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La asociación apunta que el derecho a la defensa “debe quedar incólume y respetado en toda circunstancia, por lo que resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos –Tribunal Supremo y Audiencia Nacional–, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar”.

También muestra su “preocupación” por “una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal”. Asimismo, comenta que “la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional” y afirma que “la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad”.

En este sentido, recuerda que las situaciones para decretar prisión provisional “deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas”, ya que “existen medidas menos gravosas que van desde la prestación de fianza, retirada de documentos de viaje, vigilancia policial, o comparecencias periódicas”, añade.

Por último, señala que “las resoluciones judiciales están sujetas al escrutinio y a la crítica pública” y que Jueces para la Democracia “defiende los derechos constitucionales de la ciudadanía, libre para expresar sus opiniones y consideraciones sobre las decisiones, actos y acuerdos de un poder constitucional como el Poder Judicial”.

No obstante, en el comunicado la organización judicial rechaza que en España “cualquier encartado en un proceso penal pueda ser calificado como preso político” porque el “sistema procesal” está adaptado a los estándares internacionales”.

Estos jueces no saben que no es España quien se adapta a “los estándares internacionales”, sino que son ellos los que se han adaptado a Estados fascistas, como España. Hace falta ponerse una venda muy grande en los ojos para no darse cuenta de que tanto en esos países que respetan “los estándares” como en los que no, hay presos políticos, perseguidos políticos y manipulación política de los jueces, los policías, los fiscales, los carceleros, los militares…

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Tampoco la denominación de “operación” para estas detenciones ocurridas en distintos puntos de España entre 2014 y 2016 es adecuada: las personas detenidas no pertenecían a ningún grupo operativo, ni mantenían ninguna relación entre ellas, ni compartían un objetivo común, por lo que todo hace pensar que se ha empleado de forma interesada ese término para trasladar una sensación de peligrosidad que pudiera justificar las acusaciones descabelladas que pesaban sobre los detenidos.

A todos ellos se les atribuía un delito de “enaltecimiento del terrorismo”, contemplado en la legislación española en el artículo 578 del Código Penal. Este delito fue introducido en el ordenamiento jurídico español en el año 2000 y los promotores de su aprobación (el Partido Popular) aseguraban entonces que su finalidad no era recortar la libertad de expresión, como puede leerse en el Boletín Oficial del Congreso de aquel momento cuando se presentó esta reforma.

Sin embargo, la redacción ambigua y amplia con la que se regulaba este delito, contraviniendo las recomendaciones de organismos internacionales como la OSCE o Naciones Unidas, ha permitido decenas de acusaciones injustificadas cuyo efecto real ha sido vulnerar la libre expresión de opiniones o la libertad de creación.

Resulta llamativo que los juicios por enaltecimiento se hayan disparado precisamente desde el fin de la actividad terrorista, llegando a multiplicarse por cinco desde el final de ETA con el PP en el Gobierno, recogiendo datos de Público. Como hemos recordado estos días desde la PDLI en 2011, en el año en el que ETA renunció de manera definitiva a las armas, se produjeron cinco sentencias por este tipo delitos, en 2012 fueron diez, en 2013 subieron a 15, mientras que en 2014 se quedaron en 14 y en el año 2015 ascendieron a 25. Además, desde el 1 de enero de 2016 la Audiencia Nacional ha condenado al menos a 30 personas por el delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA y/o los Grapo en redes sociales.

El pasado mes de marzo la Audiencia Nacional fue motivo de alarma por el récord de juicios de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales que se celebraron en cadena. De estos casos, cuatro de los acusados, para evitar condenas mayores, llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de uno a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación.

No aceptó el acuerdo el abogado Arkaitz Terrón y en el juicio denunció “que se hubieran abierto diligencias policiales por una cuenta con unos 220 seguidores, con tuits de hace unos cuatro años y sin conocer el criterio por el cual los peritos seleccionan unas u otras cuentas para abrir investigaciones dado el volumen en redes”, según recogió entonces la Cadena SER.

Algunos de estos juicios han causado especial alarma social, bien por tratarse de mensajes que estaban en el terreno de la libertad creativa (letras de canciones), como el caso del colectivo de hip-hop “La Insurgencia” (cuyo juicio se ha celebrado el 2 de noviembre) o el rapero “Valtonyc”, o por ser comentarios claramente irónicos o humorísticos, como los tuits de una joven tuitera (Cassandra) o los del líder del grupo musical “Def con Dos”, César Strawberry.

Estos tres últimos han sido condenados a penas de cárcel por sus tuits.

En todos estos casos, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha considerado que se trataba de un atropello a la libertad de expresión y una vulneración de este derecho fundamental, contrario a los estándares internacionales a los que está sujeta España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En ninguno de las acusaciones se daban, a juicio de la PDLI, los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para perseguir conductas del llamado “discurso del odio” o los denominados “delitos discriminatorios”, que obligan a interpretarlos de la forma más restringida posible a fin de evitar la persecución de discursos extremos, provocadores, e incluso ofensivos o de mal gusto, pero en definitiva desvinculados de toda actividad terrorista tanto en su intención como sus efectos.

Por el contario, estas acusaciones por “enaltecimiento” no han estado respetando los principios de intencionalidad y proporcionalidad. La redacción amplia de este delito está permitiendo decenas de casos en los que su aplicación se destina directamente a censurar expresiones o informaciones críticas o radicales, pero perfectamente legales y merecedoras de protección en un estado democrático y plural.

Esto provoca que ni la propia jurisprudencia se ponga de acuerdo. El pasado mes de junio el Tribunal Supremo, en una relevante sentencia de la que fue ponente el magistrado Luciano Varela, absolvió a un acusado de enaltecimiento del terrorismo por mensajes en Facebook, al sostener que este delito debe aplicarse a casos tasados. En resumen, establece que para condenar por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales hay que probar la intención, el contexto y la repercusión del tuit (recomendamos leer el detallado análisis de esta sentencia del director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida).

De este modo, el alto Tribunal corregía su doctrina anterior sobre enaltecimiento del terrorismo en redes sociales y que aplicó a los casos de Strawberry y Cassandra, entre otros, condenando a penas de prisión por opiniones expresadas en Twitter.

A pesar de la satisfacción por esta sentencia, la PDLI resaltó entonces el daño ocasionado por las condenas anteriores, por las operaciones policiales prospectivas que las propiciaron y por la actuación de la fiscalía promoviéndolas y aplicando un criterio contrario a las exigencias constitucionales.

Para la PDLI es indudable que tales decisiones actuaron como “aviso a navegantes” y los daños en forma de autocensura son difíciles de reparar.

El origen de todo el problema se encuentra en la existencia de este delito que, a juicio de la PDLI, debe desaparecer, por entender que es incompatible con la normativa internacional de Derechos Humanos que nuestro país debe acatar (como el propio magistrado Varela deja entrever en su sentencia).

La PDLI lamenta que ninguno de los grupos parlamentarios haya puesto todavía en marcha aún la derogación de este delito. La eliminación de este artículo del Código Penal es una de las demandas que la PDLI presentó en el Congreso a todos los partidos como prioritarias para esta legislatura.

Hoy, más de 12 años después, Alfredo está a la espera de ingresar en prisión y de sufrir en sus carnes (al igual que sus familiares y amigos) la misma injusta dispersión que denunció con aquel muñeco de cartón. ¿Cuál es el delito cometido por Alfredo? HACER USO DE SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN. No sólo desde el balcón del Ayuntamiento de Amurrio sino también desde las redes sociales. En febrero de 2017, fue de nuevo juzgado y condenado por publicar su opinión en twitter, lo que ha llevado a los tribunales españoles a obligarle a cumplir la primera de las condenas. Hoy Alfredo está esperando la carta con la fecha del ingreso en prisión. Sería el primer caso de un usuario de las redes sociales que cumple condena efectiva como consecuencia de la Operación Araña.

Aunque por el momento Alfredo es el único de los Encausados por la Operación Araña sobre el que pesa ya una orden de ingreso en prisión, son muchas más las personas que ya han sido juzgadas y condenadas y se han visto gravemente afectadas por la represión del Estado y sus ataques constantes a la libertad de expresión, y otras tantas son las que pasarán por ello en el futuro.Sin ir más lejos, el próximo 30 de noviembre será juzgado Boro (@Boro_LH), periodista de La Haine, y el 1 de febrero de 2018 llegará el turno de Kaiet (@Kaieto94). Por otro lado, Andeka Jurado, (@berrirohemen) espera la sentencia del juicio celebrado hace unos días en el Tribunal Supremo, donde se verá si ratifican la condena de año y medio que le impuso la Audiencia Nacional.

Las cuatro fases de la Operación Araña acabaron con 76 detenidos. Con ellas se ha abierto la puerta a la “normalización” de la represión por delitos de opinión, y a partir de ahí, a otras detenciones individuales. Con ello, se pretende instaurar el miedo a expresarse libremente y la autocensura y se pretende hacer pasar por “normalidad democrática” que los cuerpos policiales puedan llevarse a gente de sus casas por haber expresado un opinión política.

Desde la Plataforma de Encausados por la Operación Araña, queremos mostrar, por tanto, nuestro más firme rechazo a la represión de derechos, en especial el Derecho a la Libertad de Expresión, llevada a cabo por el Estado español.

Por desgracia, los detenidos en la Operación Araña no somos las únicas víctimas de un Estado demofóbico y autoritario como el español y, por ello, queremos mostrar nuestra más absoluta solidaridad para con aquellos quienes ahora mismo sufren sus ataques.

Haciendo nuestra la reivindicación que en 2005 hizo Alfredo desde el balcón de su ayuntamiento, mostramos nuestro apoyo a los presos que injustamente se encuentran a cientos de kilómetros de sus casas, así como a sus familiares que deben recorrer largas distancias para verlos.

Asimismo, y a la vista de los recientes acontecimientos, queremos solidarizarnos con los miembros de PobleLliure (@Poble_lliure) encausados por recordar la historia y a quienes nos precedieron en las luchas y con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) y de Omnium Cultural (@omnium), que actualmente se encuentran en prisión preventiva por haber organizado las mayores manifestaciones pacíficas que ha conocido Europa en su historia, así como con todas las personas heridas por el terrorismo policial desatado el pasado 1 de octubre sobre el pueblo de Catalunya

Desde que empezó este sin sentido, esta persecución por ideas políticas, venimos advirtiendo del grave ataque a las libertades impulsado por el régimen español, con todas sus nuevas legislaciones “mordaza”, y que en el último mes está batiendo todo un record represivo. En estos momentos, en que el régimen está altamente deslegitimado para grandes sectores de la población, y que sólo apuesta por incrementar más y más la represión, creemos que es más necesario que nunca impulsar la lucha y la movilización y exigir la amnistía para todas las personas represaliadas por luchar o por sus ideas políticas.

http://latraka.es/la-operacion-arana-esta-a-punto-de-cobrarse-su-primer-preso-alfredo-remirez/