A través de los acuerdos de paz, Colombia trató de poner fin a una guerra de guerrillas de medio siglo. Sobre la base de aquel compromiso, el país sudamericano convirtió a la guerrilla en un partido político, denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), garantizó escaños para sus candidatos en el Congreso y concedió amnistías para algunos tipos de delitos.
Como parte del mismo acuerdo, más de 6.000 combatientes de la guerrilla depusieron las armas y solo unos 300 integrantes decidieron seguir en la clandestinidad.
Sin embargo, un informe confidencial de inteligencia militar, recogido el miércoles por la agencia británica de noticias Reuters, señala que el número de los remanentes de la extinta guerrilla, que opera en las selvas y montañas, creció hasta los 2.300, cifra que supone un drástico incremento respecto a los cerca de 300 que había a la hora de la firma del pacto de paz.
Reuters no puede evitar caer en la peor de las intoxicaciones cuando asegura que la vuelta a las armas no es consecuencia del incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y los constantes asesinatos, sino que los guerrilleros volvían “seducidos” por los millonarios recursos del narcotráfico y la minería ilegal.
La agencia cita a Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, quien advierte que “los exmiembros de las FARC enfrentan una creciente presión para unirse a grupos disidentes que se dedican a lucrativos negocios ilícitos”.
No obstante, dirigentes del partido político de la FARC alertan de que el motivo es diferente: las demoras en la implementación del acuerdo de paz y el asesinato de 139 excombatientes desmovilizados desde finales de 2016.
El actual presidente de Colombia, Iván Duque, critica el acuerdo de paz y en su discurso de posesión de cargo, en agosto de 2018, señaló que haría “correctivos” al mismo.
En el marco de sus intentos por introducir cambios en el convenio, Duque propuso el pasado 10 de marzo seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), norma que establece mecanismos jurídicos del mencionado acuerdo.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Colombia objetó las reformas del presidente a los acuerdos y ordenó a Duque que promulgue sin objeciones la Ley de la JEP.
El pasado 20 de mayo, el excomandante de las FARC Iván Márquez tildó de un grave error el haber entregado las armas a un Estado “tramposo” como Colombia.