“Holanda edifica un estado de vigilancia permanente contra los pobres”, resumió recientemente el abogado Merel Hendrickx, un experto de la ONU. “Es un proyecto digital equivalente a la intervención de un escuadrón de fuerzas de seguridad que llegara a tu casa y comenzara a rebuscarlo todo”, añade Hendrickx, cuya organización The Public Interest Litigation Project (PILP) se opone en los tribunales al
panóptico.
Lo llaman Syri (System Risk Indication o Sistema de Alarma por Riesgo) y comenzó hace cinco años, pero entonces casi todos miraron hacia otro lado. Fue aprobado por el parlamento sin ningún debate.
En este tipo de iniciativas siempre hay un pretexto, que en este caso consiste en perseguir más eficazmente el fraude contra el “estado del bienestar”. Se trata de combinar toda una serie de datos digitales que son fácilmente accesibles pero que, hasta ahora, estaban dispersos. Son innumerables y proceden de numerosas fuentes: de los ayuntamientos, hacienda, bancos, aseguradoras u oficinas del paro e inmigración. Un algoritmo se encarga de cruzarlos, haciendo que suene la alarma si aparecen anomalías, es decir, posibles contradicciones que pondrían sobre aviso a los vigilantes.
La semana pasada los jueces de un tribunal de La Haya se enfrentaron a una coalición de organizaciones sociales que llevaron a juicio al Estado holandés. Según los demandantes, el SyRI representa una grave violación de las libertades individuales.
El abogado del Estado no opinaba igual: imagínese a una persona que recibe subsidios porque vive en un cierto tipo de infravivienda, dijo. El SyRI alerta porque el consumo de agua en dicha vivienda es pequeño. Entonces los vigilantes tienen que llevar a cabo una investigación a fondo para verificar que, en efecto, esa persona que recibe ayudas vive realmente en dicha infravivienda.
Los contadores “inteligentes”, ya sean de agua o de electricidad, miden el consumo cada 15 minutos. En total, hacen 96 mediciones al día, suficiente para dar una visión muy detallada de la vida de una persona.
Pero el panóptico no se detiene ahí. Está muy lejos de buscar simples anomalías y abre la puerta a un estado de vigilancia generalizado. El SyRI puede acceder a una gama increíblemente amplia de datos.
Lo realmente inteligente no son los panópticos sino personas como Tijmen Wisman, que los ha investigado en la Universidad Libre de Amsterdam. Dedicó su doctorado al derecho europeo sobre los objetos relacionados entre sí, lo que le llevó a deshacerse de su “teléfono inteligente”. Es consciente del rastro digital que deja cada vez que introduce su abono (también “inteligente”) para entrar en el metro que le lleva a la universidad.
El colmo ha sido que el Estado holandés se niega a revelar los detalles de SyRI, alegando que permitiría a los defraudadores contrarrestar las alertas. “Dejarían el grifo abierto”, dijo el abogado del Estado en el juicio. Ante la falta de transparencia los cargos electos del Ayuntamieto de Rotterdam se enfadaron, lo que llevó a la suspensión del programa en varios barrios de la ciudad.
“Esta insistencia en el secreto por parte del Estado siempre ha sido prerrogativa de los servicios secretos o de la policía, o de la lucha contra los delincuentes. Sin embargo, en el caso del SyRI, nadie se sintió ofendido por esa misma opacidad”, dice Wisman.
Tuvieron que presionar mucho para obtener una lista con media docena de barrios en los que el proyecto estaba empezando a ser implementado. Todos ellos tienen una particularidad: están habitados por pobres e inmigrantes.
Si hay sospechas contra alguien un Estado moderno tiene medios suficientes para investigarle. Lo que Holanda ha hecho ahora es convertir a decenas de miles de personas en potenciales defraudadores, es decir, a todos los que viven en esos barrios convertidos en “conflictivos”. Es sobre esas personas, sobre los más pobres sobre las que se está llevando a cabo una política represiva que busca aumentar todos los mecanismos de control y vigilancia.
Hasta ahora en Europa las políticas sociales alardeaban ante el mundo de ayudar a la población necesitada de la mejor manera posible. Ahora se trata de reducir las ayudas con el pretexto de perseguir a los defraudadores.
Christiaan van Veen, asesor en materia de nuevas tecnologías del Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema, advierte contra los panópticos. “El principal peligro al que se enfrentan los estados de bienestar digitalizados es que sólo sirven a los intereses de una élite de funcionarios y empresas de tecnología. Al mismo tiempo, una desafortunada subclase, sometida a vigilancia constante, experimentará una distopía digital en la que la más mínima desviación será detectada y castigada”.
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