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Día: 18 de mayo de 2020 (página 1 de 1)

950 denuncias por torturas en las cárceles españolas en la última década

El gobierno ha informado, en un respuesta parlamentaria, de que se han presentado 950 denuncias por posibles torturas en las cárceles españolas en los últimos diez años, acumulándose casi el 40 por ciento de los procedimientos en los últimos tres años y siendo Castellón II la prisión que con más casos (75).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y consagra la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, según el cual los Estados Parte se comprometen a asegurar los derechos reconocidos a toda persona bajo su jurisdicción. Sin embargo, en España, en los últimos tres años se detecta un aumento de estas denuncias por torturas ya que se registran casi el 40 por ciento de los casos totales.

Estos datos se encuentran en el documento que ha aportado el Ejecutivo como respuesta a la pregunta sobre la cantidad de denuncias por posibles casos de torturas en las cárceles españolas que formuló en la Cámara Alta el senador de Compromis Carles Mulet.

La prisión con mas denuncias acumuladas es Castellón II con un total de 75, seguida del centro penitenciario Puerto III de Cádiz con 67 y la cárcel Sevilla II con otros 67 posibles casos de maltratos.

En 2017 y 2019 se registraron los datos más altos en esta década con 130 denuncias respectivamente, seguido de 2018 con 117, lo que hacen un total de 377 procedimientos abiertos por posibles malos tratos. Para volver a estos números tan elevados hay que ir a 2013 donde también se registraron 117 casos de torturas.

En el resto de la década estos números oscilan entre las 62 y 90 denuncias presentadas, sin alcanzar la centena.

Por otro lado, el centro también se sitúa como la cárcel que más denuncias por tortura alcanzó en un año, con 14 casos.

https://theobjective.com/prisiones-ha-registrado-950-denuncias-por-tortura-en-las-carceles-espanolas-en-la-ultima-decada/

La fiscalía archiva la investigación por las muertes de los ancianos en las residencias

Ya advertimos que era un paripé y ha durado muy poco tiempo. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha ordenado el cierre de la investigación por las muertes de ancianos en residencias de distintos puntos de España durante la crisis sanitaria del coronavirus.

En el decreto sostiene que, tras la apertura de las diligencias de investigación en las fiscalías territoriales de los lugares de ocurrencia de los hechos, como son la de Valladolid o Barcelona, ha decaído el objeto de las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía General “que deben por tanto ser archivadas sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Traducido a román paladino significa: una vez que pase la histeria, irán cerrando poco a poco las investigaciones de carácter local para no provocar estridencias.

En el documento firmado por la fiscal general se explica que dada la «gravedad» de los hechos denunciados por el Ministerio de Defensa, que alertó que los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaban encontrando a ancianos muertos en camas junto a mayores abandonados en mal estado, se optó por designar como instructor a un fiscal perteneciente a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el ex secretario de Estado Manuel Dolz, para investigar los hechos con el objeto de «facilitar así la urgente obtención y centralización de la información que pudiera obtenerse en la fase embrionaria de la investigación».

A raíz de aquella de denuncia de Defensa, indica Delgado, «se hacía exigible la adopción inmediata de medidas tendentes a su esclarecimiento». De ahí que la fiscal general tardara escasas horas en abrir una investigación sobre la situación en las residencias de ancianos durante la pandemia por Covid-19.

La ex ministra de Justicia subraya que posteriormente se procedió a la apertura de diligencias de investigación en algunas fiscalías provinciales de las comunidades autónomas de Castilla y León y Cataluña, al haberse determinado ya el lugar de ocurrencia de los hechos, por lo que desde la Fiscalía General se acuerda el archivo de las diligencias iniciales abiertas.

https://www.elmundo.es/espana/2020/04/01/5e846dadfc6c83043b8b4614.html

Más información:
– No han muerto miles de ancianos en los asilos por coronavirus: los ha matado el capitalismo
– Los ancianos son una mercancía y si además tienen coronavirus el negocio es redondo
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La Comunidad de Madrid ha destituido al alto cargo que dio la orden de
no trasladar a los hospitales a los ancianos de las residencias

– “A mi padre le sedaron en lugar de llevarle al hospital” desde el asilo, dice el familiar de un anciano fallecido

La guerra oculta de la CIA contra Jamaica

El Presidente jamaicano Michael Manley
Tras la victoria electoral del Partido Nacional del Pueblo y la elección como presidente del sindicalista Michael Manley en 1972, el nuevo gobierno tomaría una serie de medidas de tendencia socialista moderada, iniciando una gran campaña de alfabetización, estableciendo por primera vez un salario mínimo para los trabajadores, educación gratuita, una reforma agraria y la creación de cooperativas a través del Consejo Cooperativo de Trabajadores del Azúcar, control de precios de los productos básicos, permiso pagado de maternidad y leche gratuita para las madres, un plan de vivienda pública, nacionalización de las empresas de electricidad, telefonía y transporte, nacionalización de fábricas de azúcar y del Banco Barclays, elevación del impuesto sobre las exportaciones de bauxita (explotada por empresas norteamericanas y canadienses), nacionalización de la tierra de las minas, y aumento de las participación estatal en la propiedad de las empresas. Por ejemplo el Estado compraría el 51 por ciento de las acciones de la empresa de aluminio Kaiser bauxita, etc.

En el plano internacional, Jamaica estrecharía sus lazos con los procesos revolucionarios anti imperialistas de Cuba, Nicaragua y Granada, y apoyaría las luchas de independencia en África, como es el caso concreto de Angola.

Estos cambios provocaron reacciones dentro del sector privado. Algunas empresas de aluminio abandonaron el país, otras comenzaron a utilizar sus técnicas de guerra económica, como el aumento de precios, acaparamiento, escasez y reducción programada de la oferta de productos básicos, para provocar el descontento popular. A ello se sumaron las sanciones internacionales y la negativa de dar créditos al país para las importaciones de algunos productos, si el gobierno no cambiaba su política.

Por su parte, la CIA norteamericana realizaría una campaña de guerra psicológica mediante la difamación internacional de Jamaica, con el fin de destruir su sector turístico, cancelando vuelos desde EEUU, y diseminando toda clase de noticias alarmistas en las agencias de viajes, infiltraría y utilizaría medios de comunicación e instituciones culturales y de caridad, para espiar, sabotear y reclutar agentes, sobornaría a los sindicatos para organizar huelgas y protestas  y financiaría al principal partido opositor. Todo ello iría acompañado de la organización de grupos terroristas que se encargarían de provocar incendios indiscriminados con bombas molotov, sabotajes y asesinatos de militantes del Partido Nacional del Pueblo, e incluso del partido opositor, para culpar al gobierno e instaurar un clima de terror que paralizara el país.

La CIA reclutaría a narcotraficantes de bandas locales, especialmente de la conocida banda “Shower Posse”, organizándolos en escuadrones y suministrándoles armas para actuar como sicarios y espías, a cambio de permitir y facilitar su actividad y conexiones de trafico de drogas entre la isla y los Estados Unidos, esta banda a su vez, estaba ligada estrechamente con el partido opositor, y varios de sus miembros acabarían testificando años después su implicación con la CIA y en múltiples asesinatos por encargo.

El propio ex agente arrepentido de la CIA, Phillip Agee, destapó los nombres de varios agentes encubiertos en Jamaica durante unas jornadas contra la desestabilización celebradas en Kingston. Los agentes fueron denunciados públicamente mediante la publicación y distribución de sus datos en miles de folletos. Gary Webb, periodista norteamericano asesinado años después en extrañas circunstancias, también denunció esta implicación en su libro “La oscura alianza: la CIA, las Contras y la explosión de la cocaína y crack”.

Las autoridades realizarían centenares de arrestos, incluso de miembros del propio partido gobernante, sobornados e infiltrados, y llegaron a declarar el estado de excepción ante los constantes ataques de escuadrones de la muerte.

Los militantes del Partido Nacional del Pueblo organizaron patrullas de vigilancia, cortando con barricadas los accesos a algunos barrios de mayoría izquierdista, como el bastión de “Trenchtown”, estableciendo “zonas prohibidas”. Como resultado, el país entraría al borde de la guerra civil, produciéndose varios centenares de muertos y heridos.

Las fuerzas de seguridad interceptaron un cargamento de contrabando compuesto por nada menos que 500 ametralladoras y múltiples equipos de comunicación sofisticados, los sabotajes llegarían al punto de envenenar con insecticida un envío importado de harina, que provocó 17 muertos y una ola de pánico.

El propio presidente Manley, sufrió tres intentos de asesinato por medio de infiltrados en su propio servicio de seguridad.

Todo ello acabó obligando al gobierno ha aceptar un acuerdo de préstamo del Fondo Monetario Internacional (anteriormente rechazado), bajo condiciones duras para las clases populares, que serían atacadas en sus condiciones de vida, lo que hizo aumentar el mercado negro, el descontento y la desesperación, y llevó al gobierno debilitado a convocar nuevas elecciones que ganaría finalmente la oposición derechista en 1980.

https://primeraxlinea.wordpress.com/2016/03/24/la-guerra-oculta-de-la-cia-contra-jamaica/

Operación Bastón: el ejército colombiano es una mafia de narcotraficantes

Caracol Radio habló en exclusiva con uno de los investigadores militares que participó en la llamada Operación Bastón, que buscaba, según este uniformado, hacerle una trazabilidad al capital económico de los generales.

Y aunque el Ministerio de Defensa indicó que inició en el 2017, la fuente aseguró que se puso en marcha en el 2018 bajo ordenes directas del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.

“La operación, de acuerdo a la misionalidad, es para establecer e identificar que generales estaban relacionados o tenían nexos con narcotráfico, mirar sus activos económicos y revisar que estuvieran acordes a lo normal que ha ganado un general en sus mas de 30 años de servicio”, dijo la fuente, quien pidió mantener su rango y situación actual dentro de la fuerza en el anonimato por seguridad.

Agregó que en los últimos años han sido sacados del Ejército por corrupción y actuaciones al margen de la ley más de 3.000 uniformados, entre ellos más de 30 generales, a los que se les ha descubierto presuntas actuaciones ilegales, como fue el caso del general Jorge Romero, que le vendía, supuestamente, salvoconductos a las bandas criminales de Medellín.

“Lo que hoy está pasando en el Ejército no es como se ha querido vender a los medios, de que se trata de los generales de Santos (Juan Manuel) contra los generales de Uribe (Álvaro Uribe), el problema es el mecanismo mafioso que hay dentro del Ejército, todos los que han sido sacados tenían sus negocios ilegales y pensaron que no se los iban a descubrir”, aseguró el investigador militar.

Agregó “lo que se debe entender es que esta operación atacó un sistema mafioso, un sistema que está completamente organizado, que cuenta con apoyo político, de militares de alto rango retirados y en servicio, que designan funciones y entregan reportes. Con la operación (Bastón) quedó en evidencia también lo politizado que en la está el Ejército”.

“Una de las cosas que deben mirar el gobierno, es el sistema de elección de generales. No llegan por méritos, llegan por favores y con guardados, llegan a generales oficiales con procesos activos por falsos positivos, con procesos por corrupción y siempre se amparan en la presunción de inocencia y cuando son ascendidos hacen múltiples maniobras para que les engaveten las investigaciones, los procesos no avanzan en la Procuraduría y la Fiscalía”, señaló el uniformado.

Este investigador indicó que hay mucha tela para cortar dentro del informe. Incluso dijo que el gobierno debería revisar a los generales que envía como agregados a otros países.

“Hay uno que reposa en los informes como posible colaborador, es más hay información que documenta que estaba en la nómina del Cartel del Norte del Valle”.

https://caracol.com.co/radio/2020/05/17/nacional/1589735764_561876.html

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