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Día: 8 de febrero de 2019 (página 1 de 1)

Estados Unidos ya tiene casi todo el petróleo venezolano pero le falta controlar el mercado mundial

El discurso dominante en los medios de comunicación alternativos de que Washington quiere imponer un régimen títere en Venezuela para controlar el petróleo del país tiene poco sentido si se tiene en cuenta que ya compra el 41 por ciento del total de las exportaciones de la República Bolivariana, lo que significa que se debe dar una explicación más matizada.

Estados Unidos es el mayor cliente de Venezuela, mientras que Venezuela es el tercer mayor proveedor de crudo importado a Estados Unidos, por lo que Washington ya tiene lo que necesita de Caracas. Dada esta dinámica irónica entre los dos opositores geopolíticos e ideológicos, es de esperar que Estados Unidos tenga algún día acceso a los recursos de las mayores reservas de petróleo del mundo en la Franja del Orinoco, lo que contradice una vez más el discurso simplista de que Washington está librando una guerra sólo por el petróleo.

El control del petróleo venezolano es una de las razones de este conflicto, pero no en la forma en que se describe. Además de asegurar el pleno control geopolítico de la cuenca del Caribe, Estados Unidos quiere ganar una influencia predominante sobre Venezuela para integrarla en una estructura paralela de tipo OPEP que desafíe el acuerdo conjunto entre Rusia y Arabia saudí en la OPEP.

Estados Unidos quiere formar un cártel de los Países Exportadores de Petróleo del norte y el Sur de América (NASAPEC). Esta entidad podría ejercer una fuerte presión a largo plazo sobre el mercado internacional del petróleo a expensas de Rusia y Arabia saudí. Si a esto se añaden los planes de inversión conjunta de Estados Unidos y Qatar en gas natural licuado (GNL), es evidente que los imperialistas quieren controlar la industria energética mundial, lo que tendría consecuencias muy negativas para Rusia.

Rusia depende de sus exportaciones de energía para hacer avanzar sus intereses financieros y geopolíticos, lo cual resultaría más difícil -a pesar de su asociación de petróleo y gas con Arabia saudí e Irán respectivamente, que forman parte de la estrategia de equilibrio del país- si NASAPEC y su alianza GNL con Qatar en se convierten en un competidor.

El riesgo es que Rusia pierda muchos ingresos a largo plazo si Estados Unidos logra mantener bajos los precios del petróleo y el gas, lo que podría combinarse con el aumento de los costes asociados a la nueva carrera armamentista provocada por la retirada de Washington del Tratado INF para presionar a Moscú.

El legado final de Putin reside en su capacidad para cumplir las promesas que hizo a sus compatriotas durante su campaña de reelección el año pasado, incluso si todas ellas se basaban en el supuesto de que los futuros mercados del petróleo y el gas licuado permanecerían estables y en gran medida bajo control ruso, así como en el hecho de que el progreso de los misiles hipersónicos del país podrían impedir una nueva y costosa carrera de armamentos.

Las medidas energéticas y militares estadounidenses han disipado esos supuestos y podrían poner en peligro los planes cuidadosamente preparados por el dirigente ruso para mejorar las condiciones de vida de todos sus compatriotas, en particular de la mayoría de la población que vive fuera de sus ciudades más desarrolladas de Moscú y San Petersburgo, aunque, por el momento, el peor de los escenarios aún está lejos de ser seguro, a la espera del resultado de la crisis en Venezuela, lo que explica por qué en Moscú están tan interesados en actuar como intermediarios entre el gobierno de Maduro y los golpistas.

https://eurasiafuture.com/2019/01/26/why-would-the-us-want-venezuelas-oil-when-it-already-buys-41-of-its-total-exports/

Arabia saudí está apoyando a los terroristas de Al-Qaeda en la Guerra de Yemen

La coalición que Arabia saudí encabeza en Yemen está apoyando a los terroristas de Al-Qaeda, según la cadena CNN. “La coalición dirigida por Arabia saudí ha suministrado armas de fabricación estadounidense a combatientes vinculados a Al-Qaeda, las milicias salafistas y otras facciones involucradas en la intervención en Yemen, en violación de sus acuerdos con Estados Unidos”, según una investigación de CNN.

“Las armas también han llegado a manos de rebeldes apoyados por Irán que luchan contra la coalición por el control del país, exponiendo en Teherán algunas tecnologías militares sensibles de Estados Unidos y poniendo en peligro potencialmente la vida de las tropas estadounidenses en otras zonas de conflicto”, asegura la cadena.

Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos, su principal socio en la invasión, utilizaron armas fabricadas por Estados Unidos como moneda de cambio para comprar la lealtad de las milicias o tribus, apoyar a determinados actores armados e influir en el complejo panorama político, según comandantes y analistas locales que hablaron con la CNN.

Una milicia relacionada con Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), la Brigada Abu Abbas, es propietaria de vehículos blindados Oshkosh de fabricación estadounidense, que entraron en la ciudad en 2015 durante una demostración de fuerza.

Según CNN, “Abu Abbas, el fundador, fue declarado terrorista por Estados Unidos en 2017, pero el grupo sigue contando con el apoyo de la coalición saudí y fue absorbido por la 35ª Brigada del Ejército yemení apoyada por la coalición”.

https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms/

Rusia se encamina hacia una crisis política y económica interna

Rusia se encuentra en una situación política y económica compleja. Los conflictos que bullen cerca de sus fronteras y la presión constante de Estados Unidos y la OTAN están teniendo un impacto negativo en la situación interna del país que se observa en la caída de la credibilidad de Putin y del gobierno ruso.

Esta caída no está vinculada a la política exterior del Kremlin sino que es el resultado de una serie de reformas económicas recientes, que se asemejan a la orientación económica seguida por el gobierno ruso a mediados de la década de 1990. El gobierno ha elevado la edad de jubilación y ha aumentado el IVA en un contexto de desaceleración de la economía, especialmente en el sector industrial.

La población se enfrenta a una presión administrativa cada vez más estricta: multas y sanciones por infracciones menores y restricciones administrativas adicionales que limitan la libertad de acción de los ciudadanos. La gestión del tráfico en las grandes ciudades y en las carreteras federales, así como las políticas para las pequeñas empresas y los autónomos, son los ejemplos más obvios.

La esfera de la política se está equiparando a la de los demás países europeos: un páramo. El único partido seudopolítico que todavía existe de facto es Rusia Unida, cuya capacidad ideológica y organizativa está agotada. Los demás partidos son sólo construcciones mediáticas diseñadas para defender los intereses de un pequeño grupo de patrocinadores. Es difícil encontrar un diputado en la Duma Estatal y en el Consejo de la Federación que no esté dentro de la oligarquía establecida.

El gobierno no ha explicado al público ni a los medios de comunicación su línea actual. La mayoría de las iniciativas de Medvedev se enfrentan a una reacción negativa de la población. Una serie de escándalos que involucran a altos y medianos funcionarios del gobierno ha agravado la situación. Revelan la flagrante hipocresía y la actitud negligente de algunos funcionarios rusos hacia sus responsabilidades.

El año pasado se produjeron numerosas detenciones de funcionarios sorprendidos en el acto de exceder sus límites o estar involucrados en casos de corrupción. En comparación con períodos anteriores, este número ha aumentado de 1,5 a 2 veces. Sin embargo, esto no ayuda a cambiar la situación de los medios de comunicación.

El nacionalismo de Putin ha perdido fuelle. La política interna se ha encerrado en un círculo cerrado de oligarcas y amigos que sólo persiguen sus propios intereses económicos y de seguridad.

Los factores mencionados anteriormente alimentan la percepción negativa del gobierno de Medvedev y, de rebote, a Putin como Jefe del Estado.

La situación también es complicada en el ámbito de la política exterior. La política rusa hacia Ucrania oriental no está definida. Moscú sigue perdiendo su influencia en los antiguos Estados soviéticos, tanto en el Cáucaso como en Asia central. Incluso el aliado más cercano, Bielorrusia, a veces muestra un comportamiento hostil y centra sus esfuerzos en explotar las preferencias económicas de Rusia.

Al evaluar la actual situación política interna y la política exterior de Rusia, se puede decir que los dirigentes rusos no tienen la política coherente y sólida que cualquier gran potencia necesita.

Es cierto, pero no excusa, que Rusia soporta una enorme presión que le obliga a actuar a la defensiva. de múltiples agentes de influencia, que se oponen a las ideas del poderoso estado independiente que busca actuar como uno de los centros de poder en el escenario mundial.

Rusia se enfrenta a tiempos difíciles en los próximos años y parece un país agotado, incapaz de hacer frente a lo que le espera. Para que el nacionalismo pueda seguir desempeñando el papel que ha desempeñado hasta ahora, hay que alimentarlo: hay que acabar con las política económicas implementadas por Medvedev y mejorar sustencialmente las condiciones de vida y de trabajo.

Explotados hasta la muerte: 169 trabajadores han muerto de cáncer en la refinería que Repsol tiene en Cartagena

Antiguos obreros de empresas del sector industrial en Cartagena lograron este miércoles un hito en su lucha por ver reconocido, por parte de la Justicia, que la exposición al amianto en su puestos de trabajo ha podido ocasionar enfermedades pulmonares e incluso la muerte de cientos de extrabajadores por cáncer. El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, ha presentado en los juzgados de Cartagena una denuncia contra la empresa Repsol “y otros”, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y homicidio por imprudencia en la refinería de petróleos de Escombreras.

Así se lo comunicó este miércoles el fiscal al presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto (Apena) de Cartagena, Ricardo Torregrosa, quien hace un año interpuso una denuncia contra la petrolera por negarse a entregar el listado de exempleados que estuvieron en contacto con el citado material cancerígeno. La relación de personas fue solicitada por la Inspección de Trabajo e incluso por la Asamblea Regional, que aprobó una resolución por unanimidad en noviembre de 2017.

“En situaciones similares en otras empresas,como Michelin, GM y Volkswagen, con un solo fallecido por amianto, las autoridades obligaron a estas compañías a entregar el listado de todos sus trabajadores. Mientras, en la Región de Murcia, con docenas de enfermos y cinco condenas firmes por fallecimientos, nadie ha obligado a Repsol a entregar el censo”, denunció Torregrosa. Y rechazó la explicación de Repsol de que retiró el amianto en 1990 y que, en todo caso, tenía sistemas de protección de la plantilla.

Repsol volvió a defender este miércoles que “siempre” ha actuado con “responsabilidad”. “En nuestra actividad productiva no se trabaja directamente con amianto, ni se manipula. Tal y como hemos acreditado, todas las operaciones y actividades relacionadas con el montaje y desmontaje de amianto son contratadas a empresas especializadas. En todo caso la salud de nuestros trabajadores y su seguridad son prioritarias para nosotros”, informó la compañía en un comunicado.

Según fuentes conocedoras de la investigación, la Fiscalía también trata de aclarar si la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas incurrieron en “omisión” de su responsabilidad de proteger la salud de los trabajadores. Así lo expuso Apena en su escrito.

Este miércoles el presidente del colectivo mostró su “satisfacción” por la decisión de Díaz Manzanera y expresó su confianza en que la Dirección General de Salud Pública facilite al fin el listado de personas afectadas por estas patologías. También lamentó que Murcia fue la última comunidad en aprobar un censo y añadió que “muchas personas creen que han enfermado o muerto por culpa del tabaco”. Asimismo, calificó de “arbitrarias y sin fundamento científico” varias sentencias de la jurisdicción de lo social de Cartagena, pese al criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) favorable a reconocer la enfermedad profesional.

Según Apena, solo entre los años 2000 y 2015 hubo 169 fallecimientos por mesiotelioma. De estas personas muertas presuntamente por haber respirado fibras de asbesto, hay 44 mujeres. La asociación sostiene que son esposas de “obreros manuales o de mono”, ingenieros y otros técnicos que estaban en espacios donde había tuberías con aislante de fibrocemento. Ellas “les lavaban las ropa”.

El problema se extiende “potencialmente” a las miles de personas que trabajaron en los sectores químico y naval hasta la prohibición del uso del amianto, hace 17 años. Eso incluye desde el astillero público de Navantia -antes denominado Bazán e Izar y donde eran reparados barcos que utilizaban el amianto como aislante-, Explosivos Río Tinto, Potasas y Derivados, Enfersa, Española del Zinc (Zinsa) y otras sociedades.

https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/fiscal-indicios-delito-20190206213741-nt.html

El gobierno ‘socialista’ de Portugal acaba con la huelga de los trabajadores de sanidad por decreto-ley

El gobierno “socialista” de Portugal ha acabado con la huelga de los trabajadores de sanidad por decreto-ley, tras meses de huelgas intermitentes y, además, quiere identificar a todos los que han aportado dinero a la caja de resistencia.

Con este tipo de medidas, esa “izquierda” queda retratada una vez más en el país vecino y nadie se puede extrañar de que quienes se empeñan en seguir votando en las farsas electorales una y otra vez prefieran a “la derecha”, es decir, al original, antes que a una mala copia suya.

Lo mismo que en otras huelgas recientes en otros países, para llevar a la cabo la movilización, los trabajadores han tendo que crear nuevas formas de organización sindical, al margen de los sidicatos históricos, siempre vendidos a la patronal.

La reorganización del movimiento obrero portugués ha favorecido que esta misma semana comenzara otra oleada de huelgas en seis hospitales portugueses, que hoy se ampliarán a nueve, y que seguirá hasta el 28 de febrero.

Una de las promotoras de la huelga es Lucía Leite, presidenta de ASPE, el nuevo sindicato de enfermería al margen de las centrales tradicionales, impulsó una nueva forma de caja de resistencia a través del “crowdfunding”, lo que ha permitido a los trabajadores resistir. La caja obtuvo más de 700.00 euros a través de donaciones anónimas, con una media de 20 euros por donante. El gobierno del Partido Socialista, sin embargo, va a exigir que se identifique a todos ellos, al más puro estilo policial.

Los enfermeros exigen que se vuelva a la ley de 2009, cuando la carrera tenía cinco categorías y no como ahora que solo tiene una, por lo cual el salario base es igual el primer día de trabajo que 30 años después. También exigen más personal, subida de salarios y jubilación a los 57 años.

La liquidación de la huelga, llamada “requisición civil” en Portugal, es una decisión que sólo cuenta con tres precedentes en Portugal desde la Revolución de los Claveles de 1974, ya que sólo se había aplicado a las huelgas en las líneas aéreas portuguesas.

Hasta ahora los gobiernos portugueses, a diferencia de los españoles, se habían mostrado extremadamente respetuosos con el derecho de huelga de los trabajadores, ya que incluso es muy raro que se impongan servicios mínimos.

La semana pasada el primer ministro, Antonio Costa, anunció que su gobierno iba a imponer la “requisición civil” que, en definitiva, no es otra cosa que la obligatoriedad de acudir al trabajo. “Son huelgas salvajes que buscan simplemente atentar contra la dignidad de los enfermos, contra el Servicio Nacional de Salud y son absolutamente ilegales”, dijo.

En diciembre, la nueva ministra de Sanidad, Marta Temido, se estrenó calificando la huelga de “cruel”. Sobraron minutos para la respuesta de la presidenta del Colegio de Enfermeros, Ana Rita Cavaco: “Cruel es tener 40 pacientes por enfermero; cruel es tener 4,2 enfermeros por cada mil habitantes cuando la media de la OCDE es de 9,3”.

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