Mes: mayo 2017 (página 4 de 9)

Era uno de los líderes de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) y había tenido un papel protagonista en los motines de julio del 77 y en enero del 78. Su corpulencia nos da una idea de la cantidad y el ensañamiento de las torturas que acabaron con su vida.

A pesar de nuestras diferencias políticas, fundamentalmente en el terreno de la utilidad de la lucha armada, gustábamos de intercambiar nuestras posturas, desde un respeto mutuo y entrañable. Nunca le olvidaré, una víctima más del fascismo de Estado, como Yolanda González y, como con ella, sigue sin hacerse justicia.

Yo entré en Carabanchel a primeros de febrero de 1978. Para poner en situación, a finales de enero habían concluido unos motines que acabaron en un baño de sangre. Durante varios días los internos, tomaron las terrazas de la 7ª y 3ª galería, para pedir la amnistía para todos los presos, ya que ellos eran consecuencia de franquismo, igual que los políticos amnistiados. En ocasiones los amotinados conseguían echar a los policías de la terraza en la que estaban y ocuparla, encontrando mucho alcohol y anfetaminas con lo que se tonificaban las fuerzas los antidisturbios. Los muertos que hubo nunca se sabrán. Cuando se rindieron fueron apaleados por los antidisturbios, razón por la cual la gran mayoría de los sublevados se cortaron la venas y algunos el vientre, con el fin de evitar los palos y ser llevados a los hospitales, a su regreso les esperaba lo que intentaron esquivar, algunos volvieron a quitarse los puntos ante tal situación.

Yo fui destinado a la 7ª galería, donde estaba el núcleo de la COPEL, al que nada más llegar me sumé. Llegué de noche y con mucho frío, lo primero que me impresionó fueron las pintadas con sangre Libertad o muerte, Amnistía para todos, mejor morir luchando que vivir de rodillas.

Me dieron una manta, que la suciedad mantenía más rígida que los capotes almidonados de los toreros, y que utilice para echármela por encima de mi cazadora y pantalones, una naranja y me metieron en una celda, en la que al alba comprobé que la ventana carecía de cristales, la calefacción arrancada, el servicio destrozado y estaba rodeado de escombro y excrementos. Hasta los quince días de estar allí no nos pudimos duchar, tampoco había electricidad. Ese mismo día encontré mejor lugar y compañía.

Después de los motines se había conseguido la autogestión del almacén y la cocina, desde se estaba haciendo el túnel para contactar con otro ya iniciado por militantes de ETA, cuya información habían pasado a la COPEL, que nos llevaría a la libertad. Había mucha tensión y el plan era poco realista, pero cuando no hay salida todo vale. La fuga iba a ser masiva y eso favoreció el descubrimiento.

Agustín Rueda Sierra, nació en Sallent el 14 de noviembre de 1952, hijo de madre tejedora y padre minero, en una barraca de la empresa. A los 14 años entró a trabajar en el sector del motor. A los 19 años entró en las minas de Sallent, en 1972 participa en la huelga y encierro de los mineros, siendo despedido por este motivo. En 1973, siendo militante de la CNT, es detenido en una manifestación por las mejoras en las condiciones de vida de los mineros y recluido en la Modelo de Barcelona. A su salida en febrero del mismo año, vuelve a Sallent pero no encuentra trabajo, por lo que tiene que irse a Francia a la vendimia y de albañil ocasional.

En 1976, acabada la mili, se va a Perpiñán y a Ceret, donde contacta con cenecistas del exilio y hace funciones de correo pasando diverso material por la frontera. En 1977 es detenido pasando explosivos a España y acusado de pertenecer a Grupos Autónomos libertarios, también se le acusa de realizar acciones contra las elecciones sindicales, ingresando en la prisión de Gerona, donde contacta con la COPEL, recién creada en la prisión de Carabanchel y extendida como la pólvora a todas las cárceles del territorio nacional. El 1 de enero de 1978 es trasladado a Carabanchel, sin informar a su abogado.

Al llegar se integra rápidamente en la COPEL y empieza a trabajar en el túnel, que ya estaba iniciado. Este fue descubierto el día 13 de marzo, a media mañana y fueron detenidos y torturados 8 reclusos con la intención de averiguar la trama y los responsables. A Agustín Rueda no consiguieron sacarle nada y durante horas le martirizaron hasta agotarle la vida. El 14 de marzo a las 7,30 certificó su óbito el doctor Gregorio Arroyo como shock traumático.

El resultado de la autopsia indica las lesiones fueron producidas por un grupo de agresores que utilizaron objetos contundentes y alargados, de tipo blando, como puede ser una porra y otros objetos duros de menor tamaño. Se puede afirmar que no es posible, excepto con una especial destreza, causar tantas lesiones externas respetando las estructuras óseas subyacentes. El cadáver fue enterrado en Sallent, sin permiso del Ministerio de Sanidad, ante un gran acompañamiento, al igual que las muchas manifestaciones que se realizaron, especialmente la de Madrid, en repulsa por el asesinato y en petición de justicia.

Tres días después, el juez ordena el procesamiento, por presunto homicidio contra el director Eduardo Cantos Rueda, el subdirector Antonio Rubio, el jefe de servicio Luis Lirón de Robles y 9 funcionarios más. Cuando se cerró el sumario en 1980 estaban todos en libertad condicional desde 1979 siguiendo las órdenes del ministro Landelino Lavilla Alsina.

Los 7 presos torturados se repartieron en distintas prisiones, uno fue apuñalado, 4 salieron libres y los otros dos, Pedro Garcia Peña y Alfredo Casal Ortega, cuyos testimonios fueron decisivos en el juicio, enviados a Herrera de la Mancha, donde fueron torturados para que desistiesen de sus denuncias y como consecuencia de ellas, en el caso de Herrera de la Mancha, fue destituido y condenado el director de la misma.

La sentencia fue recurrida y en 1988 el juez Lerga de la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la paliza y asesinato de Agustin Rueda fue causa de una imprudencia temeraria con resultados de muerte y no un caso de homicidio.

El director Eduardo Cantos Rueda, el subdirector Antonio Rubio y 5 funcionarios más, fueron condenados a 10 años en lugar de los 30 que pedía la acusación. Para los otros 3 acusados las penas fueron de 8, 7 y 6 años y a dos años los médicos Jose Luis Casas y Jose Maria Barrigón, por ocultar el grave estado del torturado y negarle el auxilio necesario. Ninguno de ellos estuvo más de 8 meses en la prisión. Fue el primer juicio por torturas de la historia de España.

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