La Fiscalía de Granada ha pedido una pena de nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública para el coronel de la Guardia Civil F.G.S., como parte de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
El investigado era comandante de la Guardia Civil y jefe de la Jefatura de Policía Judicial e Información de Granada mientras sucedieron los hechos, en el año 2006, y tenía «mando en todas las operaciones antidrogas a efectuar en la provincia», según hace constar en su escrito de acusación provisional el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el cual también pide penas de cinco años y tres meses de prisión para R.Z. y D.G.M. por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares, y contra la salud pública, aplicándoles la atenuante de confesión.
La petición de pena fiscal, de la que informa este jueves el diario ‘Ideal’, también incorpora el pago de una multa de 6,3 millones de euros para el coronel de la Guardia Civil, mientras que, se interesan multas de 6,1 millones a cada uno de los otros dos acusados.
En enero de 2006, el principal acusado se entrevistó con parte de su equipo, según el relato de los hechos del fiscal, con dos confidentes, y acordó con uno de ellos, en un aparte, la entrada de dos alijos de hachís y otro de droga de escasa calidad en territorio nacional por las playas de Motril, procedente de Marruecos, «a cambio de una cantidad monetaria» fijada en 120.000 euros de la que se le debía hacer entrega tras cada operación de entrada.
De la droga de menos calidad «se permitiría su aprehensión por la Guarida Civil para justificar las dos operaciones impunes». A sus subordinados, el coronel les indicó que, en las dos primeras operaciones, «se permitiría el acceso de la droga» en las playas granadinas como «entregas controladas» que deberían depositarse en una «guardería» controlada de forma exclusiva por él.
La colaboración entre los acusados se extendió supuestamente hasta mayo de 2006 pese a que el alto mando se encontraba «acuciado por las sospechas de los agentes a sus órdenes», según continúa el fiscal en su escrito de acusación provisional.
Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular en este caso, trabajan en estos días en este caso antes de presentar su calificación provisional de los hechos. El portavoz nacional de la AUGC, Juan Fernández, ha asegurado que se plantean pedir penas mayores que las que solicita el fiscal, a la par que ha criticado «la carencia de personal» en unidades como la UCO que ha afectado al desarrollo de estas diligencias en las que se investigó también un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Así, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada dictó a finales del pasado mes de diciembre auto de procedimiento abreviado contra estas personas investigadas por integrar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, poniendo fin a las diligencias previas incoadas el 21 de noviembre de 2014.
Además de sobre el mencionado mando de la Guardia Civil, y R.Z. y D.G.M., las actuaciones judiciales también se habían dirigido contra J D.P. por los supuestos delitos de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
Además, en el auto aparecían como investigados el teniente coronel de la Guardia Civil F.O.C., por un delito de encubrimiento, y A. D.A. por un delito de blanqueo de capitales.
Este fin de semana la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha exhumado los restos de cinco republicanos en una fosa común en Urtasun, que se enmarca en el Programa de exhumaciones de gobierno de Navarra.
