Ayer se produjeron dos acontecimientos simultáneamente que muestran el funcionamiento implacable de la ley del embudo, que es como una ley de leyes que rige en las sociedades de clase.
El primero nos lo han pasado por delante de las narices todas las televisiones: Rajoy y Pedro Sánchez firmando al alimón una reforma de las leyes penales para imponer la cadena perpetua contra los terroristas, que ahora es una palabra muy cercana al yihadismo. Es casi lo mismo.
La segunda no ha tenido foto: la Audiencia Nacional archivó la petición de la Asociación Pro Derechos Humanos para que se detenga a 19 antiguos ministros franquistas acusados por los tribunales argentinos de crímenes cometidos durante la dictadura.
Una vez más los medios sólo nos cuentan la mitad de los acontecimientos para inculcarnos lo que tenemos que pensar al respecto: el franquismo no es terrorismo y el yihadismo sí lo es, o bien que ambos son variedades del terrorismo, pero éste es más importante que aquel, o mata más.
Cuando los medios sólo nos muestran una parte de la realidad ya no sabemos ni en qué mundo vivimos. Podríamos seguir contando incongruencias de ese ghetto que es la Audiencia Nacional. Por ejemplo, el mismo juez que archiva la petición de extradición de los 19 criminales franquistas, el señor Velasco, acusa a más de 50 presos de pertenencia a una organización criminal, los Ángeles del Infierno, detenidos en Mallorca.
La noticia tampoco ha salido en la tele porque los angelitos no son yihadistas sino motoristas. ¿Por qué no aumentar las penas también a los motoristas?, ¿por qué no aprobar una ley contra los terroristas que circulan en moto y en bandadas?, ¿y a los moteros que son lobos solitarios? «Por toda Alemania, los investigadores han detectado un incremento del número de contactos entre las bandas alemanas de motoristas y los militantes neonazis», decía Der Spiegel (*).
Los ministros franquistas eran los ángeles de un infierno muy singular. No sabemos si se tatuaban los biceps; lo que es seguro es que tenían tatuada su alma y esa debe ser la nueva patente de corso. La Asociación Pro Derechos Humanos calificaba de «escandaloso» que la policía española no hubiera puesto a los sanguinarios ministros a disposición de los tribunales argentinos, pero hay algo aún más escandaloso, si cabe: ¿por qué no los ha puesto a disposición de los tribunales españoles?
Es sencillo de explicar: porque en España el franquismo es como el cierzo; nunca fue considerado como un crimen sino como una parte de la historia. Cuando en noviembre del año pasado la sección argentina de Interpol pidió de forma «urgente» la detención de los 19 criminales, su homóloga en Madrid protestó ante la Secretaría General con sede en Lyon, que aceptó la reclamación.
A partir de entonces los papeles empezaron a cambiar de oficina, desfilando de una a otra y aumentado su volumen cada vez con más papeles. El tiempo pasa. El Ministerio del Interior lleva el expediente a un despacho de la Fiscalía porque saben que es una institución ajena e incompetente para tramitar y ejecutar las órdenes de detención.
¿Por qué cambian de sitio los papeles? Porque llevándolos a un departamento judicial, el gobierno se lava las manos como Pilatos. Eso es cosa judicial, o sea, depende de funcionarios «independientes».
La orden de detención argentina afecta Martín Villa, ministro de Gobernación (Interior), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.
También aparecen los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.
Los tribunales argentinos acusan a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le consideran responsable de la matanza cometida en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que cinco trabajadores fueron asesinados por la policía y hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusan de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en los que fueron asesinados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot «Txiki» y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirigía contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores. Los tribunales argentinos quieren capturar a Antonio Troncoso, coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Carlos Rey, antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército, y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, buscan a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
La Audiencia Nacional ya había rechazado la extradición del torturador Antonio González Pacheco «Billy el Niño» y el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas.
La denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares afirma que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de «aterrorizar a españoles» por su ideología y de sustracción de menores.
Así funciona la ley del embudo. España está llena de fascistas con nombres y apellidos que nos han aterrorizado a la población durante décadas con sus crímenes, pero a Rajoy, Pedro Sánchez y la Audiencia Nacional eso no les preocupa nada. Lo que buscan son los crímenes que aún no se han cometido; y si no los encuentran se los inventarán.
(*) German Investigators Worried: Growing Links Seen Between Hells Angels and Neo-Nazis, 5 de enero de 2009, http://www.spiegel.de/international/germany/german-investigators-worried-growing-links-seen-between-hells-angels-and-neo-nazis-a-599507.html
