Estado civil, antecedentes penales, implicación asociativa… el Ministerio del Interior quiere saber todo sobre los “chalecos amarillos” y ha ordenado al Servicio Central de Inteligencia Territorial (SCRT) que vaya recopilando la información.
En el documento se ordena la policía que identifique a los dirigentes, aquellos que tienen “una influencia real en el movimiento” y que tienen “potencial para ser los interlocutores de la autoridad pública”.
Después de identificarlos, los policías deben rellenar un registro apropiado sobre ellos con las típicas menciones policiales: fotografía, estado civil, apodo, dirección, teléfono, vehículo…
Es sólo una pequeña parte de la información que la policía debe recabar. Además, están los “antecedentes y procedimientos judiciales” de la persona en cuestión, “su participación en asociaciones”, “su influencia y actividad en las redes sociales”, “su participación en los medios de comunicación”, “sus vínculos con elementos o movimientos radicales” y, por último, las “fuentes de financiación del movimiento”.
No quieren que se escape nada. La policía lo quiere saber todo. La iniciativa tiene varios propósitos: vigilar mejor a los “chalecos amarillos”, identificar a los que podrían utilizar la violencia, desafiar a la dirección del movimiento para intentar desviar al movimiento de sus objetivos…
En el capítulo “Observaciones”, el Ministerio quiere saber si “la persona interesada ha estado en contacto con las autoridades” y si “el contacto es posible”, es decir, un intento de camelar o sobornar a los dirigentes.
La información recuperada se archiva en las bases de datos del Ministerio, lo que explica que la Circular no se haya declarado a la Comisión Nacional de la Información y las Libertades. En otras palabras, el fichero está fuera de la ley.
