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Mes: septiembre 2020 (página 15 de 15)

Investigan a FCC en Panamá por soborno, corrupción y blanqueo de capitales

La Fiscalía de Panamá ha pedido a España y otros países, como Suiza, Costa Rica y Holanda, información sobre cuentas bancarias de la multinacional de la construcción FCC, en el marco de una investigación por el pago de sobornos en varios proyectos de obras de la capital panameña.

Una de las obras fue adjudicada por el gobierno panameño por 174,5 millones de dólares, pero concluyó con un costo de 216,2 millones de dólares.

Ruth Morcillo, de la Fiscalía Especial Anticorrupción, investiga un supuesto sobrecosto de 41,7 millones de dólares y el pago de sobornos millonarias en la obra.

La fiscalía pide a España la denuncia que ha llevado a cabo un trabajador de FCC sobre los sobornos pagados por la empresa.

Las peticiones dirigidas a Suiza, Costa Rica y Holanda, solicitan información de las cuentas bancarias de sociedades “constituidas para blanquear dinero”.

Desde 2018 hay 14 cabecillas de la empresa imputadas por delitos de soborno, corrupción y blanqueo de capitales.

La constructora española, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim desde 2014, es investigada en España por el pago de sobornos para obtener los contratos del
Metro de Panamá, cuya línea 1 y 2 que construyó junto a Odebrecht, y una obra hospitalaria aún en construcción.

La Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía de Panamá que tome declaración a varios antiguos funcionarios, entre ellos el antiguo director del Seguro Social panameño Guillermo Sáez-Llorens, al exjefe de Operaciones del Ministerio de Obras Públicas Jorge Ruiz y al antiguo ministro de esa cartera Federico Suárez.

En España FCC ha admitido la corrupción en la adjudicación de las obras investigadas, pero se considera víctima, ya que fue la que denunció los pagos de comisiones ante la Fiscalía española, y responsabilizaba de ello al entramado de sociedades del abogado Mauricio Cort, supuesto testaferro de Martinelli, el antiguo Presidente panameño.

El entramado encubrió acuerdos para abonar pagos de comisiones para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los Gobiernos de Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua, según un auto de la Audiencia Nacional.

La fiscal Morcillo dijo la semana pasada que Panamá y España desarrollan investigaciones en común, “muy complejas”, sobre FCC, y que en el país centroamericano las investigaciones oficiales se han abierto en torno a varios proyectos de obras en la capital de Panamá.

En octubre de 2013 Bill Gates entró en la multinacional como accionista de referencia con casi un 6 por ciento del capital.

En diciembre de aquel mismo año entró en el accionariado el especulador George Soros, con un 3 por ciento del capital.

Lukashenko plantea la posibilidad de un referéndum constitucional en Bielorrusia

Ayer el Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, planteó la posibilidad de llevar a cabo un referéndum constitucional para hacer frente al movimiento de desestabilización que los imperialistas han desatado en el interior del país, pero sin especificar las modalidades, el calendario o el contenido de la consulta.

El domingo, los golpistas reunieron a miles de sus partidarios en las calles de Minsk por tercer fin de semana consecutivo para denunciar la reelección del jefe de Estado el 9 de agosto, cuyo resultado no aceptan.

Según la agencia pública de noticias Belta, los especialistas, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, están trabajando actualmente en una revisión de la Constitución que luego será sometida a referéndum.

“Me gustaría que estos cambios hagan avanzar a nuestra sociedad. Insistiremos en estos cambios y propondremos dichos cambios a nuestro pueblo”, dijo Lukashenko en una reunión de trabajo.

El Presidente no dio ningún detalle concreto sobre el proyecto de revisión constitucional, que ya había mencionado en el pasado y que Moscú describió como una salida prometedora de la crisis.

Reconoció que Bielorrusia se regía por un sistema “algo autoritario” y mencionó una posible reforma judicial.

En su opinión, el objetivo a largo plazo es asegurar que el sistema funcione “sin estar vinculado a ningún individuo, incluyendo a Lukashenko”.

De 66 años de edad, 26 de los cuales a la cabeza de Bielorrusia, Lukashenko se enfrenta a un movimiento de desestabilización inaudito desde su reelección el 9 de agosto. El presidente se ha negado hasta ahora a hacer concesiones y ha denunciado la maniobra de las potencias occidentales, incluida la Unión Europea.

Uno de sus asesores ha descartado la posibilidad de negociar con la oposición sobre la reforma constitucional.

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