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Día: 5 de agosto de 2017 (página 1 de 1)

Rebajan la pena a 4 mercenarios de Blackwater que asesinaron a 14 civiles en Irak

Ayer un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos anuló la condena por asesinato de un mercenario de la empresa contratista de pistoleros Blackwater, así como las penas de prisión de tres de sus compinches, por un tiroteo en 2007 en Bagdad que causó la muerte de al menos 14 civiles irakíes.

Los cuatro mercenarios, que circulaban en vehículos blindados, abrieron fuego con metralletas y lanzaron granadas en un cruce muy frecuentado de la capital irakí, provocando 31 víctimas civiles, entre muertos y heridos, incluidos mujeres y niños.

Los pistoleros dijeron haber sido blanco de disparos de insurgentes, afirmación que contradijeron los testigos y los fiscales.

El incidente suscitó un escándalo internacional y Blackwater se convirtió en el símbolo de las controvertidas empresas contratadas por el gobierno estadounidense para privatizar la guerra, acusadas de operar con plena impunidad.

Tres de los mercenarios, Dustin Heard, Evan Liberty y Paul Slough, fueron condenados en 2014 por homicidio voluntario por la utilización de una ametralladora, una circunstancia agravante que les valió 30 años de prisión.

El cuarto criminal a sueldo, Nicholas Slatten, acusado de ser el primero en disparar, fue reconocido culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua.

El tribunal penal de Washington ha estimado sin embargo que estas penas eran inválidas, al estimar que el uso de la ametralladora no podía ser considerado como circunstancia agravante porque este arma formaba parte del equipo básico de los asesinos.

Los jueces anularon por tanto las sentencias de Heard, Liberty y Slough, y reenviaron el caso para que se fijen nuevas penas.

Con respecto a Nicholas Slatten, el tribunal penal consideró que tendría que haber sido juzgado en un proceso distinto al de sus compañeros, de forma que su condena fue anulada y tendrá que ser juzgado de nuevo.

El CNI se apodera del control de todas las comunicaciones

El Centro Nacional de Inteligencia ha concluido esta semana la implantación de uno de sus más ambiciosos planes para controlar, recopilar y, sobre todo, blindar a filtraciones u operaciones de ciberespionaje los datos claves de la seguridad nacional.
Detrás de un nombre de mujer, “Ines”(Informe Nacional del Estado de Seguridad), se esconde un rediseñado sistema tecnológico con el que Moncloa y Vicepresidencia del Gobierno (de la que dependen directamente los servicios secretos) pretenden recibir sin intermediarios las informaciones más sensibles de los sectores estratégicos españoles, con las que luego se diseñan las estrategias nacionales de seguridad, sobre todo en lo referido a las posibles cibervulnerabilidades.

El pasado jueves, el Centro Criptológico Nacional, la vanguardia del Centro Nacional de Inteligencia y del Estado en la ciberprotección del país, remitió a todos los responsables de seguridad de las administraciones públicas las nuevas instrucciones en las que ordena centralizar todos los informes de vulnerabilidades e incidencias en los sistemas de protección en “Ines”.

“Ines” es la herramienta que han terminado de actualizar en julio los especialistas del Centro Nacional de Inteligencia para “la recogida de información y análisis de indicadores” a fin de conocer si los diferentes departamentos del Estado están implantando las medidas recogidas en el denominado Esquema Nacional de Seguridad.

Aunque desde el 2014 el Centro Criptológico Nacional venía recopilando la información anualmente, ahora, según explican especialistas gubernamentales, la nueva “Ines” se ha convertido en un verdadero monstruo informático con muchas más posibilidades. El espionaje español va a tener casi en tiempo real la información de los principales problemas de seguridad del país y, además, de una forma estructurada. Las órdenes del Centro Nacional de Inteligencia a las administraciones son taxativas: todas las administraciones tienen que volcar todas sus informaciones en los exhaustivos cuestionarios de “Ines” entre el próximo 1 de septiembre y el 31 de enero del 2018.

A partir de ahora “Ines”, en teoría, va a tener, incluso, capacidad de análisis. La propia herramienta será capaz de generar informes automáticos y personalizados y dirigidos a la administración concernida. Esos mismos datos llegarán al Centro Criptológico Nacional, que los usará para sus asesoramientos a la Vicepresidencia del Gobierno en casos en urgentes y para elaborar informe anual del estado de seguridad del sector público español, al margen de otros estudios sectoriales (Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, universidades).

El Centro Nacional de Inteligencia y la Vicepresidencia del Gobierno esperan que “Ines” se convierta también en una de las fuentes principales de datos para el Departamento de Seguridad Nacional, el órgano creado por Mariano Rajoy en 2012 y que asesora al presidente en las cuestiones de estrategia de seguridad del país.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/08/05/cni-control-datos-clave-seguridad-nacional/0003_201708G5P20991.htm

Colombia: las matanzas en medio del proceso de ‘paz’

Luis Jairo Ramírez

Hay una realidad en Colombia que está preocupando a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional: existe un nuevo genocidio en curso en medio del proceso de paz.

Según Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo, desde enero de 2016, han sido asesinados 186 líderes sociales (sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas y líderes de zonas campesinas) lo que equivale a que cada cuatro días es asesinado un líder social en Colombia. De enero a julio del presente año han sido asesinados 52 líderes sociales. Igualmente ha señalado que por cada líder asesinado hay 10 personas amenazadas de muerte. De otro lado, ya son 15 asesinatos de familiares y guerrilleros amnistiados de las FARC. Simultáneamente hay una preocupante oleada de judicializaciones.

A una sola voz, tanto el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, como el Fiscal Néstor Humberto Martínez, se han apresurado a manifestar que estos crímenes no corresponden a una acción sistemática, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, reduciéndolos a hechos aislados o a delitos comunes inconexos entre ellos, en una vergonzosa expresión de encubrimiento a paramilitares y batallones militares que las autoridades civiles conocen pero prefieren mirar para otro lado; pero las denuncias de pobladores rurales también señalan una alianza de ciertos sectores políticos de extrema derecha con representación parlamentaria con los llamados clanes del golfo y otras expresiones para-estatales.

Es evidente que hay una intención clara de destruir el movimiento social, generar un clima de terror en las áreas rurales y producir nuevos eventos de desplazamiento. Lo que preocupa es que estos asesinatos se producen en zonas beneficiarias con circunscripciones especiales electorales y contra líderes que podrían ser los eventuales candidatos a corporaciones públicas, lo cual denota una acción pérfida, calculada desde dentro y fuera del Estado.

Es indignante que el gobierno subestime este extermino y de paso evada su compromiso de avanzar en el desmantelamiento del fenómeno paramilitar y la depuración de elementos criminales de la fuerza pública, tal como es su compromiso con los acuerdos de paz.

En los últimos días se ha conocido que un grupo no identificado está ofreciendo un millón de dólares por el asesinato de cada uno de los nueve miembros del secretariado de las FARC. El sistema judicial permanece impávido ante estas denuncias, ocupado como está en atravesar todo tipo de obstáculos al proceso de paz.

La guerra sucia continúa siendo funcional a los intereses del establecimiento; a pesar de afirmaciones en contrario la doctrina del “enemigo interno” no ha desaparecido, bajo sus manuales se siguen eliminando opositores al régimen. La movilización social debe expresarse en la calle para hacer retroceder semejante perversidad de las elites dominantes.

http://semanariovoz.com/33865-2/

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