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Día: 16 de julio de 2020 (página 1 de 1)

‘El País’: la banca sostiene a un medio de comunicación con una deuda impagable

Felipe González y J.L.Cebrián: tal para cual
El Grupo Prisa es una empresa multimillonaria, con una importante proyección americana, que se ve controlada cada vez más por bancos y fondos de inversión extranjeros. Aun así, “está lejos de desvincularse del legado franquista” y no se puede entender sin tomar en cuenta “la turbulencia y las disfunciones que ha experimentado el sistema mediático español desde la recuperación de la democracia”. Esto lo afirman Luis Albornoz, Ana Segovia y Núria Almiron en Grupo Prisa: Media Power in Contemporary Spain (El poder mediático en la España contemporánea), que acaba de publicar la prestigiosa editorial londinense Routledge en una colección dedicada a “gigantes” mediáticos internacionales.

El libro, escrito para un público angloparlante no necesariamente versado en las cosas de España, narra la accidentada historia de Promotora de Informaciones, S.A., fundada en 1972 y creadora, cuatro años después, del diario El País. También analiza la profunda transformación que ha vivido Prisa en la última década y media, periodo caracterizado por el peso nefasto de una deuda impagable; la venta de ramas importantes de la empresa; varias oleadas de despidos masivos; y la marginación de los mandatarios originales –la familia Polanco y Juan Luis Cebrián– a favor de poderes financieros españoles e internacionales.

Profesores de Periodismo y Comunicación los tres, Luis Albornoz (Buenos Aires, 1967) enseña en la Carlos III, Ana Segovia (Madrid, 1972) en la Complutense y Núria Almiron (Sabadell, 1967) en la Pompeu Fabra. La entrevista se realiza por videoconferencia, a cuatro voces.

Su libro está escrito en inglés para un público extranjero. ¿Hay algo que pudiera aprender de él un lector medio de El País o una oyente habitual de la Cadena Ser?

Luis Albornoz: Ofrecemos una perspectiva novedosa, también para lectores españoles: una visión de Prisa panorámica, crítica, desde la economía política. Y si bien hay bastantes libros sobre El País, no hay casi nada escrito sobre Santillana Ediciones, aunque ha sido una parte central de la empresa. De hecho, hoy Santillana es considerada la joya de la corona por los ingresos que da. Pero esa parte de la investigación la hemos tenido que realizar a golpe de hemeroteca.

Ana Segovia: También desmenuzamos con detalle la estructura de la propiedad de Prisa desde sus comienzos. Aunque es un tema que se ha cubierto bastante en los últimos años, puede que a un lector medio español le sorprenda la mescolanza muy diversa de ideologías políticas representadas en el grupo fundador.

Ese grupo fundador ha desaparecido casi por completo del organigrama. Empresas como Prisa están cada vez más controlados por la banca y fondos de inversión internacionales.

Nuria Almiron: El interés principal de una empresa que acaba financiarizada ya no es, desde luego, el periodismo. Tiene la cabeza en otros sitios. Esto se manifiesta de formas distintas. A nivel de redacción, se ve que el afán de lucro impide dedicar los recursos necesarios para hacer un periodismo de calidad e independiente que elija sus propios temas y tenga cierto margen de confianza a la hora de cubrir fraudes financieros o bancarios. Yo publiqué un libro sobre uno de los grandes fraudes del sistema bancario español en el que estuvo implicada toda la banca pero especialmente el Banco de Santander. Al revisar la hemeroteca, me quedó muy claro que en la cobertura en El País hubo manipulaciones realizadas para minimizar el daño a la imagen del banco.

Esto ocurre en otros grupos mediáticos también, ¿no? David Jiménez y otros han contado casos de censura directa –llamadas a la redacción desde los despachos de bancos, empresas o ministerios– y patrones de autocensura internalizados. En los últimos años ha salido todo un anecdotario en ese sentido. Lo que intentan hacer ustedes, me parece, es desvelar las estructuras que ayudan a explicar esas anécdotas.

Núria Almiron: Por algo somos economistas políticos.

Luis Albornoz: David Jiménez da un retrato fantástico de lo mal que está funcionando el periodismo en España. Porque, lamentablemente, lo que ocurre con el Grupo Prisa, donde la financiarización erosiona la independencia de los medios, también se da en los otros grupos de comunicación.

¿Esa promiscuidad entre poderes políticos, económicos y mediáticos se da solo en España?

Luis Albornoz: En el libro subrayamos, en ese sentido, la importancia de la relación con la política del otro lado del Atlántico, de México hasta Argentina. No es casual que una de las primeras cosas que hace Macri, el presidente argentino, sea visitar España y que, en esa visita, se reúna con los directivos del Grupo Prisa. Su sucesor, Alberto Fernández, visitó España incluso antes de ser proclamado presidente e hizo lo propio.

El control de los grupos mediáticos en España no solo ha pasado a bancos e inversores, sino que algunos de los medios más importantes del país son propiedad de empresas extranjeras –italianas, por ejemplo–.

Núria Almiron: El control de los poderes financieros sobre los medios es algo que sucede en todas partes. Pero en España ocurre, además, otra cosa: los medios de comunicación adolecen de un déficit democrático importantísimo. Es el mismo déficit del que adolece el país entero, que parte de una transición mal hecha. El régimen fascista se mantuvo en el corazón no solo de la democracia sino en toda la estructura empresarial, incluida la del diario El País, por más progresista que pareciera. Si agregamos a esto el hecho de que El País y el Grupo Prisa tuvieron al mando durante décadas a una persona proveniente de ese origen no democrático, como lo fue Juan Luis Cebrián, no creo que el problema central sea la pérdida de control por el influjo de capital de fuera. Importa más el hilo de control con ese ideario inicial de la empresa. Es paradójico, pero el capital financiero no tiene nacionalidad o ideología, más allá del principio neoliberal de ganar el máximo de dinero a costa de lo que sea. El capital no parte de favoritismos políticos. A pesar de ello, el Grupo Prisa ha tenido claramente unas direcciones políticas que no tienen nada que ver con su capital financiarizado. A diferencia del resto de Europa, en España, todo el sistema mediático ya venía sufriendo de un déficit democrático interno.

Cuando habla de un déficit democrático, ¿se refiere al funcionamiento interno de los medios o a la forma en que estos comprenden la democracia y su función dentro de ella?

Núria Almiron: Me refiero a ambas cosas, pero sobre todo a lo segundo: a los tabúes que no se tocan, como la monarquía o la unidad de España. O para volver al tema bancario, la misma crisis del 2007-2008. Ningún medio mainstream la ve venir o la quiere ver venir. No puede ser de otra manera porque los medios, con Prisa a la cabeza en España, forman parte del sistema financiarizado que la causa. ¿Y qué ocurre después? El Estado salva a la banca –los principales actores que provocan la crisis– con el apoyo de los medios mainstream, de nuevo con Prisa a la cabeza en España. Prisa forma parte del deep state en España.

Ana Segovia: Al hilo del relevo reciente de la dirección del periódico y de lo que se prevé en la próxima junta de accionistas, sorprende que en el seno de Prisa siga habiendo dos referentes industriales muy fuertes que tienen mucho peso dentro del Consejo de Dirección, aunque sus acciones son relativamente pocas. Uno es el Grupo Santander, que con la enorme cantidad de dinero que le tiene prestado a Prisa podría controlar muchas más acciones. Y otro es el Grupo Telefónica, al que se ha recurrido cuando ha hecho falta. Se ve que, más allá de lo financiero, siguen funcionando las redes clientelares de la élite económica del país.

Luis Albornoz: Ese lector medio del que hablamos antes quizá no tenga una conciencia muy clara de lo internacionalizada que está la propiedad del Grupo Prisa. Tanto El País como la Cadena SER siguen siendo vistos como medios españoles ligados a los círculos de poder de Madrid. La gente tiene la idea de que, muerto Polanco y desplazado Cebrián, los bancos españoles se han hecho con Prisa. Pero la verdad es que el capital nacional es muy minoritario.

Aunque parece que ese capital minoritario todavía lleva la voz cantante en algunos asuntos.

Ana Segovia: Bueno, hay choques importantes. No se puede olvidar que quien consigue dar la patada a Cebrián es Joseph Oughourlian, el fundador de Amber Capital, que tiene casi el 30% de las acciones.

Núria Almiron: La verdad es que, en lo que respecta al control de una empresa, el accionariado es un valor relativo. Porque cuando debes cientos y cientos de millones de euros, como los debe Prisa todavía, el que tiene el control real es la entidad a la que debes ese dinero.


En su libro, describen el nombramiento de Gallego-Díaz en 2018 como un “un giro ideológico por razones comerciales” pensado para recuperar lectores. El relevo de estas últimas semanas, ¿obedece también a motivos comerciales, o más bien políticos?

Luis Albornoz: Gallego-Díaz fue la primera mujer en ocupar la dirección del periódico y la persona que, con mucho, menos tiempo lo ha ocupado en los más de 40 años del diario. Ella ha dicho que ha cumplido con su mandato de dos años. Eso me ha sorprendido porque no recordaba haber leído en ninguna parte que lo asumiera por solo 24 meses. Entiendo que el cambio se debe a peleas internas entre grupos de accionistas. Pero no creo que responda a un giro político-ideológico en busca de un nicho de lectores determinado ahora que la web del diario ha pasado a un modelo de pago.

La trayectoria del Grupo Prisa que pintan en el libro tiene bastante potencial dramático: cuentan un relato de ascenso y caída que daría para una buena película. De hecho, es tentador ver la historia de la empresa encarnada en una figura central como la de Cebrián. En ese marco, la ruina cabría achacarla a alguna debilidad fatal suya: la soberbia, por ejemplo, o la codicia. Explicar la historia de la empresa mediante un drama biográfico de ese tipo, ¿sería una falacia?

Luis Albornoz: En el libro hemos intentado evitar, precisamente, hacer la película de Cebrián. O, puestos a hacer películas, la de Polanco, porque cabría preguntarse quién sería más digno del papel protagonista. Si te circunscribes a El País es Cebrián, sin duda. Pero para el Grupo Prisa, la figura definitoria es la de Polanco. De todas formas, nosotros, como economistas políticos que somos, huimos automáticamente de un enfoque así en las figuras heroicas centrales. Por la misma razón, nos dedicamos a desmontar mitos como el de la salida del diario en el 23-F –sin ignorar el peso simbólico que tuvo, pero tampoco sin dejar de constatar cómo El País -barra-Prisa supo capitalizar ese acontecimiento–. De modo similar, insistimos en que la expansión transatlántica de El País se inscribe en un movimiento más grande de empresas españolas hacia América. Pero claro, si hicieras una película sobre el Grupo Prisa enfocándola en Cebrián o Polanco, sería buenísima.

Núria Almiron: A ver, analicemos bien de qué estamos hablando. ¿Cuáles han sido los problemas principales de Prisa? Uno de los más importantes es la enorme deuda que se generó. ¿Cómo? Esencialmente por una fiebre compradora pero, sobre todo, por una inversión monumental en lo audiovisual. Y esa apuesta es la de Cebrián. Es él quien apuesta por Sogecable, por Canal Plus, etcétera. Y eso es lo que lleva a la empresa a una deuda de cinco mil millones de euros. Es verdad, por tanto, que ese señor tiene un protagonismo enorme. Y no precisamente de héroe, en absoluto, sino de alguien que no está jugando con su dinero. Esto es lo que les pasa a los grandes magnates: apuestan a lo alto con el dinero de otros. Esa ambición por construir un emporio audiovisual es Cebrián puro, porque Polanco eso no lo entendía.

Ana Segovia: Para mí, Jesús Polanco sigue siendo la figura central. En 2007 y 2008 se da una tormenta perfecta. Se muere Polanco, y poco después fallece la que iba a ser su heredera –su hija Isabel–. Se produce la crisis financiera global. Y, para colmo, la apuesta por lo audiovisual no tiene los resultados esperados.

Su libro deja claro que la Gran Depresión fue un golpe de gracia, pero que la situación económica de Prisa ya era insostenible antes de que estallara la crisis mundial.

Núria Almiron: Es que la empresa estaba ya en quiebra técnica. Y ahí sigue actualmente, en una quiebra técnica de manual, por más que haya podido reducir su deuda. Si no quiebra, es porque sus deudores no quieren.

Además de capital económico, El País ha sido un gran generador de capital cultural, como referente del rigor periodístico en España, pero también por su compromiso expreso con los valores democráticos.

Luis Albornoz: Es verdad que Prisa, a través de El País, pudo generar capital muy rápidamente. Es que El País jugó sus cartas muy bien al principio. Se vio con un escenario vacío –el escenario del postfranquismo– y supo ocupar un lugar central en él. Ahora bien, lo que forja desde allí no es solo capital cultural y económico sino también político. Esto es muy importante. Porque lo que le ha permitido a Prisa sobrevivir a pesar de estar en quiebra técnica es precisamente ese capital político. En esas primeras décadas, es difícil separar esas diferentes formas de capital que genera la empresa. Quizá sea solo ahora que podemos verlas como dimensiones diferenciadas.

Ustedes citan El País o la referencia dominante, coordinado por Gérard Imbert y José Vidal Beneyto en 1986.

Luis Albornoz: Ese libro da una buena idea del momento en que El País logra construirse como un actor central de la nueva España democrática. Allí Prisa comienza ese juego especular, identificando al periódico El País con el país, es decir, con la misma España.

La historia de la empresa desde entonces, ¿cabe resumirse como un largo intento por convertir ese capital cultural y político en capital económico crudo?

Ana Segovia: Durante todos los años ochenta, la gente considera El País –y a Cebrián como su director– el adalid del periodismo en España. Pero si nos fijamos, ya en 1983 Prisa cambia sus estatutos para convertirse en una empresa que no se dedica solo a las noticias, sino que se puede dedicar a cualquier actividad económica. Y, en efecto, una vez que se liberaliza el mercado de los medios en España y se empiezan a repartir licencias de televisión y de radio, Prisa utiliza el capital simbólico que ya tiene acumulado para perseguir beneficios económicos. A partir de entonces, el objetivo periodístico lo dejan refugiado en El País o la SER. Pero el objetivo central es el de la rentabilidad.

Núria Almiron: Bien mirado, fueron pocos los años en que tuvieron solo una misión periodística.

Señalan ustedes también que Prisa muy pronto se convierte en generador activo de capital cultural por cuenta propia. Organiza encuentros para la élite política y económica; crea toda una serie de premios (que no duda en otorgar a sus propios colaboradores); y a través de Alfaguara y Babelia ayuda a definir el canon literario español y latinoamericano. Ese poder de conferir prestigio, ¿se ha erosionado en los últimos años?

Núria Almiron: Depende de dónde vivas en España. En Catalunya, El País ha vendido muy poco siempre pero ahora no vende nada. El Grupo Prisa aquí representa lo peor de la prensa española. En Madrid es distinto.

Luis Albornoz: Me parece que también en Madrid se ha erosionado. Pero en realidad ese proceso ha afectado a todas las instituciones símbolos de la Transición, desde la propia RTVE hasta la monarquía. En cuanto a Prisa, no solo se ha erosionado la institución sino también sus hombres y mujeres. Cebrián es el representante de una generación a la que se le acabó el tiempo.

¿A qué se debe?

Luis Albornoz: Es difícil decirlo. El revisionismo de los últimos años ha contribuido, pero hay otros factores. Si entrevistas a los jóvenes hoy, ves que su consumo informativo-cultural está completamente alejado del mundo Prisa que ha sido constitutivo de toda una generación.

Ana Segovia: Hay momentos puntuales, como esa portada con una supuesta foto de Hugo Chávez intubado o la salida de Ignacio Echevarría por una reseña literaria crítica. Pero también han influido la digitalización de los medios y el auge de la posverdad.

Después de vender sus empresas audiovisuales y sus editoriales literarias, Prisa ha venido apostando por lo que llaman ustedes “la joya de la corona”, que es Santillana: una empresa educativa cuyos ingresos dependen de las buenas relaciones con los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, con los que firman contratos lucrativos. En esta vuelta al negocio seguro, cuasi monopolístico, que es el mercado educativo –recordemos que Polanco se convirtió en el productor principal de libros de texto durante el franquismo–, ¿qué función les queda dentro del grupo para medios periodísticos como El País o la Cadena SER? Desde el punto de vista de los inversores, ¿ya solo sirven como una especie de lobby al servicio de los otros negocios de la empresa?

Núria Almiron: Pero esto ha sido siempre así, ¿no? Es verdad que El País antes no perdía dinero –ahora supongo que sí– pero el dinero seguro desde siempre ha sido el que generaba la editorial. Tener un medio de comunicación es lo que te permite tener influencia política.

Ana Segovia: Santillana siempre ha sido una base fundamental. No es casual que, cuando Prisa salió a bolsa, primero integrara Santillana al grupo. Eso para los accionistas generaba un valor más estable.

Luis Albornoz: Como dice Núria, El País antes daba dinero, incluso cuando se expandió internacionalmente. Ahora, que ha dejado de darlo, queda simplemente más expuesta su función de lobby, de brazo político. Si no, ¿por qué mantener algo que genera pérdidas, y más en este clima neoliberal en que vivimos?

https://www.lamarea.com/2020/07/15/un-libro-analiza-la-evolucion-de-prisa-el-poder-de-sobrevivir-con-una-deuda-impagable/

Trump autoriza a la CIA a llevar a cabo ataques informáticos contra terceros países

Central nuclear de Natanz
Desde junio se han producido incendios o explosiones en seis fábricas y otras instalaciones iranés, incluidas dos de carácter militar: la planta de producción de misiles de Parchin y el emplazamiento nuclear de Natanz.

Ha habido una explosión de un tanque de gas cerca de una instalación de ensamblaje de misiles en Khojir, problemas en una estación transformadora cerca de Teherán y otros incidentes. Lo más notable fue una explosión y un incendio en la instalación de ensamblaje de la centrifugadora del complejo nuclear iraní en Natanz.

Hay un programa bastante intenso de la CIA contra Irán. Trump no sólo ha nombrado a Michael D’Andrea como jefe del centro de misiones de la CIA en Irán (1), sino que en 2018 le dio a la CIA amplios poderes para llevar a cabo ciberataques.

La autorización encubierta, conocida como “Dispositivo Presidencial”, otorga a la central más libertad en los tipos de operaciones que lleva a cabo y en la elección de objetivos, anulando muchas restricciones que habían estado vigentes durante los gobiernos anteriores. Esta autorización facilita a la CIA la realización de sus propias operaciones cibernéticas encubiertas, en lugar de requerir que obtenga la aprobación previa de la Casa Blanca (2).

Además de Irán, los países víctimas de los ataques informáticos incluyen a Rusia, China y Corea del norte.

La CIA puede atacar la infraestructura crítica de los oponentes, como las plantas petroquímicas, y llevar a cabo operaciones de piratería informática, almacenando masas de documentos o datos robados, que luego se filtran a los periodistas o se publican en internet.

También permite a la CIA realizar operaciones de destrucción, que antes estaban en gran medida prohibidas, contra bancos e instituciones financieras.

La autorización reduce los requisitos de prueba que limitaban la capacidad de la CIA para llevar a cabo operaciones cibernéticas encubiertas contra entidades como los medios de comunicación, organizaciones benéficas, instituciones religiosas o empresas que trabajan por cuenta de los servicios de inteligencia extranjeros, así como personas afiliadas a estas organizaciones.

La CIA no ha tardado en ejercer sus nuevas facultades. Desde que se firmó la autorización hace dos años, la central ha llevado a cabo al menos una docena de operaciones que estaban en su lista de objetivos. Ha sido una combinación de operaciones destructivas -incendios y explosiones- y también la divulgación pública de datos: fugas y filtraciones.

Pero Estados Unidos no tiene el monopolio, ni siquiera una gran ventaja, en la guerra informática. De hecho, son más vulnerables que otras potencias. Edward Snowden ha demostrado que la NSA es incapaz de proteger sus propios secretos.

Wikileaks ha publicado, en Vault 7, la colección de herramientas secretas de ciberataque de la CIA. Si ni siquiera la NSA y la CIA pueden proteger sus sistemas, sólo se puede imaginar lo mal que está la situación de la seguridad en instituciones privadas como los bancos americanos, los medios de comunicación, las organizaciones benéficas, las instituciones religiosas o las empresas.

Si la CIA apunta a esas instituciones en otros países, legitima contraataques similares.

La explosión en la central nuclear de Natanz ha levantado sospechas en Irán de que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica que visitan estas instalaciones son espías dirigidos por Estados Unidos. Como consecuencia de ello, Irán podría limitar su acceso a sus emplazamientos nucleares.

(1) https://www.newsweek.com/cia-iran-chief-michael-dandrea-osama-bin-laden-619912
(2) https://news.yahoo.com/amphtml/secret-trump-order-gives-cia-more-powers-to-launch-cyberattacks-090015219.html

Más información:
– La CIA reconoce que sus herramientas de guerra informática son de dominio público desde 2017
– Reino Unido ayudó a la CIA a convertir televisores de Samsung en micrófonos ocultos
– La CIA tira la piedra y esconde la mano de sus ataques informáticos
 

La ONU denuncia los daños colaterales del confinamiento: el aumento de las enfermedades mentales

Miedo a la enfermedad, al duelo, a la soledad o al espectro del desempleo: la histeria ha provocado una gran crisis de salud pública al causar una enorme angustia sicológica entre la población mundial, advirtió la ONU en un informe difundido en mayo (1).

La propagación de la histeria ha afectado “a las familias y comunidades con un mayor estrés mental”, dijo Guterres. “Incluso cuando la pandemia esté bajo control, el dolor, la ansiedad y la depresión seguirán afectando a las personas y las comunidades”, añadió.

El informe destacó la tensión sicológica asociada al miedo o al temor de que la enfermedad afecte a los seres queridos.

También señala el impacto psicológico en las personas que han perdido o corren el riesgo de perder sus fuentes de ingresos, y en las que han sido separadas de sus seres queridos o han sufrido un largo confinamiento.

“Sabemos que la situación actual, el miedo y la incertidumbre, las turbulencias económicas están causando o pueden causar angustia psicológica”, dijo Devora Kestel, Directora de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, en una conferencia de prensa virtual.

Los trabajadores de la salud han estado trabajando en condiciones de “inmenso estrés” y son particularmente vulnerables, dijo, refiriéndose al aumento de las tasas de suicidio entre el personal médico.

Ayer se suicidó el director del hospital de Bouira, en Argelia. Se lanzó desde el tercer piso del edificio a causa de las presiones de los familliares de un “infectado” que falleció (2).

Los niños que se quedan en casa, así como las mujeres, son más vulnerables a la violencia doméstica. Las personas mayores y las que padecen enfermedades crónicas han vivido -y siguen viviendo- bajo una tensión extrema durante semanas de alarmismo.

Al estar privadas de su tratamiento y del apoyo habitual de su terapeuta, las personas que ya son sicológicamente frágiles han visto que su estado se ha deteriorado.

Entre los trabajos científicos citados en el informe de la ONU, destaca un estudio realizado en la región de Amhara (Etiopía) muestra que el 33 por ciento de la población padece síntomas depresivos, “tres veces más” que antes de la pandemia.

Otros estudios indican que la prevalencia de la tensión síquica durante el confinamiento alcanzó el 60 por ciento en Irán y el 45 por ciento en Estados Unidos, según Devora Kestel.

En un mensaje de vídeo publicado para lanzar el informe, el Secretario General, Antonio Guterres, denunció también que la salud mental padece “décadas de abandono y falta de inversiones”.

(1) https://www.un.org/en/coronavirus/mental-health-services-are-essential-part-all-government-responses-covid-19
(2) https://www.reflexiondz.net/Le-directeur-de-l-hopital-de-Bouira-saute-du-3eme_a64001.html

Del tráfico de drogas al tráfico de medicamentos en medio de la pandemia en Colombia

Alijo de medicamentos de contrabando
En Colombia, la mayor pandemia sigue siendo la corrupción. A seis semanas de que se decretara la emergencia por la pandemia del coronavirus, las irregularidades en la contratación en los departamentos y municipios de Colombia, que destinan recursos millonarios a programas supuestamente encaminados a mitigar los efectos de la pandemia, despertaron las alamas a un nivel tal que propiciaron el lanzamiento de la estrategia “Transparencia por la Emergencia”, un trabajo articulado nunca antes visto en el país entre la Contraloría- encargada del seguimiento fiscal-, la Procuraduría -cabeza del ministerio público que sanciona a los funcionarios- y la Fiscalía -ente acusador- para hacer seguimiento de la corrupción.

Hasta ahora, los entes de control colombianos tienen en investigación 56 contratos que suman 136.000 millones de pesos (poco más de 35 millones de dólares) que concentran las mayores irregularidades identificadas, pero en total el objetivo es revisar los 31.938 contratos que se suscribieron durante la emergencia económica en todo el territorio.

De acuerdo con la Procuraduría hay 24 procesos disciplinarios abiertos en 14 gobernaciones del país, las cuales tienen a ocho gobernadores directamente involucrados, otros con miras de abrírseles procesos y funcionarios públicos de estas entidades también en la mira. En las alcaldías hay por su parte 70 casos en 56 municipios, y en las entidades del orden nacional 24 expedientes, uno de ellos contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, por presuntas irregularidades en Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, creada por el Gobierno para dar respuesta a la emergencia sanitaria.

El caso del ministro de Agricultura es en particular destacable ya que por su condición de aforado deberá ser elevada ante el Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal del país.

De acuerdo con la Contraloría el ministro deberá responder por la falta de control en los créditos subsidiados creados por el Gobierno, que destinó un total de 226.000 millones de pesos al sector (58.4 millones de dólares). De estos los pequeños productores solo recibieron 4.200 millones (1 millón de dólares), los medianos 8.300 millones (2.1 millones de dólares) y los grandes agroindustriales 213.566 millones (55.2 millones de dólares) concentrando el 90 por ciento de los recursos.

Entre los mandatarios en la mira de las autoridades ya hay dos sancionados por parte de la Procuraduría que fueron suspendidos de sus cargos por irregularidades en la gestión de la pandemia y posible desvío de recursos públicos: el acalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balcero; y el gobernador de Chochó, Ariel Palacios. El caso del alcalde Balcero de Calarcá, fue el primero de un funcionario suspendido durante la emergencia y se debió a un contrato suscrito con un comerciante del municipio, Abelardo de Jesús Echeverri, para repartir mercados a la población más vulnerable. Dicho contrato tenía un monto de 15 millones de pesos (3.879 dólares) pero terminó inflándose hasta los 396 millones de pesos (102.426 dólares).

La irregularidad se hizo manifiesta por el propio proveedor quien denunció que la firma de este contrato inflado no era suya, por lo tanto, había sido falsificada. Dicho contrato fue suscrito por la Secretaría Administrativa de Calarcá, por lo que la suspensión por tres meses ordenada por la Procuraduría no solo fue contra el alcalde Balcero sino contra el secretario titular de esta cartera, José Winser Garzón Tobaría.

La Procuraduría afirmó que separar al alcalde y su funcionario del caro era necesario pues de lo contrario “seguiría afectando principios fundamentales y esenciales que regulan la contratación del Estado”. Este caso está en indagación preliminar por parte de la Fiscalía para establecer responsabilidades penales.

Por su parte, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, habría participado en la firma de un contrato por 2.000 millones de pesos (517.305 dólares) que según el Ministerio Público iba en contra de las normas de contratación estatales.

Dicho contrato tiene por objeto realizar actividades relacionadas con jornadas educativas de dos horas sobre temas de limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado, salud mental, lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades y tuberculosis, todas estas enfocadas en el coronavirus. Sin embargo, la Procuraduría determinó que dichas actividades no eran prioritarias en un departamento donde la seguridad alimentaria, el pago de los salarios y la dotación de insumos al personal médico sí constituían necesidades urgentes a las que se debían destinar los millonarios recursos.

Ariel Palacios, Gobernador del Chocó, es el primer mandatario departamental en ser suspendido por un presunto caso de corrupción en el marco de la emergencia por el coronavirus Ariel Palacios, Gobernador del Chocó, es el primer mandatario departamental en ser suspendido por un presunto caso de corrupción en el marco de la emergencia por coronavirus.

Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y más afectado históricamente por la guerrilla, con una población principalmente afro, racial e indígena. Aquí se registró la primera muerte por coronavirus el pasado 26 de abril, y hay otras 13 personas confirmadas positivas.

Las gobernaciones de Arauca, Magdalena, Atlántico, Cesar, La Guajira, Vichada y San Andrés, también están bajo la lupa de los entes de control por casos similares.

El ejército no se salva

Los cuestionamientos de la Procuraduría y demás entes de control por irregularidades en el manejo de la pandemia del coronavirus también estuvieron dirigidos al ejército, institución que resultó señalada por comprar con notables sobrecostos insumos de protección como tapabocas y guantes.

El foco está puesto en el contrato 044 suscrito por el ejército, el cual fue solicitado por parte del Ministerio Público para investigación. Este contrato, suscrito con la empresa Paciffic Group and Bussines en la ciudad de Medellín por un valor de 200 millones de pesos (51.730 dólares), era para proveer tapabocas, desinfectantes, guantes y otros elementos necesarios para la pandemia.

Sin embargo, el monto por unidad de los tapabocas, que en situaciones normales no supera los 2.000 pesos (menos de un dólar) y que durante la pandemia por la gran demanda se consiguen en 20.000 pesos (5 dólares), fueron adquiridos por el Ejército a 45.000 pesos (11 dólares).

La empresa con la que se suscribió dicho contrato, que también es proveedora del Ejercito de contratos similares en ciudades como Bogotá, Tunja, Pasto o Cúcuta, tiene en su registro mercantil la comercialización de insumos de ferretería, pintura, carpintería, pero no de estos elementos de uso médico.

El ejército respondió ante la investigación de la Procuraduría negándose a enviar la documentación requerida por el ente de control alegando que dichos contratos estaban protegidos por el secreto militar, sin embargo, tras una queja del Ministerio Público elevada al Ministerio de Defensa, este último ordenó al ejército colaborar con toda la información requerida par la investigación.

Este caso ya ha resultado en tres coroneles apartados de sus cargos en Tunja y Cúcuta, los cuales estuvieron involucrados con la contratación de tapabocas N95 con presuntos sobrecostos.

Tráfico de medicamentos

En Cesar y La Guajira, departamentos vecinos ubicados al norte del país en zona fronteriza con Venezuela, comparten en el marco de la pandemia no solo los problemas en los que hoy están sus gobernadores por las presuntas irregularidades en la atención al coronavirus, sino que han sido epicentro de un alza en el tráfico de medicamentos de contrabando que ha proliferado durante la crisis.

Las indagaciones sobre irregularidades en los mercados de la Gobernación del Cesar llevaron a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría a realizar una inspección en la sede de la Gobernación para recolectar pruebas a finales de la semana.

La autoridad departamental, en cabeza del gobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco, está en la mira por haber suscrito 37 contratos por un valor superior a 14.000 millones de pesos (3.6 millones de dólares) para la adquisición de 88.700 kits de mercados o bonos para redimir en establecimientos de comercio los cuales deberían estar destinados a la población más vulnerable. En todos ellos hay presuntas irregularidades por sobrecostos en alimentos que están siendo cobrados un 40 y hasta un 100 por ciento más de su valor en el mercado.

Uno de esos contratos, el primero señalado por la Contraloría, tiene un valor total de 367.140.000 por la adquisición de 2.900 kits de mercado. Lo que encontró el ente de control fiscal al contrastar los precios de los productos con la referencia de Colombia Compra Eficiente -portal del Gobierno que da un marco de precios- fue que el contrato debía costar 268 millones de pesos, encontrando diferencia de casi 100 millones, el 37 por ciento de su valor total.

Tanto el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, como varios funcionarios de su administración, así como otros políticos del Cesar, han sido vinculados formalmente a la investigación por estos hechos.

En La Guajira el panorama no es muy diferente, pero tiene una particularidad: allí se viene dando un alza en el tráfico de medicamentos desde que empezó en Colombia el conteo de casos por el coronavirus.

En Maicao, municipio fronterizo con Venezuela y que concentra gran parte del contrabando que se da entre los dos países por el norte de la frontera, fueron incautados al principio de la emergencia un cargamento de medicamentos avaluados en 8.000 millones de pesos (2 millones de dólares) los cuales pretendían ser distribuidos por una cadena de red de droguerías distribuidas en La Guajira y Cesar.

Dicho cargamento desnudó una red de medicamentos piratas que funcionaba en todo el país y que se surtía con drogas traídas de Ecuador, pero también saqueando el sistema farmacéutico en departamentos como Risaralda, Nariño y Norte de Santander. Las medicinas luego eran enviadas a Cesar y La Guajira para su distribución.

Estas actividades no se han detenido, como lo demuestra la incautación a mediados de abril de un cargamento de medicinas de contrabando, procedentes de Estados Unidos que desde Venezuela pretendían ingresar por la frontera con Maicao. Dicho cargamento avaluado en 28 millones de pesos (7.242 de dólares) fue interceptado por la Policía Aduanera (POLFA).

Una fuente de la POLFA que opera en los puntos de control de Maicao contó que una de las modalidades de distribución y comercialización de estos medicamentos de contrabando involucra a funcionarios de las EPS e IPS (empresas prestadoras de salud) que son cómplices en el saqueo al sistema de salud. Además afirmó que en la frontera estos medicamentos se camuflan entre otras mercancías de contrabando que cruzan a Venezuela por los pasos ilegales y viceversa, por lo que se han incrementado los controles en todos los pasos fronterizos por parte de las autoridades aduaneras, ya que en el marco de la pandemia el tráfico de medicamentos para tratar la enfermedad viene al alza.

De acuerdo con cifras oficiales, desde que empezó el Gobierno de Iván Duque se han hecho 1.393 acciones de control contra el contrabando de medicamentos en el país.

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/05/02/corrupcion-y-trafico-de-medicamentos-en-medio-de-la-pandemia-en-colombia-investigan-56-contratos-por-usd-35-millones/

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