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| La periodista fallecida Lyra McKee |
Los vecinos del barrio se defendieron del asalto lanzando más de 50 cócteles molotov que incendiaron dos vehículos policiales.
El Brexit ha disparado todas las contradicciones latentes en Irlanda del norte desde aquellos Acuerdos. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea establecerá una frontera física entre el sur, que quedará dentro, y el norte de Irlanda, que quedará fuera.
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| Videla y Pinochet, los jefes de la carnicería |
Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos y recibidos por el ministro de Justicia Germán Garavano este viernes incluyen un Reporte de Información de Inteligencia de la CIA fechado el 16 de agosto de 1977, que describe en detalle la parte burocrática del Plan Cóndor. El informe no está clasificado como secreto, pero arranca con la advertencia de que incluye “fuentes y métodos sensibles de inteligencia”, código para avisar que no puede ser difundido para no comprometer agentes, fuentes o maneras de robar papeles.
El documento avisa a la Central que los servicios de inteligencia de cinco países y “hasta cierta medida Brasil” firmaron en septiembre de 1976 un acuerdo de cooperación para “operaciones contra blancos subversivos”. La CIA hace una distinción hasta ahora inédita en la mecánica del Plan Cóndor al afirmar que “Cóndor” es el nombre del pacto de cooperación, que en la práctica se llama “Operación Teseo”.
Los agentes de la CIA en Argentina que redactaron el Reporte afirman haber visto una copia del acta original, que arranca con un párrafo titulado “Reglamento de Teseo, Centro de Operaciones”. El primer tema es definir la misión, lo que consiste en identificar blancos “de acuerdo con los pedidos presentados por los participantes, y asignar oportunidades y prioridades”. El Centro de Operaciones tiene que instruir a los “equipos de inteligencia y de operaciones”, los primeros encargados de ubicar e identificar a los blancos y los segundos de matarlos y escapar.
A la manera militar, el Centro tiene la responsabilidad de administrar los recursos humanos y materiales de cada operación, instruir a los servicios de cada país sobre qué colaboración tiene que prestar y recordarles que según lo pactado, los servicios extranjeros deben dar prioridad a los requerimientos de la Operación Teseo.
Operación Teseo tiene base en Buenos Aires, designado como Cóndor 1 en la jerga interna. El Centro de Operaciones es formado por representantes permanentes de los servicios de inteligencia de los países participantes. A las órdenes de este Centro se colocan equipos de inteligencia y de operaciones, “formados por personal de los países miembros”, y equipos de reserva por si las cosas se complican. Estos equipos tienen prohibido visitar el Centro de Operaciones a menos que reciban órdenes específicas de hacerlo.
Según el documento, “el número mínimo de agentes provisto por cada servicio participante será, en lo posible, de cuatro personas, con una mujer a ser incluida eventualmente. Cada país tendrá un equipo similar en reserva, listo a cubrir cualquier eventualidad”.
El Centro de Operaciones en Argentina es el encargado de administrar los fondos de la Operación Teseo, y el encargado de recibir las liquidaciones de gastos de cada grupo de tareas. Cada país participante puso una cuota de diez mil dólares para arrancar la Operación y aceptó aportar una cifra similar al final de cada operativo, “en un plazo no mayor de quince días”.
Por fuera de estos gastos operativos, el Cóndor es como un club en el que cada país paga una cuota de doscientos dólares por mes “que vence el treinta de cada mes”. Esta modesta cifra es para “cubrir gastos de funcionamiento y mantenimiento del Centro de Operaciones”.
Pero tanta modestia económica se contradice con los gastos operativos previstos en el mismo reglamento. Los grupos de tareas en el extranjero reciben un viático estimado en 3500 dólares “por día y por persona, más una cifra fija de mil dólares para ropa”. Todos estos gastos deben ser presentados a la central por los jefes de grupo, para que sean aprobados por los miembros participantes. Si no hay objeción, cada representante permanente tiene el deber de comunicarse con su gobierno para cubrir los fondos del Centro de Operaciones.
Por cuerda separada, los agentes recibían equipamiento del Centro de Operaciones o, de no ser posible, de los servicios de inteligencia locales. Esto incluía armas, municiones, explosivos, documentos, ropa, equipos electrónicos y de comunicaciones, y “miscelánea”.
Los “equipos de trabajo”, como llaman los de la CIA a los grupos de tareas, “serán formados por miembros de uno o más servicios de acuerdo a su experiencia, calificaciones personales y características del blanco”. El Centro de Operaciones determina un blanco a eliminar y el momento de hacerlo. Tomada la decisión, los equipos de inteligencia tienen la tarea de “identificar al blanco, localizarlo, seguirlo, comunicarse con el Centro de Operaciones y retirarse”. Un miembro del equipo de inteligencia y sólo uno puede hacer contacto con el equipo de operaciones. Ese agente tiene que asegurarse de que la información llegue a los operativos y mostrarles el blanco, y luego retirarse de la escena.
El equipo de operaciones tiene que “ejecutar al blanco” cumpliendo tres pasos: “A, interceptar el blanco, B, cumplir la operación y, C, escapar”. Por razones de seguridad operativa, los miembros de cada equipo no pueden conocer a los del otro. Los únicos que hablan son los jefes de cada grupo de tareas.
Operación Teseo cuenta con una red propia de comunicaciones llamada Condortel, para manejar todo tráfico entre el Centro de Operaciones y los servicios de los países participantes. De ser necesario, se hablará por teléfono, con la llamada a cargo de la central en Buenos Aires.
Pero si es necesario mandar documentos, papeles de cualquier tipo, se determina que se usará “la valija diplomática” de las respectivas embajadas, o enviados especiales que conozcan las medidas de seguridad necesarias.
El capítulo final del documento de la CIA indica que el Centro de Operaciones de Teseo se toma dos horas para el almuerzo, ya que opera de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 19.30. Sólo si hay una operación marcha se estiran los horarios nombrando un “oficial de turno noche”, rotando la nacionalidad entre los miembros permanentes. Burocráticamente, se establece que el alojamiento, comidas y transporte de este oficial serán pagos por el Centro de Operaciones.
Y aquí aparece una sorpresa, justo al final: el Cóndor funcionaba como una democracia interna donde se votaba entre iguales. Al elegir los blancos, explica el documento de la CIA, “cada representante presenta su selección de un blanco en la forma de una propuesta. La selección final de un blanco será por votación y se determinará por mayoría simple. En caso de desacuerdo, se hace un acta del debate que será firmada por los respectivos representantes y enviada a los servicios correspondientes para su información”.
Mientras la CIA conseguía los documentos fundacionales y organizativos del Cóndor, la Oficina de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado circulaba sus análisis de la coordinación en el Cono Sur. En un informe fechado el seis de octubre de 1977, que ahora se difunde sin faltantes ni tachaduras, los diplomáticos especulan sobre la posible formación de un bloque sudamericano a partir de la coordinación de inteligencia. Acertadamente, descartan la posibilidad por las “enemistades preexistentes” y porque Brasil no muestra mayor entusiasmo por la idea y prefiere invertir en esfuerzos propios de propaganda internacional.
Pero en el texto aparece un tema nuevo, el de la idea de abrir oficinas operativas del Plan Cóndor en Estados Unidos y Europa Occidental. La misión de estas oficinas será la de “encarar el asesinato de supuestos opositores subversivos de los gobiernos participantes (en el Cóndor) que viven en Europa Occidental”. Según los diplomáticos, los tres países “más entusiasmados” con la idea son Chile, Uruguay y Argentina, por la actividad de sus respectivos exiliados. Brasil, dice el análisis, no está interesado y rechazó la idea. Según el Departamento de Estado, los brasileños no quieren pagar el costo político de que se conozca semejante operación ni tener socios como la notoria DINA chilena.
Los países interesados en operar en Europa lo hicieron a través de sus embajadas, creando estructuras de inteligencia notorias, como la argentina en París.
https://www.pagina12.com.ar/187372-el-funcionamiento-del-plan-condor-revelado-por-un-documento-
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| El informático sueco Ola Bini |
Bini es una personalidad mundialmente conocida en el campo de la programación libre y un defensor de los derechos digitales y la intimidad en la red. Estaba a punto de volar a Japón de vacaciones.
La orden de detención lo identifica como ciudadano ruso y no como sueco. El “error” forma parte de la campaña de caza de brujas encabezada por Moreno y su ministra del Interior, María Paula Romo. Los términos son los mismos de siempre: el gobierno ecuatoriano es víctima de una conspiración en la que están implicados dos fantasmales “piratas rusos” no identificados, que trabajarían con WikiLeaks, Bini, y el antiguo ministro de Asuntos Exteriores del país, Ricardo Patiño.
La única prueba contra Bini es que es amigo personal de Assange y que lo visitó en la embajada ecuatoriana en Londres en varias ocasiones entre 2015 y este año. La abogada Solia negó que Bini tuviera ninguna conexión con WikiLeaks.
“Están tratando de vincularlo con algún tipo de posible caso de espionaje sin ninguna prueba”, añadió Solia. David Ochoa, presidente de la Asociación de Software Libre de Ecuador dijo que durante sus cinco años en Ecuador, Bini trabajó en el campo de la seguridad y la criptografía en internet. Empleado en el Centro para la Autonomía Digital, con sede en Quito, Bini mantenía un blog que no contenía ningún enlace o referencia a WikiLeaks.
Ecuador concedió a Assange asilo político en su embajada en Londres en 2012. El australiano está perseguido por Estados Unidos por revelar los crímenes de guerra cometidos por los imperialistas. La acusación de espionaje puede costarle una pena de muerte.
El gobierno de Moreno también ha emitido una orden de detención contra el antiguo canciller Ricardo Patiño. Le acusan de viajar con Bini a Perú, España y Venezuela y de colaborar con los fantasmales “piratas rusos”.
Patiño asegura que nunca conoció a Bini, y mucho menos viajado con él. “Tampoco conozco a los piratas rusos”, añadió. “Los únicos rusos que conozco son el Presidente Putin, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y el embajador de Rusia”.
El gobierno ecuatoriano han solicitado el encarcelamiento de Patiño y Virgilio Hernández, un antiguo diputado. Ambos convocaron una manifestación contra Moreno por la defensa de Assange y los derechos democráticos. Ambos son figuras del Movimiento Revolución Ciudadana, un grupo de oposición asociado al antiguo Presidente Correa.
Correa es un político asociado a la marea latinoamericana que comenzó en 1998 con la llegada de Chávez al gobierno de Venezuela. Al tiempo que concedió asilo político a a Assange, comenzó a tratar de silenciarle cuando WikiLeaks publicó los documentos que exponen la manipulación del Partido Demócrata en las primarias de 2016 a favor de Hillary Clinton.
WikiLeaks también dio a conocer los discursos a puerta cerrada de Clinton en los que prometió su apoyo a los buitres de Wall Street.
La reacción ecuatoriana quiere que Assange sea entregado a los estadounidenses por un plato de lentejas y para acelerar la firma de un acuerdo de libre comercio con Washington.
Moreno ha firmado un plan de rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ppor valor de 4.500 millones de dólares en créditos a cambio de medidas de ajuste estructural, incluyendo una reforma de la legislación laboral, el despido de más de 10.000 funcionarios públicos y recortes drásticos en los servicios públicos.
Estas medidas han provocado protestas masivas, una huelga general y una caída en el índice de popularidad de Moreno en las últimas encuestas.
En una entrevista publicada el domingo por el diario británico The Guardian, Moreno volvió a dar muestras de su papel de lacayo del imperialismo al afirmar que Assange había convertido la embajada ecuatoriana en Londres en un centro de espionaje.
Por lo demás, no es ninguna sorpresa afirmar que Moreno es un corrupto. Cobró millones de dólares en sobornos de una empresa constructora china que construye una represa hidroeléctrica en Ecuador. Una empresa ficticia en el extranjero, controlada por la familia de Moreno, pagó estos sobornos a los destinatarios.
El gobierno ha implicado a WikiLeaks en estas revelaciones, basándose en la única evidencia de que la cuenta de Twitter de WikiLeaks ha llamado la atención sobre la historia. Sin embargo, el escándalo ya era bien conocido y estaba siendo investigado en Ecuador.
Moreno comenzó su carrera política como miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un movimiento seudoizquierdista con implantación en varios países de América Latina.
Más información:
– El Presidente de Ecuador ha vendido a Assange a Estados Unidos a cambio de 4.200 millones de dólares
– El FBI regresa a Ecuador
– La siniestra calavera de la CIA siempre está al acecho en Ecuador

Un gobierno “popular” no puede florecer bajo el sofocante velo del secreto. Y a menudo el secreto no es para protegernos de nuestros enemigos en el extranjero, sino engañarnos sobre las oscuras maquinaciones de nuestro propio gobierno.
Los secretos más importantes son los que se utilizan para ocultar las medidas tomadas para establecer los motivos de futuras guerras, conflictos injustificados que parecen surgir de una interminable línea de montaje. No hay zonas de vuelo, bombardeos, sanciones, banderas falsas, bloqueos, mercenarios, terroristas sedientos de sangre, todos ellos se han convertido en algo común. Las sanciones desestabilizan a los países objetivo a través del hambre y el sufrimiento. Aterrorizamos y sembramos partes del cuerpo humano en las calles como tarjetas de visita. Los cambios de régimen son un juego; los golpes de Estado y los asesinatos son prácticas cotidianas.
Antes de Assange, aquellos que no jugaban el juego y detectaron patrones de profunda mala conducta pública eran etiquetados como “teóricos de la conspiración” o algo peor. Pero con el advenimiento de WikiLeaks, los documentos originales e indiscutibles han demostrado la verdad de nuestros argumentos y han revelado la verdad a los ciudadanos de todo el mundo.
La elección de Trump envió ondas de choque violentas al estado profundo. Se había advertido a la gente que no debían elegir a esta persona, pero ignoraron las instrucciones. Esto no debería ocurrir – y no se debería repetir de nuevo. La gente ha demostrado que los principales medios de comunicación han perdido el control del debate nacional. La información secreta fue revelada y compartida. Generaciones de censura se han derrumbado bajo la avalancha de comunicaciones sin censura entre familiares, amigos y grupos de interés. Los medios sociales -un nuevo y aterrador paradigma- han desafiado el control de la élite sobre las palancas del poder. Tras la inesperada elección de Trump, la restauración de los obstáculos a la libertad de expresión y comunicación se convirtió en un imperativo mundial.
Hoy en día, estamos siendo testigos de esfuerzos intensos y coordinados para reimponer un control efectivo de la información en Estados Unidos y en todo el mundo. Facebook, Twitter, Google, YouTube, PayPal y otros titanes de la alta tecnología contratan rápidamente censores y adoptan políticas restrictivas que impiden que las voces controvertidas lleguen a una audiencia global. El Gran Hermano ha vuelto.
Julian Assange y WikiLeaks se encuentran entre los principales objetivos de los censores. Han interrumpido la censura de los principales medios de comunicación. El asesinato de Assange no está excluido. Sí, es tan importante como eso.
Sé que Julian Assange es polémico, pero me alegraría que una nación valiente le concediera asilo permanente. Que siga dando a los ciudadanos una visión honesta del funcionamiento interno de su gobierno. Esta parece ser nuestra mejor esperanza de paz.
https://www.antiwar.com/blog/2018/07/31/why-the-censors-hate-assange/
Richard H. Black es coronel retirado del ejército de Estados Unidos y senador por el Partido Repúblicano

Si yo tuviera un cargo público y quisiera presumir de demócrata haría una reférendum casi todas las semanas para preguntar a “la ciudadanía” lo siguiente: sufrido elector, si pudieras meter al Estado en un barco que naufragara, ¿qué organismo público salvarías? Luego daría un listado como el siguiente: Universidad Rey Juan Carlos, Agencia Tributaria, Tribunal Constitucional, Corona, Banco de España, Senado, autonomías, ejército, fiscalía…
Incluso metería en la lista a otro tipo de organismos, como la Unión Europea, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, la ONU…
La viuda del mercenario Jean Pierre Cherid acaba de publicar un libro sobre las cloacas del Ministerio del Interior, que conoce muy bien porque su marido formó parte de ellas hasta que sus jefes, o sea, los jefes del Ministerio, lo asesinaron en 1984, según confiesa ella misma, cuando el PSOE estaba en el gobierno.
Luego las cloacas no nacieron con Villarejo sino que Villarejo se incorporó a ellas casi el mismo tiempo que Cherid se dedicaba a asesinar y poner bombas, lo cual ocurrió tanto en pleno franquismo como después (porque el franquismo no ha acabado).
De ahí que Pablo Iglesias equipare la vigilancia policial sobre Podemos con los GAL de la manera torpe a la que nos tiene acostumbrados. “Lo que le ha ocurrido a Podemos es lo más grave desde los tiempos de los GAL”, dice.
Contra Podemos las cloacas policiales trataron de orquestar ese tipo de montajes, cierto, aunque no son nada novedosos, sino todo lo contrario. Hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer. Pura rutina. La conclusión del montaje es que antes todo era ETA y ahora todo es Podemos.
Todo montaje nauseabundo acaba en dos cloacas. La primera de ellas es la prensa. Cuando un reportaje se apoya en “fuentes bien informadas”, se refiere a tipos como Villarejo, que se ha hecho millonario con la compraventa de “información” (entre otros negocios a cada cual más nauseabundo).
La segunda es la fiscalía, parte integrante de todos los circos propagandísticos. Como dijo el ministro Fernández Díaz, la fiscalía se dedica a “afinar” los informes que le presenta la policía, algo que en el caso de Podemos no hizo.
Hizo algo peor: echó tierra encima de las heces que la policía le puso sobre la mesa sabiendo que la colitis era ilegal. Es lo mismo que se repite una y otra vez desde la transición: tierra encima de los cadáveres, más fosas comunes, más silencio y, por lo tanto, más impunidad.
Hay “miedo a investigar las cloacas del Estado”, dice José Antich, director del periódico catalán El Nacional. ¿Miedo? ¿Quiere decir que no vivimos en un país libre?
A estas alturas hay muy pocos motivos para quedar sorprendidos de que ocurran este tipo de cosas. Los informes de las cloacas policiales sobre Podemos son de la misma factura que los de Askapena, las herriko tabernas y el amplísimo entorno de ETA. ¿Acaso no ven el desfile de cloacas que comparecen cada día en el juicio por el referéndum catalán?
Cuando durante 40 años un Estado se esfuerza por aparentar algo que no es, todo es una gran cloaca.

En cuatro meses de movilización y veinte jornadas de manifestaciones, 2.000 participantes en el movimiento de los “chalecos amarillos” han sido condenados, según la ministra de Justicia Nicole Belloubet. ¿Son justos los juicios, muchos de los cuales se celebraron en el contexto de un procedimiento de comparecencia inmediata? ¿Estamos asistiendo a un sistema de justicia de emergencia, más severo, como lo denuncian algunos abogados? ¿El sistema judicial condena los “chalecos amarillos” incluso antes de que se cometan los actos? Para responder a estas preguntas, además de las cifras proporcionadas por el Ministro, hemos examinado los informes de los juicios que han seguido los periódicos locales y nacionales, así como los colectivos. Luego desarrollamos una base de datos que incluye 412 sentencias de prisión (con cárcel, condicional o ambas).
Según la ministra de Justicia, de las sentencias de 2000 anunciadas el 24 de marzo, “el 40 por ciento son penas de prisión fijas y el 60 por ciento son otros tipos de sanciones, como el servicio a la comunidad, la suspensión de la pena, etc.” Se dictaron 390 órdenes de detención: las personas fueron encarceladas antes o después de su juicio. Los tribunales pusieron en libertad a 100 acusados y cerraron 1.700 casos sin ninguna medida.
El número de condenados podría aumentar rápidamente: 1.800 personas están a la espera de juicio, en particular por las acusaciones más graves que requieren investigaciones más largas, como es el caso de los “daños cometidos en el Arco del Triunfo” el 1 de diciembre, según el Ministerio de Justicia. Por otra parte, no menos de 400 solicitudes se dirigieron a los jueces de menores después de que se detuviera a menores durante manifestaciones o acciones.
Demasiado para las cifras oficiales. ¿Pero por qué hechos fueron condenados los chalecos amarillos? ¿Qué tipo de condenas se han impuesto? ¿En qué condiciones se decidieron estas condenas? Nuestra base de datos no es exhaustiva y sólo recopila casos documentados. Las sentencias más duras atraen más la atención de los periodistas. Toda una serie de condenas – multas, servicios a la comunidad, quedan ocultas. A veces, si la sentencia informa de una condena, la razón no se ha especificado necesariamente. Sin embargo, nuestros datos sobre estas 412 condenas en todo el país revelan parte del lado judicial sin precedentes de la represión de este movimiento.
Según las condenas que hemos recopilado, la violencia contra la policía representa casi el 60 por ciento de los delitos imputados. Esta violencia es también uno de los actos más castigados: de 21 penas de prisión de dos años o más (con condicionnal y con cárcel), dos tercios se impusieron a personas declaradas culpables de actos de violencia contra la policía o la gendarmería. El lanzamiento de proyectiles es la primera forma de violencia de este tipo (60 por ciento), muy por delante de la violencia física (20 por ciento). Esta violencia física también se castiga más severamente: el 80 por ciento de las sentencias superan los seis meses de prisión, ya sea firme o suspendida. Las condenas por violencia contra personas que ejercen autoridad pública pueden ser de hasta siete años de prisión (artículo 222.13 del Código Penal).
Los daños materiales, que representan el 20 por ciento de las condenas registradas, son menos graves que la violencia contra las fuerzas del orden. El 80 por ciento de las penas impuestas son inferiores a seis meses de prisión, y la mitad de ellas no incluyen una pena de prisión. Tres cuartas partes de las destrozos fueron juzgadas más de 10 días después de los hechos. Estas condenas son las más severas (11 meses de media frente a 6 meses para las condenas rápidas). Los daños materiales pueden ser castigados con una pena de prisión de hasta dos años (artículo 322.1 del Código Penal).
De manera más general, el 80 por ciento de las sentencias que hemos identificado son menores de 12 meses en prisión o suspendidas.
El 70 por ciento de las condenas se dictaron en la semana siguiente al incidente, la gran mayoría en un plazo de 72 horas. A pesar de la rapidez y el riesgo de falta de preparación de la defensa, estas sentencias no han sido, en general, las más severas. Por término medio, las penas impuestas en los diez días siguientes al incidente son de 6,4 meses de prisión, incluida una pena firme y una pena suspendida. Cuando las sentencias se dictaron más de diez días después de los hechos, la severidad de las sentencias impuestas casi se duplicó: un promedio de 11 meses. Estos datos tendrán que cambiar, ya que los hechos más complejos y graves se presentarán ante los tribunales dentro de unas semanas, tras las citaciones de los agentes de la policía judicial o las remisiones de los jueces de instrucción.
Si nos fijamos en el número de condenas pronunciadas por las jornadas de los “chalecos amarillos”, destacan tres: la del 1 de diciembre (jornada III), con la violencia cometida en torno al Arco del Triunfo, la del 5 de enero (jornada VIII), con los enfrentamientos en el Puente de las Artes, la del 16 de marzo (jornada XVIII), con los daños sufridos por Fouquet y varias tiendas de lujo en los Campos Elíseos, que hasta ahora han sido las más “judicializadas”. Más de 40 sentencias de prisión fueron dictadas después de cada uno de estos días de acción, incluyendo casi 80 después del 1 de diciembre.
También comparamos el número de condenas por jornadas con los informes de violencia policial registrados por el periodista David Dufresne para Mediapart. Esto permite medir el nivel de violencia en ciertos días de manifestaciones, por el número de denuncias de manifestantes heridos y el número de personas detenidas y condenadas a penas de prisión. Evidentemente, no se trata de justificar a posteriori la violencia cometida por las fuerzas policiales en cuanto al número de condenas dictadas posteriormente, ni las cometidas por los manifestantes en cuanto al número de actos de violencia policial denunciados.
Por último, las manifestaciones no son la única ocasión de condenas por “chalecos amarillos”: el 20 por ciento de las condenas están relacionadas con hechos no relacionados con las manifestaciones. Siguiendo el ejemplo de un hombre de 28 años, muy activo en las manifestaciones de la rotonda y condenado a seis meses de cárcel en Narbona por emitir en las redes sociales, una llamada al bloqueo de la refinería de Port-la-Nouvelle.
https://www.bastamag.net/Pour-quels-faits-et-a-quelles-peines-de-prison-des-centaines-de-gilets-jaunes
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| Isabel Aparicio Sánchez |
Esta militante del PCE(r) llevaba años gravemente enferma y denunciando su grave desatención médica. En la calle, entre 2011 y el 2014 hubo campaña de solidaridad. Pero todo fue inútil. “El exterminio fue en Zuera”…
El también preso político del PCE(r) Manuel Arango Riego, lleva numerosos años con graves enfermedades, de numerosa afección, que le impiden llevar una vida mínima saludable para el afrontamiento y la recuperación en prisión. La campaña en su solidaridad se está extendiendo, pero hace poco hemos sabido que la cárcel de Herrera de la Mancha lleva más de tres meses reteniendo los informes de salud del preso político comunista Manuel Arango. Tanto, que hasta el juez titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Jose Luís Castro, ha tenido que dictar una providencia notificada también a la defensa del preso del PCE(r) Manuel Arango, por la cual se afea a la dirección de la prisión de Herrera de la Mancha la falta de remisión de varios informes sanitarios imprescindibles para ventilar la solicitud de tercer grado por motivos de enfermedad grave. Según Castro, que contesta así a una solicitud de la defensa por la que se exigía impulso a las actuaciones por las dilaciones que estaba sufriendo, “ha sido incesante la comunicación entre el Centro Penitenciario y este Juzgado”.
El 12 de diciembre fue requerida a la prisión diversa documentación “recibiendo informes del Centro Penitenciario el 9 de enero de 2019, los cuales, al resultar incompletos para la pronunciación en relación al recurso, se reitera requerimiento al día siguiente, 10 de enero de 2019, recibiendo despacho del CP el 15 de enero, haciendo una nueva reiteración el día 24 de enero y posteriormente otra con fecha 6 de febrero de 2019”.
Las pruebas médicas realizadas, que no han sido trasladadas a la defensa, se han podido conocer por las comunicaciones de Arango, han evidenciado que padece de hepatología crónica, úlcera duodenal, escoliosis y artrosis, entre otras varias dolencias más, en su última carta de marzo señala que “cada vez tengo muchas más dificultades para andar, tengo una movilidad del 60% y si la mantengo ya me conformo, pero dudo mucho que la pueda mantener (en estas circunstancias)”.
Manuel Arango, además de preso político, es viudo de Isabel Aparicio, la presa política comunista militante del PCE(r) que falleció el 1 de abril de 2014 víctima de la desatención sanitaria y que Arango lleva denunciando desde entonces.
Parece evidente que el Estado quiere obtener un resultado parecido. Y labor de todo solidario el evitarlo.
Son 21 las y los presos políticos vascos gravemente enfermos. 32 los fallecidos en la cárcel, o en consecuencias de su enfermedad o desatención penitenciaria. El caso cercano de Oier Gómez ha sido tildado de ‘crueldad política española hasta el último segundo’.
Son Manuel Arango y M.ª José Baños Andujar los presos del Colectivo de presos comunistas y antifascistas gravemente enfermos. Son 5 los comunistas y antifascistas muertos en prisión. 3 los muertos a consecuencia directa de la desatención en prisión. Y hemos venido informando las graves desatenciones que han venido sufriendo últimamente Juan García Martín, Lucio García Blanco, M.P.M. Arenas…
¡A las presas y presos los sacamos a la calle ahora, o mañana puede ser tarde!
¡Presas y presos políticos enfermos libertad inmediata!
¡Amnistía total!

¿Su delito? Organizarse para hacer música revolucionaria, por denunciar la explotación laboral, el desempleo, el imperialismo, la monarquía, la falta de derechos sociales, libertades políticas y la existencia de presos políticos, llamando a las clases populares a levantarse contra esta situación de injusticia. Para el Ministerio Fiscal lo que es motivo de persecución es la denuncia de esta violencia, pero no las causas que la provocan.
Todos ellos fueron juzgados en la Audiencia Nacional en Noviembre de 2017 mediante un montaje político en el que quedó de manifiesto que defender ideas contrarias al sistema capitalista es la peor de las delincuencias. Un mes después fueron condenados a 2 años y un día de prisión, 4800 euros de multa, 9 años de inhabilitación para ejercer trabajos públicos, el pago de las costas del juicio y la eliminación de su trabajo. Todo esto a cada uno de los 12 miembros procesados.
Desde entonces, Iván empezó a cumplir la condena, ya que recientemente le prohibieron celebrar un acto por la libertad de expresión en Málaga cuyo objetivo era denunciar esta ausencia de libertades e intentaron prohibirle otro acto más por el mismo motivo, además de estar recibiendo una constante vigilancia y persecución policial por el mero hecho de seguir denunciando su situación.
Recientemente, la Audiencia Nacional les redujo la pena de prisión a 6 meses y un día de prisión y la multa a 1200 euros. Actualmente, nuestro compañero se encuentra a la espera del resultado de un recurso en el Tribunal Supremo.
Nos parece oportuno indicar que este cambio en su situación no ha sido producto del cambio de gobierno. Esto ha sido consecuencia de la lucha organizada por el compañero y el resto de los procesados de La Insurgencia a lo largo y ancho de todo el Estado para denunciar esta situación de represión desmedida, en conjunto con el resto de represaliados.
Ante este panorama, nosotros queremos señalar que la solución no vendrá traída ni por un cambio de gobierno ni de leyes y que tampoco dependerá de la decisión de ninguna institución política, sino que lo hará a través de la lucha en la calle, organizando la solidaridad con los compañeros represaliados. Esta no es una cuestión individual. Esta es una lucha por los derechos y las libertades de todos nosotros. Esa lucha es el único camino.
¡Por la derogación de las leyes represivas!
¡Sin libertades políticas no hay democracia!
¡Amnistía total!