La reciente publicación de un intercambio de correos electrónicos confidenciales entre grupos de presión de la industria química demuestra hasta qué punto la burocracia de Bruselas es permeable a las influencias monopolistas, incluso aunque esté juego la salud pública de millones de personas.
Desde hace años los monopolios químicos han logrado impedir la prohibición de los denominados interruptores endocrinos. Son compuestos químicos ajenos al cuerpo humano capaces de alterar el equilibrio hormonal del organismo, pudiendo generar la interrupción algunos procesos fisiológicos.
Esos compuestos se encuentran, entre otros, en los plásticos, los dentífricos, las alfombras, los cosméticos y los pesticidas. Algunas investigaciones indican que son responsables de algunos tipos de cáncer, incluso en dosis muy bajas, así como de perturbaciones en el crecimiento y otros problemas de salud.
Un minucioso informe publicado el 20 de mayo por la organización independiente Corporate Europe Observatory desveló las manipulaciones de los monopolios. La autora del informe es la periodista Stéphane Horel, que ha estado investigando el asunto durante dos años, ha capturado los correos internos y miles de documentos comprometedores, no sólo para los monopolios sino para los funcionarios de la Unión Europea.
Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2013, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud publicaron un informe en el que sostuvieron que los interruptores endocrinos constituyen una amenaza para la salud.
Pero, como suele ocurrir en estos casos, los llamados “expertos” de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, son auténticos mercenarios de los monopolios químicos. Cerca de la mitad de los 18 “expertos” tienen lazos de intereses comunes con la industria química, que les financia sus conferencias e investigaciones, o les soborna como “consultores”.
Por eso, al mismo tiempo que la ONU y la OMS, la EFSA se pronunció a favor de los monopolios y los correos que intercambian entre ellos dejan constancia de que han quedado en ridículo. “Una verdadera pesadilla”, dice uno de los mensajes. “Un trabajo de cerdos”, dice otro. Ante la situación, alguno propone rehacer el informe, “modificarlo de manera significativa”.
Pero cuando los “científicos” europeos quedan en ridículo, los capitanes de la industria saben reaccionar rápidamente porque en diciembre de 2013 estaba prevista la aprobación de la nomenclatura de los interruptores endocrinos. Un correo electrónico de Bayer se dirige directamente a la secretaría general de la Comisión Europea, entonces presidida por Durao Barroso, para amenazar con que una definición “inadecuada” de los interruptores endocrinos tendría consecuencias desastrosas sobre la producción agrícola.
De esa manera la multinacional consigue ganar tiempo y la reunión de la Dirección General de Medio Ambiente se suspende. ¿La salud de 500 millones de europeos?, ¿qué es eso?, ¿a quién le importa? Lo importante son las consecuencias sobre la producción agrícola, u otras parecidas.
A las multinacionales el aplazamiento no les parece suficiente. Diez días después un grupo de 56 “expertos” envía un mensaje a Anne Glover, la consejera científica de Barroso: el proyecto que estudia la Comisión Europea, aseguran los mercenarios, “está basado en una ignorancia completa de los principios de la farmacología y la toxicología”. Quizá sea mejor hacerle caso a ellos, a los auténticos “entendidos”.
Los auténticos “entendidos” son gentuza como Wolfgang Dekant, un toxicólogo que tiene 18 contratos firmados con la industria química, cada uno de ellos pagado con una suculenta subvención. Otro mercenario es consultor de la multinacional Basf, un tercero, Gio Batta Gori se ha embolsado varios millones de dólares procedentes de las multinacionales tabaqueras…
Las presiones de los mafiosos a sueldo de la industria logran sus efectos. El 2 de julio de 2013 la secretaria general de Durao Barroso, Catherine Day, emite una nota interna: dados los “puntos de vista divergentes” que la “comunidad científica” mantiene sobre el asunto, así como el “impacto potencial sobre la industria química y el comercio internacional”, conviene elaborar un estudio de impacto…
En fin, gracias a los “científicos”, los monopolios se salen con la suya y la Comisión Europea no toma una decisión comprometida para la salud de millones de personas. Mientras tanto, el tiempo transcurre despacio, los balances de los monopolios no cesan de engordar y la salud de los europeos sigue comprometida durante dos años más, el tiempo que tarda en elaborarse el famoso estudio de impacto.
Es posible que la Comisión Europea no tome una decisión hasta 2017, pero para entonces ya se habrá aprobado el acuerdo trasatlántico de libre intercambio, que otorgue poderes aún mayores a los monopolios químicos…
