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Día: 7 de abril de 2019 (página 1 de 1)

Los gobiernos ‘de izquierda’ condujeron a la OTAN con metiras a una guerra de agresion en los Balcanes

Hace veinte años, el 24 de marzo de 1999, trece Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), incluidos Estados Unidos, Francia y Alemania, bombardearon la República Federal de Yugoslavia. Esta guerra duró setenta y ocho días y fue alimentada por mentiras de los medios de comunicación diseñadas para alinear las opiniones de las poblaciones occidentales con las del estado mayor. Los serbios cometen “genocidio”, “juegan al fútbol con las cabezas cortadas, los cuerpos despellejados, arrancan los fetos de las mujeres embarazadas asesinadas y los fríen”, afirmó el ministro alemán de Defensa, el socialdemócrata Rudolf Scharping, cuyos comentarios fueron cubiertos por los medios de comunicación; mataron a “100.000 a 500.000 personas” (TF1, 20 de abril de 1999), incineran a sus víctimas en “estufas similares a las utilizadas en Auschwitz” (The Daily Mirror, 7 de julio).

Una por una esas informaciones falsas serán destruidas a pedazos -pero después de que el conflicto hubiera terminado- incluyendo la investigación del periodista estadounidense Daniel Pearl (The Wall Street Journal, 31 de diciembre de 1999). También se desinfló una de las manipulaciones más sonoras de finales del siglo XX: el plan Potkova (herradura), un documento que pretendía demostrar que los serbios habían programado la “limpieza étnica” de Kosovo. Su distribución por Alemania en abril de 1999 sirvió de pretexto para la intensificación de los bombardeos. Lejos de ser usuarios paranoicos de internet, los principales deformadores fueron los gobiernos occidentales, la OTAN y los medios de comunicación más respetados.

Entre ellos, Le Monde, un diario cuyas posiciones editoriales sirvieron de referencia para el resto de la galaxia mediática francesa. Su redacción, dirigida por Edwy Plenel, admite haber “tomado partido por la intervención”. En la primera página de la edición del 8 de abril de 1999 aparece un artículo de Daniel Vernet que anuncia “un plan de ‘herradura’ para deportar a los kosovares”. El periodista utiliza la información dada a conocer el día anterior por el ministro alemán de Asuntos Exteriores, el ecologista Joschka Fischer. El “plan del gobierno de Belgrado que detalla la política de limpieza étnica aplicada en Kosovo […] se llama ’Horseshoe’, probablemente para simbolizar las tenazas tendidas sobre la población albanesa”, escribe Vernet, para quien el asunto “parece suscitar pocas dudas».

Dos días después, el diario repitió el crimen a lo ancho de su primera plana: “Cómo había preparado Milosevic para la limpieza étnica”. El plan serbio “Potkova” programó el éxodo forzado de los kosovares ya en octubre de 1998 y siguió aplicándose durante las negociaciones de Rambouillet. Le Monde se refiere a un “documento de origen militar serbio” y retoma las afirmaciones de funcionarios alemanes, hasta el punto de reproducir la nota de síntesis completa -lo que ahora llamaríamos los “elementos del lenguaje»- distribuida a los periodistas por el Inspector General del ejército alemán. Berlín pretendía entonces justificar ante un público más bien pacifista la primera guerra librada por el Bundeswehr desde 1945, además contra un país ocupado cincuenta años antes por la Wehrmacht.

Sin embargo, ese plan era falso: no procede de las autoridades serbias, sino que fue elaborado a partir de elementos recopilados por los servicios secretos búlgaros y transmitidos a los alemanes por ese país, que a continuación intentó incorporarse a la OTAN con todas sus furzas. La historia la reveló el 10 de enero de 2000 el semanario Der Spiegel y fue confirmada doce años más tarde por el ex ministro búlgaro de Asuntos Exteriores.

En retrospectiva, el documento debería haber sido aún más desconfiado porque se dice que “herradura” es “potkovica” en serbio, no “potkova”, como señaló el diputado alemán Gregor Gysi el 15 de abril de 1999 en el Bundestag. En marzo de 2000, el general de brigada alemán Heinz Loquai expresó en un libro sus “dudas sobre la existencia de tal documento”; su investigación obligó al Sr. Scharping a admitir que no tenía una copia del “plan” original. Al mismo tiempo, el portavoz del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia describe los elementos del llamado plan como “material no concluyente” (Hamburger Abendblatt, 24 de marzo de 2000), y la fiscal Carla Del Ponte ni siquiera se referirá a él en la acusación de Milosevic en 1999 y 2001.

La guerra, explicó Plenel poco después de que comenzara el bombardeo, “es el reto más loco para el periodismo. Aquí es donde demuestra o no su credibilidad, su fiabilidad. “El investigador nunca se ha retractado de este gran vacío con el “amor por los pequeños hechos reales” que proclama en su panfleto a favor de la intervención de la OTAN. Le Monde volverá a mencionar la falsificación, pero como si siempre la hubiera considerado con cautela: “Horseshoe” sigue siendo un documento muy controvertido, cuya validez “nunca ha sido probada” (16 de febrero de 2002). Los periodistas Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin, especialistas en los Balcanes, describen el plan Potkova como “un arquetipo de las noticias falsas difundidas por los ejércitos occidentales y recogidas por los principales periódicos europeos”.

La celebración de un aniversario por sí solo no habría justificado una vuelta a este asunto. Pero algunas de sus consecuencias aún pesan en la vida internacional. Para lo que fue su primera guerra desde su nacimiento en 1949, la OTAN decidió atacar a un Estado que no había amenazado a ninguno de sus miembros. Alegaba un motivo humanitario y actuaba sin un mandato de las Naciones Unidas. Tal precedente sirvió a Estados Unidos en 2003 cuando invadió Irak, ayudado una vez más por una campaña masiva de desinformación. Unos años más tarde, la declaración de independencia de Kosovo en febrero de 2008 socavaría el principio de la inviolabilidad de las fronteras. Y Rusia se basaría en esta independencia cuando, en agosto de 2008 reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, dos territorios que se habían separado de Georgia. Luego, en marzo de 2014, cuando se anexionó Crimea.

Dado que la guerra de Kosovo fue dirigida por la mayoría de los gobiernos “de izquierda” y apoyada por la mayoría de los partidos conservadores, a nadie le interesa revertir las falsificaciones oficiales. Y es fácil entender que los periodistas más obsesionados con el tema de las noticias falsas también prefieren buscar en otra parte.

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/HALIMI/59723

Hambre y corrupción franquista en el campo de concentración de Castuera que recluyó a 15.000 republicanos

La clasificación de los presos que llegaban a Castuera, la represión sistemática y la reeducación bajo los valores del nacional-catolicismo resumen la esencia de este campo de concentración. Se cumplen 80 años de la apertura de un “infierno” de alambre y espinos por el que pasaron alrededor de 15.000 personas a lo largo de un año.

Su ubicación no era casual, ya que Castuera se había convertido en la capital “roja” del frente de La Serena, una línea de resistencia republicana que surcaba las estribaciones de la comarca pacense hasta la frontera con la provincia de Cáceres. Allí las trincheras y el combate cuerpo a cuerpo se mantuvieron hasta el verano de 1938.

Fue uno de los campos de prisioneros de Extremadura, una región donde hubo al menos 17 según las investigaciones del periodista Carlos Hernández de Miguel. Se levantó semanas antes del final de la guerra, cuando los militares franquistas ya tenían claro cuál iba a ser el resultado de la contienda. Tuvo cautivos a militares afines al régimen, civiles, sindicalistas o políticos.

Los testimonios orales de los supervivientes narran la falta de higiene y las duras condiciones que soportaron alrededor de unos barracones desmontables, en los que había mucho tiempo libre y poco pan.

El historiador Antonio López, autor del libro “Cruz, Bandera y Caudillo”, explica que el hambre se agravó con un caso de corrupción perpetrado por los responsables del campo, que desviaron parte del dinero destinado a alimentar a los presos. Con sus “mordidas” eliminaron el rancho caliente previsto en su dieta, que quedó reducida a escasas latas de sardina para compartir y mendrugos de pan.

Se vieron implicados el jefe del campo y el director de la prisión provincial de Badajoz, junto con los directores de las cárceles de Herrera del Duque y Puebla de Alcocer. El caso se destapó cuando se multiplicaron las muertes por inanición y las enfermedades, a lo que se sumó un importante incremento de fugas. Tras los interrogatorios militares los implicados fueron multados e inhabilitados, sólo unos meses.

Uno de los testimonios orales recogidos por el investigador, un guardián original de Fuente de Cantos, relata que las primeras bajas por hambre y enfermedad fueron las de los “valencianos”. Se trataba de prisioneros llegados desde la zona del Levante, cuyos cadáveres fueron arrojados a unas de las fosas cercanas al campo.

La muerte les sacudió con más virulencia porque estaban lejos de sus casas y no podían recibir apoyo familiar. No tuvieron la suerte de los reclusos de Extremadura, que tenían el respaldo de los allegados que se desplazaban hasta allí. Algunos incluso se establecieron en Castuera.

La práctica del terror y la violencia con la entrada de los jefes de la Falange fue una constante. Un modo de amedrentar a todos los prisioneros que se sumaba a las condiciones infrahumanas en las que vivían.

El mejor testimonio que han documentado hasta el momento es el de Albino Garrido, fallecido hace dos años. Conoció el barracón de incomunicados, destinado a quienes iban a morir en un consejo de guerra. Fue protagonista de una historia de resistencia en mayúsculas, porque Albino escapó del campo, estuvo preso casi un año y salió con vida. Más tarde se refugió en Francia, donde fue apresado y trasladado a un campo nazi.

En su libro de vivencias relató la crudeza y la sangre fría de los franquistas. Cuenta el caso de su amigo Isaías Carrillo Sosa, asesinado mientras estaba despiojando a otro preso. En mitad de la rutina de la limpieza que se hacían unos a otros se acercó un falangista, sacó su pistola y lo mató sin mediar palabra. A la víctima la sacaron del barracón ante el pavor y el terror de todos sus compañeros.


“Cruz, Bandera y Caudillo” es el nombre que da título al trabajo documental del investigador extremeño Antonio López, un título que resume a la perfección la estampa que daba la bienvenida a la finca.

Se conserva muy poco de la estructura del campo, por su carácter desmontable, aunque llama la atención una peana de grandes dimensiones que soportaba una cruz erigida en el patio de ceremonias. Un elemento simbólico que dejaba claro el interés del régimen por reeducar a todos aquellos que habían sido fieles a la República, o que habían participado de alguna manera en la revolución social años atrás.

La bandera franquista estaba fuera del recinto alambrado, a 90 pasos. “Un modo de decirle a los prisioneros: tenéis que ser buenos católicos, y luego ya españoles cuando nosotros queramos, claro”, señala López, que también es miembro de la Asociación Memorial Campo de Castuera.

Había unos 80 barracones que se distribuían en torno a un patio central, con dos núcleos de filas a ambos lados. Eran estructuras desmontables, con cubierta de uralita y chapa que rápidamente se llenaron de presos.

El gran volumen de internos hizo necesaria una ampliación del campo y se levantaron “covachas”, cabañas recubiertas de matorrales en los que eran ubicados de dos en dos. Eran conocidas con el nombre de “Villaverde”. Ellos mismos tenían que dar forma a las estructuras para refugiarse, al mismo tiempo que se encargaban del adecentamiento de las calles.

Una de las claves de Castuera es la llegada de Ernesto Navarrete como jefe del campo, “que ya tenía a sus espaldas una hoja de servicios lo suficientemente sangrienta como para estar al frente”. Además estará en la sombra Manuel Carracedo, encargado del servicio de información de policía militar, tal como confirmó él mismo en unos testimonios grabados.

En su cautiverio los presos veían el tiempo pasar, a la espera de un destino incierto y al antojo de las órdenes del jefe del campo y del resto de militares. Permanecían a la espera de recibir informes políticos y sociales. A favor o en contra.

Lo primero que se hacía con ellos, tras ser detenidos a pie de trinchera, era una hoja declaratoria. En ella se reflejaba información relativa a la guerra, su lugar de origen y su municipio.

Una vez recopilados todos los datos los servicios de información se ponían manos a la obra y contactaban con la localidad. Solicitaban informes políticos y sociales al alcalde, el jefe de la Falange, el cura y a otras personas “de bien” -todas de derechas- para que dieran su correspondiente opinión.

A partir de los datos se clasificaba al reo. Se le podía abrir diligencias, con las que comenzaba la instrucción de un consejo de guerra o se le podía dejar allí. “El servicio de información va a facilitar la represión y los juicios sumarísimos en menos de una semana, algo que va a permitir acelerar los fusilamientos”.

Los representantes de la resistencia republicana van a acabar en barracones incomunicados, de los que no paraban de salir nuevas “sacas” de fusilamientos. Las diferentes campañas de catas y excavaciones han constatado varias fosas comunes, como la que se localizó en el cementerio.

El historiador habla de otras fuentes que apuntan a la práctica de la “cuerda india” en Castuera, por la que decenas de presos habrían sido atados y empujados al interior de la mina de La Gamonita, cercana al municipio. Posteriormente se habrían arrojado bombas de mano a su interior para acabar con sus vidas. Es una versión que ya relata Justo Vila en su libro sobre la guerra civil en 1985, y a la que también han hecho referencia los testimonios de los prisioneros supervivientes.

El campo funcionó hasta abril de 1940, a lo largo de un año completo. No se sabe cuántas personas llegaron a pasar con exactitud por la falta de documentación que existe.

Antonio López aclara que la cifra de 15.000 presos debe entenderse de manera orientativa, porque la información que se conserva está incompleta y es heterogénea. Hubo gente que sólo estuvo un día, mientras que otros pudieron estar meses cautivos, o el año entero.

A día de hoy se sigue sin tener acceso a toda la información de la represión franquista. Los investigadores y familiares denuncian que no tienen vía libre al archivo de la Guardia Civil, a lo que se suman los documentos depositados en dependencias del Ejército, que custodia documentación histórica. Por ello han reclamado de manera reiterada que la información sea depositada en el Ministerio de Cultura y en los archivos correspondientes para su libre acceso.

No obstante se sabe, a través de algunos archivos militares y las estimaciones realizadas, que en el mes de abril llegó a haber casi 6.000 prisioneros, y en mayo la misma cantidad. Mientras, en los meses de comenzó a bajar la cifra hasta las 3.000 personas. El número va fluctuando hasta el final, cuando se cierra con unos 1.200 prisioneros.

El número de desaparecidos sigue aumentando, “no paran de llegar biografías que se truncan cuando llegan al campo”. Se trata de familiares de víctimas que pierden el rastro de sus seres queridos allí, como confirman las cartas conservadas, y que ahora reclaman verdad, justicia y reparación.

El campo se cierra finalmente por la propia degradación de las instalaciones y porque las funciones para las que estaba destinado pasan a Mérida, Badajoz o Almendralejo. Los 1.200 prisioneros que quedaban dentro cuando llegó el momento de la clausura fueron repartidos entre Puebla de Alcocer y Herrera, donde los conventos funcionaron a modo de prisión.

Otras personas fueron enviadas a un batallón de trabajos forzosos, al no tener nada que imputarle. Llegan a parar a lugares como las colonias penitenciarias de Montijo, el eufemismo usado para ocultar al campo de concentración que mantuvo en Montijo y otras dos localidades a a 1.500 presos. Fueron obligados a construir parte del actual canal de Montijo y la presa que lleva el mismo nombre.

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Hambre-corrupcion-franquista-Castuera-concentracion_0_885411842.html

En Alemania el prototipo del delincuente es… aleman (y no un extranjero, ni un emigrante, ni un refugiado)

En septiembre del año pasado la policía regional de Sarre hizo públicas las cifras sobre ataques con cuchillo cometidos entre enero de 2016 y abril de 2018. Las estadísticas policiales apuntaban que la mayoría de ataques fueron cometidos por ciudadanos alemanes. Concretamente, del total de 1.490 denuncias y infracciones de la ley registradas en ese periodo, 842 casos fueron agresiones con cuchillo cometidas por ciudadanos alemanes; el resto de los ataques fueron protagonizados por ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea (94) o por extranjeros extracomunitarios (158).

La estadísticas quedaban lejos de confirmar una de las tesis más repetidas por los neonazis de AfD, es decir, que la criminalidad ha aumentado en Alemania debido a la inmigración y a la llegada de refugiados. Por eso, en febrero de 2019, y partiendo de la base de que muchos de agresores con pasaporte alemán eran ciudadanos de origen extranjero nacionalizados, el diputado regional de AfD Rudolf Müller lanzó una pregunta parlamentaria al Gobierno del Sarre. Con ella quería saber cuáles eran los nombres más repetidos en el grupo de 842 agresores con pasaporte alemán registrados por la policía.

Tras volver a analizar sus bases de datos, la respuesta de la policía tampoco pudo satisfacer a los neonazis. Los trece nombres de pila más comunes en el grupo de agresores eran, en orden descendente, los siguientes: Michael, Daniel, Andreas, Sascha, Thomas, Christian, Kevin, Manuel, Patrick, David, Jens, Justin y Sven. Ni un sólo nombre árabe apareció en la respuesta de las autoridades locales. Además, de los 842 agresores con pasaporte alemán, sólo 14 contaban con otro pasaporte, es decir, tenían doble nacionalidad. La relación que los racistas constantemente intentan establecer entre migración e inseguridad, y con la que quiere alimentar un discurso islamófobo e incluso xenófobo, recibía otro jarro de agua fría estadístico.

La historia procedente del Sarre fue la antesala de la presentación esta semana del informe de estadísticas criminales a nivel federal. El Ministerio de Interior, Fomento y Patria alemán, en manos del socialcriastino bávaro Horst Seehofer, registró 5,4 millones de delitos a lo largo de 2018. Se trata de la cifra más baja desde 1992. “Alemania es uno de los países más seguros del mundo”, dijo Seehofer, uno de los políticos conservadores alemanes que más ha coqueteado con las tesis racistas.

Llama la atención que tanto la cifra de robos como la de la criminalidad callejera se hayan venido reduciendo en Alemania de manera constante desde 2015, mientras que las de agresiones físicas se han mantenido estables tras un pequeño incremento en 2016. En verano de 2015 se produjo la llamada “crisis de refugiados”, cuando más de un millón de personas procedentes mayoritariamente de Oriente Próximo buscó refugio en Alemania después de que la canciller alemana Angela Merkel decidiera no cerrar las fronteras del país.

El informe del Ministerio del Interior alemán también especifica qué porcentaje de sospechosos o criminales son extranjeros: un 30,5 por ciento de todos ellos no cuenta con un pasaporte alemán y de ese porcentaje, solo un 8,8 por ciento son inmigrantes. El 20 por ciento restante fueron, por tanto, extranjeros que cometieron algún tipo de delito cuando estaban de paso en el país. Esto último provoca lo que Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal, considera un “efecto distorsionador”.

En recientes declaraciones al tabloide “Bild Zeitung”, Münch ponía como ejemplos de ello el hincha de un club de fútbol extranjero que es detenido por la policía durante disturbios antes o después de un partido de Liga de Campeones, el turista que comete algún tipo de infracción o el criminal que cruza eventualmente las fronteras de Alemania, pero que no reside en el país.

Por tanto, y a pesar de que como reconocen las autoridades alemanas, hay un cierto repunte en la criminalidad en el grupo de inmigrantes procedentes del norte de África y del África subsahariana, este último incremento sigue siendo insuficiente para sostener la tesis de AfD: que hay una relación directa entre la inmigración y el aumento de la delincuencia y la inseguridad en Alemania. Según las cifras oficiales, la amplia mayoría de infracciones sigue siendo cometidas por ciudadanos alemanes y la criminalidad ha disminuido desde la llamada “crisis de los refugiados” de 2015.

“Aquello que se siente es también realidad”, dijo en septiembre de 2016 Georg Padzerski, dirigente fascista de AfD en Berlín, en un debate televisado previo a las elecciones regionales en las que el partido nazi obtuvo 230.000 votos y más del 14 por ciento de todos los sufragios en la multicultural y mayoritariamente liberal capital alemana. Padzerski respondía así a una pregunta sobre por qué su partido solía mostrar una imagen negativa de la inmigración pese a que la inmensa mayoría de extranjeros residentes en el país no son criminales y viven de una manera pacífica.

Padzerski hacía así referencia a una de las estrategias fundamentales del joven partido ultraderechista: capitalizar una creciente sensación de inseguridad entre la ciudadanía alemana que se da, paradójicamente, mientras las estadísticas de criminalidad menguan. Así lo apunta una investigación confeccionada por el Instituto Max-Planck, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal, y que también fue presentada esta semana, paralelamente a la de las estadísticas de criminalidad dadas a conocer por el Ministerio de Interior federal.

Según el estudio del Instituto Max-Planck, más de un 20 por ciento de los ciudadanos alemanes se sintió inseguro en 2017 al salir de casa. Ese porcentaje suponía un crecimiento del 5 por ciento con respecto a 2012, cuando se hizo el último estudio al respecto. Curiosamente, las personas con trasfondo migratorio, y especialmente los ciudadanos alemanes con raíces turcas (la mayor minoría del país), perciben un mayor peligro de ser víctimas de un delito.

La procedencia de la percepción de la inseguridad parece, sin embargo, irrelevante para el partido fascista más exitoso de la historia de la República Federal de Alemania, sino sólo la percepción de la inseguridad en sí misma, que puede seguir siendo una fuente de votos para AfD. Los dirigentes del partido fascista, consecuentemente, no dejan pasar oportunidad alguna para agitar el discurso del miedo.

“¿De verdad es Alemania uno de los países más seguros del mundo?”, se preguntaba Alice Weidel, copresidenta de la fracción nazi en el Bundestag, al postear en su cuenta de Twitter un vídeo de presuntos ciudadanos árabes intentando apuñalar a un sin techo en el metro de Berlín. Ello, sólo un día después de la presentación de las estadísticas oficiales de criminalidad. Ni la policía ni el texto de la noticia posteada por Weidel confirmaban que los agresores fueran extranjeros ni tuvieran origen árabe, pero para la dirección de AfD la sensación de inseguridad, digan lo que digan las estadísticas, vale tanto o más que la pura realidad.

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-04-07/el-criminal-prototipo-se-llama-andreas-no-mohamed-fiasco-de-la-ultraderecha-alemana_1927958/

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