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Mes: enero 2018 (página 12 de 14)

2018 empieza con protestas y movilizaciones en las calles de Argentina

Ayer la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la huelga nacional de 24 horas en Argentina contra dos años de despidos cada vez más frecuentes en la función pública.

Una gran movilización comenzó en el obelisco de Buenos Aires y se unió a otras protestas frente al edificio del Ministerio de Modernización, que es el principal organismo gubernamental a cargo de los recortes. La protesta fue abordada por varios dirigentes sindicales.

El secretario general de ATE, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, exigió que el gobierno de Macri “deje de vaciar de inmediato la riqueza del Estado nacional”.

Godoy advirtió que las destituciones públicas solo fueron el comienzo y que los despidos masivos seguirían también en el sector privado. “Estamos viendo la destrucción de los recursos del Estado, que es la riqueza del pueblo argentino que el gobierno quiere transferir a las empresas de sus amigos”.

Mario Muñoz, secretario del sindicato, expresó su solidaridad con los sectores afectados y culpó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por los despidos.

Oscar de Isasi, director de ATE en Buenos Aires, dijo que es su deber luchar y que tienen la intención de transformar el ministerio en “una caja de resonancia de nuestras demandas”.

El Secretario General de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Argentina, Ricardo Peidró, dijo: “No hay oportunidad de negociación en la que podamos sentarnos y hablar sobre los despidos”.

En una entrevista anterior con medios locales, Godoy dijo: “En el primer año, 15.000 trabajadores del Estado Nacional, con sueldos de 10.000 pesos (alrededor de 537 dólares) fueron despedidos, mientras que los nuevos funcionarios con salarios superiores a 50.000 pesos (2.685 dólares) fueron designados”.

El gobierno apunta a “deconstruir al Estado en el área de control en beneficio de las corporaciones internacionales y desmantelar las áreas productivas”, concluyó Godoy.

Confirmando 18 nuevos despidos, la Comisión Interna de Educación de Argentina y los Servicios de Televisión, Multimedia, Interactivo y de Datos (SATSAID) también se declaró en huelga hasta que puedan mantener una reunión con el Ministerio de Trabajo.

En los últimos siete días, 1.200 trabajadores fueron despedidos de diferentes empresas públicas. Según el ATE, Military Products registró 340 despidos; el Ministerio de Defensa tenía 70; Entidad Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 108. El Ministerio de Energía informó140; el Servicio Nacional de Salud y Calidad de los Alimentos (Senasa), 120, y la Televisión Digital Pública, 180.

Otros afectados fueron los ministerios de modernización, medio ambiente y cultura; la Oficina Central de Gabinete; la Oficina del Presidente; Radio Nacional; el Instituto de Cine y Artes Visuales, y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En un comunicado de prensa, ATE dijo que espera que la huelga sirva como un “útil inicio para organizar la resistencia para la reincorporación de cada trabajador despedido. Necesitamos formar asambleas sin una distinción afiliada y no afiliada, y formar comisiones de trabajadores despedidos. para que asuman el papel principal en las decisiones que se votan.

La huelga de los obreros parias de la India paraliza varias ciudades

El miércoles las empresas del centro financiero de Mumbai, en India, cerraron cuando manifestantes pertenecientes a los parias, la casta más baja, bloquearon el tráfico y los centros comerciales y realizaron sentadas en las líneas ferroviarias después de enfrentamientos con hindúes reaccionarios.

Los obreros parias ocupan el último lugar en la jerarquía de castas de la India y han sido condenados durante siglos por los hindúes de las castas superiores a trabajos que consideraban impuros, como basureros y curtidores.

La convocatoria de una huelga general en todo el estado de Maharashtra provocó grandes protestas, pero la actividad en muchas partes de Bombay se vio interrumpida por los parias que arrojaban piedras a los autobuses y pinchaban ruedas en distintas zonas. Las líneas ferroviarias y algunas de las principales carreteras que llevan a la ciudad fueron bloqueadas.

El lunes los obreros parias llamaron a la huelga para protestar contra los ataques de las castas superiores, las más reaccionarias, en la ciudad de Pune. La huelga cerró comercios y escuelas en Bombay y otras ciudades en todo el estado.

“El gobierno no detuvo a los causantes de la violencia en Pune. Miembros del grupo hindú golpeaban a los parias y la policía solo los miraba desde lejos”, dijo el manifestante Sandeep Kamble. “Exigimos la detención de los culpables”.

Estas protestas se producen tras las celebraciones de parias en Pune, a 150 kilómetros de Bombay, en el 200 aniversario de una batalla que ganaron, luchando junto a las fuerzas coloniales británicas, contra un gobernante de las castas superiores. Esas celebraciones fueron interrumpidas por grupos hindúes reaccionarios y un hombre de 28 años murió en los enfrentamientos.

En partes del suburbio de Thane, en Bombay, los autoridades prohibieron que se reunieran multitudes, pequeñas o grandes, para controlar a los manifestantes, quienes interrumpieron los servicios de transporte por carretera y las líneas ferroviarias durante la hora punta de la
mañana.

En algunas ciudades se cerraron colegios y se clausuró el servicio de internet para restringir el acceso a la información. En España la prensa informó del bloqueo de internet en Irán, pero no ha dicho nada de India.

Una flota de taxis, junto con los servicios como Uber y Ola, también fueron apartados de las carreteras de Bombay el miércoles. Varias oficinas pidieron a los empleados que trabajaran desde casa.

Huelga de transportes en Uruguay por el asesinato de un taxista

Ayer la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) de Uruguay convocó una huelga general de 24 horas en el sector del transporte tras el asesinato por la noche de un taxista en el ejercicio de su profesión.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó en una rueda de
prensa que la huelga gozó del mayor seguimiento por parte del movimiento
sindical desde el restablecimiento de la democracia en 1985
.

Hubo un millón de huelguistas. La huelga paralizó completamente el transporte, la educación y los servicios de salud. “Parecía un domingo”, comenta la prensa (*).

En la educación, el paro abarcó a todos los niveles y la secretaria general de la Asociación de Maestros de Uruguay (ADEMU), Raquel Bruschera, dijo que entre los maestros el paro “ha sido muy grande” y que muchas escuelas han estado cerradas.

En el ámbito de la Salud, fuentes sindicales informaron a Efe de un
seguimiento de la huelga del 90 por ciento en todo el país.

El asesinato ocurrió en el barrio Plácido Ellauri, de Montevideo, donde el trabajador recurrió a un “viaje” solicitado “por radio” y posteriormente fue “interceptado y baleado”, según relató el integrante de la mesa directiva del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Damián Fernández.

La huelga comenzó por iniciativa de SUATT pero contó con la adhesión de UNOTT, que instó a manifestarse “contra la violencia, por trabajo, educación y vivienda”, según un comunicado oficial.

Los trabajadores bloquearon las terminales de autobuses. “Cada filial cumple con la medida acorde a sus posibilidades”, expresó el director de la UNOTT, Oilcar Camaño, quien aclaró que en el caso del servicio “interdepartamental (de autobuses) se está trabajando normal”, y el servicio de autobuses “netamente suburbano parará mañana [viernes] desde las 7:00 horas (10:00 GMT) para acompañar el sepelio y se reintegrará paulatinamente una vez finalizado el mismo”.

Camaño calificó de “hechos lamentables” las muertes de los dos trabajadores en lo poco que va del año, el trabajador del taxi y otro transportista que fue también asesinado esta semana.

Por otra parte, Fernández, consultado sobre si harán algún tipo de reclamación, expresó que se debe “pelear por los derechos”.

(*) https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/366688-huelga-general-uruguay-paraliza-transporte-educaci/

La violencia crece en Alemania por culpa de los fascistas, no de los inmigrantes

Un estudio encargado por el gobierno muestra que los delitos violentos en Alemania aumentaron en un 10 por ciento en los últimos dos años.

Otro estudio diferente publicado recientemente negó que el aumento de delitos fuera obra de los inmigrantes o refugiados, un argumento recurrente que suele ser utilizado por los fascistas en sus campañas políticas.

Lo que las estadísticas reflejan es más bien lo contrario: que los inmigrantes y los refugiados son cada vez más las victimas de agresiones en su contra.

Según la Oficina de Investigación Criminal, en la inmensa mayoría de los delitos contra los inmigrantes, los autores son los fascistas, que son los mismos que protestan por el aumento de las agresiones.

Aunque el año pasado los ataques contra hogares de refugiados en Alemania disminuyeron 75 por ciento, las agresiones personales contra los solicitantes de asilo se incrementaron.

Datos oficiales del gobierno revelan que en los tres primeros meses de 2017 hubo 54 personas lesionadas, como resultado de 318 ataques contra refugiados, mientras en el tercer trimestre del año la cantidad de incidentes aumentó a 425, con 76 heridos.

La Oficina de la Policía Criminal Federal contabilizó 264 ataques, entre ellos incendios y asaltos contra hogares de refugiados, la mayoría perpetrados por fascistas.

Entre enero y septiembre la policía alemana registró un total de 211 ataques contra centros de refugiados, casi uno al día. No obstante esta cifra evidencia un descenso con respecto a incidentes de los dos años anteriores.

A finales de diciembre el Ministro de Justicia, Heiko
Maas, declaró que el alcance de la hostilidad en Alemania hacia
los extranjeros es vergonzosa y que los culpables debían comparecer ante los tribunales.

ETA escenificará su propio funeral antes del verano

El final de ETA llegará en el primer semestre de este año, es decir, de aquí al próximo mes de junio. Una “desmovilización total, definitiva y unilateral”, como la definió ayer el Foro Social Permanente, que supondrá el desmantelamiento de sus estructuras militares.

Para llevar a cabo esta afirmación, los miembros del Foro Agus Hernan, Nazario Oleaga, Teresa Toda y Nekane Alzelai se basaron en los datos aportados a través de los mediadores internacionales y las informaciones difundidas por la propia ETA. Al mismo tiempo, avanzaron que están trabajando de cara a dicha desmovilización con el Grupo Internacional de Contacto dirigido por Brian Currin, los gobiernos de la CAV y Nafarroa, la mayoría de partidos políticos y todos los sindicatos, un diálogo en cuyo marco situaron la ronda de contactos llevada a cabo en octubre que debe fructificar en un acuerdo político y social. Por último, desde el Foro Social advirtieron de que en el proceso de cierre que culminará en los próximos meses “se está jugando sentar las bases de la no repetición” de la historia de violencia de la organización.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar los retos del presente curso, el Foro Social Permanente aseguró que, si 2017 fue el “año del desbloqueo” en el proceso de paz y normalización, la primera mitad del presente ejercicio estará marcada por la desmovilización de ETA, un acuerdo político-sindical sobre los presos y la reparación de las víctimas. Respecto al concepto de desmovilización, Alzelai y Hernan explicaron que es el término que usa la ONU en sus denominados Estándares internacionales DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración). Afirmaron que, si bien fueron pensados para “conflictos bastante diferentes” al vasco, algunos de sus parámetros se pueden utilizar para “avanzar en el proceso de paz” después del proceso de desarme que ETA llevó a cabo el año pasado y que “ya nadie discute” en Euskadi, según Hernan.

A juicio del Foro Social, la entrega de las armas se desarrolló “respetando el marco de los estándares de la ONU”, lo que “permitió un resultado suficientemente satisfactorio, tanto para los actores institucionales, políticos, sindicales y sociales de este país como para los observadores internacionales”. Por ello, consideró que ahora se debe realizar una desmovilización en base a esos estándares y pidió a ETA que “transmita que esa decisión es clara”.

Subrayaron la importancia de que el debate abierto en el seno de ETA “se desarrolle en sus tiempos incorporando a todos sus militantes” y añadieron que, en base a los encuentros mantenidos, existe un “consenso suficiente” entre los gobiernos de la CAV y Nafarroa, la mayoría de partidos y todos los sindicatos. “Todos coinciden en que, independientemente del término que utilice ETA para su desmovilización, ésta debe conllevar el desmantelamiento total de sus estructuras militares”, señalaron. Por ello, y para zanjar el “debate terminológico”, dijeron que la culminación de este proceso implicará que “la historia de 54 años de ETA en este país ha terminado”.


Además de la desmovilización de ETA, las otras dos patas de esta fase definitiva serán “la reintegración de las personas presas, huidas y deportadas”, junto con “los avances en la reparación a las víctimas de todas las expresiones de violencia”. En el primer apartado, desde el Foro Social Permanente destacaron el “diálogo político entre partidos y sindicatos”, en el que se está avanzando “a un ritmo sostenido en un doble carril” en la CAV y Nafarroa, junto a una tercera vía en Iparralde de cara a lograr “una sociedad sin personas presas y huidas”, señalaron. Un diálogo en el que quieren incluir al propio colectivo de presos, EPPK.

El Foro Social expresó su deseo de que este intercambio de pareceres fructifique en “diferentes expresiones de diálogo y acuerdos en las próximas semanas”. Destacó a su vez la importancia de que las mayorías en los Parlamentos encuentren “su camino para generar una mayoría en el Congreso español”, tanto en las cuestiones urgentes, en referencia a los presos enfermos y el acercamiento, como en torno a las transferencias y la legislación. También valoró la postura del Estado español como “bastante favorable a que ETA proceda a su desmovilización total y definitiva, al margen de los términos” en que se produzca.

Por último, defendieron “un marco de resolución que busque el equilibrio entre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y la aspiración de construcción de la convivencia en el seno de la sociedad”. Así, se mostraron convencidos de que este año se profundizará en los “notables avances” dados en 2017 en lo referente a las víctimas. Concluyeron que todos los actos de reparación, “sean de carácter institucional o social, son necesarios para las víctimas”.

http://www.deia.com/2018/01/05/politica/euskadi/el-foro-social-fecha-el-cierre-definitivo-y-unilateral-de-eta-antes-del-verano

Crónica de un asesinato yihadista anunciado a bombo y platillo que la policía no quiso impedir

Hamel: el cura asesinado
El 26 de julio de 2016 se produjo en Francia un atentado realmente provocador: un islamista asesinó a un cura, el padre Hamel, en Saint-Étienne-du-Rouvray.

Cinco días antes del asesinato, la policía asistió en primera fila a todos y cada uno de sus preparativos, dice Mediapart (1). La prefectura de policía de París estaba al corriente de los mensajes que difundía a través de Telegram uno de los asesinos, Adel Kermich, con el apodo @Jayyed.

En sus mensajes Kermich nun ocultó sus intenciones: prefería matar en Francia antes que viajar hasta Siria. Sus blancos preferidos eran unas iglesias cristianas (“politeístas”) cargadas de simbolismo.

Por si no fuera bastante, hacía tiempo que la policía estaba bajo la pista de Kermich y su socio Abdel Malik Petitjean, porque ambos habían reivindicado su pertenencia al Califato Islámico, ambos estaban clasificados por la policía como S. Además, Kermich estaba confinado en su residencia y tenía que llevar instalado su brazalete electrónico.

El policía encargado de la vigilancia electrónica pasó inmediatamente el aviso a los jefes: el atentado era inminente, pero la información no se cursó a la Dirección General de Seguridad Interior.

A partir de estos hechos, la prensa francesa lleva un año y medio escandalizándose de otro “fallo de seguridad”, como si Francia fuera otro de estos “Estados fallidos” africanos.

Uno de los comentarios más socorridos salva del “fallo” a los policías de a pie y carga contra los jefes, que soportan toda clase de insultos y desprecios por parte de los tertulianos. Como cuerpo burocrático la policía se salva: sólo “falla” la cúpula que pensaba en sus vacaciones de verano (2).

Cada cual puede extraer las conclusiones que le parezcan, pero deberá tener en cuenta otro hecho adicional: para tapar la mierda, los jefes cometieron un segundo “fallo”: falsificó las fechas del aviso emitido por el policía encargado de vigilar las comunicaciones digitales.

A dicho policía le convocaron los caciques en sus oficinas el mismo día que se cometió el atentado. Para eliminar las pistas de la responsabilidad, querían que colaborara en la falsificación y reescribiera otra vez el mismo aviso con la fecha del día.

Pero para borrar toda clase de pistas la polica hizo algo todavía más importante, el verdadero “modus operandi” de todos los atentados yihadistas: mataron a ambos autores del asesinato a la salida de la iglesia.

Lo dicho: extraigan Ustedes mismos las conclusiones oportunas acerca de quiénes son los verdaderos responsables de la muerte del cura Hamel y si ven algún “fallo de seguridad” por alguna parte.

(1) https://www.mediapart.fr/journal/france/040118/comment-les-renseignements-ont-etouffe-leur-rate-apres-l-attentat-de-saint-etienne-du-rouvray
(2) http://www.sudouest.fr/2018/01/04/attentat-de-saint-etienne-du-rouvray-les-renseignements-accuses-d-avoir-voulu-dissimule-leur-loupe-4083773

El terrorismo de Estado puede ser ‘patrimonio de la humanidad’ para la UNESCO

El 22 de diciembre de 1992 el profesor Martín Almada descubrió en una comisaría de Lombaré, Paraguay, cuatro o cinco toneladas de documentos secretos de la policía política paraguaya, los llamados “archivos del terror”.

Es el mayor y más importante archivo descubierto de un Estado criminal, como el del general Stroessner, y ha sido propuesto a la UNESCO como Patrimonio documental mundial, en el Registo “Memoria del Mundo” (1).

Pocos días después, otra búsqueda similar en el cuartel general de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, equivalente al FBI estadounidense, sacó a la luz más documentos reveladores del terrorismo de Estado seguido implacablemente durante 35 años.

La sanguinaria dictadura del general Stroessner convirtió a Paraguay en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, el refugio de toda clase de criminales, desde los nazis de la posguerra, como Mengele (2), hasta los fascistas y golpistas italianos (y españoles) de los años setenta.

Stroessner había caído en 1989 pero, como suele ocurrir, la cúpula policial seguía siendo la misma. Dependiente del Ministerio del Interior, “La Técnica” seguía funcionando bajo responsabilidad de su antiguo capataz de siempre: Antonio Campos Alum.

No sólo contaban con la complicidad y el silencio de los recién llegados sino con algo aún peor: la impunidad. Eso hace que los criminales se confíen, incluidos los policías. El aparato represivo heredado estaba absolutamente seguro de sí mismo y de que el Estado, cualquiera que fuera, nunca se volvería contra ellos. Continuaba con sus actividades y ni siquiera intentó borrar las numerosas huellas de sus crímenes.

No contaba con unas elecciones podridas, unas venganzas implacables y un sinfín de luchas internas en la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado del régimen fascista de Stroessner.

Como suele ocurrir la filtración procedió de la propia policía y ocurrió algo que en España no conocemos: un juez, Agustín Fernández, se presentó con la víctima, Martín Almada, en los locales de la policía y la mierda salió por todas las esquinas.

La policía “técnica” la creó Estados Unidos en Paraguay a fines de la década del cincuenta con la misión de combatir el comunismo. Su inspirador fue el coronel Robert K. Thierry, un experto estadounidense veterano de la Guerra de Corea e instructor de torturadores.

Campos Alum, que había estudiado en Estados Unidos las técnicas represivas, la dirigió durante más de 30 años, transformándola en una de las bandas de torturadores más siniestras de Latinoamérica, la columna vertebral del Operativo Cóndor.

En Paraguay “La Técnica” es la actual Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (Serprinte). Ya ven: los comunistas de antes son los terroristas de ahora. Antes todo era comunismo y ahora todo es terrorismo.

Hasta hace muy pocos años la Serprinte funcionó, abiertamente, en la embajada de Estados Unidos y hoy funciona en una dependencia afín a Estados Unidos.

Entre los papeles encontrados hace 25 años en Paraguay hay una carta que el director del FBI, Clarence Kelley, envió a Campos Alum con membre oficial: “En estas Navidades, deseo hablar en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de todo corazón la cooperación que ustedes, con tanta buena voluntad, han proporcionado al FBI. Deseándole lo mejor de las cosas, que merece con creces”.


Sí, para el FBI un criminal como Campos Alum se lo merecía todo, incluída la impunidad de la que disfrutó hasta su muerte en 2012.

(1) http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage
(2) http://www.portalguarani.com/809_mariano_llano/19544_hitler__los_nazis_en_paraguay__por_mariano_llano.html
Dos criminales con las manos manchadas de sangre: Stroessner y Franco

La represión en Argentina y sus raíces y ramificaciones

Escuela de Mecánica de la Armada
Darío Herchhoren

Argentina es un país complejo, y por lo tanto no es fácil explicar su política. Pero lo que si es fácil es identificar a Argentina como un país periférico del desarollo y que en algunos momentos de su historia reciente ha intentado actuar como un país central sin conseguirlo.

Al efecto es necesario remontarse al año 1946, que es el año del triunfo de Perón en las elecciones celebradas en el mes de febrero de ese año.

Argentina era en ese tiempo un país agrícolo ganadero, y ya en el año 1943 por primera vez en su historia la producción industrial superó a la producción agrícola en términos de producto bruto interno. Ello marca un punto de inflexión que marcaría hasta la actualidad a la economía argentina.

Y esto es también lo que marca el nacimiento de una nueva clase obrera, que deja de ser rural para convertirse en urbana.

Pero, hay algo más que merece ser mencionado: ss el nacimiento de los sindicatos como medio de expresión de la clase obrera, y como tal clase entra en conflicto con la pequeña y gran burguesía nacional dando un impulso importante a la lucha de clases.

La segunda guerra mundial había aflojado el control que los grandes monopolios internacionales ejercían sobre la economía argentina, y ello permitió el crecimiento producido a partir de 1943. Argentina como gran productor de alimentos se benefició enormemente de la destrucción de Europa por la guerra, que había quedado devastada, y Argentina tenía los alimentos que iban a calmar el hambre que se cernía sobre una población y unas infraestructuras devastadas.

A raiz de todo esto Argentina recibió una enorme cantidad de divisas fuertes, que hicieron que el dólar USA se cotizara a solo dos pesos.

Pero la existencia de una clase obrera que comenzaba a expresarse políticamente, hizo aflorar las divergencias de clase, y los primeros reclamos masivos de mejoras salariales, que el peronismo supo sortear estableciendo una colaboración de clases de hecho. Perón en sus discursos planteaba que la torta debía repartirse al cincuenta por ciento entre patronos y trabajadores, y la cosa funcionó más o menos bien.

Pero en 1955 el ejército depone a Perón con un golpe militar llevado a la práctica por un sector profundamente fascista, y la luna de miel acaba en forma de baño de sangre, inaugurando una era de represión brutal, que culmina con la última dictadura militar.

El año 1955, marca un punto clave en la historia reciente de América Latina. En Colombia cae el gobierno del General Rojas Pinilla, muy similar al peronista mediante un golpe de estado, en Bolivia comienzan graves disturbios contra el gobierno nacionalista de Paz Estensoro  y del lider minero Juan Lechín, mientras en Cuba, un grupo de barbudos da comienzo a operaciones de guerra contra Fulgencio Batista. Se trata del movimiento 26 de julio, de ideología confusa, aunque hablaba de acabar con la tiranía batistiana, y lograba con ello la adhesión de grandes sectores de la clase media cubana.

Mientras todo esto ocurría el imperio USA, recuperaba su lugar hegemónico que estaba siendo cuestionado tanto por el gobierno peronista, como por los trabajadores mineros bolivianos que habían adherido en masa al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Pero vayamos a lo que significó la represión en Argentina y en otros países de latinoamérica.

La represión policial no es otra cosa que una parte de la lucha de clases; y por lo tanto hay que verla dentro de ese contexto. Las clases acomodadas se ven en peligro, y recurren a la represión como medio de conservar sus privilegios y el manejo del estado poniéndolo a su servicio.

Todo estado necesita un aparato ideológico, que consiste en el manejo de la prensa escrita y televisada, de la educación, de las diversas iglesias y religiones, de las redes sociales; y cuando todo esto no es suficiente, recurre a su otro brazo; que es el aparato represivo, que está constituido por la policía, el ejército, y sobre todo a los servicios de información y de tortura y exterminio de aquellos elementos díscolos que puedan encabezar movimientos de oposición.

Pero ningún país está aislado, y funciona dentro de unos bloques con intereses comunes, y uno de esos bloques es la clase dirigente burguesa que tiene conexiones con sus metrópolis que están listas para auxiliar a sus hermanos de clase.

Es así, que surge la famosa y temible «Escuela de las Américas», con sede en la llamada «zona del canal de Panamá», donde expertos de la CIA, de la DEA y de la Agencia de Seguridad de los USA, enseñan a militares y policías de sudamérica a «interrogar intensamente» y a torturar, matar y desaparecer a personas incómodas.

Argentina no fué ni es una excepción, y personajes como el General Galtieri, el General Videla, el coronel Mohamed Alí Seineldín (es argentino) y el coronel Aldo Rico, estos dos últimos líderes de los «carapintadas», que se sublevaron contra Raúl Alfonsín formaron parte importante de los torturadores y asesinos de la última dictadura militar.

Llegados a esta parte de nuestro artículo no debemos soslayar la inestimable ayuda del franquismo, y sobre todo del posfranquismo. La España «democrática» de Adolfo Suárez y de Martín Villa, mandó a militares españoles y a policías a «estudiar» en la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires métodos de tortura ya ensayados en otras latitudes, que fueron investigados por el ex Juez Baltasar Garzón, y donde el estado español «no sabe, no contesta» a sus requerimientos de información.

Pero donde mejor queda reflejada esta verdadera internacional del terror es en la participación de militares franceses en la represión y entrenamiento de cuadros de torturadores y asesinos. Empecemos por el año 1945. En París entra una columna de tanques franceses al mando del General Leclerc, que es ovacionado como «libertador de París». Esos tanques estaban tripulados en buena parte por milicianos españoles que se había unido a la lucha antifascista, y llevaban inscriptas en esos tanques los nombres de batallas donde el fascismo había mordido el polvo como «Guadalajara» o la «Batalla del Ebro». Es el mismo General Leclerc, que se iba a destacar en la represión contra el pueblo vietnamita en la primera guerra de Vietnam y donde crea la «escuela francesa» de «interrogatorio», donde destacan por su bárbara crueldad los generales franceses Massu y Salan; aprendizaje que aplicarán más tarde en la guerra de liberación de Argelia contra los patriotas argelinos. En tierras de Indochina destacan dos personajes que es ineludible señalar, y que son el coronel francés Beaufré que es contratado por la última dictadura militar argentina para que enseñe las técnicas de «interrogatorio» a los policías y militares argentinos y el General marroquí Mohamed Oufquir, que fué uno de los más aventajados «estudiantes» de la escuela francesa. Oufquir es el asesino y desaparecedor del dirigente comunista marroquí Ben Barka, que es desaparecido en París y cuyo cadáver nunca apareció, y que era en la práctica el látigo del criminal rey Hassan II de Marruecos. Oufquir terminaría su vida muerto a tiros por el propio Hassan II, ya que sabía demasiado y se había convertido en alguien incómodo.

Y para que nada falte en esta internacional del terror, decir que el conspicuo fascista Manuel Fraga Iribarne ya reconvertido a la democracia, y reconocido por otro demócrata como Santiago Carrillo tenía una custodia cuyo jefe era el comisario de policía argentino Almirón, que fué uno de los cabecillas de la masacre producida en 1973 en la llegada del exilio español del General Perón, y donde perdieron la vida más de 300 personas.

El responsable de la investigación del caso Diana Quer fue condenado por torturas en 1997

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Kepa Urra, tras salir en 2014 de la cárcel
El coronel Manuel Sánchez Corbí, máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue condenado en 1997 a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por torturas a un detenido en Basauri en 1992. Kepa Urra era acusado de ser miembro de ETA, pero carecían de pruebas solventes y fue tanto en la detención como en el Hospital de Basurto cuando Urra recibió torturas de parte, entre otros, de quien es hoy jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En su declaración en el juicio en 1997, Kepa Urra señaló que estaba dormido cuando la Guardia Civil irumpió
en el piso de Basauri donde fue detenido y que se lo llevaron en camiseta
y calzoncillos. Aseguró que no fue golpeado hasta que se metió en el
coche que se le debía trasladar a La Salve.

Los golpes e insultos arreciaron al llegar a un descampado, donde le
desnudaron y esposaron fuertemente para comenzar a arrastrarlo por el
suelo tirándole de las esposas y golpearle continuamente por todo el
cuerpo. En ese lugar se le aplicó la bolsa en varias ocasiones e incluso
le introdujeron una pistola en la boca mientras le interrogaban sobre
su identidad. Urra perdió en varias ocasiones el conocimiento y fue
vestido con un buzo de trabajo antes de ser trasladado a La Salve, donde
le metieron en una habitación en la que le esperaban unos quince
guardia civiles encapuchados, que continuaron golpeándole.
Ante el estado que presentaba el forense recomendó su ingreso en el
hospital, donde dos tenientes volvieron a “visitarle”. Kepa Urra, que se
encontraba entubado y con sonda, relató que llegaron dos personas que
se hicieron pasar por un juez y un abogado y que le interrogaron sobre
la identidad y familia hasta que “me preguntaron si era de ETA, me
mosqueé y me callé
”. 
Su reacción fue gritar pidiendo ayuda, mientras los
guardias civiles le tapaban la boca y le pellizcaban los hombros y el
cuello. Una enfermera logró ahuyentar a los policias.Urra volvió a tener
más “visitas” , que poniendole una pistola en la frente, le amenazaban
con tirarle por un barranco en su traslado a Madrid.
En 1998, el Tribunal Supremo rebajó el castigo a un año de cárcel y seis años de inhabilitación. En 1999, el Consejo de Ministros -primer Gobierno de José María Aznar-, con Margarita Mariscal de Gante como titular de Justicia, decidió el indulto. Y hoy el Gobierno de Mariano Rajoy lo ha elevado a jefe de una unidad estratégica para las investigaciones más mediáticas. Si bien ninguno de los condenados en aquella ocasión pisó la cárcel, sí lo hizo Kepa Urra, que salió en 2014 tras 22 años a pesar de que su testimonio había sido obtenido bajo tortura.
Otro de los condenados por aquellos hechos y posteriormente indultados también es el hoy «coordinador» de los Mossos D’Esquadra Diego Pérez de los Cobos, quien tras la intervención de la Generalitat tras la aplicación del art. 155 de la Constitución es el jefe de la Policía Autonómica. De los Cobos fue condenado a otros cuatro años de cárcel por las torturas a Urra y recientemente se desveló su respaldo al Golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981. También desempeñó como asesor personal del ex Ministro del Interior con el PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tres meses de venganzas judiciales contra Catalunya

Catalunya aparta de mí este cáliz (6)
El mapa judicial que dejó el procés se resume en 32 juzgados investigando denuncias, casi 50 procedimientos abiertos desde el pasado 22 de septiembre -37 contra independentistas-, 20 políticos imputados -entre miembros del Parlament y del Govern-, además del mayor de los Mossos d’Esquadra, su teniente y los máximos responsables de las dos asociaciones independentistas catalanas. Cuatro personas en prisión incondicional preventiva, ocho profesores investigados por delitos de incitación al odio y alcaldes imputados por desobediencia.

He aquí las cifras judiciales que arrojó el movimiento soberanista de Cataluña. Después de casi tres meses desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, la Justicia mantiene abiertas 46 causas por el 1-O, atendiendo a los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además de esas 37, dirigidas contra políticos independentistas y miembros de la Policía autonómica catalana, existen otras nueve contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A esto se suman las investigaciones abiertas por el propio Ministerio Fiscal. Son al menos dos. Una contra profesores que, presuntamente, incitaron al odio en colegios, y otra contra empresarios hoteleros de Calella y Pineda de Mar por las expulsiones de policías y guardias civiles que se alojaban en sus establecimientos.

Sin duda, un escenario judicial sin parangón. Sólo el caos aéreo vivido en España en 2010 por el conflicto entre el Gobierno y los controladores derivó en poco menos de 25 causas abiertas en distintos juzgados españoles. El procés está siendo investigado en laAudiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. En 17 juzgados de la provincia de Barcelona. En seis de Tarragona. En tres de Lérida. Y en cuatro de  Gerona.

Hay 13 ex consejeros catalanes y un ex presidente autonómico imputados por la celebración del 1-O. Dicho de otra manera, el anterior Govern en pleno, liderado por Carles Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya a presidir de nuevo la Generalitat. Dos ex consejeros siguen en  prisión incondicional preventiva en la cárcel de Estremera (Madrid). Se trata del ex vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) y el que fuera consejero de Interior, Joaquim Forn. Conviene informar de que el ex presidente y cuatro ex consejeros huyeron a Bruselas.

Hay seis miembros de la anterior Mesa del Parlament -con su presidenta a la cabeza, Carme Forcadell– investigados por la organización del referéndum ilegal. Y hay dos líderes independentistas en prisión incondicional por los disturbios ocurridos en Barcelona el pasado 20 de septiembre en el marco de la operativo judicial por la Guardia Civil contra la organización del 1-O. Se trata de Jordi Sànchez -ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a ocupar un escaño en el Parlament por Junts per Catalunya- y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Los conocidos como los Jordis están recluidos en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarenainvestiga a los miembros del anterior Govern y de la Mesa del Parlament por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos -la cifra investigada asciende a 6,2 millones de euros-. En el caso de Sànchez y Cuixart, Llarena les investiga por sedición tras la denuncia que presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 22 de septiembre. El juez citó a Junqueras el próximo 4 de enero para resolver el recurso contra el auto que le mantiene en prisión. Forn y los Jordisacudirán por el mismo motivo el 11 de enero.

A esto se suma la investigación abierta contra ex altos cargos de la Generalitat en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por la organización del 1-O. El juez les imputa delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Un total de 14 personas fueron detenidaspor la Guardia Civil.

En el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus (Tarragona) hay abiertas otras diligencias contra dos concejales de la CUP en esta localidad – Marta Llorens y Oriol Ciurana– por delitos de odio contra la Policía Nacional. Ambos fueron detenidos el pasado 27 de diciembre por no comparecer ante el juez, pero puestos en libertad al día siguiente.

Hay ocho profesores de tres colegios de La Seu d’Urgell (Lérida)imputados por presuntos delitos de incitación al odio. Aunque permanecen en liberad y el juez no tomó medidas cautelares contra ellos, el Juzgado de Instrucción número 1 de esta localidad mantiene abierta la investigación por los comentarios que, presuntamente, realizaron contra las cargas policiales que se produjeron el 1 de octubre.

En esta misma línea, la Fiscalía de Barcelona abrió diligencias el pasado 26 de diciembre contra parte del profesorado de un instituto de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) -IES El Palau- por los comentarios que, presuntamente, hicieron algunos maestros a alumnos hijos de guardias civiles a raíz de las cargas policiales el 1 de octubre. El número de personas investigadas asciende a 12, según fuentes jurídicas.

Hay 14 causas abiertas contra la Policía autonómica catalana por desobediencia a la autoridad judicial e inactividad en el 1-O. Una de ellas está en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a su teniente Teresa Laplana por un delito de sedición. Ambos están en libertad, pero se les retiró el pasaporte y se les prohibió salir de España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere ampliar la investigación al jefe político de los Mossos, Pere Soler.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa investiga a tres alcaldes por delitos de desobediencia al apoyar el 1-O. Ya la Fiscalíacitó como investigados a los alcaldes de Berga (Barcelona) y Capellades (Barcelona), Montse Venturós y Aleix Auber, ambos de la CUP. Y el juzgado 3 de Figueres investiga a la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan, por la misma causa.

A los juzgados catalanes llegaron denuncias contra la Generalitat por permitir la votación del 1-O y usar datos personales de los ciudadanos para celebrar un referéndum ilegal. Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell (Lérida) mantiene abierta la investigación de una querella presentada por la Fiscalía contra el Gobierno catalán por pemitir la votación, al menos, en siete emplazamientos de esta zona.

Este juzgado abrió diligencias por desobediencia a las medidas judiciales que ordenaban impedir la utilización de locales o edificios públicos para la preparación de la celebración del referéndum, además de requisar todo el material relacionado con el 1-O que se hallara en los edificios públicos, incluyendo los ordenadores. A este procedimiento se suman las instrucciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de El Vendrell (Tarragona), donde se investigan dos denuncias contra la Generalitat por permitir el referéndum ilegal, además de otras ocho causas incoadas en siete juzgados catalanes por revelación de secreto y uso de datos personales. En concreto, y atendiendo a los datos que maneja el CGPJ, estas diligencias están abiertas en juzgados de Granollers, Mataró, Terrassa, Berga, Martorell, Reus y Figueres.

http://elretratodehoy.com.ar/2018/01/02/la-justicia-ha-abierto-ya-37-causas-contra-el-proces-independentistas/

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