Privado de las tres cuartas partes de sus recursos petrolíferos, cuyos precios también han caído en el mercado internacional, Sudán se enfrenta a mayores dificultades para cerrar sus presupuestos desde la secesión del sur en 2011. Por ejemplo, de 2011 a 2016, el crecimiento medio del PIB real fue del 3,3 por ciento, frente al 7,1 por ciento de 2000-2010. A pesar de la caída libre de estos ingresos que procedían principalmente de la explotación del petróleo, el país mantuvo una política expansiva de gasto público, renovando el subsidio para necesidades básicas como el trigo, pero también el gasto militar, que se situó en el 2,8 por ciento del PIB en 2016, según el Banco Mundial.
El gasto, alentado por las ganancias inesperadas del petróleo, empujó al Estado rentista a ignorar los imperativos del rigor presupuestario, siempre con la esperanza de que el dinero del petróleo ocultara el despilfarro y la mala gestión. Como resultado, el déficit presupuestario se convirtió en estructural en los últimos años, con un máximo en 2017 del 7,7 por ciento, según el FMI.
Ante el deterioro de los equilibrios macroeconómicos asociado a ese déficit público (deuda, inflación, caída de las reservas de divisas, etc.), Sudán fue condenado a una austeridad brutal que se tradujo, entre otras medidas, en la supresión de determinadas subvenciones, en particular la del trigo, lo que provocó un aumento de su precio.
La decisión de privatizar el sector de importación de trigo se tomó abruptamente sin condiciones previas ni medidas de acompañamiento. Así pues, los procedimientos de contratación pública para las importaciones privadas de trigo en Sudán todavía no se han hecho públicas. La reforma del sector, que está experimentando graves disfunciones, nunca se ha mencionado. Durante y después del anuncio del cese de las subvenciones, hay motivos para temer un acuerdo tácito sobre los precios de venta gracias al probable retorno del oligopolio que existía hasta 2015 con Sayga, que poseía alrededor del 60 por ciento del mercado de importación, Wheata y Sin (un grupo cuasi gubernamental).
Esto se hace a expensas de una competencia sana que podría haber ofrecido una relación calidad/precio favorable a la población, especialmente a los más desfavorecidos. Con el aumento del precio de una bolsa de 50 kilos de harina de trigo de 167 a 450 libras sudanesas y el correspondiente aumento del precio del pan de 70 gramos de 0,5 a 1 libra sudanesa, la población se vio sometida a una presión repentina. Es evidente que las autoridades sudanesas, bajo presión, no han elegido el momento oportuno, ya que la situación económica es completamente desfavorable, con una elevada tasa de inflación del 35,1 por ciento registrada en el último semestre de 2017 y la depreciación de la libra sudanesa frente al dólar, que debilita aún más el poder adquisitivo ya erosionado por una inflación casi permanente. En estas condiciones, cabe esperar que muchas panaderías y pastelerías cierren en los próximos días, lo que no hará sino exacerbar las tensiones.
Sudán consume más de 2,4 millones de toneladas de trigo al año, mientras que la producción nacional sólo cubre el 15 por ciento de este consumo. Esta situación se explica por varias malas decisiones, entre ellas la de la subvención a expensas de una política eficaz de aumento de la productividad de los campos de trigo, estimada en 583 kilos por hectárea, una de las más bajas y clasificadas en el puesto 170 de 175 de los resultados medidos por el Banco Mundial desde 2013. Incluso el ambicioso proyecto «Gezira», previsto en 840.000 hectáreas irrigadas por el Nilo para reducir las importaciones de productos agrícolas, tiene dificultades para despegar. Una de las razones del fracaso del proyecto es la excesiva centralización de la gestión de la infraestructura de abastecimiento de agua por parte del Estado. De hecho, la falta de mantenimiento de los sistemas de riego por parte del Estado conduce a una reducción de la superficie cultivada.
Además, a pesar de la existencia en Sudán de más de 30 minerales útiles para la fabricación de fertilizantes y que sólo necesitan ser extraídos, el país los importa a precios elevados debido a la devaluación de la libra sudanesa. Con la introducción de una ley en 2005 para la nacionalización de la propiedad de las tierras de Gezira, el Estado que acoge el proyecto con la promesa de compensar a los campesinos, la situación de insolvencia de los agricultores ha empeorado. Estas diversas perturbaciones, lejos de facilitar la explotación de los agricultores, los ha desmotivado y fomentado el éxodo rural hacia zonas productoras de petróleo donde los salarios son atractivos.
A pesar de la existencia de un Ministerio de Inversiones desde 2002, para atraer a inversores locales y extranjeros a Sudán, la inversión local lucha por despegar. Más aún, la construcción de infraestructuras viarias y la mejora del entorno empresarial siguen siendo retos importantes que aún no se han superado y que hacen dudar a los inversores. El Sudán ocupa el puesto 170 de 190 países incluidos en el informe Doing Business 2018 del Banco Mundial, debido a importantes deficiencias en la protección de los inversores, acceso al crédito y al comercio transfronterizo. Por estas razones y la migración relacionada con las tensiones políticas, la inversión extranjera directa ha caído a 4.800 millones de dólares en la primera mitad de 2017, frente a los 5.800 millones de dólares del año anterior, según el informe Perspectivas Económicas de África 2018. Por lo tanto, los resultados de la recuperación económica se ven comprometidos.
Al eliminar las subvenciones a la importación, el Gobierno sudanés está tomando una medida contable para reequilibrar estas cuentas, pero todavía no se trata de una verdadera liberalización del sector. De hecho, aún no se han establecido los requisitos previos para una operación de este tipo. Sería beneficioso que el Gobierno pusiera en marcha las reformas estructurales necesarias para la liberalización efectiva del sector lo antes posible y que utilizara medidas paliativas para aliviar las tensiones actuales.
