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Día: 8 de noviembre de 2016 (página 1 de 1)

La Sexta, una cadena que rebosa telebasura por todas partes

Policías en Acción
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados ha presentado un escrito formal ante la Fiscalía exigiendo el cese de emisión del programa “Policías en Acción” de La Sexta, que ha convertido las detenciones, las redadas y los registros en un espectáculo del circo mediático con la complicidad de la Policía Nacional.

Las teleserie ha recibido varios premios de la Policía Nacional desde el año 2015. De hecho la cadena filma en estrecha colaboración con los policías, que autorizan cada grabación, así como las emisiones. Las cámaras de la cadena acompañan a diversas unidades policiales de seguridad ciudadana en sus correrías. En las imágenes quedan reflejadas las distintas operaciones que realizan a lo largo de su turno, y es habitual que éstas acaben en la detención de alguna persona.

Los abogados afirman que La Sexta no respeta el derecho al honor, intimidad e imagen de las personas que son detenidas ante las cámaras, ya que pese a que se les cubre el rostro son fácilmente identificables.

Los abogados quieren que la Fiscalía actúe de oficio y ordene el cese de emisión del espacio. Aseguran haber recibido denuncias de personas que han salido reflejadas en el espacio televisivo, que ha mostrado casos claros de torturas policiales.

Aunque la cadena pixela los rostros de los detenidos, no es suficiente para impedir la identificación del detenido. Los abogados alegan que cuando estas detenciones se producen en el entorno casero de los individuos, ya sea en su domicilio, portal o calle, sus vecinos pueden identificarles fácilmente por detalles como su voz, altura o ropa.

De esta forma, la cadena está vulnerando el derechos a la presunción de inocencia del detenido, el derecho a su imagen, a su intimidad y a su honor. Advierten en su escrito, además, que desde la cadena “permiten la emisión de este espectáculo mediático” por parte de la Policía Nacional. Se ponen al descubierto atracos y persecuciones, peleas callejeras, incluso operaciones antidroga.

La queja de los abogados también alcanza a la propia labor policial que se refleja en los casos que se emiten en el programa. Aseguran que hay muestras del abuso de poder ejercido por parte de la policía durante sus detenciones. “En alguna ocasión los agentes han hecho uso de la fuerza para ejecutar la detención, contraviniendo según sus abogados el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” afirman.

UGT: el amarillismo sindical está podrido hasta la médula

Fernández Villa
La Fiscalía Anticorrupción prepara una querella contra José Ángel Fernández Villa, de 73 años, histórico cacique del sindicato amarillo UGT de Asturias por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental. El cacique sindical ocultó a Hacienda 1,4 millones de euros y los regularizó durante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del PP en marzo de 2012.

Fernández Villa amasó su fortuna apropiándose de dinero de dietas de otros compañeros del sindicato y mediante certificaciones falsas de las obras de construcción de una residencia para mineros jubilados que subvencionó el gobierno central.

La querella culmina una investigación de dos años sobre el origen del patrimonio del cacique sindical de la minería asturiana, que justificó el dinero asegurando que procedía de una herencia de su madre, dueña de un bar en Tuilla, pero su hermana ha testificado que no existió ningún legado familiar.

La investigación desarrollada por la Fiscalía sobre el dinero aflorado por Fernández Villa apunta a que procede de la presunta apropiación de dietas del sindicato que dirigió durante años y de certificaciones falsas de una residencia para mineros jubilados que sufragó el anterior gobierno y cuyo coste ascendió a 30 millones de euros. La residencia excedió con creces su presupuesto inicial para engordar los bolsillos de Fernández Villa.

Desde el inicio de la investigación, las pesquisas se centraron en la construcción de la moderna residencia geriátrica de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, destinada a mineros de la tercera edad y perteneciente al Montepío de la Minería Asturiana. En el citado complejo Fernández Villa tuvo un destacado papel: durante 30 años fue un capitoste de UGT. Las obras de esta residencia, bajo el control del mencionado montepío, se iniciaron en 2009 y terminaron en 2012. Acoge a 300 personas y cuenta con 18.000 metros cuadrados construidos.

El sindicalista investigado colocó como gerente del centro a Rolando, uno de sus dos hijos, con un sueldo de 50.000 euros anuales y un blindaje de una anualidad en caso de despido. En la presidencia del organismo privado situó a su amigo y veterano dirigente amarillo José Antonio Postigo. Una hija de este último también entró a trabajar en la residencia.

Las obras de la residencia geriátrica salieron a concurso por 28 millones y la adjudicación recayó en la firma Alcedos de los Caballeros, un constructor cercano a Postigo. Concurrieron cinco empresas. Esta constructora ya había resultado adjudicataria de otras contratas del montepío minero asturiano. Finalmente, el coste de las obras se incrementó hasta 30 millones.

El constructor ha negado que hubiese sobreprecio. “Se cobró lo que se hizo en función de la excelencia y calidad de los materiales empleados; es una obra de lujo, tal como se nos pidió”. Postigo también destacó que se hicieron cuatro auditorías que no revelan irregularidades. “De ahí no ha podido salir el dinero de Villa”, afirmó Postigo.

Una hija de José Antonio Postigo regularizó 360.000 euros en fechas similares a las de Fernández Villa. Su padre afirmó que ese dinero provenía del sueldo que cobraba su hija en la librería en la que trabajó antes de entrar en la residencia. El nuevo presidente del Montepío de la Minería, Juan José Pulgar, prescindió de los hijos de Fernández Villa y de Postigo.

El sumario prueba que hubo certificaciones falsas sobre la evolución de las obras de la residencia y de cuyo importe se apropió supuestamente el dirigente sindical. Otra parte de su fortuna procede asimismo, según las pesquisas, de las dietas destinadas a otros compañeros del sindicato por sus labores a lo largo de los años.

José Ángel Fernández Villa dejó la cúpula del sindicato en 2013. Se ha encerrado en su domicilio y ha evitado cualquier aparición pública. El jefecillo de UGT fue citado a comparecer a la comisión de investigación que abrió la Junta General del Principado de Asturias, pero alegó problemas de salud para no acudir.

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