La web más censurada en internet

Día: 27 de octubre de 2019 (página 1 de 1)

Latinoamérica ¿en estado prerevolucionario?

Darío
Herchhoren

Contaba el comandante Hugo Chaves que en una de las cumbres iberoamericanas tuvo una larga conversación con José María Aznar, a la sazón presidente del gobierno español, y que este le explicó que el neoliberalismo  necesariamente dejaba a un lado aproximadamente a entre el 33 y el 50 por ciento de la población, fuera del reparto de beneficios. Esa era la necesaria situación para lograr que el estado y sus instituciones funcionara. A esta explicación Chaves le preguntó que se hacía con los excluidos y marginados, a lo cual Aznar con su habitual sensibilidad humana le espetó «se jodieron».

Ocurre que esas enormes masas de «jodidos», por fin han tomado conciencia de su situación y de su poder cuando se organizan y salen a las calles a pelear por sus derechos como seres humanos que son.

El insige poeta cubano Nicolás Guillén, que vivía exiliado en Buenos Aires explicaba en una tertulia cómo la revolución cubana había surgido aparentemente de la nada, en las propias narices del imperio sin que este se diera cuenta a pesar de su enorme aparato de espionaje, y decía que a veces las revoluciones eran como esas raíces de los árboles que no se ven, pero que en pocos días levantan las aceras.

Las manifestaciones en Ecuador durísimamente reprimidas por el gobierno de Lenin Moreno, con profusión de muertos y con represión que llevó a la detención y tortura de muchos ciudadanos ecuatorianos y que ha sido silenciada por la prensa «seria», que está muy preocupada por la situación de la dictadura en Venezuela, ha conseguido poner en fuga al gobierno ecuatoriano que ha tenido que abandonar Quito, la capital de la nación, y refugiarse cobardemente en Guayaquil. El movimiento indígena, y la clase obrera que había logrado altas cotas de bienestar con el gobierno de Rafael Correa, han sido traicionados por Lenin Moreno, que siguiendo las normas del FMI recortó derechos, ha impuesto tarifas nuevas sobre los combustibles y la energía eléctrica, y ha sometido a un nuevo vasallaje a Ecuador, persiguiendo y encarcelando a «correistas», y pretende la extradición del propio Correa.

Se ha creado una situación de la que no informan las agencias de noticias; pero que todos los días por medios propios nos enteramos del avance de la represión, y del incumplimiento de los compromisos asumidos por Lenin Moreno cuando se vio obligado a recular ante la presión de las masas populares en las calles.

En Chile está pasando algo que nos regocija enormemente. Luego de 30 años de bajos salarios, de tasas prohibitivas  para estudiar, de las privatizaciones de las pensiones jubilatorias, de la falta de una política de vivienda, de salud, de educación y donde los ricos son cada días más ricos y los pobres más pobres; al fin los «jodidos» de que hablaba Aznar han tomado las calles y han obligado al presidente Piñera, un ex servidor del criminal Pinochet, a solicitar a todos los miembros de su gabinete de ministros a dimitir y a retirar al ejército de las calles. Todo esto con un gran costo de vidas humanas. Ya hay alrededor de 20 muertos. El gobierno de Piñera está contra las cuerdas.

En Bolivia Evo Morales ha ganado las elecciones en primera vuelta y no habrá ballotage, y lo mismo pasará en Argentina donde el triunfo de la izquierda está asegurado frente a un  gobierno cleptócrata, que se irá habiendo arruinado el país generando una deuda impagable de trescientos mil millones de dólares.

La situación social y económica de Argentina es realmente grave. Hay un 34 por ciendo de la población en estado de pobreza extrema y un 20 por ciento en estado de exclusión. Al nuevo gobierno le espera una tarea de titanes. Pero Argentina tiene un enorme potencial y saldrá con muchas dificultades de este estado de postración.

Hay elecciones en Uruguay, y es muy probable que el Frente Amplio revalide un nuevo triunfo en primera vuelta.

Todo lo expuesto alumbra un nuevo panorama que reverdece la posibilidad cierta de que se forme un bloque de países que inicien un camino de ruptura con el FMI (es decir con el imperio), que es un león ya sin dientes, que ha perdido definitivamente la hegemonía de que abusó durante demasiado tiempo, y que sufrirá un gran revolcón sin ninguna duda.

Ciberguerra declarada, con espionaje, hackeo global, control y persecuciones en la era Trump

Jorge Elbaum

El gobierno de Donald Trump ha decidido incrementar la utilización de Internet como un dispositivo masivo de espionaje y persecución a los actores, individuales o colectivos, que no son funcionales a su supervivencia como superpotencia. Los niveles de beligerancia virtual y su calculada difusión pública denotan la pérdida del liderazgo global y una desesperada acción para no disipar el sitial hegemónico que se pretende perpetuar. Dentro de esa lógica debe explicarse el recrudecimiento del hostigamiento a quienes difunden documentos incómodos para el Departamento de Estado, como los casos de Julian Assange (fundador de WikiLeaks), Chelsea Manning y Edward Snowden (acusados de filtrar información confidencial).

La manipulación electoral con la que Trump llegó al gobierno en 2016, de la que Cambridge Analítica ha sido parte, también se inscribe en una lógica que articula al mundo público con el privado y lo militar con lo cultural.

Este es el marco en el que se deben interpretar las recientes medidas dispuestas por las agencias federales de Washington, de considerar el conjunto de la web como un dispositivo asociado a la lógica de la inteligencia militar. La reciente creación de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), en noviembre de 2018, bajo la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), supone un paso más en esa deriva. Una de las primeras acciones de la CISA fue la implementación, en conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial (NGA), del sabotaje contra la infraestructura energética de Venezuela.

La operación sobre la red eléctrica se llevó a cabo mediante la combinación del virus Duqu 2.0, (variante del Stuxnet, utilizado en 2010 contra la central nuclear de Natanz, cercana a Teherán) y la utilización de Pulsos Electromagnéticos (EMP). Dicha ofensiva fue asumida tácitamente por el propio Trump al firmar la Orden Ejecutiva, el último 26 de marzo, en la que establece la incorporación de aparatología vinculada a la utilización de pulsos electromagnéticos (EMP), “como un factor en la planificación de escenarios de defensa”. En ese decreto, titulado “Coordinación de la resiliencia nacional a los pulsos electromagnéticos” se encomienda a las agencias federales desarrollar capacidades para evitar ataques y/o dañar “total o parcialmente equipamientos eléctricos y electrónicos dentro de su radio de acción con emisiones de energía electromagnética de alta intensidad y radiación”.

La ofensiva, en su conjunto, se orienta a la manipulación de la red para privilegiar la circulación de información de corporaciones estadounidenses, relegando a reales o potenciales competidores (básicamente chinos y europeos) a una ínfima visibilización o su literal desaparición en Internet. La contraprestación exigida por la CISA a las empresas de Estados Unidos (beneficiarias de las prácticas de segregación monopólica) es la transferencia y acceso a la información disponibles en sus servidores, con el objeto de ampliar el material disponible para el diagnóstico y análisis de Big Data, orientado al (supuesto) combate al narcoterrorismo.

Los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos revelan una decidida ampliación en los niveles de beligerancia digital. El programa implementado en los últimos tres meses a partir de la creación el 15 de noviembre de 2018 de la citada CISA. Sus objetivos estratégicos incluyen:

(a) La redefinición de la web como un territorio de control geoglobal para contribuir al análisis y la observación del resto de los países del mundo, de sus circuitos comunicaciones soberanos (y por ende de sus ciudadanos). La fundamentación de este meta parte de hecho que Internet fue un desarrollo de Estados Unidos y, por ende, dispone de prerrogativas sobre su vigilancia e intervención.

(b) La reconfiguración de su entramado y estructura para permitir su utilización en la persecución de enemigos, opositores o actores disfuncionales respecto a sus intereses económicos, comerciales, energéticos y financieros (tanto a nivel político como corporativo). Esta línea de trabajo incluye la exclusión de sitios y portales y, en forma paralela, la proscripción de aquellos que son considerados críticos para su seguridad, incluidos los competidores empresariales. La reciente persecución a una integrante del directorio de la firma (fabricante de celulares) Huawei y el concomitante hackeo de sus portales aparece como un ejemplo de la ofensiva en toda la línea.

(c) El despliegue de esquemas de ciberguerra contra Estados que cuestionan /disputan el liderazgo de Estados Unidos y/o que se pliegan a formas de integración autónomas a su control, y/o que deciden utilizar divisas de intercambio comercial ajenas al dólar.

Para llevar a cabo la primera línea de trabajo se ha exigido a las empresas que cuentan con mayor volumen de información acumulada, que contribuyan al monitoreo global, permitiendo la apertura de sus conglomerados de Big Data a la CISA, subalterna de la DHS. Las últimas medidas, decretadas por Donald Trump, incluyen un conjunto de acciones orientadas a sistematizar información para elaborar diagnósticos prospectivos capaces de impedir derivas antagónicas con los intereses económicos (y de supremacía cultural) de Washington. Dichas acciones se encuentran justificados, según los documentos difundidos por CISA, dado el sempiterno peligro al que se encuentra expuesta la seguridad de Washington.

Las medidas dispuestas en febrero y abril del año en curso cuentan con la particularidad de exigir mayores niveles de articulación con las empresas privadas ligadas a la información global. Entre las corporaciones emplazadas por la CISA para colaborar con la tarea, figuran las firmas que poseen el mayor conglomerado de Big Data residente, a nivel mundial, en servidores vulgarmente denominados como nubes. Entre las emplazadas a contribuir a la seguridad estratégica de Estados Unidos figuran, entre otros, Accenture (empresa de reclutamiento de personal), Cisco Systems (redes), Dell (informática de consumo masivo), Intel (circuitos integrados), Microsoft (sistemas operativos), Samsung (celulares y computadoras). Los acuerdos gubernamentales y tratativas con Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales se han llevado cabo bajo otro tipo de protocolos, ante el pedido de estas empresas que se resisten a hacer público su connivencia con las agencias de inteligencia para no exhibir ante sus suscriptores la vulnerabilidad de sus datos privados.

Como respuesta al anunciado control monopólico de la web, Rusia y China se encuentran desarrollando sistemas orientados a ampliar su autonomía respecto de los servidores ubicados en territorios distantes y la configuración de redes soberanas. El último 16 de abril, el parlamento ruso aprobó la creación de una red doméstica (RuNet) en respuesta a las repetidas amenazas verbalizadas por Trump acerca de la propiedad estadounidense de Internet y su autoasignado derecho al uso discrecional de su entramado global. La ley contiene la creación de una infraestructura propia, el despliegue de murallas digitales capaces de filtrar ataques, la posibilidad de interactuar con un ecosistema digital propio (ante potenciales interferencias en la comunicación soberana rusa) y los dispositivos capaces de evitar la jerarquización contaminada de contenidos, decididos arbitrariamente por agencias extranjeras.

Por su parte, China viene desplegando un esquema de protección similar al ruso, enmarcado en la guerra comercial planteada por Washington, motivada por el deterioro de su competitividad productiva frente al emergente sudeste asiático. En el centro de esta disputa se encuentra la inteligencia artificial, la próxima irrupción de las redes 5G (que permitirán la generalización de impresoras de productos) y la ampliación del multilateralismo que China impulsa y genera.

Mientras tanto en Ciudad Gótica

La convergencia bélica supone la integración entre conflictividad material y virtual. El gobierno de Mauricio Macri ha sido funcional a los intereses estratégicos de Estados Unidos en todas las áreas. La implementación de programas de soberanía digital, tanto en infraestructura como en aplicaciones, ha sido discontinuada y vaciada. El gobierno de Cámbiennos ha subsumido todas sus iniciativas a los designios de agencias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos e Israel, socios llamativos si se tiene en cuenta que son dos de los países que acompañan al Reino Unido en sus votaciones contra la Argentina en relación con la ocupación de las Islas Malvinas. Ambos Estados, además, proveen aparatología bélica a la única base militar articulada con la OTAN ubicada en territorio soberano.

El 12 de septiembre de 2017 Mauricio Macri firmó un acuerdo con Bibi Netanyahu en el que se articulaban agencia de inteligencia y seguridad para cooperar en el área de cibercrimen. Tiempo después se hizo pública la adquisición por parte del Ministerio de Defensa argentino de paquetes de software para ciberdefensa (núcleos de CERT/CSIRT, para prevenir y gestionar incidentes de seguridad cibernética), en el marco de una contratación directa, sin licitación previa. En febrero de 2018 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó un acuerdo con la Office of Intelligence and Analysis (I&A) adscripta a la National Security Agency (NSA) para evaluar conjuntamente información vinculada al terrorismo.

La soberanía no parece ser un objetivo de la lógica neoliberal financiarista. Ni en territorios tangibles ni en aquellos que conforman el entramado digital. Dado que la impronta cultural de los integrantes de Cambiemos los hace soñar/desear con ser estadounidenses (blancos, civilizados y liberados de genomas mestizos y criollos), no se encuentran capacitados para percibir siquiera la colonialidad de sus decisiones u omisiones. Disfrutan, risueños y despreocupados, de convertirse, incluso, en sus vasallos digitales.

http://estrategia.la/2019/04/28/ciberguerra-declarada-con-espionaje-hackeo-global-control-y-persecuciones-en-la-era-trump/

La trágica muerte de una trabajadora emigrante en un almacén de cítricos de Murcia

Explotada hasta la muerte: Hind El Bekkali
Un sueño convertido en pesadilla. El de Hind El Bekkali, una mujer que partió de Marruecos hace veinte años para labrarse un porvenir en España y regresó a su país en un ataúd para ser enterrada en el pequeño pueblo de Fquih Ben Salah, en la región central del país vecino. El 8 de octubre, a las 18.24, el 112 confirmaba su muerte en un accidente laboral en el almacén Cítricos La Paz, en Fortuna, donde trabajaba desde hacía casi cinco meses como envasadora.

Hind, de 39 años, deja huérfanos de madre a tres hijos de 16, 12 y 6 años. “Estoy muy mal, muy mal de verdad, no tengo la cabeza para hablar con nadie”, solloza al otro lado del teléfono apesadumbrado Abdelaziz Hassimatar, que cruzó este miércoles el Estrecho tras dar sepultura a su mujer en la tierra que la vio nacer y ya está de vuelta en Fortuna.

Hassimatar es claro al respecto de la muerte de su mujer y apunta a que fue una negligencia de la empresa donde trabajaba. “Ella no tenía formación para asumir la tarea que se le asignó, Hind me contó que le habían cambiado de puesto unos días antes del accidente, el asunto está en manos de mi abogado”.

Su esposa se encontraba limpiando en una zona de la fábrica “cuando fue succionada por una de las máquinas de precalibrado”. Hassimatar y diversas organizaciones de defensa de los trabajadores se han apresurado en denunciar que el puesto de Hind no era el de limpieza, que no tenía formación para acometer esa tarea y denuncian irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales.

Estamos ante un accidente laboral como los que hay en muchas empresas españolas. Al día siguiente hubo otro en Mercadona, que no ha trascendido.

Jawad Romaili es el letrado del marido de la víctima. Según declaró, “hubo un incumplimiento de la normativa de riesgos laborales; tres días antes de su muerte fue cambiada de puesto de trabajo, la enviaron al triaje, y la empresa presuntamente no le dio formación específica para ello”. En la zona de envasado y la de triaje, según explicó Romaili, hay cintas diferentes: “En el triaje hay un robot, cuando terminan tienen que limpiarlo y alguien le mandó esa labor”.

La noticia de la muerte de Hind corrió como la pólvora entre la comunidad marroquí residente en Murcia, que en un porcentaje elevado procede de la misma región que Hind –Beni Mellal- y también se gana la vida en el campo o los almacenes agroalimentarios. “La hermana de mi mujer es amiga suya y desde que ha pasado todo esto no puede dormir”, cuenta apenado un paisano que vive en Mula. En Marruecos tampoco ha pasado desapercibido el suceso, del que se han hecho eco algunos medios de comunicación.

Tras el accidente, organizaciones como Comisiones Obreras han puesto de nuevo el acento en la precarización del sector de las envasadoras, contratadas en su mayoría por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), como era el caso de Hind.

“En los almacenes donde no hay control sindical estamos viendo cómo se cometen ilegalidades en la cotización de los días trabajados, no se abonan las horas extraordinarias como se debería y en especial en materia de prevención laboral hay muchos incumplimientos”, explica Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la región.

La mayoría de trabajadores de los almacenes, en el manipulado de cítricos, tomate y fruta son mujeres, un 80 por ciento de unos 10.000 empleos que se generan cada año. “Y cada vez es mayor el porcentaje de mujeres inmigrantes, que en períodos fuertes de la campaña hacen jornadas interminables”.

Soumia ha llegado a trabajar “desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche”. Catorce horas, “parando 15 minutos por la mañana y por la tarde para almorzar y merendar, y una hora para comer”.

Hombros destrozados y manos atrofiadas

La situación “es horrible”, se queja Kawtar, quien lleva varios en Murcia de un almacén a otro. “Dicen que venimos a quitarle el trabajo a los españoles, pero hacemos los trabajos de los que ellos huyen”. Kawtar denuncia que tiene amigas con enfermedades laborales no reconocidas. “Con los hombros destrozados, pérdida de musculación, manos atrofiadas…”

Algunas personas “lo aceptan porque es una oportunidad para hacer dinero; pero es muy duro, sobre todo en algunos almacenes que tienen muy mala fama porque te tratan mal, a veces tus propias compatriotas que están de encargadas”. Para esta mujer, “hay situaciones que no se pueden permitir; trabajar, sí pero como una esclava, no”.

José María López, de Comisiones Obreras, apunta a las ETT como “una herramienta para que las empresas dispongan de empleados por debajo del coste mínimo, flexibilizando y precarizando las relaciones laborales; es un tema delicado porque la intención es ganar, ganar y ganar; se busca la rentabilidad a cualquier coste”.

Las ETT, prosigue, son las responsables de formar e informar a los trabajadores. “Una formación que muchas veces consiste en dar a las mujeres, en este caso, montones de documentación escrita para que la firmen y estar justificados documentalmente; estamos hartos de denunciarlo”.

Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en Murcia (ATIM), ha querido mostrar también su solidaridad con la víctima y ha informado de que está organizando una manifestación con varios colectivos para honrar la muerte de Hind y para protestar contra las precarias condiciones de estas trabajadoras. No descartan, además, personarse en la causa.

El caso se dirimirá en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cieza, que tendrá que aclarar si Hind había recibido formación sobre las tareas que se le encargaron y si se cumplieron todas las medidas de seguridad.

Los representantes legales de Cítricos La Paz aseguran que “se han puesto todos los mecanismos en marcha para acompañar a la familia; se ha asignado un psicólogo al marido Y se ha pagado el sepelio en Marruecos”. Incluso el dueño de la empresa “le dijo que a sus hijos no les iba a faltar de nada”, apunta Mariano Bo.

“A mí nadie me ha ayudado, el entierro lo tiene que pagar la empresa porque está estipulado en el convenio”, reclama Abdelaziz Hassimatar a este periódico. “Los que se han volcado con nosotros han sido nuestros vecinos de Fortuna”, señala al tiempo que relata que le quedan unos días para incorporarse a la finca donde está empleado, “aunque no sé si tendré fuerzas”.

La empresa cuenta con unos 700 u 800 trabajadores y que el 80 por ciento es plantilla propia. “A los que vienen de la ETT se les ficha una vez han sido probados y si la empresa está satisfecha con ellos”.

En cuanto a las medidas de seguridad, “esta trabajadora había recibido dos cursos en los últimos cuatro meses, de la ETT -han aportado un documento firmado por Hind-; su encargada, además, es árabe y habla español, por lo que todas las instrucciones eran comprensibles para ella”.

Según relatan, “no es cierto que se le cambiara de puesto de trabajo tres o cuatro días antes y que no conociera las medidas de seguridad, porque son las mismas en todas las áreas: no acercarse a las máquinas, no meter las manos, ni la cabeza, en unos espacios que además están vallados perimetralmente”.

A falta de conocer los resultados de la investigación en marcha, lamentan que “no podemos saber qué ha pasado porque no había nadie en ese momento con ella, una compañera estaba en el vestuario y la otra estaba en el puesto de observación, que está más elevado y la tenía fuera de su campo de visión; cuando se dieron cuenta pulsaron el botón de seguridad y se puso el protocolo en marcha pero ya era tarde”.

El Comité de Empresa ha difundido un vergonzoso comunicado en el que asegura que Hind “contaba con la debida formación e información del puesto que desarrollaba. El sistema de trabajo consiste en tareas repetitivas diariamente que son de sobra conocidas por el personal, ya que se instruye a los mismos y se les facilita las indicaciones precisas para realizar su actividad”.

Santiago Navarro considera que “no es que la mujer fuera imprudente, la empresa debe impedir que el trabajador se vea en esas circunstancias y la ley exige que haya una serie de protecciones para que el trabajador no pueda introducir ningún miembro”.

El abogado de Hassimatar aseguró que “los horarios presuntamente no se cumplían en la empresa. En la declaración del marido de la víctima ante la Guardia Civil expone que su mujer había días que entraba a las ocho de la mañana y salía a las siete o las ocho de la tarde, incluso a las diez de la noche”. Hassimatar así lo explicó también a este periódico.

Desde ATIM y Comisiones insisten en denunciar el incumplimiento de la ley en este sector, en especial con los trabajadores inmigrantes, “que se ven con una soga al cuello, no tienen capacidad de organización y cuando reclaman sus derechos se ven fuera de la empresa; hay mucho clientelismo, y además de que no se actúa, las sanciones a veces son irrisorias”.

“En algunos almacenes tenemos que levantar la mano hasta para ir al servicio, y nos descuentan el tiempo no trabajado; me han llegado a decir que venga de casa con las necesidades hechas o con un pañal”, asegura una de las mujeres entrevistadas por este periódico.

Un salario con engaños

El salario mínimo es de 7,04 euros/ hora, “pero nunca llegan”, explica José María de Comisiones. “Es un engaño porque les descuentan de ahí el 30 por ciento de la Seguridad Social”. Cuando “se contrata, por llamarlo de alguna manera, a personas sin papeles es mucho peor, porque entonces se vulneran aun más los derechos mínimos”.

Para acudir a los puestos de trabajo, lo hacen en furgonetas o autobuses que van recogiendo a los trabajadores en una ruta que los lleva desde su lugar de residencia al almacén donde trabajan y que cobran unos cinco euros por trayecto a cada empleado. “¿Qué permisos tienen esas furgonetas?”, se pregunta José María, quien denuncia que a veces los conductores funcionan como una empresa de contratación directa y saben qué perfiles tiene que reclutar. “Los que no dan problemas”.

No es fácil plantarse, como hicieron hace 20 años las empleadas de los almacenes de la Vega Alta en el conocido como el ‘Caso Nolotil’. Un grupo de mujeres atiborradas de analgésicos para amortiguar sus dolores, que se atrevieron a denunciar los abusos a las que estaban sometidas en un sector que sigue acumulando denuncias de los trabajadores.

https://www.eldiario.es/murcia/reportajes/trabajadora-arrollada-maquina-citricos-precariedad_0_956105219.html

Un laboratorio de guerra que convierte al propio pueblo en el enemigo

Los familiares de las víctimas no olvidan
Durante el año 2002, la Comuna 13 [un barrio de Medellín] fue testigo y víctima de las estrategias militares que el Estado quiso implementar en las calles de Medellín. Mes a mes se desarrollaban operaciones militares que solo causaban zozobra y temor. Acciones que dejaban como resultado hombres y mujeres de diferentes edades asesinados, heridos, y familias desplazadas. Voz comparte el llamado que las organizaciones sociales de madres y víctimas de estos hechos, le hacen al país en el marco de los 17 años de impunidad.

La Comuna 13 se convirtió así en un laboratorio de guerra. Quizás la más recordada de estas operaciones, por su impacto en la población, fue Orión, realizada entre el 16 y el 18 de octubre de ese año, que dejó a 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, seis desapariciones forzadas, registradas durante la operación, y más de 100 en los días y meses posteriores. Las víctimas han detallado que la operación continuó, de manera silenciosa, hasta inicios del mes de diciembre.

Orión fue la incursión militar urbana más grande que ha tenido Colombia. A pesar de ello y del gran asombro que pudiera causar en muchos, la impunidad para encontrar a los responsables sigue vigente. Tras 17 años seguimos esperando que altos mandos militares, como el general en retiro, Mario Montoya Uribe, responda por lo ocurrido y que cuente por qué de manera indiscriminada el Estado colombiano abría fuego a las casas, ¿por qué la alianza con paramilitares?, ¿por qué no se cumplió el papel de garante y se cometieron violaciones a derechos de los civiles en esta Comuna? Son 17 años de muchas preguntas y pocas respuestas.

A pesar del dolor, hoy también se sigue resistiendo, la población de San Javier sigue luchando para que se conozca la verdad, para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y para que la Comuna 13 de Medellín sea un laboratorio de paz, donde la memoria esté vigente. Nos negamos a que las víctimas se conviertan en una fría cifra que llena los registros en las instituciones del Estado, nos negamos a olvidar a quienes les arrebataron la vida y nos negamos a cesar la búsqueda de aquellos y aquellas a quienes aún seguimos esperando.

Las víctimas y los ciudadanos de Medellín seguiremos exigiendo justicia, que se esclarezcan los hechos, por eso confiamos firmemente en el papel y la oportunidad que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Sivjrgnr brinda. A la JEP, le pedimos que dicte medidas cautelares sobre el sitio conocido como La Escombrera y que se abra el macrocaso sobre desaparición forzada. Le insistimos a la Comisión de la Verdad que escuche todas las voces y que la verdad desde las víctimas sea un agente primario en la construcción del relato sobre lo ocurrido, puesto que han sido ellas quienes han padecido los estragos de la guerra. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es la oportunidad que se abre en este mar de impunidad de encontrar a los cientos de personas desaparecidas de la comuna, insistimos en la elaboración de planes integrales de búsqueda.

Instamos al Estado colombiano a que no siga negando el conflicto ocurrido en Comuna 13, conflicto que sigue vigente. La militarización de los barrios no puede seguir siendo la respuesta a un flagelo que pide a gritos soluciones más allá de la presencia de la Fuerza Pública, es vital que se reconozca y se desarrolle inversión social.

A los procesos organizativos que siguen resistiendo en Comuna 13 los abrazamos y respaldamos, estas son las muestras de que la paz se construye con la juntanza de voluntades, con el anhelo de la justicia social. Desde Medellín, decimos nunca más operaciones militares, ¡Operación Orión Nunca Más!

http://semanariovoz.com/operacion-orion-17-anos-impunidad/

Ignorancia consentida

Jon Iurrebaso Atutxa

Cuando desconocemos una realidad, por muy brutal que sea, parece que de alguna manera estamos exentos de responsabilidades para con ella. Pero cuando no es una única realidad sino una continua cascada de horrendos acontecimientos, la cosa cambia. ¿Cómo explicamos que nos enteramos tan solo de lo que el capital desea?  Y qué casualidad que esa ignorancia es la que no perturba nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad personal, familiar, colectiva, el acceso al trabajo (el o la que lo tenga), la falta de compromiso ante terribles sucesos, etc. Esto es lo que ocurre con una franja importante de la población, vasca en este caso.

Alguien nos dirá que jamás ha firmado ser un ignorante. Cierto. El asunto es que cuando nos pasamos viendo y oyendo, casi una hora de informativos televisivos al medio día y otro tanto por la noche (los que puedan y soporten hacerlo) y nos parece normal lo que nos cuentan, es como si hubiéramos firmado que ése es el tipo de noticias que queremos oír, ver y no otras. Las consecuencias de la lucha de clases no son noticia y si lo son pueden esconderse, por ejemplo, entrevistando al vecino del piso segundo izquierda que dirá lo que al capital le interesa transmitir.

De repente nos hacen llegar noticias sobre combates y situaciones críticas en varios países de todos los continentes y lo mismo que aparecen desaparecen. Hace meses dijeron los medios de comunicación del capital que Yemen corría el riesgo de padecer una epidemia de cólera que iba a afectar a más de la mitad de los casi 30 millones de habitantes que tiene el país.

¿Y si tal es la magnitud de la tragedia por qué aparece y desaparece sin más explicación? Aparece cuando la ministra de defensa española (respondiendo a alguna ONG) afirma que sí se venden armas a los wahabitas de Arabia Saudí, que es cierto, pero que estos misiles son inteligentes y, por lo tanto, no había riesgo para la vida civil.

Lo que realmente acontece es que la que en principio iba a ser la guerra más corta de Oriente Medio, Arabia Saudí lleva 4 años sin poder doblegar a los hutíes (movimiento Ansarolá) y, a la vez, se convierte en un callejón sin salida para los agresores. Un despilfarro en mercenarios, armamento y autoridad para Arabia Saudí (de momento se lo puede permitir por sus reservas de petróleo principalmente) y en una sangría para los yemenís. Nadie imaginaba que los más parias y poco temidos de ese ámbito geográfico, que hacen de puente entre Oriente Medio y África, iban no solo aguantar el envite saudí sino ponerle en serios aprietos.

Ni Arabia Saudí, ni sus aliados ni, sobre todo, los sionistas y los yanquis habían calculado el poder del Eje de la Resistencia. Hace un tiempo que los sionistas no pueden hacer ninguna barbaridad de cierta entidad sin que la respuesta le llegue por alguno de los caminos que pasan por el Líbano (Hezbolá), Irak, Siria, Irán, los movimientos palestinos o los hutíes de creencia chiita.

Dejando de lado esa complicada situación, en extremo explosiva, no podemos dejar de señalar un par de cuestiones que como vascas nos tocan de lleno y que tienen que ver directamente con el título del artículo.

El asunto es que vivimos dispersos/as entre España y Francia y nos damos cuenta que muchas y muchos no sabemos que hay alrededor de 100 empresas vascas directamente relacionadas, en la actualidad, con situaciones de guerra a lo largo y ancho del mundo. La cosa no va de las escopetas casi de arte que se hacían por aquí. Estamos hablando de tanques, sistemas de precisión, de misiles inteligentes… Sí, de esos que habla la ministra de defensa española. Pues sí señora, está reconocido que los saudíes envían esos misiles a hospitales, escuelas, mercados, mezquitas etc. del Yemen. Precisamente los artefactos caen donde los saudíes quieren masacrar a la población civil a ver si de alguna manera consiguen poner a su favor el curso de la guerra.

A estas alturas del escrito, hablamos de la empresa Sener que nutre de mortíferas armas a Arabia Saudi, Turquia e Israel entre otros bárbaros asesinos. El que fue millonario y del Opus Dei, Enrique Sendagorta sabía mucho de esto. Es bien conocido que Sener es una empresa referencial en sistemas de misiles inteligentes. La empresa SAPA que vende sus carros de combate a los yanquis no se queda a la zaga. Y no seguimos porque sería interminable el uso terrorista para el que son fabricadas armas en Euskal Herria, norte y sur.

Tampoco queremos dejar sin mencionar el tema de los desplazados de las guerras imperialistas o los huidos a causa del hambre. Evidente razón humanitaria de acogida y denuncia permanente, con la salvedad de que no hemos visto el mismo empeño cuando comienzan las guerras. Se invaden y destruyen países acusados de enriquecer uranio, por supuestamente tener armas de destrucción masiva, etc. Por una parte ¿Qué ocurre? ¿Inglaterra, Francia, Israel, USA… no tienen armas de destrucción masiva? Por otra parte, ¿esas muertes bajo bombas de fósforo no valen lo mismo que los ahogados, ambos consecuencia de la rapiña de los imperialismos yanqui, francés, inglés, etc.? Es evidente que más de uno tendrá que replantearse tal cuestión.


Las cifras y otros datos debieran decirnos algo de lo que nos podemos informar con un poco de interés. 5.000 niños yemenís muertos o heridos desde que comenzó la guerra en el 2015. Y no son datos de una organización de izquierda con interés en la cuestión. Son datos de Unicef. Asimismo, medio millón de niñas y niños han tenido que dejar la escuela. Dos millones de niñas y niños sufren desnutrición aguda y 360.000 son menores de 5 años. Infraestructuras concienzudamente destrozadas por parte de los saudíes. Es lo mismo que Israel hizo en su última invasión en el Líbano o en Gaza. En proporción, asesinan a más civiles que milicianos o militares. Eso no es una casualidad. Eso quiere decir: o te rindes a mis necesidades o acabo contigo (con millones de personas) de una u otra manera.

¿Seguiremos con el tema de la “ignorancia consentida”? En nuestras manos está.

La ONU manipuló las pruebas del ataque químico a Duma para culpar al gobierno de Damasco

Los inspectores de las armas de destrucción masiva manipularon deliberadamente las pruebas para culpar al gobierno sirio por el ataque con armas químicas en Duma el año pasado.

Un panel reunido por la Fundación Courage, una asociación para la defensa legal de periodistas e informadores, se reunió con un miembro del equipo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que investigó el lugar del ataque de abril del pasado año.

Descubrió pruebas “perturbadoras” de que se había manipulado la información para promover una “conclusión predeterminada”.

El supuesto ataque químico contra Duma, en el que murieron 40 personas, desató la indignación internacional y los bombardeos aéreos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos después de acusar al gobierno de Damasco.

El caso comenzó a aclararse cuando sobre el terreno muchas personas empezaron a cuestionar los detalles, concluyendo que el ataque fue organizado por el grupo seudo-humanitario llamado “Cascos Blancos”.

Un informe técnico disidente publicado a principios de este año -excluido del informe de la OPAQ- ya puso en duda la versión oficial acerca de la responsabilidad del gobierno de Damasco al respecto.

El informe reveló que las botellas de gas químico no habían caído desde arriba, como se dijo, sino que, de hecho, se habían colocado manualmente en los dos lugares de la investigación.

El denunciante de la OPAQ dijo al grupo, que incluía al José Bustani, primer Director General de la OPAQ, que las principales pruebas habían sido ocultadas a los inspectores.

Esto incluía la omisión de controles durante los análisis químicos, lo que significaba que no había forma de hacer una comparación, un elemento fundamental de los experimentos científicos.

La falta de controles impidió comprobar si los marcadores químicos detectados eran el resultado de un ataque químico o simples restos en el suelo.

El informe de la OPAQ era muy defectuoso, sin una revisión por pares adecuada, advirtió la Fundación Courage, quien añadió que se había llevado a cabo con un objetivo predeterminado: culpar al gobierno sirio.

Los inspectores de la OPAQ que participaron en la investigación deberían comparecer y comunicar sus observaciones divergentes a los Estados Partes en la Convención sobre Armas Químicas, asegura la Fundación.

Bustani dijo que “las pruebas convincentes del comportamiento irregular de la investigación de la OPAQ sobre el presunto ataque a la Duma confirman las dudas y sospechas que ya tenía”.

“No podía entender lo que estaba leyendo en la prensa internacional. Incluso los informes de las investigaciones oficiales parecían inconsistentes en el mejor de los casos. La imagen es ciertamente más clara ahora, aunque muy perturbadora”.

https://morningstaronline.co.uk/article/w/chemical-attack-evidence-was-manipulated-to-blame-syrian-government-report-claims

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