En la parte superior, el “Consejo de Control de Pandemias, análogo al Consejo de Producción de Guerra que Estados Unidos creó en la Segunda Guerra Mundial”. Estaría compuesto por “dirigentes de los negocios, el gobierno y el mundo académico” (enumerados así por orden de importancia, con los representantes del gobierno no en la parte superior, sino los de las finanzas y la economía). Este Consejo Supremo tendría la facultad de decidir sobre la producción y los servicios, con una autoridad similar a la conferida al Presidente de Estados Unidos en tiempos de guerra por la Ley de Producción para la Defensa. El Plan establece que 3 millones de ciudadanos estadounidenses deben ser examinados semanalmente del Covid-19, y que el número se debe aumentar a 30 millones por semana en seis meses. El objetivo, que se debe alcanzar en un año, es llegar a la capacidad de probar a 30 millones de personas diarias de Covid-19.
Para cada prueba debe haber “un reembolso adecuado a un precio de mercado de 100 dólares”. Por lo tanto, se necesitarán “miles de millones de dólares al mes” en dinero público.
La Fundación Rockefeller y sus socios financieros ayudarán a crear una red para la provisión de garantías de crédito y la firma de contratos con los proveedores, es decir, con las principales empresas productoras de medicamentos y equipo médico. Según el Plan, la “Junta de Control de Pandemias” también está autorizada a crear un “Cuerpo de Respuesta a Pandemias”, una fuerza especial (no denominada incidentalmente “Cuerpo” como los Marines) con una plantilla de 100.000 a 300.000 miembros. Se reclutarían de voluntarios del Cuerpo de Paz y de Americorps (creado por el gobierno de Estados Unidos oficialmente para “ayudar a los países en desarrollo”) y de la Guardia Nacional.
Los miembros del “Cuerpo de Respuesta ante Pandemias” recibirían un salario bruto medio de 40.000 dólares al año, para lo cual se espera que el gobierno gaste entre 4.000 y 12.000 millones de dólares anuales. El “Cuerpo de Respuesta ante Pandemias” tendría la tarea principal de controlar a la población con técnicas de tipo militar, mediante sistemas digitales de rastreo e identificación, en lugares de trabajo y de estudio, en barrios residenciales, en lugares públicos y en movimiento. Sistemas de este tipo -recuerda la Fundación Rockefeller- los realizan Apple, Google y Facebook.
Según el Plan, la información sobre las personas, relativa a su salud y actividades, permanecería reservada “en la medida de lo posible”. Sin embargo, todos ellos estarían centralizados en una plataforma digital cogestionada por el Estado Federal y las empresas privadas.
Sobre la base de los datos proporcionados por el “Consejo de Control de Pandemias”, se decidirá a su vez qué zonas estarían sujetas a confinamiento y por cuánto tiempo. Este, en resumen, es el plan que la Fundación Rockefeller quiere implementar en Estados Unidos y en otros lugares. Si se llevara a cabo aunque fuera parcialmente, habría una mayor concentración del poder económico y político en manos de élites aún más pequeñas, en detrimento de una mayoría creciente que se vería privada de los derechos democráticos fundamentales.
El operativo se ejecutaría en nombre del “control del Covid-19”, cuya tasa de mortalidad, según datos oficiales, ha sido hasta ahora inferior al 0,03 por ciento de la población de Estados Unidos. En el Plan de la Fundación Rockefeller, el virus se utiliza como un arma real, incluso más peligrosa que el propio Covid-19.
(*) https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/
«Que dejen de tomarnos el pelo» o «¿Qué pasa con nuestro dinero?» son las otras manifestaciones, distintas a las de VOX, que no están saliendo en los medios de comunicación. En este caso ha sido ayer en Barcelona, frente a una sede del SEPE cerrada a cal y canto, donde varias decenas de personas se concentraron para exigir el pago de los subsidios.
