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Llamamiento a la solidaridad para impedir que un luchador ingrese en prisión

Paco es un compañero de Mérida que durante los últimos años ha participado de manera muy activa en los Campamentos Dignidad y todo tipo de luchas sociales en Extremadura.

Como consecuencia de esta actitud rebelde y solidaria ha sufrido todo tipo de encontronazos con una justicia diseñada para la represión de subversivos y pobres. Fue uno de los juzgados y condenados por interrumpir los informativos de TVE en exigencia de una Renta Básica. Y cuenta en su haber con varias detenciones y multas más derivadas de su compromiso.

En 2015, días después de una manifestación en la que unos policías le vigilaron muy de cerca, fue abordado por unos agentes que le pidieron la documentación y comenzaron a tratarle de malos modos para acabar propinándole varios golpes y denunciándole por atentado a la autoridad.

Posteriormente fue sentenciado como culpable por un juzgado de Mérida, quedando a la espera de poder conmutar su pena por trabajos en beneficios de la comunidad, ya que nuestro compañero se encuentra en una situación de paro prolongado.

En los meses posteriores no recibió ni le fueron comunicadas ninguna de las notificaciones del Juzgado mandadas a una dirección que no existía. Sólo cuando estaba a las puertas de la cárcel, le informaron de que o abonaba 1.080 euros de multa en el plazo de diez días o le tendría que entrar en prisión durante 6 meses.

Paco ha sido solidario con todas nosotras, es hora de que seamos solidarios con él. Aportemos cada uno lo que buenamente podamos, intentemos recaudar por otras vías y demos difusión a esta nueva injusticia represora de un régimen que nos niega las más básicas libertades.

Para colaboar a pagar la multa de Paco: La Caixa ES44 2100 4294 4322 0012 8747

La policía francesa ha empezado a ‘fichar’ a los miembros de los ‘chalecos amarillos’

A comienzos de enero el Ministerio francés de Interior dictó una circular confidencial para que la policía empezara a crear un fichero de todos y cada uno de los que participan en las protestas de los “chalecos amarillos”, según la revista Le Carnard Enchaîné.

Estado civil, antecedentes penales, implicación asociativa… el Ministerio del Interior quiere saber todo sobre los “chalecos amarillos” y ha ordenado al Servicio Central de Inteligencia Territorial (SCRT) que vaya recopilando la información.

En el documento se ordena la policía que identifique a los dirigentes, aquellos que tienen “una influencia real en el movimiento” y que tienen “potencial para ser los interlocutores de la autoridad pública”.

Después de identificarlos, los policías deben rellenar un registro apropiado sobre ellos con las típicas menciones policiales: fotografía, estado civil, apodo, dirección, teléfono, vehículo…

Es sólo una pequeña parte de la información que la policía debe recabar. Además, están los “antecedentes y procedimientos judiciales” de la persona en cuestión, “su participación en asociaciones”, “su influencia y actividad en las redes sociales”, “su participación en los medios de comunicación”, “sus vínculos con elementos o movimientos radicales” y, por último, las “fuentes de financiación del movimiento”.

No quieren que se escape nada. La policía lo quiere saber todo. La iniciativa tiene varios propósitos: vigilar mejor a los “chalecos amarillos”, identificar a los que podrían utilizar la violencia, desafiar a la dirección del movimiento para intentar desviar al movimiento de sus objetivos…

En el capítulo “Observaciones”, el Ministerio quiere saber si “la persona interesada ha estado en contacto con las autoridades” y si “el contacto es posible”, es decir, un intento de camelar o sobornar a los dirigentes.

La información recuperada se archiva en las bases de datos del Ministerio, lo que explica que la Circular no se haya declarado a la Comisión Nacional de la Información y las Libertades. En otras palabras, el fichero está fuera de la ley.

Abdul Wali: una muerte por torturas que jamás ha merecido ni una sola línea de la prensa española

Abdul Wali
En 2003 Abdul Wali tenía 28 años y vivía al sur de Asadabad, en la provincia de Kunar, Afganistán, no muy lejos de una base militar que tenía Estados Unidos y que fue atacada con lanzagranadas a mediados de junio de aquel año.

Wali viajó hasta la base acompañado de su amigo Hyder Akbar, cuyo padre era el gobernador de la provincia, y se entregó voluntariamente a las tropas estadounidenses. Creyó que la presencia de su amigo, además de testigo, era el mejor aval que podía presentar.

Un criminal de la CIA, David A.Passaro, se encargó de los “interrogatorios reforzados” y le estuvo golpeando durante dos noches seguidas, causándole heridas graves, incluyendo una fractura de la pelvis.

Una vez fallecido, a los torturadores les siguieron los periodistas con las correspondientes cortinas de humo, las mentiras y la intoxicación: la versión oficial era que Wali había muerto de una ataque cardiaco.

El relato se torció cuando tres miembros de la 82 División Aerotransportada se presentaron para testificar que Passaro había torturado al detenido, no le había dejado dormir, no le dio de comer, tampoco le dio agua y le rompió la pelvis de una patada en la ingle con sus botas de combate con tal fuerza que lo levantó del suelo; en otras palabras: una brutal patada en los cojones.

Una vez en el suelo, el criminal siguió golpeando al detenido con una linterna pesada en los brazos, en las piernas y en el abdomen, de manera que Wali no era capaz ni siquiera de orinar.

El detenido suplicaba a los esbirros a gritos que le mataran; no fue necesario porque al cuarto día de detención había fallecido y en ningún momento admitió haber participado en el ataque a la base militar.

A Passaro un tribunal estadounidense le condenó a ocho años y cuatro meses de cárcel; es el primer y único esbirro de la CIA condenado por hechos posteriores al 11 de septiembre de 2001.

También fue el primer estadounidense condenado en virtud de la Ley Patriótica, que amplió la jurisdicción de los tribunales federales de Estados Unidos para incluir ciertas violaciones de la ley cometidas por su chusma.

El gobernador de la provincia de Kunar, donde sucedieron los hechos, Said Fazal Akbar, ha asegurado que la muerte de Wali se convirtió en una formidable arma de propaganda para que quienes querían luchar contra Estados Unidos, se unieran a los talibanes.

La prensa española jamás ha pubicado ni una sola línea ni sobre a muerte de Wali, ni sobre la condena a Passaro.

El torturador de la CIA: David A.Passaro

‘Perro ladrador poco mordedor’: hay que preocuparse de los fascistas que muerden más que de los que sólo ladran

Juan Manuel Olarieta
Para que los oportunistas le pongan a alguien la etiqueta de “fascista” tiene que ser uno de esos bocazas típico al que no le gustan las mujeres ni los homosexuales, aunque estos últimos cuando son hombres sobre todo y por el mero hecho de que, en realidad, no son tales sino “afeminados”, es decir, “casi mujeres”.

Por el contrario, cuando un fascista es un poco discreto y disimula, pasa la prueba; entonces sólo es “de derechas”. Así son los oportunistas; toda su doctrina política e ideológica no se sale del recetario de la posmodernidad, ni va más allá del seudoecologismo, el feminismo burgués, la marejada LGTB…

El pragmatismo es la seña de identidad de la política posmoderna. Los políticos se callan la bocaza en función de los sondeos, de las afirmaciones que dan o quitan votos, no en función de que tengan una opinión al respecto. Los demás, los que tienen una opinión propia, son dogmáticos, doctrinarios, como ha repetido Rajoy este fin de semana en una fiesta del PP y no se refería a sí mismo, sino a “la casta”.

Entonces Bolsonaro es un fascista, pero Macron no. En el francés todo es políticamente impecable porque su lenguaje está a la altura de la vara de medir que se utiliza en las grandes metrópolis mundiales. Lo que está ocurriendo con los “chalecos amarillos” no importa nada o, en el caso de que importe, se la califica como una crisis “ecosocial”(*) porque los oportunistas siempre llevan las cuestiones al mismo terreno pantanoso de la posmodernidad.

Sin embargo, la protesta de los “chalecos amarillos” se inicia contra una medida justificada por Macron con propósitos “ecologistas”. El auténtico “verde” es el Presidente francés y quienes protestan no cuidan el medio ambiente o no quieren hacerlo a costa de su bolsillo.

Una movilización que empieza de esa manera tiene un evidente carácter social, a partir del cual Macron ha iniciado una abierta deriva fascista que no tiene nada que ver con la posmodernidad y que, a causa de ello, los oportunistas siguen sin querer destapar por razones que son evidentes.

La primera es que los “chalecos amarillos” han iniciado la movilización más importante en Europa desde hace muchas décadas.

La segunda es que dicha movilización tiene un claro contenido político y social, que es una de las razones por las cuales ha alcanzado una dimensión que los posmodernos nunca fueron capaces de soñar.

La tercera es que, lo mismo que en Catalunya, la represión del movimiento popular no está en manos de ningún partido “ultraderechista” sino del Estado porque el fascismo es algo que concierne fundamentalmente al Estado burgués contemporáneo.

Los oportunistas se callan sobre este aspecto de lo que está ocurriendo en Francia porque intentan ocultar la verdadera naturaleza del Estado con la cortina de humo de la “ultraderecha”. Se trata, pues, de poner de manifiesto lo que el Estado hace, no lo que dicen tales o cuales bocazas fascistas.

Los 4.700 detenidos, las 1.000 condenas a penas de prisión y las 5.600 órdenes de libertad vigilada no las ha dictado ningún “ultraderechista” sino jueces, fiscales y policías, es decir funcionarios del Estado que cumplen leyes y órdenes dictadas desde arriba.

Conclusión: Francia ya tiene un buen puñado de presos políticos. Ayer en Dijon unos 50 “chalecos amarillos” lograron entrar en la cárcel donde algunos cumplen condena para exigir su liberación. Desde el asalto a la Bastilla en 1789, todo movimiento popular empieza siempre de esa manera: por exigir la salida de sus presos políticos.

Desde el inicio de las movilizaciones de los “chalecos amarillos” hay entre 2.000 y 3.000 manifestantes heridos, mutilados y apaleados. Las nuevas armas que lanzan proyectiles de caucho (“flashball”) permiten a la policía disparar a discreción causando lesiones gravísimas. A 4 manifestantes les han arrancado la mano y 14 han perdido un ojo.

De facto Francia ha decretado la ley marcial, ha puesto 80.000 policías en las calles con armamento de guerra, carros blindados, helicópteros y fusiles de asalto HK G36. Los francotiradores de la policía se apostan en los tejados con rifles de mira telescópica para disparar contra la multitud, contra los manifestantes, contra los mirones y contra los periodistas.

Jamás los periodistas habían tenido tantas bajas en sus filas; ni en la peor de las guerras han caído tantos. Los reporteros acuden a cubrir las manifestaciones vestidos al mismo estilo de los antidisturbios: con casco, gafas antigases, la nariz cubierta e incluso algunos de ellos acompañados de guardias de seguridad.

Sin embargo, a pesar de que todos los medios franceses lamentan que sus reporteros hayan sido heridos y apaleados por la policía, de lo único que hablan es de lo mismo de siempre: de la violencia de los “chalecos amarillos”.

Los oportunistas están empeñados en mantener la ficción de un “cuarto poder”, de las cadenas de intoxicación (privadas) como algo distinto del Estado (lo público) y se olvidan de datos como el siguiente: en medio de las movilizaciones de los “chalecos amarillos”, el 27 de noviembre Macron suprimió tres impuestos que pesaban sobre las cadenas de radio y televisión para convertir a los medios en complices de la represión policial.

A un diputado de LREM, el partido de Macron, se le escapó en una entrevista cuando calificó a la cadena BFMTV como “la nuestra”. Todos los medios son “los suyos”.

El moderno Estado burgués está en una guerra abierta con su propia población y se prepara para futuras guerras, siempre con la excusa de la “lucha contra el terrorismo”. Por ejemplo, tras los atentados de 2015, la policía impuso el Protocolo SIVIC que le permite acceder a los informes médicos de los pacientes hospitalizados que, según la ley, deberían ser confidenciales.

Hasta hace muy poco eso sólo era posible en casos de “terrorismo”. Ahora lo están haciendo con los “chalecos amarillos” porque el mantra del “terrorismo” es como todo: primero se justifica “en caliente” para determinados casos excepcionales y luego resulta que los “terroristas” no eran los “lobos solitarios” que creíamos, sino todos nosotros.

“El personal sanitario se está convirtiendo progresivamente en auxiliar de policía”, lamentan los médicos franceses. El moderno Estado burgués es fascista porque funciona exactamente así: todo lo convierte en un auxiliar de la policía, todos se ponen al servicio de la policía.

En un Estado, como Francia, que hace años que mete de cabeza de lleno en el fascismo, es posible escuchar con la mayor naturalidad declaraciones, como las del antiguo ministro Luc Ferry, un catedrático de filosofía de pacotilla, pidiendo a la policía que dispare sus armas de fuego contra quien se está manifestando en la calle. No quiero ni pensar en lo que habría ocurrido si alguien hubiera dicho lo mismo de los “chalecos amarillos”: que hicieran uso de sus armas contra la policía…

La represión de los “chalecos amarillos” está siendo un entrenamiento. Un Estado fascista sabe lo que le espera; es esencialmente preventivo. No sólo reacciona haciendo uso de toda la fuerza de la que se dispone, sino que se prepara para algo mucho peor y no lo oculta.

Va a crear un fichero de “violentos” a los que privará de su derecho constitucional a manifestarse. No es tan difícil de entender que basta con que el listado sea un poco extenso para que nadie pueda protestar en la calle.

Los policias podrán acudir encapuchados a las manifestaciones, pero los manifestantes no. Ni siquiera podrán taparse la nariz para no aspirar los gases lacrimógenos.

Quedan prohibidas las manifestaciones que no se anuncien previamente con la suficiente antelación…

Etcétera.

Si alguien preguntaba por lo que es el fascismo, ahí lo tiene y, como puede ver, no son palabras, ni amenazas, ni proceden de charlatanes “ultraderechistas” sino que son actos de políticos y funcionarios del Estado que cumplen cabalmente con las tareas que tienen encomendadas. “Perro ladrador poco mordedor”. Preocupémonos de quienes, como Macron, ladran poco y muerden mucho.

(*) https://dedona.wordpress.com/2019/01/19/chalecos-amarillos-preambulo-de-una-crisis-ecosocial-global-jose-bautista/

La orden de ‘gatillo fácil’ puede resultar contraproducente para Bolsonaro y su banda de matones

Si Bolsonaro y sus mentores creían que lo tenían fácil, ya empiezan a comprobar que no va a ser así, ni mucho menos. 500 mercenarios de la Guardia Nacional se han desplegado en Fortaleza, en el estado de Ceará, al noreste del país, donde el gobierno se confiesa abrumado tras una semana en la que se han producido más de 160 ataques.

Han aparecido incendiados autobuses, furgonetas de correos y vehículos. Las comisarías de policía, los edificios gubernamentales y los bancos han atacados con cócteles Molotov y explosivos. Ayer volaron una central telefónica, dejando 12 ciudades sin servicio de telefonía móvil. Otros explosivos dañaron un viaducto de la autopista y un puente.

Brasil puede quedar atrapado por una espiral de represión y reacción, con grupos armdos que ya han dejado claras sus intenciones. Quizá sea eso lo que andaban buscan los fascistas. Necesitan una provocación para que el ejército imponga el estado de excepción y los francotiradores empiecen a disparen a matar.

En Río de Janeiro han entrenado a 120 francotiradores, que acompañan a la policía de la ciudad a las favelas cercanas para disparar contra todo el que se mueve. En 2017 policía brasileña ya mató a 5.000 personas, un promedio de 14 diarios.

Los francotiradores operan por parejas, un pistolero y un vigilante, que filman las ejecuciones en vídeo. Los dos policías alternan sus papeles.

Para justificar los crímenes, las fuentes oficiales dicen que bandas de narcotraficantes rivales han unido sus fuerzas para llevar a cabo más de 160 ataques en represalia por la decisión de poner fin a la práctica de separar a las diferentes facciones del narcotráfico en las cárceles brasileñas.

Ya hay 148 detenidos acusados con los ataques, mientras que al menos 20 prisioneros sospechosos de ordenarlos han sido trasladados de prisiones estatales a prisiones federales, donde el gobierno brasileño promete que no cederá en su determinación de luchar contra la actividad de los grupos armdos.

“Podríamos ver este tipo de salvajismo en Río de Janeiro, en la televisión. Las cosas estaban bastante tranquilas aquí”, en Fortaleza, dice Carlos Robério, copropietario de un minibús después de ver a un grupo de jóvenes en circuito cerrado de televisión rociando gasolina en uno de sus kioskos antes de prenderle fuego.

Roberio dice que ante este colapso de la civilización se ha armado. “Es un caos total aquí, y me siento como alguien que está en medio del océano sin una pequeña balsa salvavidas”.

Bolsonaro ha prometido flexibilizar las leyes sobre la tenencia de armas, para facilitar que los adultos mayores de 25 años puedan ser autorizados sin antecedentes penales. Permitir que las personas “valientes” posean armas, disuadirá a los delincuentes, al mismo tiempo que reducirá la tasa de homicidios de Brasil, que se sitúa en casi 64.000 asesinatos el año pasado.

De los ‘chalecos amarillos’ a los ‘brazaletes blancos’: cómo domesticar una movilización espontánea

Las nueve semanas de protesta de los “chalecos amarillos” están siendo el mejor laboratorio moderno de lo que Lenin explicó ya hace cien años en su “¿Qué hacer?”, a saber, el componente espontáneo de una lucha, sus limitaciones y sus lecciones. Es uno de esos casos en los que la vanguardia tiene que aprender de las masas.

El gobierno lo está intentando todo para frenar las movilizaciones pero, sobre todo, para “encauzarlas”, convertirlas en cortejos inofensivos. Ayer se demostró que hasta ahora ha fracasado, lo cual demuestra la profundidad del descontento y el hastío opular.

Nada menos que a la agencia de noticias AFP se le ocurrió ayer (*) algo que tiene poco que ver con su cometido profesional, que creíamos que era el de informar. Lo que propone no es que el gobierno cambie su política económica; quienes deben cambiar son siempre los explotados y humillados que, como van a seguir por siempre en su misma condición, explotados y humillados, también van a seguir protestando.

A los “chalecos amarillos” hay que domesticarlos lo mismo que a los sindicatos. Primero hay que domesticar a la dirección para que a su vez convoque protestas a su imagen y semejanza, es decir, domesticadas.

La AFP dice que los “chalecos amarillos” son poco “profesionales”, personas que no tienen la costumbre de manifestarse habitualmente, al estilo festivalero y jocoso de las protestas domesticadas, donde la gente en lugar de luchar lo que hace es divertirse, disfrazarse de payasos y bailar acompañados de una charanga.

A eso le llaman hoy “manifestaciones”, en las que no pueden faltar nunca, dice la agencia, los “brazaletes blancos”, o sea, el servicio de orden, de tal manera que la policía no tenga que sacar la porra para desempeñar la tarea represiva que le es propia. Los convocantes deben ser policías de sí mismos para que nadie “se pase”. Que vayan por donde tengan que ir y que griten lo que tengan que gritar.

El servicio de orden de una manifestación domesticada es como el perro pastor que guía el rebaño de ovejas, lo vigila y finalmente lo conduce al redil.

Por eso ayer en París se vieron escenas que hasta ahora no se habían visto: una joven se sube a la marquesina de una parada de autobuses y la emprende a patadas para derribarla, mientras un señor vestido con su “chaleco amarillo” le increpa: no lo hagas porque los antidisturbios lo pueden utilizar como excusa para cargar.

Es una opinión muy corriente entre los domesticados para echar las responsabilidades siempre sobre los manifestantes. La policía no necesita ninguna excusa, ni para cargar, ni para disparar, ni para aporrear. Las cargas no tienen ningún otro motivo que la orden que da un jefe que ni siquiera está presente sobre el terreno, o bien responden a un plan preconcebido, discutido y aprobado el día anterior a la manifestación.

En Marsella, durante una manifestación de los “chalecos amarillos”, un antidisturbios lanzó un bote de humo contra la ventana de una vivienda y mató a la anciana que se disponía a cerrarla, al acanzarla en la cabeza. ¿Qué tumulto quería disolver?, ¿qué excusa cabe?, ¿le juzgarán al policía por asesinato?

La cadena LCI ha entregado cascos industriales a los periodistas que cubren las manifestaciones, gafas aislantes y máscaras antigás. En las calles de Francia las manifestaciones son lo más parecido a una guerra sin cuartel de las que estallan en cualquier país africano. Hoy los periodistas tienen dos cosas muy claras: que en París se juegan el físico y que los causantes de ello no son los “chalecos amarillos” sino la policía.

En las manifestaciones la violencia tiene una solución muy sencilla: basta con que la policía no acuda.

(*) http://journalmetro.com/monde/2044678/mobilisation-des-gilets-jaunes-en-hausse-en-france-premiers-heurts/

Escena de la manifestación de los ‘chalecos amarillos’ ayer en Bourges, una localidad del centro de Francia

La policía está creando una red de soplones con la excusa de los ‘delitos de odio’

Los delitos de odio son el colmo de la posmodernidad y, por lo tanto, de la estulticia. Una vez agotadas las excusas del terrorismo, el yihadismo y el narcotráfico, el Ministerio del Interior tiene que seguir manteniendo la alarma del continuo aumento de la criminalidad para justificar lo injustificable: el aumento de la represión.

La temperatura del planeta sube a cada momento y el odio también. Por eso hay policías que se dedican especialmente a vigilar a los odiosos, así como fiscales, teléfonos para denunciar y demás parafernalia represiva, en la que no falta el aplauso entusiasta de esas ONG dopadas de subvenciones.

Bajo la batuta de un inquisidor como Marlaska, recientemente el Ministerio del Interior ha creado uno de esos organismos absurdos que se llama Oficina Nacional de Delitos de Odio, que es quien impulsa un plan contra los delitos de odio que no puede fallar por el módico precio de 472.500 euros. ¡Una ganga!

Entre las medidas previstas por el plan se incluye una orden a la policía para urdir una red de “testigos prioritarios” (léase soplones, confidentes y chivatos) que les ayuden a identificar a los autores de los delitos marcados por la discriminación racista, ideológica o por orientación sexual, e incluso a prevenir este tipo de delitos.

La policía quiere captar a taxistas, porteros de locales
nocturnos o miembros de la seguridad privada para chivarse de
“establecimientos, situaciones o espacios horarios donde determindos
colectivos pueden verse especialmente inseguros o en situaciones de
riesgo”
.

Desde 2014 los móviles con acceso a internet cuentan con la posibilidad de instalar una aplicación, Alertcops, que facilita el trato de los ciudadanos con la policía. La aplicación tiene con distintas pestañas para advertir, ya sea como víctima o como testigo, de posibles delitos de tipologías muy características y diferentes entre sí, como el yihadismo o el acoso escolar. A partir de la entrada en vigor del plan, los delitos de odio tendrán un botón específico en Alertcops.

En el plano operativo, el Ministerio prevé crear una base de datos, de uso común para las Fuerzas de Seguridad del Estado, donde los agentes encuentren información sobre la “simbología” de los grupos radicales que están detrás de una parte de los delitos de odio, ya sean racistas, homófobos, antisemitas o musulmanófobos, según el borrador que la Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido a Policía y Guardia Civil. El plan de acción amplía y proyecta el Protocolo para las Fuerzas de Seguridad que Interior aprobó en 2014.

En el ámbito de la prevención, el Ministerio del Interior pone el acento en la identificación de este tipo de delitos. Para conseguirlo creará una “encuesta de inseguridad” a quienes han sido víctimas de delitos de odio. Igualmente, los gabinetes de prensa con los que cuentan el propio Ministerio y las Fuerzas de Seguridad recibirán la directriz de proporcionar a los medios de comunicación “información veraz, oportuna y clara” (léase intoxicación) sobre los delitos de odio. Los perfiles en las redes sociales de Policía o Guardia Civil realizarán a su vez campañas de “sensibilización” (léase intoxicación).

La Oficina Nacional de Delitos de Odio alertará a los proveedores de servicios de internet contra los contenidos que pudieran incurrir en esta tipología y la Secretaría de Estado de Seguridad reunirá cada seis meses a los responsables nacionales y por autonomías de cada Cuerpo en la materia.

https://www.eldiario.es/politica/Interior-tejera-confidentes-delitos-odio_0_854965253.html

Más información:

– Una gangrena social: los que viven del odio de los demás (que va cada vez a más)
– Odio, discurso de odio, delito de odio, grupo de odio
– Alemania censura miles de sitios de internet tras la aprobación una ley contra el odio

Un juzgado de Valencia investiga por primera vez las torturas de la Brigada Político-Social del franquismo

Un juzgado de Valencia investiga por primera vez las torturas de la brigada político-social del franquismo. Ha admitido a trámite una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político Social de la capital levantina, entre ellos Manuel Ballesteros, Jacinto López Acosta y Benjamín Solsona Cortés.

En un auto fechado el pasado 28 de diciembre el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha admitido a trámite la querella criminal y la víctima ha mostrado su satisfacción por una decisión que consideran “un sueño que se está volviendo realidad”, aunque reconocen que no saben el recorrido que tendrá la investigación judicial.

En su resolución, el juzgado acuerda librar oficio al Archivo Histórico Nacional (Centro Documental de Memoria Histórica) para que remita todos los documentos existentes en sus fondos relativos al querellante y, en concreto, los concernientes a su detención como miembro, entonces, del Partido Comunista de España (PCE).

Se trata de la primera querella criminal, dirigida contra policías de la Brigada Político-Social franquista, en la que se imputa un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, admitida a trámite por un juzgado del Estado español.

La querella criminal presentada se enmarca en la campaña de presentación de este tipo de acciones penales en todo el Estado español al objeto de denunciar ante los tribunales españoles los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Ya son un total de 18 querellas las que han sido presentadas en Madrid, Oviedo y Valencia.

En Valencia se han presentado un total de  seis querellas criminales impulsadas por la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) -en cuatro casos, el juzgado ha llamado a los querellantes para ratificarse y en las otras dos ocasiones se ha pasado a la Fiscalía-.

La resolución judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia representa un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; política de impunidad que tan duramente ha sido criticada desde diferentes instancias internacionales, entre otras, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Así, desde la plataforma valenciana afirman: “Aunque tarde, es el momento de que por fin el Estado español reconozca a las víctimas de la dictadura franquista los derechos que les asisten: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

La resolución judicial dictada debe animar a que otros Juzgados y Tribunales españoles dicten otras acordes con el derecho internacional y los Derechos Humanos y que, evidentemente, la Fiscalía General del Estado modifique el criterio mantenido hasta la fecha en relación con la tramitación de dichas causas penales, apoyando su investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes.

https://www.eldiario.es/cv/Valencia-investigara-Espana-politico-social-franquismo_0_854964652.html

‘Chalecos amarillos’: el número de detenidos asciende ya a 5.339 personas segun datos oficiales

En menos de dos meses, desde el inicio de la movilización el 17 de noviembre, las manifestaciones de los “chalecos amarillos” han dado lugar a 5.339 detenciones policiales en Francia, según un recuento del Ministerio de Justicia.
La revisión incluye las manifestaciones del sábado 5 de enero, y muestra que las respuestas difieren significativamente entre París y provincias.

De las personas detenidas, 815 fueron juzgadas en comparecencia inmediata y 152 fueron también objeto de una orden de detención.

Las respuestas judiciales que han seguido a las detenciones revelan una diferencia de trato significativa entre París y provincias. Si la proporción de detenidos que se han juzgado en la comparecencia inmediata es relativamente similar entre la capital (15 por ciento) y el resto de Francia (15,3 por ciento), la proporción de casos no resueltos varía ampliamente.

En París, por ejemplo, los 1.628 detenidos al margen del movimiento de los “chalecos amarillos” desde finales de noviembre han dado lugar a 798 archivos sin ninguna otra acción, lo que representa el 49 por ciento de los asuntos. En provincias esta proporción es aproximadamente cuatro veces menor: hay 436 casos de archivo y 3.711 casos de detención policial, lo que representa el 11,7 por ciento del total.

Desde el inicio del movimiento, en París se han dictado un total de sesenta penas de prisión firmes. Sin embargo, estas sanciones no conducen sistemáticamente a la rclusión. De las 152 órdenes de detención emitidas en todo el país, 123 se dictaron en las regiones y casi una treintena en la capital.

Si bien las detenciones alcanzaron su punto máximo durante el fin de semana del 8 de diciembre -con 1.082 en París y unas 2.000 en toda Francia-, posteriormente disminuyeron, al igual que las custodias. En la capital, el número de afectados aumentó de 904 el sábado 8 de diciembre a 33 el 29 de diciembre de 2018.

A escala nacional, las cifras recopiladas por la Fiscalía ponen de relieve la gran diversidad de respuestas del sistema penal. En un caso se prefirieron medidas alternativas al enjuiciamiento de seis en las provincias (17,6 por ciento). Estas medidas incluyen, entre otras, recordatorios a la ley, orientación de los manifestantes hacia una estructura sanitaria, social o profesional, o la reparación del daño.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/07/manifestations-des-gilets-jaunes-5-339-gardes-a-vue-depuis-le-debut-du-mouvement_5406042_3224.html

4.570 ‘chalecos amarillos’ detenidos en un mes: llega la hora de la venganza

El movimiento de los “chalecos amarillos” está batiendo todos los registros en cuanto al número de detenciones, de personas procesadas y de sentencias de prisión firmes. Mientras que la detención de Eric Drouet, uno de los dirigentes del movimiento, el 2 de enero fue ampliamente difundido, lejos de las cámaras están lloviendo detenciones y sanciones. En un mes, del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2018, 4.570 personas fueron detenidas por la policía (1.567 en París y 3.003 en las regiones), según las cifras del Ministerio de Justicia. Ya se han celebrado 697 comparecencias inmediatas, mientras que 825 casos han sido cerrados sin más actuaciones.

En París, de las 214 comparecencias inmediatas, se dictaron 26 sentencias firmes de prisión con una orden de detención, lo que significa que los condenados fueron encarcelados directamente. En las otras regiones, se registraron 483 comparecencias inmediatas con 190 órdenes de detención. Aún están programados cientos de juicios para las próximas semanas.

Entre los condenados a penas de prisión se encuentra el videógrafo Stéphane Trouille. Fue detenido, junto con otras tres personas, durante la movilización de los “chalecos amarillos” en Valence el 8 de diciembre, acusado de “violencia en reuniones contra una autoridad pública”. Los cuatro afirman no conocerse y no tener antecedentes penales.

Antes del juicio ¡Basta! había transmitido el testimonio de sus familias. El 26 de diciembre se dictó sentencia: Stéphane Trouille fue condenado a 18 meses de prisión, seis de los cuales fueron suspendidos. Los otros tres fueron sentenciados respectivamente a doce meses, seis de los cuales fueron suspendidos para Tom, diez meses, seis de los cuales fueron suspendidos para Dylan, y nueve meses, seis de los cuales fueron suspendidos para María. A los cuatro se les prohíbe manifestarse durante tres años.

El 2 de enero Le Canard Enchainé relató su caso: “Un hombre reduce a otro en el suelo y los chalecos amarillos se agolpan. Un individuo se interpone en el camino. Intervienen, intercambian algunos golpes con los dos sin chaleco. Mala suerte, eran dos policías de paisano. El que está en tierra es el director del departamento y el otro es su chófer. ¿Eran visibles sus brazaletes de policía? En el vídeo mostrado en el juicio es obvio que no”.

En una carta publicada al día siguiente de la sentencia, Stéphane Trouille escribió: “Durante toda esta escena, que dura unos 22 segundos, nunca oí a los agentes de policía identificarse y nunca vi su brazalete, al menos discreto y difícil de detectar. Así que SÍ, usé la violencia contra un individuo, para proteger a los chalecos amarillos, para ahuyentar a las personas que había identificado como agresores. No, no lo hice, no ‘rompimos’ al policía, le ‘soplamos’ al policía, ‘a la mierda con el policía’, ya que los medios de comunicación lo han estado golpeando desde que se dictó el fallo, en gran medida utilizando las dramáticas palabras del fiscal”.

En cuanto a María, una militante comunista de Drôme, se le acusa de apoderarse del sombrero del comisario. Según L’Humanité, lo hizo, se defendió, para “desviar su atención para que no sacara su arma”. “Nunca he golpeado a nadie antes”. Según su abogado, el contexto nacional ha jugado en estas duras sentencias. Como señala el encadenado Duck, el fiscal también ha hecho conexiones con escenas de violencia vistas en París.

El Ministro de Justicia envió a los fiscales una circular, fechada el 22 de noviembre, sobre el “tratamiento judicial de los delitos cometidos en relación con el movimiento de protesta conocido como ‘los chalecos amarillos’”. En particular, se propone aumentar las penas impuestas añadiendo la “prohibición de participar en manifestaciones en la vía pública […] durante un período no superior a tres años”. Las instrucciones de gran dureza que parecen haber sido seguidas al pie de la letra por el Tribunal de Segunda Instance de la Drôme.

Stéphane Trouille ha decidido apelar la decisión, que considera “totalmente desproporcionada con respecto a los hechos reales, sin tener en cuenta los alegatos de la defensa a pesar de las cuatro horas de audiencia. Es difícil no considerarla como una sanción, por ejemplo, para sofocar el fervor y los desafíos actuales contra el Estado y las políticas seguidas por el gobierno”, deplora. A la espera de este juicio, está previsto un festival en apoyo de los cuatro acusados de Valence del 11 al 13 de enero en Saillans.

En cuanto a Eric Drouet, será juzgado el 15 de febrero por “organizar una manifestación sin aviso previo”. Le piden una pena de hasta seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros.

https://www.bastamag.net/Gilets-jaunes-4570-personnes-placees-en-garde-a-vue-en-un-mois-un-triste-record

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