanley no fue detenido ni acusado de ningún delito, aunque le confiscaron varios dispositivos electrónicos.

Winstanley escribe en varias redes sociales y tiene más de 100.000 seguidores en X/Twitter, donde frecuentemente comparte sus comentarios sobre los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, el apoyo del gobierno británico a esos crímenes y la resistencia palestina a la ocupación israelí, el apartheid y el genocidio.

Human Rights Watch ha pedido al gobierno laborista de Londres que derogue las disposiciones represivas de la ley antiterrorista, señalando que “la definición del delito de complicidad con el terrorismo es demasiado amplia, lo que genera serias preocupaciones sobre un ataque injustificado a la libertad de expresión”.

En agosto la Fiscalía emitió una advertencia dirigida contra la población, instando a “pensar antes de publicar” y amenazando con procesar a cualquiera que encontrara culpable de lo que llama “violencia en línea”.

No se trata sólo de represión política, ni de la desaparición de la libertad de expresión, sino además del precedente establecido por España: escribir en las redes sociales es un delito de terrorismo, incluso aunque las opiniones se refieren a lugares remotos, como Oriente Medio.

Los países europeos consideran como cosa propia la defensa de Israel y no vacilan a la hora de silenciar sus matanzas en Gaza y Libano.

Desde 2019 el Partido Laborista ha lanzado varias amenazas contra Winstanley, en especial por uno de sus libros (“Weaponising Anti-Semitism”), escrito en 2022, en el que explica la manera en que los grupos de presión israelíés derribaron a Jeremy Corbyn al frente del laborismo.

Ahora que están al frente del gobierno, los laboristas tienen la oportunidad de utilizar la maquinaria del Estado contra Winstanley y aquellos a los que consideran sus adversarios políticos y los de Israel.

En diciembre Winstanley informó que la policía antiterrorista británica había arrestado a Mick Napier y Tony Greenstein, dos destacados militantes, por decir que apoyaban el derecho de los palestinos a resistir a Israel, un derecho consagrado en el derecho internacional.

Para concederle la libertad provisional con fianza, a Greenstein, que es colaborador de The Electronic Intifada, le ordenaron dejar de publicar en las redes sociales mensajes relacionados con la guerra en Gaza.

A mediados de agosto, el periodista británico Richard Medhurst fue detenido a su llegada al aeropuerto de Heathrow en Londres en aplicación de la ley antiterrorista. Le confiscaron su teléfono y los dispositivos de audio que utilizaba para sus actividades periodísticas.

“El arresto y detención de Richard Medhurst durante casi 24 horas en virtud de la legislación antiterrorista es profundamente preocupante y es probable que tenga un efecto paralizador en los periodistas de Reino Unido y de todo el mundo que temen ser arrestados por las autoridades británicas simplemente por hacer su trabajo”, dijeron Michelle Stanistreet, secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas de Reino Unido, y Anthony Bellanger, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, en un comunicado de prensa conjunto.

La policía británica recurre de manera creciente a la legislación antiterrorista contra los periodistas, agregaron Stanistreet y Bellanger. Las facultades de la legislación antiterrorista no se deben usar contra periodistas “de una manera que inevitablemente sofoque la libertad de prensa”, añadieron.

A pesar de las protestas, la policía siguió a lo suyo. En agosto asaltaron la vivienda de Sarah Wilkinson, una solidaria con Palestina, por un mensaje que publicó en línea.

—http://www.presos.org.es/index.php/2024/10/22/el-periodismo-tambien-es-un-delito-muy-grave-de-terrorismo-en-reino-unido-por-juanma-olarieta/

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