«Tranquilo», respondió João Pedro, explicando que estaba en casa de su tía y que todo estaba bien. Unos minutos después de que enviara el mensaje, la policía irrumpió y disparó al chico de 14 años en el estómago con un rifle de alto calibre a corta distancia.
João Pedro Matos Pinto es una de las más de 600 personas asesinadas por la policía en el estado de Río de Janeiro en los primeros meses de este año. Esto es casi el doble de la cantidad de personas asesinadas por la policía durante el mismo período en el conjunto de los Estados Unidos, que tiene 20 veces la población de Río. Al igual que João Pedro, la mayoría de los muertos en Río eran negros o mestizos y vivían en los barrios más pobres de la ciudad o en las favelas.
Mientras que en Estados Unidos el movimiento antirracista saca a cientos de miles a las calles de todo el mundo, los manifestantes indignados por la muerte de João Pedro hace un mes han estado organizando las mayores manifestaciones contra la brutalidad policial en años en las calles de Río.
Sin embargo, las protestas no se acercan al impacto público de otros países. Los brasileños quieren que su lucha cobre impulso porque en su país más de la mitad de la población es negra o mulata, con un problema de terrorismo policial que eclipsa con creces al de otros países.
El año pasado la policía de Río asesinó a 1.814 personas, según datos oficiales. Es el triple que cinco años antes. Este año el número de muertes está en camino de repetirse.
“Matan a adolescentes tras adolescentes en sus casas todos los días. Estamos aquí porque tenemos que estar”, dijo João Gabriel Moreira, estudiante de ingeniería civil de 19 años, en una protesta el 10 de junio en Duque de Caxias, una ciudad pobre de la zona metropolitana de Río. Dijo que hasta este año nunca había protestado en la calle.
“Matar a un joven negro en una favela, se ve como algo normal; debe ser un traficante de drogas”, dice Moreira. “El racismo siempre ha sido velado en Brasil. Es por eso que tan pocos de nosotros estamos aquí. Si Brasil tuviera conciencia racial, esta calle estaría llena”.
La policía de Río de Janeiro dijo inicialmente que estaban persiguiendo a un criminal en una operación conjunta de las policíaes civil, militar y federal cuando dispararon a João Pedro el 18 de mayo. No había signos de actividad ilegal en la casa del complejo de favelas Salgueiro, según Eduardo Benones, un fiscal federal que investiga la operación.
El padre de João Pedro, Neilton Pinto, estaba sirviendo pescado en un quiosco de la bahía cuando oyó los helicópteros. Cuando llegó al lugar, la policía ya se había llevado el cadáver de su hijo adolescente.
La policía no llevó a João Pedro al hospital y su familia tuvo que comenzar una búsqueda frenética. Rafaela, de 36 años, recibió un rayo de esperanza cuando leyó un mensaje de WhatsApp en el teléfono de su hijo.
No hubo respuesta de quien estuviera usando el teléfono de João Pedro. Pero se extendió una campaña por los medios sociales y su cuerpo fue localizado al día siguiente, dentro de un instituto forense de la policía.
La investigación del fiscal Benones busca responsabilizar al Estado brasileño por la muerte de João Pedro, alegando que ocurrió en un contexto de racismo institucional. Todas las declaraciones y los relatos de los testigos indican que João Pedro y los demás presentes no representaban ninguna amenaza para la policía.
“No puedes decir que es racismo de ese oficial de policía, sino una práctica de las fuerzas policiales de no tener cuidado al tratar con la población negra. Y si algo sucede, es visto como un daño colateral”, dice el fiscal.
En respuesta a la indignación por la muerte de João Pedro, el 5 de junio el Tribunal Supremo de Brasil prohibió las redadas policiales en las favelas hasta que termine el toque de queda.
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