Informes secretos de Estados Unidos dejan en entredicho la independencia de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional.
El ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Eduardo Aguirre, mantuvo diversas reuniones con varios magistrados y fiscales del órgano judicial que investiga a miembros de su Gobierno y militares norteamericanos en causas como la de Guantánamo, los vuelos de la CIA o el asesinato del reportero José Couso.
Estas duras revelaciones proporcionan una perfecta radiografía de quién es quién en la Audiencia Nacional. El que sale peor parado es el fiscal jefe, Javier Zaragoza, quien deja en total evidencia la falta de independencia judicial del Ministerio Público. Tras una reunión en su despacho, avisó a representantes de la embajada que se opondría al procesamiento de los tres militares estadounidenses imputados por el asesinato de Couso en Bagdad en abril de 2003, durante la guerra de Iraq. Varios días después se hizo pública esta decisión.
Asimismo, su jefe, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se comprometió a paralizar las dos causas abiertas contra altos cargos norteamericanos por las torturas en la cárcel de Guantánamo (Cuba). Estos datos dejan entrever que la Fiscalía es un órgano que actúa según las directrices del Gobierno, que ya trasladó en su momento a Estados Unidos su rechazo a una investigación sobre el polémico penal.
El fiscal encargado del caso sobre los vuelos de la CIA, Vicente González Mota, también sale retratado en los documentos. Informó a un agente jurídico de la embajada que se iba a oponer a la pretensión del juez instructor Ismael Moreno de desclasificar los documentos del CNI sobre los vuelos en los que supuestamente se trasladaron de manera ilegal a detenidos en Afganistán para enviarles a Guantánamo y que hicieron escala en aeropuertos españoles.
El fiscal Mota es quien dio ayer la cara públicamente para desmentir de manera tajante todos los detalles recogidos en los informes secretos. Es una de las manos derechas de Zaragoza, que precisamente se encontraba ayer en Washington en unas jornadas sobre terrorismo. Estos datos salen a la luz en un momento en el que está en entredicho el trato del fiscal jefe a algunos de sus subordinados, que están tomando uno a uno la determinación de abandonar la labor pública para pasarse a la privada para no plegarse a sus órdenes. Después de Enrique Molina e Ignacio Gordillo, la semana pasada fue el turno de Juan Moral, el fiscal encargado del sumario de Batasuna, quien anunció su salida.
En la nota emitida ayer tanto por la Fiscalía General como por la de la Audiencia, ambos órganos defienden la “absoluta autonomía” del Ministerio Público en sus decisiones judiciales. A pesar de reconocer tales reuniones, sostiene que se desarrollan dentro del marco de cooperación entre “países aliados y amigos”, limitándose a trasladar su posición jurídica que mantiene en tales procedimientos.
Algunos de los jueces quedan inevitablemente retratados. En una de las entrevistas entre Zaragoza y miembros de la embajada, éste les advierte que hay que hacer lo posible para que la causa de Guantánamo no recaiga en manos de Baltasar Garzón sino que sea Ismael Moreno el instructor. Este juez es el menos proclive en la Audiencia a aplicar la justicia universal. Los fiscales lo saben y Estados Unidos también, por eso no les preocupa tanto la investigación por los vuelos de la CIA.
La estrategia del Ministerio Público era solicitar que fuera éste quien se encargara de las torturas en Guantánamo por la relación de la causa con la que ya está investigando. En resumen, las actuaciones de este juez no incomodan.
Sin embargo, la causa finalmente se quedó en manos de Garzón. Esto no gustó al país norteamericano que su informe subraya que se trata de una “figura controvertida cuya ambición y afán de notoriedad no tiene rival”. Eran conscientes que con tal de obtener un titular, podía pasar por encima de cualquiera que se le pusiera por delante. La fiscalía informó en contra de admitir a trámite la querella, calificando la investigación de fraudulenta y Conde Pumpido hizo declaraciones públicas en el mismo sentido. Sin embargo, el magistrado decidió seguir adelante tras la espera sin respuesta de siete meses para que las autoridades norteamericanas informaran si estaban investigando los hechos. Según la jurisdicción universal, tiene prioridad para investigar el país donde se ha cometido el delito. Estados Unidos no contestó y Garzón inició la causa. Antes de abandonar la Audiencia Nacional, tomó declaración a varios testigos, uno de ellos españoles, que habían sufrido torturas en Guantánamo. Ahora, está en manos de su sustituto, Pablo Ruz.
El juez que tiene la otra causa sobre los usos ilegales de esta cárcel es Eloy Velasco. El mismo que apuntó a las presuntas relaciones entre ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela ha preferido por ahora no pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España contra seis presuntos responsables jurídicos de la creación de Guantánamo. Está a la espera de que Estados Unidos responda a la comisión rogatoria para saber si ya está investigando los hechos. Por ahora, no tiene respuesta.
El juez que queda fuera de cualquier duda es Santiago Pedraz, quien ha luchado a capa y espada por continuar con la investigación de Couso. A pesar de la oposición de la Fiscalía y de la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no ha desistido en sus pretensiones. El Tribunal Supremo ordenó reabrir el caso y recientemente Pedraz volvió a ordenar por tercera vez la detención y entrega de los tres militares imputados.
https://www.elconfidencial.com/espana/2010-12-01/wikileaks-desenmascara-a-jueces-y-fiscales-de-la-audiencia-nacional_422546/
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