Muchos de esos testimonios resultan estremecedores. Desde la octogenaria que recuerda con nombres y apellidos a quienes en el verano de 1936 se llevaron delante de sus ojos a su padre y a su tío, a los que nunca más vería, poco antes de que miembros de los regulares rifeños (los moros de Franco) violaran a una de sus primas, hasta los sindicalistas, comunistas y miembros de otras organizaciones de izquierdas que fueron torturados en las dependencias de la Jefatura Provincial de Policía, pasando por ciudadanos anónimos que corrieron la misma desdicha sin haber llegado a integrarse en ninguna organización opositora a la dictadura.
“Resulta gratificante ayudar a abrir esta caja de Pandora tan difícil de abrir”, explica Sebastián, a quien en estos meses de trabajo le ha impactado tanto “la cantidad de gente que no ha podido hablar de lo que sufrió y que ha vivido con miedo durante décadas” como conocer a “gente que fue torturada en la transición y que no ha podido ser reparada”.
“Han vivido siempre con eso, son hechos que han quedado impunes”, anota la abogada.
Esos 136 testimonios, todos sobre hechos ocurridos en el partido judicial de Zaragoza y en su práctica totalidad narrados en primera persona por sus víctimas directas, servirán de base para dos procedimientos penales cuya finalidad es quebrar la impunidad de los crímenes del franquismo: por una parte, la presentación de una querella en los juzgados de Zaragoza antes de que termine este mes y, por otra, la unión de los relatos a la querella contra altos cargos del franquismo que desde hace diez años instruye en Argentina la jueza María Salvini.
Los hechos relatados por las víctimas, localizados en Zaragoza ciudad (la mitad) y en pueblos como Belchite, Fuentes de Ebro, Leciñena, Magallón, La Puebla de Alfindén o Quinto de Ebro, serían técnicamente constitutivos de delitos de asesinato y de desaparición forzada en concurso con genocidio y de torturas en concurso con crímenes contra la humanidad, según estiman los abogados de ALAZ.
“Son crímenes imprescriptibles que los poderes del estado español tienen la obligación de perseguir conforme vienen reiterando el Comité de Derechos Humanos, el relator especial de para el Derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas, todos de la ONU, y los demás organismos internacionales con competencias sobre la materia”, señalan fuentes de ALAZ, que consideran que en este caso, como vienen sosteniendo numerosas instancias supraestatales, no serían de aplicación los efectos exoneradores de la Ley de Amnistía de 1977.
Los abogados han trabajado en coordinación con los equipos jurídicos y de atención psicosocial de entidades como el Grupo de Acción Comunitaria, la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y Ceaqua, con el Instituto Vasco de Criminología, con investigadores de la Universidad de Zaragoza y con asociaciones memorialistas.
El equipo jurídico está trabajando ahora en la calificación jurídica de los hechos que contiene cada relato y en la identificación de los responsables directos y de quienes dirigían las instituciones a las que estaban vinculados los represores y los torturadores, que será contra quienes se dirija la querella.
“Las víctimas han señalado a más de veinte autores de torturas cometidas en los 70, hasta 1977”, indica Sebastián, que explica cómo, junto a las agresiones físicas, buena parte de los denunciantes sufrieron una represión económica en la que la confiscación de propiedades convivía con “multas vitalicias que les impedían crecer económicamente”. Ese tipo de medidas, señala, “entran dentro del tipo penal de los crímenes de guerra”.
De resultar probadas en sede judicial las torturas en la antigua Jefatura Provincial de Policía de Zaragoza que han denunciado varias de las 136 víctimas, daría lugar a la eventual catalogación del edificio, en el que hoy se ubica la Jefatura Superior de Policía de Aragón, como “lugar de memoria” en aplicación de los artículos 5.g y 20 de la reciente Ley de Memoria Democrática de la comunidad.
El primero otorga esa calificación a los “lugares de detención e internamiento” en relación “con la guerra y la dictadura franquista”, mientras que el segundo establece su integración “en el patrimonio cultural aragonés con la categoría que les corresponda en función de la normativa” y obliga a las administraciones titulares de los mismos a “colaborar” en la catalogación.
El 23 regula los “medios de difusión e interpretación de lo ocurrido” en ellos, con una señalización específica, y su incorporación a “los contenidos curriculares y a las actividades docentes en los niveles educativos correspondientes”.
La puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo forma parte del proceso iniciado con la aprobación en el pleno de Zaragoza, a propuesta de Cha, con el apoyo de ZeC, la abstención de PSOE y C’s y la única oposición del PP, de la iniciativa de la querella.
Un total de 3.544 personas murieron en la capital aragonesa como consecuencia de la represión franquista, según las investigaciones del historiador Julián Casanova en su libro “Pasado Oculto”, que eleva a 8.523 los fallecidos por esa causa en toda la comunidad. No obstante, trabajos posteriores, como los de Antonio Peiró en Eva en los infiernos, llevan a situar por encima de los 12.000 esa última cifra.
Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, en la que se integran otras como Barcelona, Pamplona, Vitoria, Durango, Elgeta y Mondragon, que también han llevado a los tribunales tanto la represión como los bombardeos sobre población civil sufridos en sus términos.
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