La Fiscalía acusa de homicidio imprudente a Miguel Ángel Rodríguez Cañas, médico de un asilo de Madrid en el que fallecieron 54 ancianos en la primera ola de la pandemia.
Se trata de La Purísima Concepción, también conocida como Fundación Catalina Suárez, cuyo médico no siguió el protocolo de la Comunidad de Madrid que limitaba los traslados a los hospitales. Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo murieron 54 personas en el asilo, que tiene capacidad para 156 plazas.
Más de 100 residencias de Madrid han sido investigadas en relación con la tragedia de la primavera, cuando murieron casi 6.000 mayores dentro de los asilos. Se han abierto procedimientos judiciales contra al menos 16 de ellos: 14 denunciados directamente a los juzgados por los familiares y dos por la Fiscalía.
Según la Fiscalía, el médico del asilo “no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde se le había designado un geriatra de referencia”.
Los geriatras de referencia de los hospitales madrileños eran los encargados de seleccionar, junto con los responsables de las residencias, qué ancianos debían ser ingresados. Según el protocolo, las personas con mayor dependencia debían ser tratadas en las residencias a pesar de que estos centros no tenían suficientes fármacos, equipamiento médico o personal.
El médico del asilo, Miguel Ángel Rodríguez Cañas, envió cartas a políticos y responsables administrativos quejándose de que el centro no estaba preparado para curar a los enfermos. Debido a que parte de la plantilla estaba de baja por enfermedad, no podían dar comidas o mover a los mayores para evitar escaras.
Durante la pandemia los ancianos no murieron en los asilos: los dejaron morir. No puede estar más claro: ni siquiera les dieron de comer.
