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Etiqueta: Lucha obrera (página 29 de 30)

Se cumplen 50 años del levantamiento obrero de Hong Kong

El 6 de mayo se cumplirán 50 años del levantamiento obrero de Hong Kong que costó la vida a 51 insurrectos así como otros 800 heridos. A lo largo de las luchas los obreros explotaron unas 8.000 bombas.

En 1967 Hong Kong era una colonia británica, sacudida por los ecos de la Revolución Cultural. La mayor parte de la fuerza de trabajo estaba en el paro y las condiciones de vida en los barrios eran espantosas. No tenían agua corriente ni inodoros. Los grandes capitalistas despedían a los trabajadores en masa sin ninguna clase de explicaciones.

Durante las huelgas de 1956 la policía ya había asesinado a tiros a 44 trabajadores en la calle.

Los levantamientos obreros empezaron el año anterior por el aumento del precio del transoporte público. En diciembre también hubo importantes huelgas en Macao, que luego continuaron en la colonia británica con los trabajadores de una fábrica de flores artificiales. Lo mismo que en el mayo francés del siguiente año, los estudiantes también tuvieron un protagonismo muy importante en las luchas.

El imperialismo siempre mantuvo en secreto esta lucha porque estuvo dirigida por el Partido Comunista de China y una de las reivindicaciones fue la reincorporación de la colonia a la República Popular. En Pekín varios diplomáticos británicos fueron agredidos y se produjeron graves incidentes en la frontera.

La represión fue salvaje. La colonia estaba dirigida por una reducida minoría británica, frente a la inmensa mayoría de chinos y otras nacionalidades, la mayor parte de los cuales eran considerados como “emigrantes indocumentados”, por lo que las huelgas se saldaban con despidos seguidos de deportaciones arbitrarias.

El gobierno colonial decretó la ley marcial. En la calle no se podían reunir más de tres personas. Lo mismo que en la España actual, los trabajadores podían ser internados durante seis meses en una cárcel sin ninguna clase de juicio.

Después de semanas de duras luchas callejeras, en octubre el gobierno británico se comprometió a reducir la jornada de trabajo, que era de ocho horas para los menores de edad y de 10 para los mayores. Poco a poco los coloniales se vieron obligados a ceder y el panorama de Hong Kong cambió definitivamente, no sólo en sus condiciones laborales, sino en los equipamientos urbanos, la sanidad y la educación.

Un grupo de manifestantes levanta ‘El libro rojo’ delante de la policía colonial en Hong Kong durante los levantamientos obreros de 1967

Los trabajadores sudafricanos inundan las calles con protestas y huelgas

De 1994 a 1999, durante los cinco años que Nelson Mandela estuvo al frente del gobierno sudafricano, era portada de los medios de comunicación del mundo entero. Había pasado de la cárcel al Palacio Presidencial. Sudáfrica salía del oprobioso apartheid y los negros no sólo recuperaban sus derechos sino que parecían asumir un protagonismo impensable hasta entonces.

“Madiba” era el prototipo del mayordomo dócil. Parecía tener todo aquello que el capitalismo necesitaba en África y no le escatimaron elogios ni condecoraciones, coronadas en 1993 por el Premio Nóbel de la Paz. Los mayordomos estaban en el poder pero nunca dejaron de ser mayordomos, y nadie preguntó por los amos, que pasaron al segundo plano.

De un “hombre bueno” como Mandela sólo cabía esperar que hiciera cosas “buenas”, empezando por lavar la cara a los criminales racistas sudafricanos. Nada de revanchismos. Con Mandela el pasado quedó atrás y el 83 por ciento de las tierras cultivables siguieron en manos de una minoría de blancos. Lo mismo ocurrió con las minas.

Si el pasado no se tocaba, la propiedad privada tampoco. Una transición a la española, tan modélica como ella, mientras los suburbios urbanos seguían malviviendo en la miseria, sin trabajo, sin agua potable y sin ningún futuro. No se repartieron las cartas de nuevo: “Los ricos se quedaron son su riqueza y los pobres con su pobreza”, dice un periódico africano.

La minoría blanca sigue levantando grandes fortalezas en sus mansiones y su policía sigue siendo una organización de matones a sueldo. En 2012 una manifestación de mineros que exigía una mejora en las condiciones de vida y trabajo se saldó con 34 muertos por disparos de la policía.

Desorganizados e incapaces de atacar a los blancos, bandadas de negros hambrientos atacan a los turistas extranjeros con machetes para robarles y la prensa lanza las típicas cortinas de humo. Para unos se trata de xenofobia, para otros de un racismo a la inversa, para otros de un aumento de la delincuencia común que antes —cuando gobernaban los blancos— no existía, hay una aumento de la inseguridad, hay que poner más policía en la calle…

En muy poco tiempo el legendario ANC (Congreso Nacional Sudafricano) se ha desacreditado a sí mismo. El Partido Comunista ha salido de sus filas y la COSATU, la Confederación sindical, ya no le apoya. Ni siquiera el famoso obispo Desmond Tutu dice una palabra en su favor. Los trabajadores se han declarado en huelga y salen a la calle exigiendo la dimisión del Presidente del Gobierno, como si en Sudáfrica no existiera la experiencia de que la sustitución de uno por otro no cambia absolutamente nada, ni siquiera aunque pase del blanco al negro.

30 años de la batalla de los obreros de Reinosa contra la reconversión industrial

Se han cumplido 30 años de una de las mayores movilizaciones populares que tuvieron lugar en Cantabria. El contexto histórico, en plena reconversión industrial, y el caldo de cultivo existente en una comarca como Campoo, azotada por una crisis que parecía no tener fin, desembocaron en unas protestas masivas y en una represión policial como nunca se había visto, que sacaron a la calle a todo un pueblo y que se grabaron a fuego en la memoria de los cántabros.

La Primavera de 1987 tuvo consecuencias inmediatas. La primera fue irreversible: el fallecimiento de un obrero campurriano, Gonzalo Ruiz, que fue víctima de un ataque de la Guardia Civil, que tomó militarmente y por la fuerza una ciudad como Reinosa, donde se produjeron decenas de detenciones, agresiones, destrozos, heridos y que cambió para siempre la mentalidad de los campurrianos.

A comienzos de 1987 Reinosa vivía un enorme clima de tensión social y laboral a causa de las carencias de servicios públicos y del declive constante de sus industrias. Los datos son más que significativos: se habían perdido 2.000 puestos de trabajo en dos años a causa de la reconversión industrial. A principios de marzo, Cenemesa presentó un expediente de rescisión de 178 contratos, mientras Forjas y Aceros aprobó un expediente “de excedentes” que afectaba a 463 trabajadores.

La sangría de empleos parecía no tener fin. Y en ese contexto se hizo público solo unos días después que el hasta entonces presidente de Forjas, Enrique Antolín, dejaba su puesto para ocupar el cargo de consejero de Obras Públicas en el Gobierno Vasco. Cuando llegó a la fábrica de Reinosa a recoger sus pertenencias, fue retenido por los trabajadores para forzar una negociación.

Esa fue la espita que desencadenó el conflicto posterior. Tras su liberación por la Guardia Civil y el posterior desarme y expulsión de los miembros de la Guardia Civil por parte de los obreros, el Gobierno de Felipe González, con José Barrionuevo como ministro del Interior y con Luis Roldán como máximo responsable de la Guardia Civil, respondió a las demandas obreras con cada vez mayores contingentes de guardias civiles, tanquetas y helicópteros.

Los días se sucedieron con enfrentamientos continuos, que culminaron el Jueves Santo con cargas de la Guardia Civil sobre la población y un saldo de más de 60 detenciones, casi 100 heridos y, días después, un muerto, Gonzalo Ruiz.

Aquella experiencia muestra que la concienciación, organización y lucha son el único camino para defender los puestos de trabajo y el futuro de Cantabria, a la vez que evidencia hasta dónde pueden llegar los poderosos para imponer sus intereses económicos a todo un pueblo.

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Campoo-reivindica-obrera-aniversario-primavera_0_599840124.html
 

Un mes de huelga de los mineros chilenos de La Escondida

Los trabajadores chilenos de la empresa minera La Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, están próximos a cumplir 30 días en huelga, y aseguran mantenerse en paro otro mes más por el tiempo que sea necesario para exigir a la empresa mejores condiciones de trabajo.

Los mineros instalaron un campamento a los pies del yacimiento en el desértico norte de Chile, donde se extrae el cinco por ciento del cobre del mundo, y aseguran que van a continuar con la huelga, la más prolongada que los trabajadores han realizado en esa empresa.

El sindicato de trabajadores exige que la minera cumpla tres compromisos laborales: mantener los beneficios negociados hace cuatro años, los turnos de trabajo y que éstos sean extensivos también a los nuevos contratos. También piden un bono salarial y un aumento de sus ingresos en un siete por ciento.

Con los actuales precios en el mercado internacional del cobre a casi la mitad del que tenía en 2013, cuando superó los cuatro dólares por libra, la empresa afirma que el escenario mundial es ahora distinto.

El portavoz del sindicato minero, Carlos Allendes, resaltó que “es verdad que han cambiado los tiempos, pero lo que ellos [la empresa] rentan no lo gana cualquiera en el mundo. Nosotros pedimos nada menos que una tajadita de lo que ellos ganan en utilidades”, calculadas por el sindicato en unos 2.000 millones de dólares para 2017.

El sector minero en Chile está a la expectativa de lo que pase en La Escondida, ya que otras mineras deben iniciar negociaciones con sus sindicatos en los próximos días.


La huelga general en La Escondida es la última huelga en el marco de una antigua ley laboral chilena. El próximo 1 de abril arranca una nueva legislación en esa materia, que no permite los reemplazos de trabajadores y establece que el anterior contrato colectivo es el suelo de las nuevas negociaciones para los sindicatos y capitalistas.
http://www.telesurtv.net/news/Mineros-de-la-mina-La-Escondida-en-Chile-cumplen-un-mes-de-paro-20170309-0028.html

1.200.000 trabajadores afectados por los ERE desde la reforma laboral de hace cinco años

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) han afectado a casi 1,2 millones de trabajadores en los primeros cinco años de vigencia de la reforma laboral impulsada por el primer gobierno de Rajoy, que ha provocado una devaluación del mercado laboral sin precedentes en la historia reciente del país.

La Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Empleo señala que entre 2012 y noviembre del año pasado 68.783 empresas presentaron 89.665 ERE que conllevaron 235.914 despidos y 733.747 suspensiones de contrato. A esos 969.661 afectados hay que sumarles 228.085 reducciones de jornada, lo que eleva la cifra de damnificados a 1.197.746 trabajadores.

El 92,7 por ciento de los ajustes de plantilla (83.114 de 89,665) se cerraron con acuerdos. Sin embargo, la estadística no refleja las condiciones de esos acuerdos. Creció la conflictividad, y hubo más presión a los trabajadores y peores condiciones para los despedidos, y a menudo para los que seguían en la plantilla, que antes de la reforma.

Si hubo muchos más acuerdos que desacuerdos se debió a que la prioridad de los trabajadores siempre ha sido reducir la cifra de despidos y minimizar los daños. Siempre parece mejor intentar cerrar un acuerdo que no hacerlo e ir después al juzgado. En el caso de los convenios, los acuerdos llegaban ante la incertidumbre de qué pasaría si se perdía por no renovarlo.

La evolución de los ERE revela otras particularidades. Más de la mitad de los afectados (608.746, el 52 por ciento) fueron trabajadores de la industria, que es a la vez el sector con menor porcentaje de despidos (71.146, un 11,68 por ciento), el segundo con menos reducciones de jornada (11,5 por ciento por un 9,5 por ciento en el campo) y el que mayor volumen de suspensiones acumula (477.499, el 78,4 por ciento).

Por el contrario, casi un tercio de los empleados del sector servicios afectados por ERE (136.935, el 31,4 por ciento) fueron despedidos, mientras las reducciones de jornada afectaban a otro 32,5 por ciento (141.846) y las suspensiones se quedaban en un 42,2 por ciento (184.180) cuando en el resto de las ramas, incluida la construcción, no bajaban del 69 por ciento.

La afección al empleo de la reforma laboral del PP, que llegó a los dos años de que con la de Zapatero se atenuara la tendencia destructiva de los dos primeros años de la crisis, no cesa. El año pasado, con el PIB creciendo un 3,2 por ciento, unas 3.673 empresas presentaron 4.896 ERE que conllevaron 22.240 despidos y 44.386 suspensiones de contrato, a los que hay que sumar 7.657 recortes de jornada (datos de Empleo hasta noviembre).

Fuente: http://www.publico.es/economia/ere-arrollan-millon-trabajadores-reforma.html

El Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores nació entre los obreros de Seat

El anarquismo estaba en una encrucijada. CNT y los grupos anarquistas, que tanto habían alimentado la rebelión y la denuncia de los acuerdos entre el Antiguo Régimen y los pretendidos demócratas, se hallaban envueltos en conflictos internos. Había numerosas asambleas de trabajadores que tomaban fábricas, grupos autónomos y, con el montaje policial del llamado caso Scala, en enero de 1978 (que acabó con la vida de cuatro trabajadores de la conocida discoteca, cuyas muertes recayeron en militantes anarcosindicalistas, que fueron condenados), la situación en todo el país se hizo explosiva.

En 1978 se desató una enorme campaña de detenciones. En febrero se detuvo en Barcelona, Valencia y Madrid a veintidós personas acusadas de pertenecer a los Grupos Autónomos. Luego siguieron una docena más en Valladolid. En medio de este ambiente surgió uno de los grupos armados más singulares y quizás menos conocidos, y lo hizo en una fábrica de Seat, en Barcelona: se autodenominaron Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores (ERAT) y comenzaron a ser conocidos tras un atraco en el hipermercado Catalsa del barrio de Sants (Barcelona) el 28 de febrero de 1978, en el que se llevaron dos millones de pesetas. No había sido el primero.

Tampoco fue el último: Banco Trasatlántico, la empresa de Pedro Mollet, el atraco a un empleado de Ferrocarriles Sarriá en la mismísima plaza de Cataluña, el asalto a un coche del Banco de Bilbao que trasportaba fondos de los Ferrocarriles Catalanes, el citado atraco al supermercado Catalsa y un último atraco frustrado a un transporte del Banco Hispano Americano.

Seat a comienzos de los setenta, se había convertido en uno de los centros de trabajo más activos contra el franquismo, y el grupo armado nació en este clima, concretamente en 1971, con la muerte del trabajador de la fábrica Ruiz Villalba,  tras una violenta entrada de la policía, que uso armas de fuego.

Inmediatamente nació el Grupo de Autodefensa Ruiz Villalba, el antecedente del Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores (ERAT). Sus acciones pretendían emular a las Brigadas Rojas italianas o al MIL español. En Seat hay despidos masivos, persecuciones y palizas a trabajadores. Fueron una especie de comité de ayuda a los trabajadores despedidos de Seat.

Pero la historia del ERAT está llena de luces y sombras. El propio Guy Debord, en Carta a los libertarios (1980), habla de ellos en estos términos: “Han recurrido a expropiaciones a mano armada contra diversas empresas y buen número de bancos. Se trata en particular de un grupo de obreros de SEAT de Barcelona (que en un tiempo se denominaron ‘Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores’), que quisieron de este modo aportar ayuda pecuniaria a los huelguistas de su fábrica, así como a los parados”.

Sin embargo, el grupo ha estado bajo el punto de mira de historiadores y especialistas en movimientos políticos durante la transición, sobre todo por la participación en este de Joaquín Gambín, alias “El Grillo”, confidente de la policía y personaje siniestro de aquellos años. Gambín, tras pasar varios años en prisión, intervino en la creación del ERAT. Era un delincuente común que recibía dinero de mandos policiales a cambio de que hiciera algunos “trabajos”. Uno de estos fue su infiltración en la CNT barcelonesa. En unos meses, tras hacer amistad con varios jóvenes anarquistas, a los que deslumbró con su historial de delincuente experimentado y veterano de las cárceles, participó en la manifestación que acabó con el lanzamiento de varios cócteles molotov contra la discoteca Scala que, como sabemos, causaron varios muertos. Tras los hechos, fue él quien dio los nombres de los supuestos autores.

¿Fue el efímero grupo, aquel extraño ERAT, otro intento por criminalizar al anarquismo? Posiblemente. Gambín, tras el caso Scala y el ERAT, sintió miedo. Su papel de chivato se hizo famoso. Era un agente “quemado” al que muchos habían puesto precio a su cabeza. Así que se esfumó, aunque aparentemente. Es aquí donde su historia adquiere tintes de auténtica novela de espías. Gambín aprovechó la muerte de su tío, en extrañas circunstancias, para simular su propia muerte, engañando al periódico Egin, que confirmó su supuesta muerte. Además, cambió de nombre y decidió comenzar una nueva vida. Pero no pudo evitar seguir cometiendo delitos. Poco después, fue detenido cuando trataba de atracar el Banco Exterior de Elche. A pesar de la detención, sorprendentemente fue puesto en libertad poco después y abandonó el país, marchando a Francia, donde trató nuevamente de simular su muerte, esta vez sin éxito. No fue su última fechoría.

Tiempo después, fue detenido en Valencia. Iba armado y dispuesto a cometer un atraco. Su suerte terminó. El caso Scala se reabrió, pero en esta ocasión el único imputado era él. Tras rogar que se atendiese a su condición de antiguo confidente y relatar su pasado, fue condenado a varios años de prisión.

El 21 de abril de 1978 fueron detenidos casi todos los miembros del ERAT. El fiscal los acusó de haber intervenido en un total de cinco atracos consumados y uno frustrado, en los que se apoderaron de cinco millones de pesetas. Dos años más tarde, fueron condenados a siete años de prisión. En 1984, Manuel Nogales Toro, Gabriel Botifoll y José Hernández Tapias, varios de los condenados, fueron indultados y pudieron reincorporarse laboralmente a SEAT, la empresa en la que iniciaron su aventura armada.

http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/ejercito-revolucionario-de-ayuda-a-los-trabajadores

El cinturón rojo del Baix Llobregat fue el epicentro de la lucha antifranquista en Catalunya

Una historia de solidaridad, lucha antifranquista y cambio social, narrada por héroes anónimos. Esa es la esencia del documental “El cinturón rojo” que, gracias al testimonio de 33 personas que vivieron la gran transformación de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), recupera una parte de la memoria histórica.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Utopía Joan García-Nieto, creada en 1990 por las principales fuerzas sindicales del Baix Llobregat –CC.OO y UGT–, los ayuntamientos de Cornellà y Sant Feliu, el Consejo Comarcal, el Centro de Estudios Comarcales del Baix Llobregat y la Diputación de Barcelona. El nombre de la fundación rinde homenaje a Joan García-Nieto (Barcelona, 1929 – Cornellà, 1994), sociólogo y jesuita que ejerció un gran activismo sindical y político –fue militante del PSUC–, así como una intensa labor de ayuda a personas en riesgo de exclusión social en Cornellà.

El documental está dirigido por Luis Campo Vidal, dura 72 minutos y se ha financiado gracias al micromecenazgo –con aportaciones de 25 y 50 euros–. Centrado en los años setenta, incluye un abundante material gráfico y periodístico sobre aquellos años de lucha democrática en una zona que, según explica el presidente del Patronato de la Fundación, Francesc Castellana, «concentró en apenas 20 años una revolución industrial que, en otros países, duró cien años».

Castellana explica a Crónica Global que la Fundación «ha acumulado a lo largo de los años abundante documentación, de ahí que surgiera la idea de producir un extenso reportaje. Además, todavía hay testigos de aquella época a los que era necesario dar voz».

Un total de 33 personas aparecen en El cinturón rojo. La mayoría son héroes anónimos, dispuestos a abandonar las penurias de sus lugares de origen para emigrar a una conurbación en pleno proceso de transformación urbanística, social y política.

Procedentes principalmente de Andalucía, Extremadura y Aragón, muchos de ellos pasaron de las «barracas horizontales a las barracas verticales», en alusión a las viviendas de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, referente de aquellos años cincuenta.

«Las barracas no tenían goteras, pero esos pisos sí», explica Conchita Castell. Otros, como Pepe Martínez, tuvieron que darle al pico y a la pala para construirse sus propias viviendas. O vender sus anillos de boda para comprar un billete de tren que tardaba 24 horas en llegar a Cataluña.

El documental también refleja la presión social, religiosa y familiar que sufrían las mujeres de aquella época, que necesitaban permiso para casarse y abrir una cuenta corriente, así como el activismo político de una juventud influenciada por el Mayo del 68 y dispuesta a pasar página del franquismo. Las reuniones clandestinas, el reparto de octavillas, el nuevo Estatuto, la Caputxinada…

Y solidaridad, mucha solidaridad en momentos extremos, como el de las inundaciones provocadas por las crecidas del río Llobregat.

Gracias a ese reparto coral, el documental reconstruye una época en la que el Baix Llobregat se convirtió en la reserva industrial del área metropolitana, pero «no en un suburbio como los de París. De la parte trasera de Barcelona, el Baix pasó a ser la puerta delantera», explica Castellana.

http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/el-cinturon-rojo-epicentro-de-la-lucha-antifranquista_67122_102.html
 

Los capitalistas de Podemos explotan a sus trabajadores de forma salvaje

Castro Paredes, la explotadora
El Juzgado de lo Social número 5 de Vigo ha condenado a la concejal Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cangas do Morrazo (Pontevedra), Tania Castro Paredes, por el despido improcedente de un trabajador, al que pagaba un sueldo de 413 euros al mes por trabajar 12 horas diarias.

La sentencia asegura que la dirigente de Podemos  tuvo sin contrato a uno de los camareros de la cafetería que gestionaba en el Colegio Oficial de Arquitectos de Vigo. Castro tampoco dio de alta al camarero en la Seguridad Social durante tres meses, desde noviembre de 2014 a enero de 2015.

Finalmente, el 3 de febrero de 2015, firmó con el trabajador un contrato temporal como ayudante de camarero a tiempo parcial. Pero el trabajador no trabajaba tres horas al día (por lo que percibía 413,88 euros al mes) sino jornadas que oscilaban entre las 12 y 14 horas diarias.

El Juzgado de lo Social número 5 de Vigo considera que la relación laboral continuada consolidaba de hecho el contrato del camarero como un puesto de trabajo indefinido, por lo que ha declarado improcedente su despido. Sin embargo, el trabajador no podrá recuperar su puesto de trabajo, puesto que Castro cerró la cafetería el 18 de junio de 2015, cinco días después de conseguir el acta de concejal en el Ayuntamiento de Cangas.

El pasado mes de diciembre, el sector crítico con la actual secretaria general de Podemos en Galicia, Carmen Santos, ya exigió la expulsión de Castro “por tener una sentencia firme en su contra por despido improcedente y por tener a un trabajador de alta en la Seguridad Social a media jornada mientras trabajaba a jornada completa”.

Arabia saudí castiga con 300 latigazos a los obreros que exigen el pago de sus salarios

A pesar del maná del petróleo, la autocracia saudí está en la quiebra y enfangada en una delirante agresión contra Yemen. Las arcas están tan vacías que los jeques han tenido que humillarse para mendigar préstamos a la banca internacional, a pesar de lo cual han tenido que paralizar las obras faraónicas que habían iniciado y dejar de pagar los salarios de los trabajadores, que son emigrantes en su inmensa mayoría.

Muchos de ellos han abandonado el país para regresar a sus casas y otros se han lanzado a la protesta en la calle, un espectáculo que no se conocía en las ciudades saudíes. La policía ha reprimido a los obreros. Ha detenido a algunos de ellos, que han sido condenados a prisión y a padecer 300 latigazos por exigir lo que es suyo.

El sábado los obreros quemaron 7 autobuses en La Meca. Muchos de ellos trabajaban en el grupo de empresas Bin Laden, dedicadas a la construcción de edificios y grandes obras públicas.

El diario Al-Watan asegura que un número indefinido de trabajadores, de los que tampoco identifica su nacionalidad, ha sido condenado a 4 meses de cárcel y 300 latigazos por la destrucción de bienes públicos y perturbación del orden.

Otros trabajadores han sido detenidos y condenados a 45 días de arresto por un tribunal de La Meca, según informa Arab News. Anteriormente este mismo medio ya informó en mayo que los obreros de las empresas Bin Laden habían quemado numerosos autobuses pertenecientes a la patronal en protesta por el impago de sus salarios.

El grupo de empresas Bin Laden fue fundado hace 80 años por el padre del difunto Osama Bin Laden y a finales de año declaró que había acabado de pagar los salarios adeudados a los 70.000 obreros a los que había despedido. En cuanto al resto, que permanecen en sus puestos de trabajo, ha prometido que les pagará cuando el gobierno les pague lo que les debe.

También decenas de miles de obreros de la empresa Saudi Oger están en la misma situación. Se trata de una empresa del Primer Ministro libanés Saad Hariri. El mes pasado un trabajador admitió que la empresa le había pagado una parte de los salarios atrasados, pero que aún le debían cinco meses.

En noviembre el gobierno saudí declaró que abonaría las deudas a las empresas antes de final de año, pero no ha cumplido porque ha sumido al país en la ruina. El 22 de diciembre el ministro de Finanzas, Mohammed Aljaadan, repitió la promesa al presentar los presupuestos de este año: pagaremos dentro de dos meses.

Mientras tanto, las familias se mueren de hambre en sus lugares de origen y torturan a los obreros por exigir lo que les corresponde.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/news/workers-get-jail-flogging-over-saudi-unpaid-wage-unrest-1300740236

Manifestación obrera en las calles de Riad

Los obreros queman los autobuses de Bin Laden en Riad

Oleada de huelgas obreras en Arabia saudí y demás países del Golfo

A pesar del petróleo, las seis autocracias del Golfo se hunden en una ciénaga de deudas. Un déficit presupuestario de 153.000 millones de dólares ha llevado a los despidos masivos, el impago de salarios y las huelgas obreras.

En la mayor parte de esos países los trabajadores son inmigrantes. En Qatar una empresa de electricidad no paga los salarios a cientos de obreros extranjeros desde hace cuatro meses. En Arabia saudí las 1.200 enfermeras de Saad, un hospital privado de Jobar, se han declarado en huelga por el impago de los salarios.

A pesar de que en el país de los jeques no existe el derecho de huelga, el 21 de setiembre los trabajadores de sanidad levantaron un campamento delante del hospital, bloqueando el acceso al mismo.

La mitad del déficit, 84.000 millones de dólares corresponde a Arabia saudí, cuyos jeques se han embarcado en Yemen en una costosa y criminal guerra que van perdiendo económica y militarmente. El año pasado la deuda saudí fue de 98.000 millones de dólares, que se van acumulando cada año.

La crisis es especialmente grave en la construcción, donde las obras han quedado paralizadas por falta de financiación y los despidos se cuentan por miles. La crisis hace peligrar los mundiales de fútbol que se tienen que celebrar en Qatar en 2022.

Los más afectados son los trabajadores hindúes que, en Qatar suman más de medio millón de una población total de 2,5 millones. Han tenido que pedir ayuda a la embajada de su país para poder regresar, ya que carecen de ingresos para pagarse el viaje de vuelta. La embajada dice que puede dejar dinero a unos pocos, pero que los obreros despedidos son tantos que no tienen fondos para todos. El gobierno hindú se ha puesto en contacto con los jeques para repatriar a 10.000 trabajadores que han perdido su empleo y no pueden retornar a la India.

En 2014 la policía qatarí detuvo a 100 obreros nepalíes de la construcción que se declararon en huelga y los deportó a su país de origen.

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