Además de todo, la República Española comenzó una política de transformación y desarrollo de la minería del carbón y de los metales ferrosos, promoviendo la fabricación de aceros para lo cual se utilizaron las piritas de Huelva y el carbón asturiano.
Tras la guerra civil el gobierno fascista de Franco y en especial el ejército impulsaron lo que se llamó la autarquía, es decir utilizar las capacidades nacionales sin depender del exterior.
En ese sentido España aplicó una política muy similar a la iniciada antes por la Alemania nazi y la Italia fascista.
En España se impulsó la empresa CAMPSA, que se hizo cargo del monopolio del petróleo, y se crea la empresa Hunosa, que se encarga de la explotación de los carbones y lignitos, ENSIDESA, que impulsa la fabricación de aceros, y los Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto y los Altos Hornos de Vizcaya en el país Vasco.
Mediante generosos créditos se impulsó la industria nacional de fabricación de buques de altura, con empresas como Bazán, y los astilleros gallegos en El Ferrol, la empresa Pegaso, Orbegozo, Barreiros, y la creación del Instituto Nacional de Industrias (INI). Todo este entramado industrial, engendra un efecto de creación de un proletariado industrial, que crece a expensas del abandono del campo por parte de una importante cantidad de población que deja las actividades agrarias en busca de trabajos mejor remunerados, y con jornadas de trabajo tasadas en lugar de las interminables horas de trabajo rural.
Comienza entonces un éxodo hacia las ciudades importantes y sus suburbios, que no están preparados para absorber esa cantidad de personas y sus necesidades de viviendas, escuelas, hospitales, centros de ocio y de compras.
Todo esto genera la creación de un proletariado industrial, no politizado, pero que muy pronto comienza a despertar, y a reclamar mejores condiciones salariales y de trabajo.
Con la muerte del dictador, la burguesía española aplica hábilmente el principio lampedusiano de “que todo cambie para que todo quede como está”, y en aplicación del mismo se promulga la Constitución Española de 1978, que legaliza los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de todo tipo, y comienza un período de alianza de la burguesía española que se había enriquecido durante el franquismo, con el capital transnacional.
Eso significaba el abandono de las políticas proteccionistas del franquismo por un lado, y la competencia con otros actores económicos más preparados. España, pasa a convertirse en un país industrial; pero no es un país plenamente desarrollado. Es un país periférico del desarrollo. No tiene tecnología propia, y desarrolla una industria que utiliza patentes extranjeras, para fabricar sus productos. Es un país tributario de las economías de los países centrales como Francia, Alemania, Reino Unido, y sobre todo Estados Unidos.
La llegada del PSOE al gobierno español, y sobre todo su ingreso en la Unión Europea implicó la práctica destrucción de las industrias básicas españolas. Se cierran los Altos Hornos de Vizcaya y de Sagunto, se acaba con Ensidesa, se liquida la flota pesquera, que era una de las mayores del mundo, y se convierte a España en un país de servicios.
A cambio de ello, se crean los ferrocarriles de alta velocidad a un costo enorme, para pagar la deuda política que el PSOE mantenía con la socialdemocracia alemana que había financiado la campaña del PSOE de 1982, y como pago de los favores franceses a la persecución policial contra ETA, se contratan los trenes de Alsthom para las lineas de alta velocidad, y las locomotoras Siemens para arrastrar esos trenes. Todos sacan ventajas menos España y los españoles.
La llegada del PP al gobierno español significa la ruina total de la economía española, que siguió aplicando la misma política del PSOE de beneficio de la inversión extranjera y de perjuicio del capital nacional. El PP nacionaliza la deuda privada y la convierte en deuda externa del país. De esa manera, llegamos a que España en la actualidad debe más del cien por ciento del producto bruto interno (PIB). Este es un dato oficial, que está trucado a la baja. El economista español Santiago Niño que es un estudioso independiente de la deuda externa y sus consecuencias, afirma que en realidad la deuda externa española es de cerca del ¡300 por ciento!
Es indudable que España no puede pagar su deuda. Si lo hace no podrían pagarse los sueldos de la administración pública, ni las pensiones, ni los gastos de educación, ni de sanidad, ni de mantenimiento de los gastos corrientes.
Esa es la situación real de la economía española. La deuda es impagable. La solución: desconocer la deuda por ilegítima, utilizando para ello la teoría de la deuda odiosa, que consiste es que esa deuda no ha sido contraída en beneficio del pueblo español.
Además de todo ello, el paso siguiente debe ser la salida de la Unión Europea, y la reconstrucción de la industria y el comercio español orientando eso hacia el mercado histórico español que es Sudamérica y África, y pagando en la moneda nacional.
