Desde el próximo lunes los maestros que permanezcan en huelga serán reemplazados al cabo de 72 horas por otros docentes que están en una lista de espera, anunció el ministro de Educación, Daniel Alfaro.
“Los profesores de reemplazo se colocarán inmediatamente si al primer o segundo día esa plaza no está” cubierta, indicó Alfaro tras precisar que a diferencia del año pasado, esta vez no habrá recuperación de clases.
El ministro consideró que esta huelga es ilegal ya que el sindicato convocante no está considerado como tal sindicato, citando personalmente al portavoz de los maestros del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción), Pedro Castillo Terrones, creado desde la base y enfrentado a la dirección del SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación), el sindicato oficioso.
La huelga de seis meses convocada por el mismo sindicato el año pasado fue de las más importantes de Latinoamérica en los últimos años, contó con el respalgo general de la población y puso en jaque a la política económica del gobierno.
Como es habitual, el Defensor del Pueblo salió en defensa del gobierno y su titular, Walter Gutiérrez, expuso un argumento tambien habitual, escudándose en los estudiantes afectados: lo que es un derecho no es la huelga sino la educación. “La educación pública es un derecho fundamental innegociable de los estudiantes”.
Para mayor desfachatez, Gutiérrez invocó a los estudiantes de “menores recursos” y aseguró que la huelga agudiza la desigualdad educativa.
Como en otros países, en Perú los maestros defienden la educación pública, lo que supone enfrentarse a los recortes presupuestarios y, en definitiva, a la política económica del gobierno.
Tras numerosas luchas, el gobierno prometió hace años elevar el porcentaje del presupuesto educativo al 6 por ciento, que sigue en la mitad y es uno de los más bajos de Latinoamérica.
Si -como dicen- el derecho a la educación es tan importante para ellos, ¿por qué no incrementan los presupuestos públicos para su mejora?
Desde los años noventa el gobierno de Perú tiene una deuda social con los maestros, a quienes se les dejó de pagar por la preparación de las clases. De esa manera, tienen que acudir a los tribunales para cobrar. La huelga exige que la deuda social se cumpla sin necesidad de pleitos y que el gobierno cree un fondo específico para asumir ese pago.
El Ministerio de Educación ha reconocido esa deuda y paga con cuentagotas cada vez que hay una protesta. Ayer entregó 200 millones de soles a 20.000 profesores del país para tratar de frenar la huelga.
