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Rebeca Quintáns

Una decena de políticos catalanes, entre rejas muy lejos de sus hogares, como tantos militantes de ETA; como los jóvenes de Altsasu, que llevan 600 días de talego; donde ya han estado también varios titiriteros y donde podrían acabar otros seis chavales que han recuperado un pueblo, Fraguas, con una lista de raperos, actores y twiteros que crece día a día.  Y, mientras, los cinco violadores de los San Fermines, en la calle; Iñaki Urdangarín, en una cárcel de lujo reservada para él solito; y su mujer, viviendo en Suiza sin pensar ni por asomo en devolver el dinero robado; como tampoco lo harán Rodrigo Rato, Jordi Pujol, M. Rajoy y un largo etcétera, que ríen las gracias-amenazas a Jiménez Losantos, también en libertad, porque en la cárcel estos no están, ni se les espera.

El despropósito judicial ha traspasado ya todas las líneas rojas, huelga decirlo. Toca ya sacar conclusiones. Evidentemente, no son casos aislados (porque un juez singular esté pasado de vueltas), ni se puede solucionar reformando o derogando un par de leyes. El problema es sistémico, y viene de la misma raíz de nuestro sistema político: el régimen del 78.

Lo primero que se hizo mal fue mantener todo el aparato judicial del franquismo y dejar a los mismos perros con distintos collares.

Los próceres del régimen no sólo mantuvieron su estatus en los juzgados, sino que continuaron reproduciéndose sin problema con sus privilegios de casta: un elitista sistema de acceso a la judicatura facilitó el proceso, para que fueran mayoritariamente sus cachorros los que conseguían entrar por oposición. Ya dentro del cuerpo, los filtros democráticos desaparecen completamente.

Todo lo controla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un grupo selecto de 21 jueces elegidos a dedo por los partidos mayoritarios exclusivamente (PP y PSOE). De esos 21 miembros depende todo. Entre sus múltiples atribuciones están la de elegir al Presidente tanto del CGPJ como del Tribunal Supremo (son el mismo), a los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y a los miembros del Tribunal Constitucional. También se encarga de la selección, provisión de destinos, ascensos y régimen disciplinario de jueces y magistrados en general; de la inspección de juzgados y tribunales, y del amparo de los jueces o magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia. Por si fuera poco, fiscaliza, mediante la elaboración de informes, los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten a determinadas materias, entre otras la organización, demarcación y planta judiciales. Y, como colofón, se encarga en exclusiva de la formación de futuros jueces, a través de la única escuela judicial de España (curiosamente en Barcelona).

En estas variadas tareas, como funcionan como una casta, todo suele quedar en familia. Los apellidos son principios de mayor peso que el mérito y la capacidad, y no es infrecuente encontrarse con sagas familiares como la del juez Ricardo González (el del voto particular absolviendo a la Manada), en la que todos los hijos han salido jueces, casualidades de la vida. La directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, es la esposa del juez del Supremo, Pablo Llarena, que a su vez es hijo de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (e instructor de la causa por el «procés»). Las escasas iniciativas para protestar por los abusos en este terreno han caído siempre en saco roto. Como cuando en noviembre de 2016 las principales asociaciones profesiones denunciaron que en el CGPJ “no se respetan los criterios de competencia” y que se efectúan nombramientos de personas que tienen vínculos familiares con vocales del Órgano de Gobierno de los jueces o con cargos de la cúpula de la Fiscalía General del Estado. Venía a cuento del nombramiento Rafael Fernández, entonces fiscal en Sabadell e hijo del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, que fue elegido entre otros 23 candidatos en apariencia con mayor experiencia profesional o tiempo en el ejercicio de la profesión, con el voto a favor del propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Y del caso del hijo de la actual pareja de Eduardo Torres Dulce, anterior Fiscal General del Estado, que fue promocionado como letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

Desde las altas instancias se controla todo, y si algún juez les sale díscolo por méritos propios, siempre pueden desplazarlo, marginarlo y, en los casos más extremos, inhabilitarlo. A través del Tribunal Superior de Justicia (cuyos miembros eligen ellos mismos), si de algún juzgado provincial o autonómico sale algo que no gusta, todo tiene remedio: El TS puede enmendar la plana a cualquier sentencia de rango inferior; es el único que puede ordenar la detención de sus propios miembros y sólo él puede procesarlos y separarlos por responsabilidades civiles y penales en el desempeño de sus funciones; y el único con atribuciones para juzgar a los aforados (es decir, se encargan de velar por que los políticos y miembros de la familia real estén suficientemente protegidos, no dejando que nadie más los juzgue ni los investigue). Por encima del Tribunal Supremo y el CGPJ sólo está el rey, que no puede ser juzgado ni por ellos.

Así que todo está atado y bien atado.

Felipe VI, como antes su padre, inaugura ceremoniosamente cada año judicial en tanto que máxima autoridad. “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”, dice nuestra Constitución en su artículo 117; por lo que, para todos los órganos judiciales, salas de vistas, despachos de jueces, fiscales y letrados, la foto de Felipe VI es una obligación. En la imagen oficial aparece, como en los actos protocolarios, con toga aterciopelada, con sus correspondientes puñetas, sobre la que lleva el escudo de magistrado del Tribunal Supremo (aunque no es tal), y el Gran Collar de la Justicia (que el Presidente del CGPJ le cede, porque tampoco es suyo).

Uno de los últimos actos en que pudimos ver juntos a toda esta “Manada” de la judicatura, fue en la entrega de los despachos a la 67 promoción de la Escuela Judicial de Barcelona, en abril de este año. Felipe VI -acompañado por el presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes; el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos; la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, y su esposo, el juez del Supremo, Pablo Llarena-, trasladó su firme respaldo a los jueces como «garantía última de los derechos y libertades» de todos los ciudadanos y «factor esencial para el respeto de la ley como expresión democrática de la voluntad». “Gozáis del respaldo de todos -les aseguró muy convencido- para que vuestra actuación responda fielmente a las expectativas depositadas en la labor de juez, como garantía última de los derechos y factor esencial para el respeto de la ley, como expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos”. Y los asistentes, en pie, le brindaron una cerrada ovación.

https://www.diarijornada.coop/opinio/20180625/manada-judicial

Rebeca Quintáns

En una de sus últimas intervenciones públicas, el actor y activista Willy Toledo se permitió el lujo de llamar “torturador” al nuevo ministro de Interior, el juez Grande Marlasca. Pero no, no lo van aprocesar por esto, no. No se atreven, porque perderían el juicio, literal y metafóricamente, aunque para ello hubiera que llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ya en 2005 (a raíz de unas declaraciones de 2003), la justicia española intentó condenar a Arnaldo Otegi por haber dicho que “el reyes el jefe de los torturadores” (porque es el “jefe” de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado), y lo sentenció a un año de cárcel; pero en marzo de 2011 el TDHS condenó a España por violar la libertad de expresión del político vasco. Así que no, no se van a atrever a hacer el ridículo procesado a Willy Toledo, por acusar a alguien que, además, no es el rey y sí podría ser responsable penalmente e investigado por ello. Willy ha puesto el dedo en la llaga denunciando la tortura sistemática en España, que ni mucho menos se acabó a la muerte de Franco, y que cuenta con muchos más torturadores entrenados sueltos que Billy el Niño. De las nueve condenas del TDHS contra España por no investigar torturas, en seis ocasiones la responsabilidad fue del juez Grande Marlaska, así que no le faltaban argumentos al activista.

Por ponerle cara a uno de estos seis casos, fijémonos en la del joven de Gasteiz Unai Romano, después de 4 días de septiembre de 2001 incomunicado en manos de la Guardia Civil. La fotografía de su rostro, antes y después del tratamiento, empapeló las paredes del país vasco entonces y a día de hoy continúa circulando por las redes: Al lado de la carita aniñada y casiadolescente de la primera, en la foto de después la tiene tan hinchada y amoratada que parece un monstruo; es una masa informe y sanguinolenta con los ojos hundidos en globos cárdenos de piel a punto de reventar, y el cuello tumefacto tan abultado que cuando le trasladan de urgencias al hospital no le pueden ni ponerel collarín. Casi sin poder ver, con esa misma cara grotesca, lo llevan aprestar declaración ante el juez Grande Marlaska en la Audiencia Nacional. Después de contestar sus preguntas, Unai comienza a narrarle las torturas y malos tratos a los que ha sido sometido. Según su propio relato: “Al cabo de medio minuto, me interrumpe diciéndome que lleva muchos años trabajando con la Guardia Civil y que mucha gente dice sufrirlas torturas y que no me cree. Dice también que, además, al no haber declaración policial, que ése no es el sitio indicado para denunciarlo, y que vaya al Juzgado para poner una denuncia. Me quedo perplejo, le miro a la secretaria y asiente con la cabeza. Mi abogada de oficio no me quita la vista de la cara y tampoco dice nada…”

Sí, el juez -ahora Ministro- Grande Marlaska es un torturador. Quizá no el autor material de los puñetazos y golpes, pero sí colaborador necesario y encubridor, sin ninguna duda. Lo ha dicho Willy Toledo, pero también el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en al menos 6 ocasiones. No está de más repetirlo cuánto podamos, permitirnos el lujo de decir verdades como puños, por higiene democrática. Sí, el Ministro de Interior, Grande Marlaska, es un torturador; y, por cierto, el rey, Felipe VI, el jefe de los torturadores.

1.014 personas sufrieron torturas en 2017 por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones y centros de menores en 224 situaciones, según recoge el último informe publicado (*) por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). La cifra supone el doble de situaciones de torturas y malos tratos que se dieron en 2016, y casi cuatro veces más el número de personas afectadas. Entre 2004 —año del primer informe— y 2017, la Coordinadora ha recopilado 3.602 casos de torturas y malos tratos, y 9.085 personas afectadas.

Este aumento, según señalan desde la Coordinadora, está relacionado con la violencia policial que tuvo lugar el día 1 de octubre en Catalunya, con motivo de la celebración del referéndum. Desde la CPDT también señalan el incremento de violencia contra población migrante.

“Hemos valorado respecto al incremento dos cosas fundamentales, el 1 de octubre hubo una situación en la que más de 500 personas fueron afectadas, que son más del 50% de las personas afectadas que recoge el informe”, afirma Carlos Hernández, miembro de la Asociación Salhaketa Bizakia, una de las participantes en la CPDT, quien destaca también el aumento de agresiones sufridas por personas migrantes, sobre todo en situaciones que tuvieron lugar dentro de centros de internamiento de extranjeros.

El informe detalla que estas agresiones tuvieron lugar cuando las personas afectadas se encontraban bajo la custodia de funcionarios, ya sea en comisarías, cuarteles, prisiones y otros centros de privación de libertad, como los centros de internamiento de extranjeros, así como en el transcurso de intervenciones policiales, especialmente en manifestaciones. También advierten que, aunque son todas las que están, no están todas las que son. Como en los anteriores años, muchas de las denuncias han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectada o porque no se ha conseguido reunir información suficiente. También, y especialmente, la Coordinadora señala que la mayoría se situaciones de torturas o malos tratos no son denunciadas nunca, especialmente en el caso de las personas presas, sin hogar y migrantes, que son especialmente vulnerables.

Por territorios, la comunidad autónoma con más incidencia es Catalunya. Reúne el 61 por ciento de las personas afectadas por torturas y malos tratos y el 47,3% de las situaciones. Ceuta fue el segundo territorio en número de personas que han sufrido torturas y malos tratos —117—, seguida de Madrid —102—. “En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el elevado número de personas afectadas tiene otra explicación, que no es sino la presencia de la Frontera Sur tanto del Estado español como de la Unión Europea, con todas las cuestiones de violaciones de derechos que ello conlleva y su incidencia en el elevado número de personas afectadas por la violencia que suponen las torturas, los malos tratos y otros tratos crueles o degradantes”, explican desde la CPDT, refiriéndose al informe elaborado por Iridia.

En cuanto al tipo de funcionarios denunciados por torturas o malos tratos, los agentes de la Policía Nacional son los que acumulan más denuncias: 82 situaciones —la tercera parte de las recopiladas— y 551 personas afectadas —más de la mitad del total—. Les sigue la Guardia Civil, con 41 situaciones de torturas y malos tratos y 338 personas afectadas. Desde la Coordinadora puntualizan que en muchas de las situaciones participa más de un cuerpo de seguridad. “Prácticamente todos los cuerpos han recibido denuncias, por lo que se puede ver que la práctica de torturas y malos tratos está generalizada y además se extiende por todo el territorio”, señala Hernández.

(*) http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2018/06/Resumen-cas-2017.pdf