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Día: 20 de noviembre de 2016 (página 1 de 1)

La Audiencia Nacional arremete también contra el Frente Polisario

El dirigente polisario Brahim Ghali
El jueves la Audiencia Nacional citó a declarar como imputado al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, que no acudió al requerimiento ya que no se encontraba en España.

El juez José de la Mata decidió citarlo al conocer su participación en la Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Barcelona, prevista para el mismo jueves, pero no asistió a la reunión.

La Audiencia Nacional no tiene constancia de que el dirigente palestino se encuentre en territorio español y tampoco se le ha podido notificar la citación, ya que desconoce su paradero actual.

En noviembre de 2012 la asociación Asadeh (Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos) presentó una querella contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino por genocidio y torturas a la población saharaui refugiada en Tindouf.

Desde entonces la causa se archivó en dos ocasiones por la imposibilidad de localizar a los querellados pero el jueves el juez De la Mata citó a Ghali al tener conocimiento de su posible presencia en la conferencia.

Entre los denunciados figuran el ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad; el agregado militar en la Embajada de Argelia en Mauritania, Nabil Kadour, y el embajador de Argelia en Rabat, el general Omari.

La querella denunciaba el trato sufrido en Tindouf en los años 80 del siglo pasado, cuando España se retiró de la colonia, “por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario”.

El Frente Polisario habría llevado a cabo “una campaña para eliminar a las élites saharauis de origen español con la intención de romper los vínculos entre las distintas tribus y sus autoridades naturales, al objeto de obtener un dominio más directo y efectivo sobre toda la población saharaui refugiada en sus campamentos”.

La querella presentada a la Audiencia Nacionala segura que la dirección del Frente Polisario inició “una campaña para eliminar a las élites saharauis de origen español con la intención de romper los vínculos entre las distintas tribus y sus autoridades naturales al objeto de obtener un dominio más directo y efectivo sobre toda la población saharaui refugiada en sus campamentos”.

Una de las víctimas que la querella utiliza como testigo es un espía al servicios de los colonialistas españoles al que el Frente Polisario encarceló de 1974 a 1980.

La Audiencia Nacional y su jurisdicción extraterritorial pone de manifesto su defensa del colonialismo, con la excusa de la llamada “justicia” universal con la que se lavan la cara los imperialistas.

Varios países africanos siguen pagando tributos coloniales a Francia

La cadena de televisión panafricana Vox Africa informa que varios países africanos siguen pagando tributos coloniales a Francia. En pleno siglo XXI, medio siglo después de aprobarse la Carta de la ONU, importantes sumas de dinero viajan de África a Europa por haber “disfrutado” de los crímenes del colonialismo durante siglos.

La independencia política ha resultado parecida a la abolición de la esclavitud: mucho ruido y pocas nueces. Los países denunciados por Vox Africa son 12 del África francófona más Guinea Bissau, la antigua colonia portuguesa, y Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, que están obligados a depositar el 85 por ciento de sus reservas bancarias en el Banco Central de Francia.

Se trata de Benin, Burkina Fasso, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Camerún, Togo, República Centroafricana, Chad, Congo Brazzaville y Gabon, además de las referidas Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial.

Francia sólo permite que esos países accedan al 15 por cierto de sus reservas. Si quieren superar ese porcentaje, deben endeudarse a tipos de interés comerciales.

En 2001 Francia abandonó el franco por el euro, pero les dejó aquella moneda a los países africanos de su zona de influencia, de la que no han podido escapar en más de medio siglo, un verdadero ejemplo de lo que un reciente libro califica como “servidumbre monetaria”.

Es una lección que los profesores no enseñan en las facultades de economía: el dinero no sólo desempeña un papel de intermediario en la circulación de mercancías, y menos en el capitalismo actual. También es un instrumento de sumisión y dominación.

El gobierno kurdo impone la limpieza étnica en el norte de Irak a sangre y fuego

Con el apoyo del imperialismo estadounidense, el Gobierno Regional de Kurdistán viene poniendo en práctica una limpieza étnica de amplias proporciones contra los árabes. Les obligan a abandonar sus tierras y sus viviendas y, en ocasiones, tras derrotar al Califato Islámico poblaciones árabes enteras han sido desalojadas por la fuerza por los peshmergas.

Numerosos partidos y movimientos, incluidos los propios kurdos, vienen denunciando esas prácticas del presidente Barzani. El último ha sido un informe de 80 páginas de Human Rights Watch publicado la semana pasada. Se titula “Marcado con una cruz. Las destrucciones de ciudades y casas por las fuerzas kurdas irakíes en el conflicto con el Califato Islámico” (*). Abarca un periodo de tiempo comprendido entre setiembre de 2014 y mayo de este año, refiriendo numerosas destrucciones en las provincias de Kirkuk y Nínive.

Hay que empezar diciendo que ambas provincias no forman parte de Kurdistán ni están, en consecuencia, bajo la jurisdicción del Gobierno Regional, por lo que se trata de una absoluta arbitrariedad por parte de Barzani y sus peshmergas y una provocación dirigida contra el gobierno central de Bagdad. Barzani no ha ocultado que tiene intención de anexionarse ambas provincias porque “históricamente” fueron kurdas.

Joe Stork, director para Oriente Medio de Human Rights Watch, ha asegurado que la destrucción de las viviendas árabes no tiene ninguna justificación militar, sobre todo teniendo en cuenta que las viviendas y las escuelas kurdas no se derriban.

Human Rights Watch ha lanzado una petición a Estados Unidos para que, a su vez, exija al gobierno de Barzani que tras la batalla de Mosul no se reproduzca la limpieza étnica contra los árabes que se ha producido en otras localidades.

El informe se apoya en visitas sobre el terreno de miembros de la ONG, en más de 120 entrevistas a testigos y responsables políticos y militares, así como en imágenes de las ciudades tomadas vía satélite. No se trata de casos aislados sino de una política premeditada. Las ciudades en las que se ha producido la limpieza étnica son 17, a las que hay que añadir otras cuatro en la provincia de Nívive.

De las 21 localidades visitadas, 13 tenían indicios de una destrucción importante. Con excepción de tres de ellas, en todas las demás los peshmergas kurdos habían destruido la mitad de todas las viviendas y en siete habían expulsado a sus moradores. En otras 62 localidades las imágenes tomadas por satélite muestran daños considerables de incendios y uso de artillería pesada y explosivos de gran potencia, lo que les diferencia claramente de otros destrozos causados por la guerra o los bombardeos de la aviación.

En los últimos tiempos, la limpieza étnica, una política típicamente nazi, fue impuesta en los años noventa por el imperialismo tras la Guerra de los Balcanes y la destrucción de la antigua Yugoeslavia a través de sus peones “independentistas” croatas, bosnios y kosovares, como la UÇK.

El Gobierno Regional kurdo también se ha inspirado en la limpieza étnica impuesta por Israel desde 1948 en los territorios palestinos ocupados. Uno de los más importantes baluartes de dicho Gobierno Regional es precisamente el Estado de Israel.
(*) https://www.hrw.org/node/296255/

La policía y los jueces ponen en libertad a los criminales nazis a pesar de ser reincidentes

A comienzos de setiembre dos nazis insultaron y golpearon a una mujer magrebí​ embarazada y a su marido cuando paseaban por el barrio del Born de Barcelona en compañía de sus dos hijos. La canalla nazi increpó a la mujer porque llevaba un niqab y la pareja reprochó a los dos nazis sus comentarios ofensivos.

A continuación, los nazis le empujaron en varias ocasiones y, además, le agredieron, momento que la mujer interfirió entre los atacantes y su marido. En aquel momento, fue cuando uno de ellos espetó un golpe de pie lateral sobre el abdomen de la víctima embarazada. Se salvó gracias a la interevención de la gente que paseaba por la calle.

La tuvieron que trasladar urgentemente a un hospital, aunque afortunadamente la agresión no repercutió en el feto. Pocos minutos después la Guardia Urbana sólo detuvo a uno de ellos. Al otro sólo le tomaron la filiación.

Al detenido lo llevaron a comisaría y, a pesar de la gravedad de la agresión y de que ambos tenían antecedentes policiales por pertenencia a las Brigades Blanc-i-blaves del club de fútbol Espanyol, lo dejaron en libertad inmediatamente. La llegada de una nueva alcaldesa como Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona no sirvió para nada. Todo seguía igual que siempre.

El delito no eran sólo unas lesiones corrientes, sino que había un crimen racista. Afortunadamente, la cámara de seguridad de un hotel próximo captó los hechos y a la policía no le quedó más remedio que reconocer que la agresión tenía un móvil racista.

Los Mossos d’Esquadra volvieron a citar a declarar a los nazis y reseñaron su identidad, cosa que la Guardia Urbana no habían hecho antes. Los nazis tenían un largo historial de antecedentes por agresiones durante los partidos de fútbol del Espanyol.

Luego los pasaron a disposición judicial con un informe de la Guardia Urbana que, aunque explicaba el afiliación neonazi de los delincuentes, ocultaba que, 25 años antes, uno de ellos había participado en el asesinato de la transexual Sonia en el parque de la Ciudadela de Barcelona.

Ese dato no apareció en el informe de la Guardia Urbana porque, en el momento de los hechos, 1991, el detenido era menor de edad y, por lo tanto, la ley impedía que la policía puediera reseñar los antecedentes juveniles de un detenido.

La Guardia Urbana puso la información en manos de la fiscalía contra el odio, la discriminación y la xenofobia, que requirió a la brigada de información de los Mossos un informe completo sobre los delincuentes y su pasado.

Pero volvió a ocurrir lo mismo de siempre: el juez les tomó declaración y, a pesar de los informes, volvió a dejarles libres.

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