La crisis capitalista ha multiplicado las necesidades, la pobreza y la desesperación. El año pasado los hambrientos eran 130.000 y el número de organizaciones caritativas era de 515.
Desde la cuarentena las solicitudes de ayuda alimentaria han ido creciendo sin parar, lo que obligó a reorganizar el Banco de Alimentos para atender las nuevas necesidades de las entidades caritativas, muy desbordadas por la nueva situación.
Hasta el 3 de junio se han distribuido más de 500.000 comidas a comedores sociales gracias a la beneficencia. El 36 por ciento son entidades caritativas de consumo -comedores sociales principalmente-, mientras que el 64 por ciento son entidades caritativas de reparto, que distribuyen alimentos a familias.
En coordinación con el Área de Servicios Sociales, más de 36.000 personas necesitadas de ayuda alimentaria han sido derivadas a entidades benéficas colaboradoras con la Fundación Banco de Alimentos de Madrid para que fueran atendidas.
Las previsiones, según esta organización, apuntan a que las cifras de personas que necesitan ayuda podrían empeorar, a pesar de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y de la recuperación parcial de la actividad económica, ya que muchos hogares seguirán sin poder afrontar sus gastos básicos.
pagar el recibo de la luz y el abono de transporte, ya que no tienen ni
para incorporarse a su puesto de trabajo.
La demanda de comida se ha incrementado más de un 40 por ciento y el Banco de Alimentos ha pasado de distribuir 1,4 a cerca de 2 millones de kilos al mes en la actual crisis.
Los bancos de alimentos está suponiendo un importante reclamo publicitario para los grandes bancos y multinacionales, cuyas “generosas donaciones” son ampliamente publicitadas por los medios de comunicación.
La pobreza aumentará en la Comunidad de Madrid, dado que el paro se ha incrementado a 3.800.000 personas y cerca de 4.000.000 de personas están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
El año pasado una de cada seis personas vivía bajo el umbral de la pobreza en la región madrileña, el 19 por ciento del total de la población, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Que los servicios sociales públicos tengan que derivar a la caridad y a la beneficencia la satisfacción de las necesidades básicas o primarias, como es el hecho de comer para no morir de hambre, demuestra el fracaso absoluto de las políticas sociales públicas y de la acción social pública en general, que en teoría deberían proteger a las personas en base a derechos adquiridos. Todo papel mojado, pues acudir a la caridad es volver al siglo XVIII donde de manera graciable se aliviaba la miseria, el hambre y la exclusión social. En un sistema capitalista, las instituciones públicas sociales, que están al servicio de su amo, nunca tirarán piedras sobre su propio tejado y por tanto no lucharán contra las causas estructurales de los inmensos problemas sociales que el propio sistema crea. Su función es aliviar la miseria, que el menesteroso no lo sea tanto, y que los pobres sigan siendo pobres eternamente, siendo el ingreso mínimo vital y la derivación a la caridad de la satisfacción de la necesidad de comer, las pruebas fehacientes de la cronificación de la pobreza. En los últimos 30 años todos los sistemas de protección social se han privatizado o están en ello (sanidad, educación, vivienda, prestaciones de la seguridad social, empleo y servicios sociales), siendo el sistema público de servicios sociales, como última red de protección social, el que actualmente se privatiza y/o se recorta quedando los problemas sociales, como la miseria, el hambre o la exclusión social, a merced de la caridad y la beneficencia.