Día: 5 de noviembre de 2016 (página 1 de 1)

El gobierno siguiendo los dictados del FMI y la CEOE volvió a la carga con más precarización y a finales de ese año presentó una nueva y profunda reforma laboral (Ley 11/94 y la Ley/1994 de Medidas urgentes de fomento de la ocupación) que ponía patas arriba el Estatuto de los Trabajadores y otras normativas laborales. Se incluía la puesta en vigor de una nueva modalidad de contratación más precaria para los jóvenes en paro. Esto significaba la generalización de “los contratos basura” y la legalización de la precarización gracias a la Ley 14/94 que legalizaba las Empresas de Trabajo Temporal. El gobierno quería justificar estas medidas alegando que la tasa de paro era muy alta (24 por ciento), mientras que la CEOE achacaba el alto índice de paro a la retirada del plan de empleo juvenil de 1988. José María Cuevas lo resumía así:

“Al dinamitar el Plan de Empleo, Juvenil, el 14-D contribuyó a que hoy estén parados 25 de cada 100 españoles (proporción que llega al 40 por ciento entre los jóvenes). Precisamente ahora uno de los puntos clave de la reforma laboral es resucitar el Plan de Empleo Juvenil a través de los llamados ‘contratos de aprendizaje’. ¿Volveremos a permitir que unos sindicatos insolidarios y cegatos vuelvan a oponerse a cualquier reforma que nos saque del atolladero actual?”(5).

Por tanto, la excusa era la misma y una vez más se utilizaba en la exposición de motivos de las leyes, la crisis económica y la promesa de crear empleo para recortar derechos. En resumen, la reforma laboral consistía en aprobar la tabla reivindicativa de la CEOE:

– romper con el monopolio del INEM para colocar a parados
– aumento de las causas de despido objetivo, como las organizativas y de producción
– se facilitaba la introducción en los convenios de nor más basadas en la precarización y se allanaba el camino para aplicar movilidad geografía o funcional
– se reducía la eficacia y generalización de los contenidos de los convenios colectivos, apuntando a una convergencia a la baja en derechos laborales
– potenciación de las relaciones individuales en detrimento de la negociación colectiva
– legalización de las ETT (Empresas de Trabajo Temporal)
– creación de un contrato precario, llamado de aprendizaje

El capital acusaba a quienes se oponían a estas medidas de despreocuparse de los parados. Esta es y ha sido la excusa preferida de los capitalistas para atacar la estabilidad en el empleo. Incluso el gobierno del PSOE decía que la reforma laboral era “progresista”. José Antonio Griñán, entonces el ministro de trabajo, decía que se pretendía “evitar despidos” y justificaba así la nueva agresión a los trabajadores: “Se trata de enriquecer la negociación colectiva; eliminar obstáculos al mantenimiento y creación de empleo”(6).

La nueva normativa contó con el apoyo de la CEOE y el Círculo de Empresarios. En diciembre de 1993 el real decreto-ley que modificaba la contratación fue aprobado en el parlamento con 317 votos a favor (PSOE-PP-CiU-PNV-PAR), 22 negativos (IU, ERC y CC), y dos abstenciones (EA-UV).

El ataque fue respondido con una huelga general convocada por UGT, CC.OO y CGT para el 27 de enero de 1994. Un grupo de 500 personas compuestas por catedráticos, inspectores de trabajo y abogados laboralistas elaboraron un manifiesto contra la reforma laboral y en favor de la huelga general. El documento alertaba de que la nueva normativa iba a generar indefensión entre los trabajadores.

La huelga tuvo una gran incidencia y seguimiento, aunque sin llegar a los niveles del 14-D. CiU amenazó con retirar el apoyo parlamentario al gobierno del PSOE en minoría si Felipe González daba marcha atrás. IU ofreció negociar su texto alternativo sin éxito. La huelga no consiguió sus objetivos de retirar la reforma laboral y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO. no sacaron la conclusión de que era necesario endurecer la movilización, sino todo lo contrario. Desde entonces las cúpulas sindicales profundizaron en una política sindical basada en los pactos, la desmovilización y en el “mal menor”. Mientras tanto el mercado laboral se precarizaba a pasos de gigante en un ambiente de retroceso en la conciencia social y de clase. Se abandonó cualquier planteamiento movilizador, lo que ocasionó el surgimiento del sector crítico en CC.OO. y el enfrentamiento de la cúpula de este sindicato con el PCE y Julio Anguita. Tras la huelga general, se puede destacar la manifestación de enero de 1995 convocada por la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales, aprovechando el primer aniversario de la Huelga General, con el lema: “Por los derechos sociales y contra la reforma laboral y el ataque a las pensiones”. El manifiesta estaba firmado entre otros por Julio Anguita, Marcelino Camacho, Luis Eduardo Aute, Rafael Alberti o Antonio Gala.

Durante la última etapa de Felipe González en el gobierno, tuvo lugar el inicio de la recuperación económica, con el efecto de detener el nivel destrucción de empleo. Según datos del Ministerio de Economía, en 1995 los empresarios despidieron a 322.314 trabajadores, un -11.8 por ciento más que en 1994. La tendencia de aumento del paro fue sustituida por la creación de empleo precario en un contexto de crecimiento económico. Pese a la promesa de que esta reforma laboral iba a crear empleo indefinido, los datos del INEM y la EPA señalan que de los 8.60 millones de contratos realizados en 1996, solo hubo 204.235 contratos indefinidos, mientras que el 96 por ciento fueron temporales. Además, según los datos que suministró el Ministerio de Trabajo en el informe titulado “La contratación y paro registrado en 1996”, el 70 por ciento de los contratos de 1996 tuvieron una duración inferior a tres meses y el 50 por ciento no llegaron a un mes. Sólo el 0.42 por ciento fue superior a doce meses. Las ETT hicieron proliferar contratos que incluso solo tenían la duración de un día, produciéndose trabajadores con cerca de 15 contratos al mes.

Con estos datos no es de extrañar que una encuesta del CIS publicada en enero de 1996 señalara que siete de cada diez españoles consideraban que la reforma laboral contribuía poco o nada en la creación de empleo.

Pero pese a que el gobierno del PSOE continuaba tomando medidas que beneficiaban al capital, la patronal empezó a apostar por un gobierno del PP que abordara de lleno sus reivindicaciones pendientes, como un abaratamiento del despido o privatizaciones masivas. Ya en 1994, Cuevas dio su apoyo públicamente a Abel Matutes como candidato a las elecciones europeas por el PP. Además comenzó a pedir elecciones anticipadas.

Durante los años 80 y principios de los 90, el PSOE no solo se había derechizado a sí mismo, sino que había trabajado duro para derechizar a la sociedad. Las políticas procapitalistas aprobadas durante casi 14 años, allanaron el camino a la victoria de la derecha de Partido Popular en las elecciones de 1996, que una vez en el poder, procedió a aplicar su agenda neoliberal y de recorte de derechos laborales.

En este contexto, la burguesía española apoyó de forma entusiasta la llamada Reconversión Solchaga, que suponía destrozar industrias como la siderúrgica o naval. Se impulsaron los despidos y cierres en las empresas industriales, que golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica fue desmantelada. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba en esa línea. Durante la aplicación de estos planes se destruyeron 2.700.000 millones de empleos, con un impacto tremendamente negativo en el empleo estable.

Junto a esta política, el gobierno intentó hacer semiconcesiones incumplidas, como la Ley de Protección del Desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del desempleo hasta alcanzar al 48 por ciento del total de los parados registrados en el INEM en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42 por ciento.

Tras la reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985 y con una reconversión industrial muy avanzada, el gobierno presentó en 1988 la Ley de Empleo Juvenil. Ese año también se había presentado una reforma laboral parecida en Portugal que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 25 años, que fue contestada con una huelga general en marzo de 1988.

La reforma laboral presentada por el gobierno del PSOE fue la gota que colmó el vaso para la convocatoria de una Huelga General el 14 de diciembre de 1988. Se exigía la retirada del Plan de Empleo Juvenil, recuperación del poder adquisitivo perdido, derecho de negociación publica para funcionarios, equiparación de las pensiones mínimas al SMI [salario mínimo], incremento de la cobertura de desempleo, establecer un plan de empleo, etc.

La huelga fue un rotundo éxito, que incluso fue reconocido por el propio gobierno, quien sufrió un doloroso golpe político. La CEOE exigió que no se retirase la reforma laboral y no se cediera al “chantaje sindical”, aunque ellos mismos tuvieron que admitir subidas salariales superiores al 5 por ciento para 1989. Por otra parte, Felipe González se vio obligado a retirar el contrato de inserción para jóvenes y su Plan de Empleo Juvenil, e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de los trabajadores. Se consiguió la implantación de las pensiones no contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, cierto control sindical sobre contratos de trabajo, un incremento en el gasto social, etc.

En 1990 se consiguió el control sindical parcial sobre información de los contratos de trabajo, y la patronal exigió que se pusiera fin a la política de concesiones. Ese año se cerró un ciclo muy alto de conflictividad laboral, traducido en importantes conquistas laborales y salariales. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con mayor índice de huelgas.

Este periodo de semiconcesiones se cerró tras la caída del Muro de Berlín con un profundo giro a la derecha que allanó el camino para la aprobación de posteriores contrarreformas laborales y de pensiones. La burguesía tuvo un poderoso regalo para profundizar en su ofensiva ideológica en un contexto en el que se multiplicaban los defensores de la economía de libre mercado, con toda su lógica (incluido el libre despido). La ideología burguesa se impuso en casi todas las esferas sociales y élites políticas y sindicales, de manera que comenzó a ser pecado defender una propuesta que fuera contra la libertad de empresa. Incluso la defensa de la estabilidad en el empleo pasó a ser considerado una herejía o algo “pasado de moda”.

Se inició un nuevo periodo, que también debe se estudiado para comprender el proceso de precarización que hemos sufrido. La comprensión histórica de estos procesos debe un paso necesario para emprender activamente la tarea sindical de luchar por dar un vuelco al panorama laboral actual y poner fin a esta correlación de fuerzas tan desfavorable entre capital y trabajo.