Para las autoridades se trata de un repliegue que obedece al cerco de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el combinado de militares y policías creado en 2013 para combatir a la guerrilla, fundada en 2008 como defensora de los campesinos de los deprimidos departamentos de Concepción y San Pedro.
Sin embargo, algunos estudiosos estiman que la guerrilla marxista-leninista se halla en uno de esos periodos de inactividad propios de un grupo pequeño, y con acciones esporádicas como las de semanas atrás con la quema de infraestructuras de estancias agroganaderas.
Y es que desde su fundación, el EPP alzó como bandera la lucha contra el uso de agrotóxicos por parte de los productores de soja.
En ese marco, uno de los blancos del EPP han sido los secuestros de granjeros de las comunidades menonitas del norte, también dedicados a ese cultivo.
Esa espiral de secuestros se ha reducido a la nada, casi como la presencia del EPP, que parece haberse borrado del mapa.
Al respecto, Juan Martens, experto en política criminal y autor de un estudio sobre el EPP, dijo que no se trata de algo extraño ya que la guerrilla nunca ha tenido “capacidad de acción o de intervención continúa al estar constituido por poca cantidad de personas y con infraestructura precaria”.
No obstante, subrayó que ello no significa que esté desarticulada. Recordó que en uno de esos periodos de letargo precedió al ataque a un camión militar el 30 de agosto de 2016 y a cuyo paso estalló una bomba que mató a ocho militares.
Por su parte, el portavoz de la FTC, el teniente coronel Luis Apesteguía, aseguró que la actual inactividad se debe a que el Estado “técnicamente está ganando la guerra”.
Se refirió a que los líderes históricos del EPP cumplen largas condenas de cárcel y otros murieron en enfrentamientos armados, y tras prometer “liberar” la región norte de Paraguay.
También al trabajo que realiza la FTC en la zona, lo que se traduce en que “no puedan realizar ninguna acción, algún secuestro o ataques de otras características”.
“Somos conscientes de que mientras no los tengamos tras las rejas o totalmente neutralizados siempre habrá amenaza, no decimos que no podrán hacer ningún ataque, pero cada vez se les dificulta más”, destacó el militar.
Para Martens, el que no se haya desmantelado totalmente al grupo se debe a que los diferentes gobiernos han abordado ese combate desde la militarización de la zona y la creencia errónea de que se “va a encontrar con un pelotón para combatir”.
El experto agregó además que la FTC no ha sido capaz de establecer vínculos con la población civil, como se pretendía para restar apoyo a la guerrilla, que acostumbraba a repartir alimentos comprados con los secuestros como propaganda política.
Por contra, en algunas comunidades se ha señalado a ese ente como autores de abusos y ejecuciones contra supuestos simpatizantes o integrantes de la retaguardia del EPP. Lo que a juicio de Martens contribuye a que la FTC “no reciba colaboración de la población para poder trabajar con mayor eficiencia”
Martens hizo alusión a un estudio publicado en junio de 2019 en el que tomó parte, y que revela que han habido “71 casos de violaciones de derechos, que van desde ejecución (asesinato), coacción, violencia sicológica, amenaza y robos” por parte de militares.
Un punto de vista que no coincide con el de Apesteguía, para quien la FTC ha logrado con el tiempo ser aceptada por la población del norte.
“Hemos avanzado muchísimo, en Arroyito, [que] era una zona donde nació [el EPP], ni siquiera nos saludaban. Hoy estamos trabajando con ellos [la gente], ayudando en agricultura familiar, atención médica, las fuerzas armadas cumple un rol social muy importante en la zona”, subrayó.
Uno de los misterios que rodean al EPP es el paradero del policía Edelio Morínigo, secuestrado en 2014 cuando participaba en una cacería. La única prueba de vida fue el vídeo divulgado dos meses después, en el que se le veía junto con otro rehén, un menonita de 17 años y liberado tras el pago de un rescate por sus padres.
Otro desaparecido es el empresario ganadero Félix Urbieta, secuestrado en octubre de 2016 por una escisión del EPP.
En ese sentido, Martens consideró “sumamente llamativo que se gasten 2 ó 3 millones de dólares al año por la permanencia de la FTC y que en todo este tiempo no haya podido al menos determinar si Edelio Morínigo sigue vivo o no”.
De acuerdo con su estudio, al EPP se atribuyen 61 homicidios (32 de ellos civiles, 18 policías y 11 militares), además de 114 ataques a haciendas ganaderas y bases policiales.
https://www.hoy.com.py/nacionales/que-paso-del-epp-la-tierra-parece-haberse-tragado-a-la-guerrilla
