Ahora las cosas parecen de otra manera. Allende los Pirineos se quejan cada día de que las torturas no se investigan. No se sorprenden de que sigan siendo una práctica habitual en las comisarías, sino de que tampoco nadie se tome la molestia de investigarlas siquiera. ¿Para qué, si luego el gobierno va a indultar a los torturadores?
Dentro de muy poco los europeos se habituarán también al espectáculo de que este es un país donde los jueces no ocultan su pretensión de encarcelar a los raperos por cantar y a los tuiteros por escribir.
Otra escena ya habitual en Europa es el reconocimiento de que, además de presos políticos, haya también exiliados, un escenario que creían propio de los remotos tiempos de “la dictadura”.
En Bélgica, Alemania, Suiza y Escocia los jueces reciben las comunicaciones de sus colegas españoles con verdadero estupor. En Suiza quieren evitarles el ridículo y les han advertido de que no se empeñen porque no van a conceder ninguna extradición.
La juez Lamela envió a Bruselas un requerimiento contra Puigdemont en el que no faltaba casi ningún delito de los muchos que hay en el Código Penal, incluidos los de corrupción, y luego tuvo que dar marcha atrás porque se los acababa de inventar.
La fiscalía belga le advirtió al juez Llarena de que su orden europea de detención tenía defectos de forma y el magistrado del Tribunal Supremo, al que le sobra la chulería, le respondió diciendo que no pensaba corregirlos.
Ya no es sólo cosa del gobierno. Los tribunales españoles también están haciendo el ridículo en Europa sobre todo porque, además, de la entrega de los exiliados políticos, lo que están pidiendo es que los detengan y los metan en prisión.
Aquí nos hemos llegado a creer que todos los jueces son como los de la Audiencia Nacional, capaces de tener a unos jóvenes durante un año y medio en prisión preventiva por una pelea en el bar. En otras partes del mundo los jueces aún se lo piensan un poco antes de enviar a nadie a la cárcel.
Es ahora cuando, incluso aquí, más de uno se da cuenta de los “juicios” que durante 40 años se han venido apañando en la Audiencia Nacional para dictar condenas monstruosas y de la necesidad de poner en libertad inmediatamente a todas las víctimas de la persecución política que quedan en las cárceles.
