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Día: 17 de agosto de 2018 (página 1 de 1)

La economía rusa se desconecta del imperio del dólar

La economía rusa se está deshaciendo sistemáticamente del imperio del dólar y desenganchándose de sus mecanismos comerciales, como el sistema “swift” de pagos internacionales, no solamente como consecuencia del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, sino también en previsión de la inminente “tormenta perfecta” del capitalismo, que se viene pronosticando desde hace mucho tiempo.

Son dos vasos comunciantes. Según el Instituto de Estrategia, “la razón oculta detrás de la nueva tanda de sanciones contra Rusia no sería el polémico ‘caso de los Skripal’, cuya investigación todavía está en marcha y del que no hay pruebas de la participación de Moscú, sino la perseverancia de Rusia en la promoción de la ‘desdolarización’ entre los distintos centros de poder del planeta”(1).

En abril el Banco Central de Rusia vendió casi la mitad de los bonos del Tesoro estadounidenses. El valor de los títulos se redujo de unos 100.000 millones de dólares a menos de 50.000 millones.

En contrapartida, dicho Banco ha seguido incrementando sus reservas de oro.

La mayoría de los bancos y empresas públicas rusas han abandonado el sistema “swift” de pagos internacionales para pasarse al sistema ruso (SPSF).

El director del banco ruso VTB, Vnechtorgbank, el segundo banco más grande de Rusia, Andrei Kostin, se reunió con Putin el otro día y le presentó un informe sobre la actividad del banco. Durante la reunión, Kostin dijo dos cosas interesantes.

La primera es que desde principios de este año en Rusia se ha reducido la demanda de depósitos o préstamos en dólares, en comparación con los depósitos y préstamos denominados en rublos. El sector financiero ruso marcha hacia una desdolarización casi completa.

La segunda es que el VTB quiere promover el rublo en las transacciones internacionales, desarrollar el mercado ruso de eurobonos flotantes, acciones y otros derivados, que ahora sólo se utilizan en occidente. “Necesitamos crear nuestras propias herramientas financieras. Esto constituiría una garantía adicional para el sector financiero ruso frente a las perturbaciones externas y daría un nuevo impulso a su desarrollo”.

“La tendencia la desdolarización acerca el colapso de la moneda de Estados Unidos”, titulaba el mes pasado HispanTV (2).


(1)
http://www.institutodeestrategia.com/articulo/eurasia/desdolarizacion-causa-mas-probable-sanciones-eeuu/20180810123927015061.html

(2) https://www.hispantv.com/noticias/economia/378984/desdolarizacion-eeuu-colapso-dolar-yuan

En Mallorca no hubo guerra, pero la masacre franquista fue despiadada

El general Goded había asegurado al Gobernador civil Antonio Espina García su lealtad absoluta a la República, pero el 19 de Julio de 1936 reunió sus tropas, guardia civil, carabineros, guardias de asalto, y proclamó un bando declarando el Estado de guerra en las Islas Baleares. Mallorca e Ibiza cayeron en manos rebeldes. El gobernador civil se negó a dar armas al Frente Popular el 18 de julio, lo que favoreció el éxito del levantamiento militar.

Se discriminó sistemática y masivamente mediante la represión y eliminación planificada a toda una parte de la población, los representantes del gobierno de la República. Fue uno de los episodios más terribles de la historia contemporánea de Mallorca. Se instauró un régimen de terror indiscriminado para evitar que el enemigo organizara la resistencia. Fueron víctimas de la barbarie fascista, perseguidos sin piedad ni descanso, los Republicanos, los miembros de partidos de ideología izquierdista, afiliados a sindicatos obreros, Frente Popular, maestros de escuela, profesores, profesionales liberales, desactivando cualquier nueva oposición y transmisión de su experiencia.

La brutal represión estuvo organizada y controlada por los militares golpistas, asociados con falange, guardia civil, iglesia católica, que se implicaron en la represión con una violencia física desmedida. La Falange asumió la eliminación de Republicanos siguiendo las consignas militares. Los verdugos utilizaron sistemas represivos de diferente grado: Sacas, fusilamientos, tortura, mutilaciones, palizas masivas y sistemáticas, trabajos forzados, confiscación de bienes, cautiverio en cárceles o campos de concentración durante prolongados períodos. El aceite de ricino o de motor, las violaciones, como ocurrió con las enfermeras Republicanas de Cruz Roja, se convirtieron en el símbolo del miedo.

La represión fascista en Mallorca estaba planificada meses antes del conflicto y fue perfectamente ejecutada. La Iglesia mallorquina estuvo implicada en la represión. Durante y después de la guerra, un número elevado de sacerdotes de la Diócesis mallorquina se encargaron de la vigilancia y persecución de los izquierdistas de Mallorca, efectuaron delaciones, participaron en las detenciones, incluso algunos utilizaban la indumentaria de Falange e iban armados. La Iglesia mallorquina se entregó al beneficio del nuevo régimen.

Coincidiendo con la llegada del fascista Aldo Rossi, enviado especial de Mussolini, el nombramiento de Mateo Torres Bestard como Gobernador de Baleares y de Francisco Barrado Zorilla como Jefe Superior de la Policía, se puso en marcha una ola de violencia exterminadora. Entre julio de 1936 y abril de 1939 en Mallorca hubo ejecuciones extrajudiciales, eran secuestradas personas según listas elaboradas previamente, llevadas de “paseo”, sin expediente ni juicio de ninguna clase, y acababan ejecutadas en la pared de un cementerio, camino, extrarradio de los centros urbanos, cuneta; posteriormente eran enterradas en una fosa común o pozo. Se llegó incluso a la quema de cadáveres para evitar su identificación.

Los militares nazionales se implicaron gravemente en crueles matanzas ilegales de Republicanos: Fueron habituales las sacas de prisioneros de las cárceles con la aprobación de los militares. Los reos eran ejecutados en cualquier lugar, como en las tapias del cementerio de Porreres. Los ejecutados eran después enterrados en un pozo o una fosa común.

Se institucionalizó la represión política, ideológica y moral por las autoridades militares, civiles y eclesiásticas. Los consejos de guerra no juzgaban delitos militares, encubrían “legalmente” las persecuciones y represalias políticas, sociales e ideológicas. Se realizaban en un ambiente de odio constante y ciego, que se mantuvieron durante la posguerra. Los franquistas utilizaron los Consejos de guerra, juicios sumarísimos con pruebas inconsistentes en tribunales carentes de cualquier clase de garantía. Denuncias anónimas, testigos no contrastados, falsificación de pruebas, falsas acusaciones, prácticas habituales para lograr la condena de los procesados. Desde octubre de 1936 se llevaron a cabo estos juicios, algunos de los cuales se alargaron hasta después de terminar la guerra.

Hay constancia de que las nuevas autoridades practicaron las torturas, palizas, mutilaciones, etc, una institución indisociable del nuevo régimen ya que fue practicada sin límites legales para cargos y funcionarios del nuevo régimen durante los 3 años de vida de la guerra y los 40 años de dictadura franquista. Con las torturas se humillaba y agravaba el sufrimiento de los Republicanos, se obtenía información, se destrozaba psíquicamente a los disidentes por medio del dolor, la incertidumbre, la acción sobre familiares, se extendía el miedo sobre la población. La tortura fue un ritual habitual previo a las ejecuciones o al ingreso en prisión, y formó parte constitutiva del universo penitenciario.

La coerción fascista que sufrió la población mallorquina fue silenciada mediante un pacto de olvido durante la dictadura y la transición. La magnitud de las atrocidades cometidas por los vencedores fue escondida como consecuencia de la política de la memoria del régimen franquista, asumida por la “constitución” y el “estado de derecho” del actual régimen del 78. Los crímenes franquistas siguen siendo legales hoy día.

La asociación Memòria de Mallorca, que indaga desde hace años las consecuencias de la Guerra Civil (1936-1939) en Mallorca y pide la reparación de las víctimas de la represión, ha aportado nuevos datos sobre la existencia de fosas comunes en la Isla. Mallorca sufrió una represión sin precedentes en los primeros meses de la Guerra Civil y cerca de 3.000 personas pudieron ser asesinadas. Hay constancia de más de 2.200. Maria Antònia Oliver, activista de la memoria histórica, nieta de Andreu Paris (un zapatero socialista asesinado en Porreres), y Manel Suárez han documentado la existencia de 44 fosas: 24 en cementerios, 12 en las carreteras, 4 en pozos y otras 4 en playas; en la playa de Sa Coma, en Sant Llorenç, está acreditada la existencia de una con cerca de 500 milicianos. También se incluye a los 14 mallorquines que murieron en campos de extermino nazis.

Como consecuencia de sacas y paseos extrajudiciales aparecieron republicanos muertos en las carreteras de Porreres a Felanitx, Petra, Sóller, Santa María, Montuïri, Coll des Cucons, Algaida en Bunyola y en Santanyí, costas de Xorrigo, Puntiró, camino de Jornets, Coll de Sa Grava, puente de Son Saletes, Sencelles y Biniali, finca se Pinaret, fort de Illetes (Calvià). Se lanzaron a pozos a personas en Son Lluís en Porreres, pozo de sa Rajoleta en Sineu, o pozo de s’Àguila en Llucmajor.

El 16 de agosto de 1936, fueron ejecutados en Manacor, y quemados después con gasolina 35 Republicanos de Manacor, Son Servera, Algaida y Porreres. El 17 hubo nuevos fusilamientos practicando todo tipo de atrocidades, los verdugos fascistas no tenían ningún escrúpulo en perfeccionar la desaparición de Republicanos. Hubo centenares de ejecuciones extrajudiciales en el término municipal de Palma, la mayoría sin registrar y desaparecidas; pero en las entradas en el cementerio de Palma se han registrado 2 víctimas en julio del 36; 76 víctimas en agosto (29 no identificadas). En septiembre 58 víctimas, 21 sin identificar; en octubre: 34, de ellas 5 identificar, en noviembre 26, 2 sin identificar y en diciembre 7 identificados.

Entre el 19 de julio al 4 de septiembre de 1936 se produjeron masivamente ejecuciones en el cementerio de Palma, el antiguo cementerio municipal de Manacor y el cementerio de Son Coletes. Muchas personas fueron ejecutadas en las vías públicas de Palma y sobre las vías del tranvía, en el extrarradio de Palma, camino de los Reyes, camino de Sa Teulera, Ca l’Ardiaca, camino de Son Pardo, camino Roig, carretera de s’Esglaieta a Santa María, Cala Mayor, cerca de la Porciúncula, bosque del Castillo de Bellver, Son Rapinya, carretera de Sóller, Son Sant Joan, Can Granada, Son Serra, La Vileta, El Terreno, carretera de s’Indioteria, etc.

El 15 de enero de 1937 fueron fusiladas en el cementerio de Palma, Rafael Estancias Adrover de Felanitx, Cristóbal Truyol Mir, Miquel Mascaró Vidal de Palma de Mallorca y Macià Cerdà Torres, y Vicente Torres Marino de Ibiza el 19 de Enero. En el Fortí de Illetes, el cabo fogonero de la Armada Miquel Bennàssar Palmer fue fusilado el 13 de enero de 1937 y el soldado de Campos Guillem Alcover Mascaró el 28 de enero del 37.

Los consejos de guerra permitieron la eliminación fácil, física, política y psicológica del adversario político. A menudo el juez había dictado la resolución cuando los testigos declaraban después. Ni que hablar del derecho a la defensa. En Mallorca hubo unas 300 penas de muerte atribuidas a este tipo de delito. El simple hecho de haber tomado parte en reuniones políticas izquierdistas, ser miembro de un sindicato obrero o participar en un ayuntamiento durante el gobierno del Frente Popular los convirtió en enemigos. El 24 de febrero de 1937 se ejecutaron en el cementerio de Palma a personas de la talla del alcalde de Palma, Emili Darder Cànaves, el diputado socialista Alexandre Jaume, el alcalde de Inca Antoni Mateu Ferrer y el empresario de Alcudia Antoni Maria Ques Ventayol. Todos ellos han sido posteriormente homenajeados.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares ha presentado ante la Fiscalía, una denuncia por crímenes contra la humanidad por 52 asesinatos cometidos en Mallorca entre 1936 y 1937. La denuncia deriva de las exhumaciones de las fosas de Sant Joan en 2014, en la que 3 vecinos de Maria de la Salut fueron identificados como víctimas, y de Porreres en 2016, en la que se exhumaron 49 cuerpos con evidencias de muerte violenta por armas de fuego. El estudio fue realizado por un equipo de forenses dirigido por el profesor de la Universidad del País Vasco Francisco Etxebarria. Los cadáveres exhumados presentan uno o más orificios provocados por proyectiles, en el cráneo u otras partes del cuerpo.

En 1978, detrás de la iglesia de Santa Cruz de Porreres, se rindió un homenaje a la activista Aurora Picornell Femenias, fusilada en 1937 junto con Belarnina González, Catalina Flaquer y sus hijas Antonia y Maria Pasqual Flaquer. Recientes homenajes están referidos en Última hora, Diario de Mallorca, y Mallorca Diario.

La guerra y la dictadura militar franquista aniquilaron la democracia republicana. Mallorca y España retrocedieron décadas en sus proyectos de desarrollo nacional y cohesión social. La represión “nazional” fue escondida durante los años de la dictadura. Solo la complicidad con las masacres franquistas pretendería “olvidar” y “silenciar” los crímenes del franquismo con extrañas escusas “constitucionalistas”. El “estado de derecho” del actual régimen los asume legalmente a todos los efectos en su esquizofrénica estructura constitucional.

Bartomeu Garí Salleras, La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939): Memòria d’una coerció planificada 
https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com/2018/08/11/en-mallorca-no-hubo-guerra-pero-el-calvario-franquista-fue-despiadado-parte-2-las-victimas/

Unos 48.000 trabajadores pierden la vida cada año en India en sus puestos de trabajo

Lunes. Amanece en un barrio residencial del sur de Delhi. El hombre que pasea su bicicleta comprando chatarra o vendiendo verduras te despierta con su reclamo cantarín desde la calle. Te preparas un café y te dispones a leer la prensa local: Han fallecido seis trabajadores por una fuga de gas en una planta de acero en Andhra Pradesh. Realizaban labores de mantenimiento cuando se intoxicaron al inhalar monóxido de carbono.

Hablar de seguridad laboral en India se puede considerar un oxímoron. Cada año en el país asiático pierden la vida unas 48.000 personas en sus puestos de trabajo. Es una media de más de 130 trabajadores muertos a diario (en España fallecieron 250 en los cinco primeros meses de este año, que se suman a los 618 de todo 2017). Son muertes que aparecen en la prensa local como un goteo diario, tan normalizado como desapercibido, que sólo se convierte en indignación pasajera cuando las cifras de víctimas mortales son lo suficientemente altas para trascender el teletipo de turno.

“Tenemos muy buenas leyes sobre seguridad laboral, el problema es que nunca se implementan”, asegura Kumar Neeraj Jha, ingeniero civil del Instituto Indio de Tecnología que ha estudiado a fondo los problemas de seguridad laboral en su país, sobre todo en la construcción. “Cuando ocurre un accidente mortal, el empleador evade sus responsabilidades, paga una pequeña compensación a los familiares y gestiona el asunto con las autoridades locales para que no vaya a más”. Numerosas empresas indias no invierten en seguridad porque les sale más rentable asumir el coste en indemnizaciones de un posible accidente antes que modernizar sus instalaciones.

Martes. Una explosión dentro de un barco que estaba siendo reparado en el astillero de Cochín ha dejado cinco empleados muertos y trece heridos. La empresa de mantenimiento naval anuncia que entregará un millón de rupias (12.500 euros) a los familiares de cada víctima.

Cuando se le comenta la terrible cifra anual de muertos a Apoorva Kaiwar, secretaria general para el sur de Asia de IndustriALL, contesta: “esos serán los registrados”. La responsable de esta red sindical afirma que, a menos que la defunción del obrero sea inmediata en el lugar de trabajo, el proceso de documentación se complica. “Si alguien resulta herido y muere a los 15 días en el hospital o en su casa, demostrar la conexión entre el accidente y la muerte se vuelve farragoso porque esa persona quedó registrada como herida. Otro problema es que cuando hablamos de muertes en el trabajo nos solemos referir a accidentes concretos, pero muchos fallecen tiempo después por enfermedades provocadas por el tipo de oficio que tenían”, dice Kaiwar, que menciona a mineros u operarios de fábricas químicas o cementeras. “Si mueres 20 años después por culpa de haber inhalado tóxicos en una planta industrial, nadie se responsabiliza”.

Las barrenderas y basureras de Bangalore llevan años denunciando que se les proporcione atención médica por las enfermedades cutáneas y los problemas respiratorios que sufren debido a su trabajo. Muchas de ellas, sin acceso a baños públicos durante su jornada, recurren de forma compulsiva al tabaco de mascar, que les quita la sed, para evitar la necesidad de ir a un retrete al que no pueden ir.

El mercado laboral indio es la informalidad absoluta, un eufemismo tras el que se esconde una precariedad abismal. Contratos verbales que duran un día, pagas minúsculas que se evaporan antes de llegar a casa, terceros contratistas que complican la asunción de responsabilidades, profesiones de riesgo que no cuentan con medidas de protección mínimas, trabajos inestables que mañana pueden tener la puerta cerrada.

A unas infraestructuras y unas herramientas de trabajo en un estado arcaico, se suma el “insuficiente” conocimiento que se imparte a los trabajadores para que sepan dominar su uso, para que no resulten heridos, para que no mueran. Un informe del Instituto para el Desarrollo Humano de Delhi de 2014 señalaba que menos del 30 por ciento de los trabajadores indios ha terminado la educación secundaria y que sólo uno de cada diez ha recibido alguna formación específica para desarrollar su trabajo.

“Se necesita una administración laboral más fuerte, esto es, más conciencia sobre la importancia de la seguridad laboral, más entrenamiento para que los empleados sepan usar la maquinaria, más inspecciones de trabajo y más personal que pueda llevar a cabo esas inspecciones”, afirma la responsable de IndustriALL. Según datos de la British Safety Council, una de las mayores organizaciones dedicadas a la seguridad laboral, en India hay sólo un inspector por cada 500 fábricas.

Jueves. Una trabajadora de 21 años muere después de que su cabeza y su mano quedaran atrapadas en una máquina en una fábrica textil de Tamil Nadu. Los sindicatos denuncian horarios excesivos, las malas condiciones de las instalaciones y el alto índice de suicidios en la industria de la confección del sur del país.

En India la división del trabajo históricamente ha estado ligada a la casta. Los miembros de una casta tienden a dedicarse al oficio que la tradición asignó a ese grupo. Se trata de una herencia naturalizada; contradecirla es símbolo de impureza, es salirse de un camino predestinado.

Esta idea se ha ido haciendo cada vez más difusa, especialmente en las últimas décadas. Hoy existen ocupaciones modernas libres de casta, como por ejemplo los teleoperadores. Sin embargo, hay jerarquías y discriminaciones que, aun estando prohibidas, se siguen practicando: los empleos peligrosos, desagradables, o los considerados impuros, se destinan a las castas oprimidas, mientras las castas superiores no conciben mancharse las manos. Ningún texto sagrado indica que los directores de periódico tengan que ser brahmanes, ni que los limpiadores de letrinas deban ser dalits (intocables), pero en el 90 por ciento de los casos esa regla se cumple.

Para rechazar esa herencia uno debe romper numerosas barreras. Demasiadas. La oposición familiar, la inercia del entorno, el peso de la tradición, la falta de estudios y la necesidad inmediata de tener ingresos. Al precio que sea. “La mayoría de trabajadores que mueren en accidentes laborales son precarios. Lo grave es que no pueden permitirse, o no creen que puedan, rechazar ese trabajo porque sea inseguro o peligroso”, afirma Apoorva Kaiwar.

“Esta imposibilidad es fruto de la desesperación”, asegura Kavita Krishnan, dirigente del Partido Comunista de India (PCI-ML), en su oficina al este de Delhi, mientras nos escucha un retrato de Marx y un busto del bengalí Charu Majumdar, fundador del partido. “En India hay mucho desempleo y la gente está desesperada por encontrar trabajo. Decirle a una persona hambrienta que no debería trabajar en un empleo inseguro o humillante es injusto porque, ¿qué debería hacer? Tiene que alimentar a su familia”.

En ese escenario de indefensión alzar la voz es despido asegurado. “Muchos trabajadores no son del todo conscientes de los riesgos que asumen o han normalizado los abusos laborales que sufren, y otros muchos sí son conscientes, pero el tema es cómo pueden usar esa conciencia”, explica Krishnan. “Se pueden afiliar a un sindicato, es un derecho reconocido en la ley, pero es uno de los derechos más violados, porque el castigo para los trabajadores que se pueden afiliar a un sindicato, es un derecho reconocido en la ley, pero es uno de los derechos más violados, porque el castigo para los trabajadores que se sindican es el despido con un pretexto u otro, es algo totalmente habitual”. El empleador sabe que detrás saldrán otros diez candidatos para ocupar ese puesto.

Porque las cantidades en India, un país de 1.300 millones de habitantes, siempre son de proporciones bíblicas. Su mercado laboral es de unos 470 millones de trabajadores. La mayoría de ellos opera en el sector informal que domina la economía. Cada año acceden a este mercado entre seis y doce millones más, según diferentes cálculos, por lo que uno de los mayores retos del país es dar respuesta a esa gran masa juvenil.

Viernes. 17 empleados mueren en el incendio de un almacén de petardos en una zona industrial a las afueras de Delhi. La policía ha detenido al propietario, que tenía licencia para fabricar otros productos de plástico.

Con una media de 38 accidentes mortales al día, la construcción es el sector más mortífero del país asiático. Uno de cada cuatro trabajadores indios fallece en una obra, ya sea electrocutado, por el desprendimiento de un muro o por caer desde gran altura. Una mano de obra dispuesta a todo. No es coraje, es supervivencia.

Gran parte de los obreros son migrantes que provienen de otros estados indios una vez han abandonado sus esperanzas en la agricultura. En las calles de Delhi se suelen ver grupos de hombres delgados, con caras de abatimiento, la ropa gastada, la piel curtida y una bolsa de herramientas, esperando de cuclillas sobre el asfalto a que llegue una camioneta que les lleve a una obra. Ellos levantan edificios por unas 500 rupias (seis euros) al día. Ellas hacen lo mismo por la mitad. Una discriminación extendida. “Llegan a la construcción como última opción laboral porque las condiciones son muy duras, y allí no son preparados adecuadamente porque el contratista sabe que estarán de forma temporal, no le interesa invertir en su entrenamiento y su seguridad”, afirma el profesor Neeraj Jha.

Tanto la forma en que está concebido el trabajo, sus pagos y su formación, como la conciencia (o su ausencia) sobre los riesgos laborales a los que uno mismo se enfrenta, están ligados a una percepción extremadamente diaria de las cosas, una manera de entender la vida, no sólo el empleo, muy habitual en este país, donde pensar en mañana se considera hacerlo a largo plazo. En India la supervivencia, en todos sus niveles, es diaria.

Domingo. Mueren 32 trabajadores y otro centenar resulta herido por la explosión de una caldera de vapor en una planta de energía térmica.

A pesar de la enormidad de las cifras citadas, la atención que recibe la seguridad laboral en India es eventual e individualizada, como si cada accidente fuese la excepción de una norma inamovible. Casos aislados. Aisladamente generalizados.

Un pequeño oasis se halla en el medio digital The Wire, que dedica su sección ‘The Life of Labour’ al mundo laboral, a sus condiciones, sus denuncias, sus movilizaciones. También a sus muertes. “Los principales medios de comunicación ignoran sistemáticamente estas noticias”, nos cuenta el equipo responsable de la sección, que asegura que, como en Europa, la información sobre huelgas y protestas es “superficial” y se suele centrar en cómo éstas afectan al resto de la población.

En India mueren al año más trabajadores limpiando alcantarillas que soldados combatiendo insurgentes en Cachemira. Pero el debate en la agenda pública y mediática es otro. “Se está ignorando la vida laboral de la gran mayoría de los habitantes. Los periódicos económicos tienen éxito ilustrando la victoria del capital sobre el trabajo, pero no se explica la relación entre ambos”, concluye el equipo de ‘The Life of Labour’.

Lunes. Amanece en Delhi. Hoy es el adolescente que recoge la basura quien te despierta llamando al timbre. Ducha. Café. Prensa local: “Una veintena de trabajadores ha perdido la vida después de que volcara el camión en el que viajaban de camino a su jornada laboral”.

https://www.elsaltodiario.com/salud-laboral/india-record-muertes-trabajo

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