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Día: 18 de noviembre de 2017 (página 1 de 1)

Las mujeres republicanas fueron específicamente humilladas por el franquismo durante la posguerra

Mujeres antifascistas rapadas
El 16 de marzo la organización Women’s Link Worldwide interpuso una querella para solicitar la investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo contra las mujeres republicanas, como paso fundamental para exigir el fin de la impunidad de los asesinatos perpetrados durante la posguerra.

La acción se enmarca dentro de la querella iniciada en 2010 en Buenos Aires contra el franquismo, y que actualmente engloba más de 300 querellas. La organización pidió a la jueza María Servine que se amplíe la causa para incorporar los crímenes hacia las mujeres durante la Guerra Civil y a lo largo de los años de dictadura.

Women’s Link aplica una perspectiva que toma en cuenta que la violencia que se utilizó contra mujeres y hombres fue diferente, tuvo un impacto diferente, y un significado diferente.

La violencia ejecutada por el bando fascista contra las mujeres no sólo fue de una brutalidad diferente, sino que además tenía un objetivo claro, que era castigar a aquellas mujeres que el régimen consideraba que habían roto con su posición social y cuyo objetivo principal buscaba enviar un mensaje de presión a la sociedad completa de cuál debía ser el modelo de conducta femenino, y al mismo tiempo utilizó a las mujeres para castigar a los hombres del bando republicano, lo que es un tipo de violencia específica que tiene que ser analizada y castigada de forma específica.

La querella presentada por Women’s Link Worldwide relata las experiencias de seis mujeres que sufrieron abusos por el hecho de serlo durante el franquismo. Cinco de los testimonios los han obtenido gracias a sus familiares, mientras que el restante proviene directamente de una superviviente. Cuatro de las seis mujeres, denuncia la organización, continúan desaparecidas en la actualidad.

Margalida Jaume Vendrel era una relojera asentada en la localidad de Manacor (Mallorca). En 1936 su marido fue retenido sin motivo aparente durante una semana en la comisaría local, periodo tras el cual Margalida, embarazada de siete meses, fue llamada también. Ambos sufrieron todo tipo de humillaciones y torturas, y finalmente fueron ejecutados. Años después, un vecino del pueblo admitió haber sido testigo de las violaciones que la mujer sufrió durante su retención por parte de al menos uno de los falangistas.

Daria y Mercedes Buzadé Adroher eran dos hermanas que partieron a Mallorca en 1936, desde Barcelona, como personal sanitario en una expedición republicana. Semanas después de iniciar el viaje, las enfermeras fueron detenidas por tropas franquistas e interrogadas por las autoridades, que ordenaron, además, que todas ellas fuesen examinadas para comprobar su virginidad. Tras ello, fueron brutal y repetidamente violadas por un grupo de falangistas. Se cree que al día siguiente fueron asesinadas en el cementerio de Son Coletes, pero sus restos se encuentran en una fosa común de ese cementerio que a día de hoy no ha sido exhumado.

Pilar Sánchez Lladrés militaba en el Partido Socialista y habitaba en el barrio obrero de La Soledat, en Mallorca. En 1936, tropas franquistas detienen a su marido y a sus cuatro hijos, pero no a Pilar, que había conseguido esconderse. Días después, y debido a la incertidumbre sobre el estado de su familia, Pilar sale de su escondite y enseguida es denunciada y detenida por miembros de la Falange. Los cuatro hombres que la detuvieron fueron autores de las palizas y violaciones que sufrió Pilar, según el relato de un vecino que fue testigo de los hechos. Los mismos hombres que abusaron de ella repetidas veces la asesinaron en septiembre de 1936 y abandonaron su cuerpo, que se encuentra en una fosa común del cementerio de Sencelles.

Matilde Lanza Vaz militó en el Partido Comunista y fue parte activa del mismo desde la proclamación de la Segunda República. En 1939 fue detenida y juzgada en un consejo de guerra. Tras seis meses en los calabozos de la Puerta del Sol, fue trasladada a la prisión de Las Ventas, y posteriormente a la prisión de mujeres Can Sales, en Palma de Mallorca. Viendo que la mujer se había convertido en un referente para el resto de reclusas, las autoridades iniciaron una labor de adoctrinamiento para convertirla al catolicismo, como maniobra propagandística del régimen y como golpe de efecto para minar la moral del resto de mujeres presas.

En 1941 la aíslan y obligan a bautizarse. Antes de la celebración del bautizo, la joven acude a la enfermería, en el piso más alto de la prisión, y desde allí se arroja al patio. Tras 45 minutos de agonía, y todavía inconsciente, las autoridades carcelarias la bautizan. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio municipal de la localidad.

Lidia Falcón O’Neil fue detenida siete veces entre los años 1960 y 1974 en base a los delitos de opinión y asociación ilícita, y procesada en varias ocasiones por la publicación de artículos de opinión. Fue encarcelada en repetidas ocasiones en las prisiones de Barcelona y Madrid. Falcón sufrió torturas, claramente dirigidas a su condición de mujer joven, que consistieron en golpes en el estómago y en el hígado bajo el grito de “ahora ya no parirás más, puta bruja”.

El perito de la querella, Bartomeu Garí, destacó que “a las mujeres se les aplicó otra modalidad represiva mucho más brutal”. Este tipo de violencia no suele ser objeto de denuncia, por pudor o por vergüenza, de modo que romper esto es sumamente importante.

Aunque la represión franquista recayó sobre las espaldas de hombres y mujeres, la motivación, las causas y los efectos son necesariamente distintos. La organización relata que los crímenes contra las mujeres antifascistas incluyeron aspectos como la violencia sexual, habitualmente ejercida por los carceleros o por falangistas que entraban en las cárceles a visitar a las mujeres de manera recurrente. Las mujeres eran detenidas y violadas, no sólo por su lucha política, sino también por el delito consorte, es decir, por ser familiar de hombres antifascistas.

El franquismo siempre se caracterizó por negar la existencia de presas políticas, que fueron tratadas como delincuentes comunes. Las torturas a las que fueron sometidas las mujeres se ejercían con el mismo odio y fuerza que hacia los hombres, pero había un componente de género específico hacia ellas, tanto en los insultos como en el uso particular y sexuado de la violencia, las descargas genitales y golpes en el bajo vientre.

Fue común, asimismo, el robo de bebés, que ronda los 30.960 niños y niñas. Los hijos de las mujeres que eran asesinadas fueron entregados a familias de militares franquistas para eliminar la semilla marxista y darles una educación afín al régimen. Hasta los años 80, muchas mujeres sufrieron el robo de sus hijos en los hospitales bajo la excusa de enfermedad grave y posterior muerte del bebé.

Finalmente, las mujeres fueron sometidas a humillaciones relacionadas con cortes de pelo al cero y purgas con aceite de ricino. Las mujeres que no podían controlar sus esfínteres eran obligadas a pasear por las calles de su pueblo o ciudad, bajo las burlas y agresiones de sus vecinos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/16/las_mujeres_victimas_del_franquismo_piden_justicia_argentina_46475_1012.html

Ledezma: España sigue siendo el refugio de los peores criminales venezolanos

En 2015 Maduro denunció un plan para matarlo que involucraba, entre otras personalidades de la oposición, a Antonio Ledezma. Por ello, fue imputado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, y en ese mismo año se le impuso un arresto domiciliario por razones humanitarias.

El plan de magnicidio, llamado Operación Jericó, consistía en un bombardeo al Palacio de Miraflores y la sede de TeleSUR en Caracas, desde un avión Tucano. El dirigente de Alianza Bravo Pueblo estuvo implicado en el crimen, como confirmaron las pruebas presentadas ante los tribunales.

Desde entonces “El Vámpiro” Ledezma estuvo privado de libertad hasta que ayer escapó de su arresto domiciliario y cruzó la frontera hacia Colombia, desde donde se trasladó a España, donde vive su mujer, Mitzy Capriles.

De Pedro Carmona, pasando por Carlos Vecchio, Luisa Ortega Díaz y los “protegidos” de la CIA, el FBI y la DEA, a Antonio Ledezma, todos tienen el signo del golpe. Muchos de ellos se refugian en Colombia y otros en España.

La fuga de Antonio Ledezma se da en un contexto en el que la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) se encuentra dividida internamente, se anuncia el regreso de las mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición y, además, el chavismo tensa el músculo electoral con la alta participación a las elecciones constituyentes y la victoria del 15 de octubre pasado, por los comicios regionales.

Ledezma forma parte de una parte de la reacción venezolana que no reconoce los procederes actuales de la MUD, puesto que se ubica del lado de las María Corina Machado y los Freddy Guevara de la oposición. El contraste entre los confrontacionistas (los Machado-Guevara) y los electoralistas (los Ramos Allup de la partida) es bastante pronunciado, y en ese juego político ya no cabe una figura como Ledezma, quien ni siquiera pudo terminar de ejercer el último cargo público por el que fue electo, debido a los mencionados planes de magnicidio contra el Presidente de la República y sus posteriores consecuencias.

En tiempos donde se impone la vía política para resolver los conflictos entre antagonistas en Venezuela, gracias a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Ledezma sólo estorbaría por ser uno de los dirigentes de la oposición que ha favorecido los escenarios violentos, como fue su apoyo al plan “La Salida” de 2014 que dejó más de 40 muertos y miles de heridos.

De hecho, este año se fundó un nuevo movimiento opositor antagonista de la MUD, Soy Venezuela, financiado por el Departamento de Estado y del cual Ledezma, junto a la Machado, es una de sus caras más visibles.

En agosto de este año, Ledezma fue trasladado durante tres días a la cárcel militar de Ramo Verde por un plan de fuga que fue denunciado en su momento por el Gobierno Bolivariano.

Ledezma es la versión más acabada del político de la Cuarta República de fin de siglo. No es el más devaluado y repulsivo de la Quinta, un cargo que ocupa Ismael García. Pero “El Vámpiro” Ledezma es el prototipo de la Cuarta República por excelencia.

Es uno de los políticos venezolanos que más cargos públicos ha ocupado en Caracas. Su perfil dan las claves en torno a una figura que encarna una de las personalidades más detestadas por las clases populares caraqueñas.

Entre 1992 y 1993 fue gobernador de Caracas por mandato presidencial, antes de que se implementaran las elecciones regionales y municipales. El periodo 1996-2000 fue alcalde electo por voto popular de la capital. Durante esa etapa aparecieron grupos de exterminio a lo interno de la Policía Metropolitana de Caracas, llamados “Los Pantaneros” y otro de nombre “Grupo Fénix”. Se hicieron famosos en los noventa por haber protagonizado escándalos de matanzas en barrios de la capital, en el marco de una política represora de corte clasista, es decir, contra estudiantes, desempleados, buhoneros, ancianas y ancianos, niños de la calle, homosexuales, incluso colombianos, todos pobres.

Sus conexiones lucrativas con la Cámara Inmobiliaria dieron pie, precisamente, a la especulación inmobiliaria y parcelaria de Caracas, cuyas consecuencias aún se perciben y reproducen en ese viacrucis en torno a la vivienda en la capital.

Sus inicios políticos con Acción Democrática lo ligan más a la línea de Carlos Andrés Pérez, que se funde con los altos ejecutivos de Nueva York.

Por los cargos con que fue detenido, más su participación activa durante el plan fallido “La Salida” en 2014, es notorio que una fuga, para Ledezma, representa otro fracaso político, así como de la vía violenta al golpe contra el chavismo.

Ledezma se suma a la lista de dirigentes opositores que se rasgaron las vestiduras en el pasado para decir públicamente que lucharían hasta el final contra “el régimen” y terminaron por vivir cómodamente en el exterior (Colombia, Estados Unidos, España).

Al menos 413 barrenderos madrileños fueron represaliados por el franquismo

Desfile de barrenderos en 1932 en Madrid
“Eran gente corriente como tú o como yo, simples trabajadores que cada día cogían los cepillos para limpiar las calles de Madrid. Su único delito fue tener conciencia política, estar sindicados y haberse puesto del lado de la legalidad republicana frente al golpe de Estado franquista”. Así resume Óscar Rodríguez la triste historia de los barrenderos municipales madrileños represaliados por Franco.

La fuente inicial de la investigación fue el periódico El Obrero Municipal, órgano de comunicación de la agrupación de trabajadores municipales de la UGT que aglutinaba, básicamente, al personal de limpieza pública y jardines.

“Se publicó desde 1921 hasta enero del 39 –apunta Óscar Rodríguez–. De ahí sacamos cientos de nombres de barrenderos que luego cruzamos con los sumarios franquistas que se guardan en el Archivo Histórico de la Defensa”. El resultado fue estremecedor. Al menos 413 barrenderos madrileños fueron depurados por el franquismo. De ellos 11 fueron fusilados, 45 pasaron largas temporadas en prisiones, campos de concentración o realizando trabajos forzados, 11 acabaron en paradero desconocido; el resto fueron despedidos y/o sufrieron otro tipo de represalias laborales y administrativas.

Detrás de cada barrendero los investigadores han descubierto una historia desoladora. “Vas profundizando, te metes en la piel de la víctima… te conmueves y también te acojonas –confiesa Óscar–. Quizás el caso que más me impactó fue el de Victoriano Sánchez Medina. Este hombre tenía que ser muy querido porque sus vecinos se atrevieron a firmar una carta en la que defendían su inocencia. Más si se tiene en cuenta el momento en que lo hicieron.

Era mayo de 1940, en un Madrid sumido en el terror impuesto por los fascistas. Y aún así firmaron. En esa carta manuscrita puede leerse: ‘Los abajo firmantes vecinos de la barriada de Bilbao, término de Vicálvaro, certifican y juran por su fe católica… que es persona de muy buenos antecedentes… y que ni antes ni después del movimiento molestó a nadie personalmente ni políticamente’. 12 rúbricas rematan la misiva que, sin embargo, no sirvió para nada. Cinco meses después de ser entregada a las autoridades militares, Victoriano fue fusilado”.

Leyendo los sumarios y las sentencias de muerte de Victoriano y de los otros diez barrenderos fusilados se entiende perfectamente cómo funcionó la “justicia” franquista. Los testimonios directos exculpatorios eran directamente ignorados. A los acusados ni siquiera se les solía permitir hablar en los consejos de guerra para defenderse de unos cargos basados en suposiciones, difusas pruebas sin contrastar y un profundo odio político hacia quienes habían defendido el régimen democrático republicano.

Con matices, las 11 sentencias de muerte fueron parecidas a la que se dictó contra Francisco Arellano. En ella se puede leer que será ejecutado por “un delito de adhesión a la rebelión con las circunstancias agravantes de perversidad y trascendencia de los hechos”.

Las conclusiones de esta investigación le fueron presentadas, en primer lugar, a los descendientes de las víctimas. “A todos le hemos entregado la información sobre sus seres queridos –señala Óscar Rodríguez–. La familia del barrendero Joaquín Féniz, por ejemplo, sí sabía que había sido fusilado. Sin embargo, nos hemos encontrado con otros casos que pensaban que su abuelo o su tío había muerto en el frente de batalla. Hasta ese punto ha llegado el olvido al que fueron condenados estos hombres”.

En algunos casos, estos familiares también han aportado documentos e incluso objetos que conservaban de las víctimas. Kati, la nieta de Gregorio Panadero guardaba un cinturón que el barrendero confeccionó, con cartón y papel, en la cárcel para regalárselos a su hija Julia. Panadero también hizo sencillos dibujos con emotivas dedicatorias mientras aguardaba, inútilmente, la conmutación de la pena de muerte: “De su papá, para mi niño de 7 años”, escribió en uno de ellos.

Esta parte final de su trabajo es la que más marcó a Rafael Sánchez Toribio: “Ver a los familiares de mis compañeros asesinados fue también muy duro porque comprobé lo mal que lo pasaron las viudas y los huérfanos”. Rafael recuerda especialmente el caso de Clara y Aurora, esposa e hija de Joaquín Féniz: “Las dos fueron muy luchadoras. Clara fue encarcelada en la prisión de mujeres de Ventas y por negarse a gritar ¡Arriba España! la castigaron enviándola al penal de Deusto. Su hija Aurora, cuando fue mayor, saltaba por la noche la tapia del cementerio civil. Como no sabía dónde estaba enterrado su padre, depositaba unas flores en las tumbas de Pablo Iglesias y del teniente Castillo”.

Y tras las familias, toda esta información será puesta a disposición de los españoles en general y de los madrileños en particular. Será el próximo domingo, 19 de noviembre, a las 18:00 horas en el auditorio centro del Palacio de Cibeles. Allí se realizará un homenaje a este colectivo de olvidados entre los olvidados. Un homenaje que contará con un lema muy elocuente: “Barriendo el olvido”.

http://www.eldiario.es/sociedad/Barrenderos-represaliados_0_708679623.html

El Pentágono reitera que no sacará a sus tropas de Siria para presionar en la mesa de negociaciones

A pesar de la derrota del Califato Islámico, el secretario de Defensa James Mattis dijo a los periodistas esta semana que las fuerzas estadounidenses permanecerán en Siria y siguió inventando excusas.

La primera es que ahora tienen que evitar la aparición “del Califato Islámico 2.0”. Además, los capitostes del Pentágono dicen que sus tropas se encuentran allá legalmente “porque el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos apoyó la misión anti-Califato Islámico”.

Hay cientos de tropas estadounidenses en Siria y el gobierno de Damasco está exigiendo que Estados Unidos se largue del país.

El canciller ruso, Sergei Lavrov, dice que la presencia de Estados Unidos, es “ilegítima”. “Hay muchas preguntas sobre los objetivos de Estados Unidos en Siria”, dijo Lavrov, según la agencia de noticias Tass. “El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, me ha dicho muchas veces que su único objetivo es vencer al Califato Islámico”.

La próxima reunión de las conversaciones de paz de Ginebra es el 28 de noviembre. Estados Unidos está presionando para que las Fuerzas Democráticas Sirias y los kurdos sirios sean incluidos en la mesa de negociaciones.

Es poco probable que el gobierno sirio esté de acuerdo, y como se ha convertido en la fuerza política y militar dominante, no necesita pactar con nadie. Cuestión diferente es que los rusos presionen en favor de que los kurdos estén presenten y Bashar Al-Assad haga algunas concesiones.

El Pentágono asegura que las tropas sirias continúan avanzando hacia el este, hacia el territorio controlado por los rebeldes e intenta que Rusia establezca allá una zona desmilitarizada, pero no está claro ni que los rusos estén de acuerdo ni que sus gestiones tengan éxito.

Detrás está Israel, muy preocupado por la presencia de las fuerzas iraníes y Hezbollah en Siria, no lejos de la frontera. El gobierno de Tel Aviv ha tratado de que Rusia presione a iraníes y libaneses para que abandonen Siria pero, hasta la fecha Rusia ha rechazado las objeciones de unos (Estados Unidos) y otros (Israel) a la presencia iraní y libanesa.

La segunda excusa es más vieja: el Pentágono quiere ayudar a la reconstrucción -civil- de Siria… después de haberla destruido. Han dejado Raqqa, la capital de facto del Califato Islámico, literalmente en ruinas y la soldadesca gringa asegura que, mientras ellos tienen dinero para “ayudar”, Rusia carece de la voluntad y los recursos para hacerlo.

Estados Unidos es un país generoso. Aseguran que ya están gastando dinero en Raqqa en lo que llaman “estabilización” y probablemente ayudarán también en otros lugares, aunque esperan que Arabia saudí y otros estados árabes financien la mayor parte de la reconstrucción, a cambio de un precio: una solución política a la guerra.

Es una auténtica fábula: en el Pentágono afirman que han reconvertido a sus tropas en “trabajadores de ayuda civil” que se encuentran en Raqqa, ayudando a restaurar servicios básicos, como alimentos, agua y electricidad.

El gobierno de Siria les debe agradecimiento…

México envía al ejército para aplastar una huelga minera

Los mineros que han estado en huelga durante los últimos 11 días en la mina Media Luna en el estado mexicano de Guerrero intensificarán las acciones y cerrarán dos secciones más de la mina si sus demandas siguen siendo ignoradas.

Tras las conversaciones con los trabajadores, que permanecen en la entrada de la mina cerca de la ciudad de Real de Limón, el representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Minera, Indalecio Pérez Morones, dijo que la llegada de 100 soldados del ejército a la mina espoleó la ira de los mineros.

Media Luna es propiedad de la empresa canadiense Torex Gold Resources y se encuentra en Morelos Gold Property. Los trabajadores se declararon en huelga para exigir mejores salarios y el derecho de unirse al Sindicato Nacional de Trabajadores de Minas, Metal, Acero y Afines de la República Mexicana, conocido como Los Mineros.

La filial de Torex Gold en el país firmó un acuerdo con un sindicato diferente sin el conocimiento de los trabajadores afectados. Además de eso, los mineros entienden que la llegada de las tropas el lunes es un intento de tomar medidas enérgicas contra sus derechos laborales fundamentales.

“No vamos a permitir que nos echen porque es una huelga laboral, no un bloqueo, y no estamos violando los derechos de las autoridades locales o de las autoridades locales de entrar y salir de la mina”, dijo Pérez Morones en un comunicado. También hizo hincapié en que la protesta se lleva a cabo fuera de la propiedad de la compañía para evitar ser acusados de vandalismo.

A medida que se desarrolla esta situación, la filial canadiense de United Steelworkers pide al primer ministro Justin Trudeau que intervenga.

La situación “exige la intervención del gobierno canadiense para defender los derechos democráticos de los trabajadores y las comunidades afectadas por las operaciones de una empresa minera canadiense”, dijo en un comunicado Ken Neumann, director nacional del sindicato para Canadá.

Neumann citó las afirmaciones del gobierno de Trudeau de que quiere “normas laborales progresivas” en un nuevo TLCAN (Tratado de Libre Comercio) para mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. “A medida que las renegociaciones del TLCAN se trasladan a México esta semana, este es un momento oportuno para que el gobierno canadiense respalde sus palabras con una acción significativa”, dijo.

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