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Día: 14 de marzo de 2015 (página 1 de 1)

Los fondos que la CIA enviaba a Afganistán acabaron en poder de Al-Qaeda

Según la edición de hoy del New York Times, al menos una parte del dinero que la CIA envió al gobierno de Afganistán fue utilizado para pagar un rescate a Al Qaeda.
Un millón de dólares de fondos que la CIA proveía al gobierno del expresidente afgano Hamid Karzai acabaron en las arcas de Al Qaeda durante la gestión del pago de un rescate de 5 millones de dólares para liberar a un diplomático de ese país en 2010.
Funcionarios involucrados en el pago del rescate indicaron a New York Times que los primeros pagos fueron realizados con fondos que la CIA enviaba a Kabul mensualmente en efectivo.
La revelación ha sido contrastada con cartas de Osama bin Laden sobre operativos de Al Qaeda que fueron encontradas, siempre según el New York Times, en el registro de su guarida en Pakistán en la que falleció tras una operación de las fuerzas especiales de la Marina en mayo de 2011.
Bin Laden comenta que teme que la CIA conozca los detalles del pago del rescate y pueda impregnar los billetes con material radiactivo o sustancias tóxicas.
El diplomático afgano Abdul Jaliq Farahi, cónsul general en Peshawar (Pakistán), fue liberado tras dos años de cautiverio mediante el pago de un total de 5 millones de dólares, parte aportado por los gobiernos de Afganistán, Pakistán, Irán y estados del Golfo Pérsico.
Altos cargos de Al Qaeda indican en las misivas a Bin Laden que el dinero iba a ser utilizado para adquirir armamento, comprar influencias y gastos para operaciones clandestinas.
Las cartas fueron conocidas al formar parte de las pruebas en el caso contra Abid Nasser, condenado recientemente en Nueva York por planear un atentado en Reino Unido.

Detenidos 5 guardias civiles en Fuerteventura por detención ilegal

Una denuncia anónima destapó hace meses una redada contra la Guardia Civil que ha acabado con la detención en Galicia del sargento Carlos Cebreiro, responsable durante años del cuartel de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura. Junto con otros cuatro guardias civiles más, pasó a disposición judicial el martes.
Todos ellos están acusados de los delitos de detención ilegal, falsedad documental y contra las garantías constitucionales. Los guardias civiles no respetaban los plazos máximos de detención y allanaban los domicilios privados de las personas.
La denuncia partió de un anónimo que enumera una serie de irregularidades en el cuartel de Morro Jable. Este informe anónimo estaba en poder de un coronel desde el 18 de junio del año pasado.
Aunque el informe es un catálogo de arbitrariedades, los duardias civiles detenidos de Morro Jable están acusados de tres supuestos delitos de otra naturaleza bien distinta: detención ilegal, falsedad documental y delitos contra las garantías constitucionales.
El martes por la tarde los tres detenidos en Fuerteventura fueron trasladados del calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Puerto del Rosario al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, donde la jueza sustituta les tomó declaración antes de ponerles en libertad y decretar el secreto de sumario.

Condenan a un empresario por la muerte de un trabajador

El viernes el director de una empresa acusado por la muerte de un trabajador en un accidente ocurrido en 2010 en las instalaciones de la sociedad, en Pruvia (Llanera), asumió su responsabilidad en el crimen y aceptó una condena de un año y seis meses de prisión y el pago de una multa ridícula de 1.080 euros.
Sobre las 22 horas de la noche del 4 de octubre de 2010, el obrero fallecido, de 61 años de edad, trabajador de Prefabricados del Principado, con categoría profesional de oficial de primera, con antigüedad de 12 meses, estaba cerrando el portón de las instalaciones de la empresa, en el polígino de La Belga, en Pruvia, en Asturias, cuando se rompieron los puntos de soldadura y el portón continuó la marcha, hasta el descarrilamiento de la guía, aplastándole y causándole la muerte.
Se trataba de una puerta metálica, de un peso aproximado de 1.000 kilos. En su parte inferior disponía de dos ruedas metálicas, fijadas a la estructura mediante soldadura, para desplazarlo por una carrilera o guía.
El accidente se produjo por varios fallos del portón, entre ellos la falta de revisión y mantenimiento periódico y carencia de un procedimiento de mantenimiento. La empresa contaba con más trabajadores, los cuales estaban sometidos a la situación de riesgo que generó el accidente. El acusado era gerente de la empresa y encargado directo de ella y, por lo tanto, el máximo responsable de la adopción de medidas de seguridad, estando obligado a contar con procedimiento de mantenimiento y revisión del portón y a la ejecución y verificación del mismo.
La muerte fue considerada constitutiva de un delito contra la vida y salud de los trabajadores y de un delito de homicidio imprudente. El capitalista aceptó 6 meses de prisión y 6 meses de multa a razón de 6 euros diarios por el primero de los delitos y un año de prisión por el segundo, junto con el pago de una indemnización de 106.000 euros a la esposa del trabajador fallecido, de 8.900 euros a cada uno de sus dos hijos y de 8.900 euros a la madre, más los intereses legales.
El dinero lo pagará directamente la aseguradora de la empresa. El capitalista ni pagará un céntimo ni irá a la cárcel.

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