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Los esquiroles sustituirán a los maestros en huelga en Perú a partir del lunes

Desde el próximo lunes los maestros que permanezcan en huelga serán reemplazados al cabo de 72 horas por otros docentes que están en una lista de espera, anunció el ministro de Educación, Daniel Alfaro.

“Los profesores de reemplazo se colocarán inmediatamente si al primer o segundo día esa plaza no está” cubierta, indicó Alfaro tras precisar que a diferencia del año pasado, esta vez no habrá recuperación de clases.

El ministro consideró que esta huelga es ilegal ya que el sindicato convocante no está considerado como tal sindicato, citando personalmente al portavoz de los maestros del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción), Pedro Castillo Terrones, creado desde la base y enfrentado a la dirección del SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación), el sindicato oficioso.

La huelga de seis meses convocada por el mismo sindicato el año pasado fue de las más importantes de Latinoamérica en los últimos años, contó con el respalgo general de la población y puso en jaque a la política económica del gobierno.

Como es habitual, el Defensor del Pueblo salió en defensa del gobierno y su titular, Walter Gutiérrez, expuso un argumento tambien habitual, escudándose en los estudiantes afectados: lo que es un derecho no es la huelga sino la educación. “La educación pública es un derecho fundamental innegociable de los estudiantes”.

Para mayor desfachatez, Gutiérrez invocó a los estudiantes de “menores recursos” y aseguró que la huelga agudiza la desigualdad educativa.

Como en otros países, en Perú los maestros defienden la educación pública, lo que supone enfrentarse a los recortes presupuestarios y, en definitiva, a la política económica del gobierno.

Tras numerosas luchas, el gobierno prometió hace años elevar el porcentaje del presupuesto educativo al 6 por ciento, que sigue en la mitad y es uno de los más bajos de Latinoamérica.


Si -como dicen- el derecho a la educación es tan importante para ellos, ¿por qué no incrementan los presupuestos públicos para su mejora?

Desde los años noventa el gobierno de Perú tiene una deuda social con los maestros, a quienes se les dejó de pagar por la preparación de las clases. De esa manera, tienen que acudir a los tribunales para cobrar. La huelga exige que la deuda social se cumpla sin necesidad de pleitos y que el gobierno cree un fondo específico para asumir ese pago.

El Ministerio de Educación ha reconocido esa deuda y paga con cuentagotas cada vez que hay una protesta. Ayer entregó 200 millones de soles a 20.000 profesores del país para tratar de frenar la huelga.

Privan a los maestros del derecho de huelga en Alemania por decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional alemán ha aprobado una decisión que marca el rumbo de la liquidación de las libertades fundamentales de los trabajadores en Europa: a partir de ahora los maestros tienen prohibido hacer huelga.

La clase obrera tienen que empezar a prepararse para lo peor. La decisión no la toma un gobierno, ni un parlamento sino precisamente el organismo que tiene encomendada la defensa de los derechos y libertades constitucionales.

Tampoco se trata sólo de los maestros. El fallo incluye además a bomberos y policías, entre otros funcionarios públicos.

El Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por cuatro maestros de escuela que participaron en protestas y paros laborales durante su horario de trabajo y que posteriormente recibieron por ello una sanción disciplinaria.

El juez principal, Andreas Vosskuhle, argumentó que el derecho a la huelga de los funcionarios públicos crea un “efecto dominó” en el sector público que amenazaría con socavar “los principios fundamentales de la administración pública”.

De acuerdo con el veredicto, el derecho fundamental a la libertad de asociación está limitado para profesionales como profesores, policías o bomberos, dado que éste entraría en colisión con los principios tradicionales de la función pública. Uno de estos principios es la imposibilidad de hacer huelga, señaló el presidente del Tribunal.

No obstante, la sentencia indica que los funcionarios públicos tienen derecho a asociarse para reclamar y promover mejoras de sus condiciones laborales y económicas.

En Alemania, se estima que hay cerca de 800.000 maestros. De ellos, según datos del Tribunal Constitucional, tres cuartas partes son funcionarios.

Los mineros saquean los edificios oficiales de Mali durante una huelga

Ayer varios edificios gubernamentales fueron saqueados en el sur de Malí durante la huelga de los trabajadores contra la dirección de las minas de oro de Randgold en Loulo y Gounkoto.

La sede de la oficina del prefecto y su residencia han sido atacadas por mineros que han quemado tarjetas de identificación biométrica de votantes que iban a ser utilizadas en las elecciones presidenciales del mes próximo.

Una portavoz de la empresa Randgold, propietaria de tres minas de oro en Malí, no ha respondido de inmediato a las peticiones de comentario al respecto.

Por el momento se desconocen las causas de este último brote de violencia, pero los trabajadores se pusieron en huelga en abril en Loulo y Gounkoto para reclamar las pagas extraordinarias. El contencioso se resolvió con acuerdo en un día.

En 2016 los mineros también estuvieron varios meses en huelga, teniendo que intervenir el gobierno para que las multinacionales aceptasen las reivindicaciones de los trabajadores, relativas a la seguridad social.

En 2015 Mali obtuvo 50.000 millones de francos CFA por la venta de oro, lo que supuso casi un 20 por ciento de las exportaciones del país.

Las minas de Loulo y Gounkoto se encuentran en el sur del país rico en oro, lejos de la inestabilidad del norte, con presencia de grupos yihadistas. Estas minas produjeron más de 20 toneladas de oro el año pasado.

http://m.europapress.es/internacional/noticia-saqueados-varios-edificios-gubernamentales-sur-mali-conflicto-laboral-minas-randgold-20180611223652.html

A pesar de las concesiones del gobierno la huelga de los camioneros brasileños continúa adelante

Diferencias entre los sindicatos de camioneros y la lentitud en el restablecimiento de los aprovisionamientos mantienen a Brasil en una situación de parálisis e incertidumbre sobre la evolución de la huelga iniciada hace nueve días.

El presidente de la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), José da Fonseca Lopes, que había rechazado las primeras concesiones del gobierno, se dijo satisfecho con las anunciadas el domingo por el presidente Michel Temer y acusó a quienes llaman a proseguir los bloqueos de tener una agenda política.

«No son los camioneros los que están en huelga. Hay un grupo muy fuerte […] de personas que quieren derrocar al gobierno. No tengo nada que ver con esas personas, ni tampoco nuestros camioneros autónomos», afirmó.

Los llamamientos a la desmovilización están tardando en ser acatados, dificultando el retorno a la normalidad de un país al borde del colapso por falta de combustible.

Los camiones que llevan combustible a las ciudades lo hacen escoltados por tropas del ejército. El gobierno de Brasil ha presentado como un triunfo que en la capital paulista hoy se hayan abastecido 40 estaciones de servicio; son el 5 por ciento de las 855 existentes.

Ayer se registraron 556 bloqueos de rutas en 24 de los 27 estados del país, según fuentes oficiales. «Algunos camioneros continúan parados por falta de comunicación, pero no hay más motivos para continuar la huelga», dijo el presidente de la Unión Nacional de Camioneros, José Araújo Silva.

En otros casos, los bloqueos se mantienen por disconformidad con el acuerdo que rebajó el precio del diésel en 46 centavos de real por litro durante 60 días, entre otras concesiones.

El Sindicato de Transportistas Autónomos de Bienes de Alagoas (noreste) llamó a proseguir la movilización, por considerar insuficiente la rebaja anunciada.

Otras agrupaciones en Rio Grande do Norte (noreste) también manifestaron su insatisfacción con las medidas pero dieron libertad a sus afiliados para decidir si continúan los bloqueos.

En algunos casos, los bloqueos se convertían en tribunas de denuncia del gobierno y de la corrupción política. «Nos cansamos de este país corrupto. Si más personas salen a la calle, el gobierno seguro que cae», afirmó Tango Roxa, un vendedor de electrodomésticos de 45 años, que acudió a solidarizarse con los camioneros estacionados frente a la refinería de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro.

La crisis complica un poco más el panorama de las elecciones presidenciales de octubre próximo, en la cual ningún candidato favorable a las políticas de ajuste fiscal preconizadas por el gobierno figura entre los favoritos.

La huelga contra el aumento de los precios del diésel impactó en todos los sectores de un país que carece de una red ferroviaria importante y donde el 60 por ciento de los transportes de mercaderías se realiza con camiones.

Se vieron afectados el aprovisionamiento de combustibles y alimentos, el envío de medicamentos para hospitales y de raciones para las explotaciones agro-ganaderas y los criaderos, donde murieron millones de aves en los últimos días.

Al menos cinco aeropuertos cancelaron vuelos el lunes. En Sao Paulo, capital económica del país, la flota de autobuses funcionó al 70 por ciento de su capacidad y en Rio al 45 por ciento.

El suministro de combustible es intermitente, lo que ha dado lugar a kilométricas colas de automóviles en las gasolineras.

La Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB) estimó que a causa de la paralización dejaron de exportarse productos por 1.000 millones de dólares.

Las acciones de Petrobras en la Bolsa de Sao Paulo cayeron más de 14 por ciento el lunes en reacción a las concesiones anunciadas por Temer. El jueves pasado los títulos de la estatal ya habían retrocedido otro 14 por ciento.

El ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, aseguró que la reducción y congelación del precio del diésel durante dos meses «no ocasionará ningún perjuicio» a la compañía. Pero el impacto de las nuevas subvenciones para ayudar a Petrobras a mantener sus márgenes será de 9.500 millones de reales (USD 2.500 millones), que pueden comprometer las metas fiscales y la credibilidad del gobierno.

Para completar el cuadro, la Federación Única de Petroleros (FUP) convocó a un paro de 72 horas a partir del miércoles, exigiendo la reducción de los precios del gas de cocina y de los combustibles, el fin de las políticas de cesiones de activos de la empresa a firmas extranjeras y la renuncia del presidente de Petrobras, Pedro Parente, «quien con el aval del gobierno de Michel Temer sumió al país en una crisis sin precedentes», afirmaron.

La huelga de un millón de camioneros explota la ‘bomba’ brasileña y los estragos alcanzan a sus vecinos

Ha bastado una semana de huelga obrera de camioneros para poner a Brasil patas arriba e inmediatamente después le ha tocado el turno a sus vecinos latinoamericanos, que empiezan a lamentarse y hablan de cuantiosas pérdidas, exponiendo unas cifras millonarias que nadie es capaz de explicar de dónde salen (ni tampoco quién es el que pierde, naturalmente).

A la prensa latinoamericana se la nota rebotada, especialmente al infame BAE (Buenos Aires Económico) que recurren al tópico: los hospitales no pueden atender a los enfermos por culpa del desabastecimiento que causan los camioneros (*).

Ya ven: a los oligarcas argentinos les preocupa la atención de los enfermos en los hospitales brasileños. Naturalmente que también les preocupa el aumento de los precios en los alimentos de primera necesidad, como las patatas. “13 aeropuertos sin combustible para abastecer los aviones”, añade BAE. Las fábricas se paralizan porque los obreros no llegan a ocupar sus puestos de trabajo por falta de transporte.

La movilización se extiende como la gangrena: “En la mayor aduana del Mercosur –Uruguayana y Paso de los Libres– la situación es por demás preocupante: Tanto la llegada a la aduana de Brasil como la salida de ella, se encuentran bloqueadas, por lo que está interrumpido el flujo comercial entre Brasil y Argentina”, dice BAE.

Los accesos de los principales puertos de Brasil también están bloqueados, por lo que la carga que llega a los mismos se acumula en la zona primaria aduanera, generando importantes sobre costos para las empresas importadoras.

Siguen las lamentaciones: algunas ciudades, incluyendo San Pablo, decretaron estado de emergencia, y algunas otras, como Uruguayana, decreto estado de Calamidad Pública del Municipio. Ayer domingo Minas Gerais, entre otras ciudades capitales, suspendió el transporte para tener combustible y poder poner hoy en marcha los autobuses.

El portugués la palabra “bomba” designa al surtidor de gasolina pero, a pesar de que la huelga tuvo su origen en el precio del combustible, dice BAE, la verdadera “bomba” es la que se inicia en un gobierno y le explota al siguiente. Lo que quiere decir este medio infame es que la culpa de la huelga no está en el gobierno golpista de Temer, como parece a simple vista, sino en el anterior de Dilma Rousseff, al que califica como “populista”.

Durante 2013 y hasta el primer trimestre del año 2014, la economía brasileña se mostraba en franco crecimiento y se observaba un importante aumento en la demanda de transporte terrestre, merced de la expansión del consumo.

El gobierno de Rousseff había abrió líneas de crédito fácil y barato para el sector y tanto las empresas de transporte como los camioneros autónomos invirtieron como nunca en la renovación de la flota.

A mediados de 2014 los indicadores macroeconómicos comenzaron a mostrar otra realidad. La economía comenzó a detenerse y la demanda por transportes también.

Para frenar la inflación, el gobierno Dilma Rousseff adoptó dos medidas que están en el origen de la huelga: aumentó la tasa de interés de referencia y congeló el precio de los combustibles.

La población, sobre todo de bajos recursos, festejó la medida. Los derivados del petróleo que produce Petrobras, resultaban más baratos para los brasileños que cargaban nafta en las “bombas” de las estaciones de servicio. Lo mismo ocurría con el gasoil para los camioneros.

Petrobras, entonces, compraba combustible en el exterior a un precio mayor que el precio al que lo vendía localmente pero este cóctel populista debía durar por lo menos hasta después de las elecciones. La petrolera tuvo el primer año de pérdidas desde 1995.

Tras las elecciones aumentó el precio de la nafta y del gasoil, y con una economía que tuvo su primer año de caída de la actividad, el volumen de transporte se redujo. Los camioneros estaban endeudados y con poca actividad.

Pero en la etapa actual las crisis capitalistas nunca tienen fondo. Aumentó el precio del petróleo, aumentó el cambio con el dólar Petrobras aumentó le precio de los combustibles, que solo en el mes de mayo supero el 12 por ciento. “Explotó la bomba”, dice BAE.

Además los camioneros son insaciables. Aunque Petrobras bajó el precio del gasoil un 10 por ciento, a costa de pérdidas de 13.300 millones de dólares en un único día, la huelga continuó. Incluso continuó a pesar de que el jueves el gobierno y cuatro sindicatos de camioneros firmaron “una tregua”.

Los camioneros no hacen caso a nadie; ni siquiera a sus propios “representantes”. Siguen cortando las carreteras, impidiendo el abastecimiento y cerrando las entradas a los puertos y aeropuertos.

Lo peor de todo es que da igual lo que haga el gobierno de Temer, concluye BAE: hay otra bomba que explotará a partir del 1 de enero del 2019 cuando un nuevo presidente asuma las riendas de Brasil. “Las bombas hay que desarmarlas en el momento en que son detectadas porque al explotar, el daño siempre será mayor”.

(*) https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/05/27/huelga-de-camioneros-exploto-la-bomba-brasilena/

Ni el ejército ni los sindicatos amarillos logran acabar con la huelga de camioneros en Brasil

Ayer continuaba la huelga de camioneros que desde el pasado 21 de mayo paraliza varias de las principales carreteras de Brasil. Los bloqueos persisten pese a la orden del presidente brasileño, Michel Temer, de intervención del ejército para abrir al tráfico las carreteras más afectadas.

Aunque el Ejecutivo había anunciado una tregua de 15 días con el sindicato de transportistas, tan solo 132 de los 519 bloqueos fueron levantados.

El paro de camioneros ha generado una crisis de desabastecimiento que continúa desde hace una semana y sin que parezca haber una solución a la vista, pese a que el gobierno dispuso la intervención del ejército.

El gobierno de Brasil amenazó con detener a los trabajadores que promueven la huelga y señaló que ya han comenzado a cobrar las multas a varios de ellos.

El ministro de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, Carlos Marun, aseguró que investigaciones adelantadas por la policía federal han permitido establecer bases sólidas para dictar órdenes de prisión de varios dirigentes de la huelga.

El combustible está prácticamente agotado en las principales ciudades del país, el transporte público opera con menos de la mitad de la flota, la gente no tiene como llegar a sus trabajos y niños y jóvenes han tenido que permanecer en casa por el cierre de escuelas y universidades.

El viernes la escasez de combustible obligó a cancelar más de 70 vuelos en diferentes partes del país, entre ellos Brasilia, uno de los más afectados.

Sao Paulo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, decretó este viernes estado de emergencia por los “excesos de protestas” de los ciudadanos en las calles.

La Alcaldía afirmó en un comunicado que, en caso de que la huelga se alargue, podrá ser decretado un día festivo y precisó que el “estado de emergencia podría evolucionar a un estado de calamidad pública”.

Así como en Sao Paulo, otras ciudades como Río de Janeiro, Brasilia y Recife han sentido fuertemente la consecuencias de la huelga de camioneros.

El presidente Temer acusa del caos a una “minoría radical que está cerrando carreteras e impidiendo que muchos camioneros lleven adelante el deseo de atender a la población”.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Brasileña de los Camioneros (Abcan), José da Fonseca, dijo que el número de manifestantes en las calles muestra que no se trata de una minoría, sino “la mayoría del movimiento y que no está satisfecha con el acuerdo anunciado”.

Brasil moviliza al ejército para acabar con la huelga de camioneros

Ayer el presidente brasileño Michel Temer ordenó al ejército actuar contra “una minoría radical” de camioneros que ignoró un pacto con algunos sindicatos para poner fin a una huelga que desde hace cinco días colapsa a la economía de Brasil.

“Accioné a las fuerzas federales de seguridad para desbloquear carreteras”, dijo Temer en una breve alocución desde el Palacio de Planalto en Brasilia.

“Muchos camioneros están participando [en el sabotaje a la huelga], pero desafortunadamente una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población”, agregó.

El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea buscarán ante todo liberar la circulación en áreas estratégicas como refinerías, puertos y aeropuertos, precisó posteriormente el ministro de Defensa, el general Joaquim Silva e Luna.

Uno de los principales sindicatos que había rechazado el acuerdo con el gobierno, la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), pidió levantar los bloqueos, “por razones de seguridad”, aunque sin cesar la huelga.

“Ya le hemos demostrado nuestra fuerza al gobierno, que nos trató de minoría. Conseguimos parar 25 estados brasileños con más de 504 bloqueos”, afirmó en un comunicado esa entidad, que reivindica la adhesión de 700.000 camioneros autónomos, en su mayoría propietarios de un solo vehículo y como máximo de tres.

A fines de la tarde, cuatro vehículos militares se estacionaron frente a la refinería Reduc, de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro, con la intención de “escoltar un camión cisterna”, explicó el ministerio de Defensa.

“Hoy en día, por un flete de mil reales para ir a Sao Paulo, uno gasta 400 reales en diésel y 400 de peajes. Con los 200 que le quedan ¿cómo va a comer? ¿Qué le va a quedar para su familia?”, dijo Luciano Constant, un camionero autónomo de 43 años que participaba en un bloqueo en esa localidad.

La crisis, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, se desencadenó por una rebelión de los camioneros contra las sucesivas alzas del precio del carburante. El acuerdo alcanzado el jueves prevé suspender por 15 días el movimiento, en contrapartida de concesiones fiscales.

En cinco días, este inmenso país carente de una red ferroviaria importante quedó al borde del colapso. El bloqueo obligó a cancelar vuelos en el aeropuerto de Brasilia, paralizó la totalidad de las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos y provocó una subida de los precios de los carburantes y los alimentos.

La ciudad de Sao Paulo, capital económica y financiera del país, decretó el estado de emergencia, una medida que le permitirá entre otras cosas requisar o aprehender bienes privados, como el combustible almacenado en una gasolinera.

La crisis cuestiona la capacidad de articulación política del gobierno hasta el traspaso de poder en enero próximo y de dar un respaldo eficaz a su candidato, el exministro de Hacienda Henrique Meirelles.

La movilización “pone más en evidencia la debilidad de este gobierno y va a tener un impacto electoral, porque el gobierno va a ser como un leproso: cuando trate de acercarse a cualquier candidatura, todos van a huir de él”, dijo un analista político de la consultora Hold.

La huelga de camioneros paraliza las cadenas de montaje de vehículos en Brasil

Hoy todas las cadenas de montaje de automóviles de Brasil se vieron obligadas a cesar sus actividades a causa de una huelga de camioneros que desde hace cinco días bloquea carreteras en todo el país, informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Todas las montadoras tienen sus líneas de producción paradas, pese al acuerdo alcanzado ayer entre el gobierno y los sindicatos, que no ha sido acatada hasta ahora de manera visible por los huelguistas.

“La huelga de los camioneros afectará significativamente nuestros resultados tanto en las ventas, como en la fabricación y la exportación”, advirtió Anfavea.

En Brasil la industria automovilística produce un promedio de 12.600 coches por día y genera impuestos diarios de 250 millones de reales (68 millones de dólares), según datos de la patronal automotriz.

En caso de normalización del transporte terrestre, el sector tiene «una gran capacidad de recuperación» y si fuera preciso «se trabajará el fin de semana», indicó una responsable de comunicación de Anfavea.

Pero por el momento, los camioneros que protestan contra el alto precio del diésel mantienen bloqueos en por lo menos 24 de los 27 Estados del país, incluyendo los más desarrollados, como Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, así como en los grandes reductos agropecuarios del centro-oeste y del sur de esta potencia agrícola exportadora.

El gobierno de Temer y la mayoría de los sindicatos de transportistas habían llegado sin embargo a un acuerdo para suspender durante 15 días la huelga, a cambio de concesiones fiscales.

El movimiento ha provocado escasez y una disparada de precios de los carburantes y de productos alimenticios.

La huelga de los camioneros brasileños desabastece los mercados

La huelga que los camioneros brasileños iniciaron el lunes por los altos precios del diésel se ha mantenido firme y ya comienza a poner en jaque el abastecimiento de productos y los servicios en varias ciudades del país, así como los aeropuertos.

La protesta ha continuado en la mayoría de los 27 estados del país a pesar de que el gobierno del presidente Temer ha anunciado su intención de reducir los impuestos aplicados a los combustibles, a fin de atajar una escalada de precios atribuida al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

Los camioneros han estacionado sus vehículos en carreteras de casi todo el país y en algunos casos han bloqueado el tránsito, sobre todo en el estado de Sao Paulo, el más poblado, próspero e industrializado.

El malestar de los camioneros también ha afectado a las operaciones en el puerto de Santos, en el litoral paulista, considerado el mayor terminal de cargas de América Latina y cuyos accesos habían sido bloqueados parcialmente por los manifestantes. Tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro, dos de las principales ciudades del país, ha comenzado a escasear el combustible en las gasolineras y sucede lo mismo con otros productos, entre los que se incluyen hasta alimentos.

El Aeropuerto Internacional de Brasília-Juscelino Kubitschek ha tenido que suspender varios vuelos porque la huelga ha impedido repostar de combustible a los aviones.

La huelga de los transportistas ha afectado hasta a la empresa de Correos, que hoy ha suspendido la entrega de envíos exprés debido a que no puede garantizar su distribución.

El gobierno, que busca negociar con los sindicatos, ha dicho que ha alcanzado un acuerdo con el Parlamento para eliminar los impuestos aplicado al diésel y contener el alza de los precios. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, ha condicionado esta decisión y ha afirmado que los tributos serán suspendidos una vez que el Congreso apruebe una medida para eliminar beneficios fiscales que favorecen a otros sectores, a fin de no afectar la recaudación, pues se agravaría el ya elevado déficit fiscal.

Más de 4 años de lucha de los trabajadores de Coca-Cola

David Romero

Hace más de 4 años, un despido masivo en varias fábricas españolas de Coca-Cola desató un pulso jurídico y sindical que enfrenta a un grupo de trabajadores con una de las mayores empresas del mundo.

El 22 de enero de 2014, Coca-Cola Iberian Partners, la embotelladora de Coca-Cola para España, Andorra y Portugal, anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a 1.250 trabajadores. Por medio de este movimiento, la empresa planeaba despedir y prejubilar a 750 obreros y cerrar cuatro importantes centros de producción en España: las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias), Alicante y Palma de Mallorca. Además, pretendía recolocar a 500 empleados en otros centros.

Pocos meses antes, Coca-Cola había obtenido el permiso de la Comisión Nacional de la Competencia para fusionar sus siete plantas de embotellado en el país y el ERE era parte de la re-estructuración consiguiente.

Por aquel entonces, el gigante norteamericano tal vez no imaginaba la magnitud ni la capacidad de resistencia de la oposición que iba a encontrar. En cualquier caso, no tardaría en darse cuenta: apenas una semana más tarde, los trabajadores de las cuatro fábricas afectadas por los cierres iniciaron una huelga indefinida que fue secundada por la totalidad de las plantillas.

En todas las demás fábricas también se dejó sentir la indignación en forma de solidaridad obrera: se convocaron grandes movilizaciones y paros parciales exigiendo la retirada de los cierres y los despidos.

Y en paralelo, por supuesto, daba comienzo una ardua y compleja batalla legal que, junto a la reivindicación social y su prolongado eco mediático, se ha convertido en una suerte de encarnación contemporánea del mito de David y Goliat en clave de lucha obrera colectiva.

Una primera victoria para los trabajadores

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) impugnó el ERE ante la Audiencia Nacional el día 26 de marzo, tras un periodo de negociaciones fallidas con la empresa, al considerar que la fusión de las embotelladoras no se realizó correctamente y, por lo tanto, la empresa carecía de potestad real para llevar a cabo los despidos.

No obstante, 5 días mas tarde y sin esperar ninguna resolución judicial, Coca-Cola ejecuta el ERE y cierra las cuatro plantas señaladas en su anuncio inicial. Se tramitan 236 despidos forzosos y el resto de empleados afectados se suscriben al plan de bajas incentivadas, prejubilaciones o traslados que ofrece Coca-Cola.

Sin embargo, la primera batalla en el terreno jurídico se salda con una importante y esperanzadora victoria para los trabajadores despedidos: la Audiencia Nacional española anula el ERE de Coca-Cola Iberian Partners y ordena su suspensión cautelar, obligando a la empresa a readmitir a los 236 despedidos y también a los que aceptaron la baja incentivada que deseen recuperar su empleo. Además obliga a la compañía a pagar los salarios que los trabajadores no han percibido durante los meses transcurridos desde el anuncio del ERE. A partir de ese momento, las reivindicaciones y acciones legales de los trabajadores se centran en conseguir la reapertura de la planta de Fuenlabrada.

En abril de 2015 el Tribunal Supremo ratificó e hizo firme la sentencia de la Audiencia Nacional, y acordó que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada debían ser readmitidos e incorporados a sus mismos puestos de trabajo, exactamente en las mismas condiciones laborales y salariales.

Sin embargo, el cumplimiento de esta sentencia iba a quedar muy pronto en entredicho, generando un nuevo capítulo de controversia y pleiteo judicial entre empresa y trabajadores.

La guerra psicológica y ‘la gran mentira’

Tras encajar el golpe de la sentencia firme del Supremo, Coca-Cola responde ante la Audiencia Nacional presentando una propuesta de «solución» al conflicto: el COIL (Centro de Operaciones Industriales y Logísticas), un plan para convertir la planta de Fuenlabrada en un «gran almacén y centro de distribución», descrito ante el tribunal como un ambicioso proyecto de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).

En conversación con este medio, el responsable de la sección sindical de CCOO en la fábrica madrileña, Juan Carlos Asenjo, describe las verdaderas condiciones en que fueron readmitidos y lo que resultó ser, en la práctica, ese innovador centro logístico. «El proyecto no se ha puesto en marcha porque a la empresa no le ha interesado», explica Asenjo, denunciando también que «ha habido gran permisividad de la Justicia al respecto».

«La realidad es que a día de hoy, 3 años más tarde, no tenemos ni innovación, ni excelencia, ni rastro del proyecto que estaba definido. Lo único que tenemos es una actividad manual y precaria en el centro de trabajo. Las botellas nos llegan de los bares, mezcladas en las cajas, y aquí las separamos –porque son productos de distintos tipos– manualmente. Y ese es el proyecto de I+d+i de Coca-Cola», explica el líder sindical.

En este video publicado en Youtube, que es un fragmento del documental “Coca-Cola en Lucha”, Asenjo y otros miembros de la plantilla explican también las condiciones de trabajo reales en la planta de Fuenlabrada, y en qué consiste «la gran mentira de Coca-Cola en Madrid».

Asenjo comenta que los trabajadores de Fuenlabrada no tienen «ninguna integración real en la organización» ni están prestando los servicios para los que han sido readmitidos según el proyecto logístico presentado ante los tribunales: «Estamos en un abandono cuya consecuencia es un ‘mobbing’ [acoso laboral] y un maltrato desde el punto de vista psicológico que está siendo muy dañino para los trabajadores y trabajadoras de la plantilla, y para sus familias».

Este aspecto está en el centro de las quejas de la plantilla readmitida: consideran que se trata de una guerra psicológica de desgaste. El 11 de enero de 2017, los representantes sindicales denunciaron que «Coca-Cola no acepta la derrota legal y sigue burlándose de las sentencias judiciales», y se refirieron a los trabajadores de Fuenlabrada como «víctimas de un ‘mobbing’ colectivo».

Advierten asimismo que «con el incumplimiento de las sentencias, la empresa pretende el desmantelamiento del centro de producción de Fuenlabrada y derivar la producción a otros centros, acabando así con una fábrica que, gracias a la organización de los trabajadores y trabajadoras, disfrutaba de unas buenas condiciones de trabajo».

En consecuencia, los trabajadores acudieron de nuevo a la Audiencia Nacional y denunciaron que la manera en que se llevaron a cabo las readmisiones no se ajustaba al contenido de la sentencia. Sin embargo, la Audiencia validó la forma de proceder de la empresa, decretando que las readmisiones eran válidas. El sindicato CC.OO. acudió entonces al Tribunal Supremo, que también dio por buenas las condiciones de la readmisión. Pese a estos duros varapalos judiciales, los trabajadores continúan luchando para conseguir que su trabajo y la planta en la que se desarrollaba vuelvan a ser lo que eran.

Una resistencia espartana en el ‘Campamento Dignidad’

Uno de los aspectos más llamativos de esta contienda sindical y judicial es su honda faceta humana, y la manera concreta en la que se ha desarrollado en este caso. En paralelo a las disputas jurídicas y a la ardua labor de lucha obrera llegó a construirse entorno a la fábrica de Fuenlabrada un enclave físico de solidaridad que constituye un fenómeno interesante en si mismo: el llamado “Campamento Dignidad”.

Los trabajadores afectados por el ERE de Coca-Cola en la fábrica madrileña no tardaron en autodenominarse “espartanos”, en una de esas chispas de buen humor que de vez en cuando saltan en medio de la desolación. Después de todo, había algunos aspectos coincidentes con la famosa película ‘300’, la narración cinematográfica de la Batalla de las Termópilas, en la que una alianza de ciudades griegas lideradas por Esparta y Atenas consiguió detener la invasión del imperio persa. Al fin y al cabo, los empleados despedidos de la fábrica estaban dispuestos a dar la batalla hasta el final, iban a resistir como los antiguos espartanos… y eran casi 300.

Un dibujo hecho a mano que se asemejaba al cartel de la película y contenía consignas que llamaban a la lucha obrera presidía el interior del espacio que los “espartanos” denominaron “Campamento Dignidad”. Era de una estructura algo precaria pero decente: un chamizo construido con palés, vigas de madera y retazos plásticos, situado junto a la entrada de la fábrica. Disponían de una cocina de gas butano, un fregadero (sin grifo), un televisor y pocas comodidades más. Había también una estufa, pero lo que verdaderamente mantuvo siempre caliente aquel lugar fue la compañía humana, la comprensión mutua, la solidaridad y el trabajo en equipo; los desvelos por los problemas propios y ajenos, las lágrimas de frustración compartidas, y las modestas celebraciones de las victorias cuando ocurrían.

Como consecuencia de lo que el líder sindical Juan Carlos Asenjo considera una flagrante «connivencia entre los poderes del capital y la justicia» y de la «permisividad» con que la judicatura toleró que Coca-Cola «dilatara el proceso, intentando agotar la lucha de los trabajadores», se produjo una situación verdaderamente delicada para las familias afectadas.

El propio Asenjo nos lo explica: «A raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional, que obligaba a Coca-Cola a readmitirnos y pagar los salarios pendientes, nos retiraron las prestaciones por desempleo, porque dejábamos de estar desempleados. Pero al mismo tiempo, al negarse Coca-Cola a desembolsar el dinero a pesar de que habían sido obligados, nos quedamos en una desprotección total, no sólo desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista del sistema: evidentemente lo que ocurría era que no había ningún tipo de sustento, ni prestaciones ni salarios, y obviamente para las economías familiares fue muy duro soportar esa situación».

El “Campamento Dignidad” nació así de las apremiantes necesidades básicas de las familias afectadas y cumplió muchas funciones a la vez: a su manera, acabó siendo una delegación sindical, un despacho de asesoría jurídica, un comedor social y hasta un gabinete de psicoterapia colectiva. Con el paso de las horas y al calor de las charlas y las comidas compartidas, la lucha obrera se disolvía a veces en una relajada fraternidad entre colegas que acababa resultando balsámica frente al durísimo trance que pasaban los trabajadores a la espera de una solución.

El campamento estuvo operativo hasta el 30 de septiembre de 2015, día en que se abrieron las puertas de la planta de Fuenlabrada para la polémica readmisión de los trabajadores. Hasta diciembre de ese año permaneció en pie la estructura vacía junto a la entrada de la fábrica, el esqueleto de aquel núcleo de solidaridad y resistencia, hasta que finalmente fue desmantelado. Sin embargo, el espíritu que se desarrolló en el interior de aquel chamizo habita aún en el corazón colectivo del movimiento Coca-Cola en Lucha, que no ha cesado en la reivindicación de una solución digna.

La lucha en femenino: el poder de las espartanas

Uno de los fenómenos sociales más potentes y conmovedores originados entorno a la problemática laboral del ERE de Coca-Cola fue el conjunto de mujeres –en su mayoría compañeras, hijas o familiares de los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada–, que se unieron a la causa de sus parejas. Empezaron a conocerse entre ellas cuando acompañaron a sus maridos a las acciones de protesta en la fábrica, y no tardaron en crear un combativo grupo de apoyo a la lucha obrera de los trabajadores en litigio.

Su presencia añadía a la lucha de los trabajadores de Coca-Cola una nueva dimensión que amplificaba la proyección social, generaba una valiosa empatía con la causa y aportaba una creatividad y un coraje que impulsaron el movimiento con una energía impagable.

Uno de sus mayores «éxitos» en el impacto social de su campaña tuvo lugar en las Navidades de 2016, cuando las propias “espartanas” elaboraron un anuncio de Navidad que parodiaba un famoso “spot” publicitario de Coca-Cola, encajando en un guión similar sus propias reivindicaciones y denuncias. Esta obra maestra de la ironía publicitaria comunicaba muy bien el estado de ánimo del grupo en lucha y denunciaba hábilmente lo que sus autoras consideraban injusto o abusivo en la contienda jurídica con Coca-Cola.

«En estas fechas, la publicidad nos va a recordar que Coca-Cola es la felicidad –dice a cámara una de las protagonistas del anuncio–. Pero en Fuenlabrada Coca-Cola no respeta ni a sus trabajadores, ni a sus familias, ni a sus hijos, ni respetan nuestros derechos ni las sentencias». La misma mujer recuerda que «las espartanas llevamos tres años luchando, porque si Madrid no fabrica, Madrid no consume».

Esta última frase se convirtió en uno de los lemas principales de la campaña de los trabajadores en lucha de Coca-Cola, coreada a voz en grito en múltiples manifestaciones y difundida al máximo en las redes sociales.

Otro lema que las “espartanas” crearon es el que llevan escritos en su camiseta: otra sencilla declaración de intenciones cargada de actitud; casi una advertencia: «Ni nos doblan, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. La lucha sigue».

Unos meses antes del famoso “anti-spot” navideño protagonizaron también otro original salto a la fama: seis de las ‘espartanas’ aparecieron desnudas en una de las revistas más populares de España, Interviú, conocida, entre otras cosas, por llevar siempre una mujer semidesnuda en la portada, que aparece desnuda en el interior en un reportaje fotográfico más amplio. «¿Qué es enseñar un pecho cuando nos están robando nuestros derechos?», dijo Gema Gil, una de las espartanas, a la revista, explicando a continuación que estaban muy orgullosas de «haber creado un ejemplo en una clase trabajadora dormida».

El propio Juan Carlos Asenjo reconoció a la revista Pikara Magazine en diciembre de 2017 que las espartanas eran (y son) «la cimentación para que esto siga adelante: sin las espartanas, sin las mujeres, la lucha está coja. Gracias a ellas estamos en pie. Son las mujeres las que están poniendo en jaque al capital».

Un acuerdo digno o habrá que recurrir a Estrasburgo

Juan Carlos Asenjo admite que existe «un canal de comunicación con la empresa» desde 2014, desde los albores del conflicto. La mera cronología de los hechos deja claro que no ha sido un canal muy fructífero, y que más que un diálogo la relación entre las partes ha consistido en un pulso difícil, una guerra en varios frentes, desigual pero prolongada en el tiempo hasta nuestros días.

«Nos hemos sentado a dialogar con la empresa», explica Asenjo sobre la batalla actual. «Una de dos: la empresa tiene que cumplir con el proyecto que planteó ante la Audiencia Nacional o tenemos que sentarnos a buscar una ejecución de esa sentencia que aceptemos de mutuo acuerdo».

El sindicalista advierte que «si no tenemos una solución antes del plazo jurídico establecido en el que es posible solicitar el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues evidentemente recurriremos a Estrasburgo». Igualmente reconoce que «si a través del diálogo somos capaces de buscar una solución, pues no tendremos que recurrir». Con todo, insiste en recordar que «a día de hoy, no tenemos ninguna solución real que evite la situación de tener que presentar el caso a Estrasburgo».

«Nuestro objetivo no es torcerle el brazo a Coca-Cola –aclara Asenjo–, sino hacer que se cumpla lo que la justicia dictaminó en su día para dar a los trabajadores y a sus familias una salida y una solución de futuro».

https://actualidad.rt.com/actualidad/272337-despidos-sentencias-lucha-cocacola-espana

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