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8 de octubre de 2017

‘Las FARC están vivas, la guerra continúa’

Duarte, comandante disidente de las FARC

Un dirigente guerrillero, que lleva el apodo de Aldemar, un joven de 32 años, es uno de los varios disidentes que rechazan el acuerdo llamado “de paz” firmado en diciembre que desarmó a las FARC después de medio siglo de guerra contra el Estado.

El guerrillero apunta su rifle de asalto al aire y dispara, gritando “Las FARC están vivas, la guerra continúa”. La paz está muy lejos de esta parte de la selva colombiana.

Aunque las FARC se convirtieron oficialmente en un partido político, “no han cambiado ni un ápice de nuestra ideología”, asegura el guerrillero.

“Seguimos siendo revolucionarios que están buscando poder para la gente a través de la ruta político-militar”, dijo el joven dirigente en una entrevista realizada bajo la lluvia torrencial en un banco del río Inírida (*).

Al igual que otros disidentes, ahora es un hombre querido muerto o vivo por las patrullas militares que peinan la selva.

Los disidentes están acusados de cometer al menos siete ataques en el último año, matando a cuatro personas e hiriendo a 18. Tres oficiales de policía murieron en una emboscada el sábado pasado.

“Nos traicionaron”, dijo Aldemar sobre la dirección de las FARC. “Pero incluso si son traidores, no los atacaremos hasta que se conviertan en agentes del Estado […] en nuestras zonas, los trataremos como una fiesta más”.

Aldemar se jactó de que los guerrilleros recuperarían lentamente el control del territorio perdido.

Mientras hablaba, hombres y mujeres bajo su mando podían ser vistos patrullando las orillas del río, con rifles colgados sobre sus hombros.

“Nos volveremos a convertir en un ejército de nuevo”, dijo, antes de listar una media docena de los 32 departamentos de Colombia, donde dice que sus hombres están presentes.

La dirección oficial de las FARC expulsó a varios comandantes disidentes en diciembre, cuando se firmó el acuerdo “de paz”.

Desde el inicio de las negociaciones, llamadas “de paz”, el gobierno calculó que por lo menos un 10 por ciento de las fuerza de las FARC terminarían al margen del proceso de paz.

Oficialmente, los capituladores aseguran que unos 60 combatientes se han separado del proceso “de paz”, una cifra que el ejército colombiano eleva a 200 guerrilleros, aunque unidades procedentes de varios frentes se están desligando de la líea oficial para continuar con la lucha.

Además de las FARC, los guerrilleros del ELN han iniciado el mismo derrotero y actualmente mantienen un alto el fuego para abrir otro proceso negociador con el gobierno.

Por su parte, el movimiento guerrillero EPL quiere sumarse a él. Aunque el EPL se desmovilizó formalmente en 1991, una facción disidente, que el gobierno llama “Los Pelusos”, permaneció activa en el noreste de Colombia, donde controla la región de Catatumbo.

(*) http://www.thesundaily.my/news/2017/10/04/dissident-farc-leader-says-war-goes

5 de octubre de 2017

Cuba: la mentira de los ataques sónicos

Jesús Arboleya

No existe un lugar más seguro para los diplomáticos norteamericanos que Cuba. Es común verlos correr por el Malecón, comer en los restaurantes más famosos o bañarse en las playas. Aquí nunca han tenido el temor de que los maten o secuestren, como ocurre en la mayor parte del mundo. Nada explica que esto haya cambiado, mucho menos que ocurriera debido al sinsentido de misteriosos “ataques sónicos” contra funcionarios de ese país.

Científicos de todas partes niegan la posibilidad de que algo como esto ocurra, el propio gobierno norteamericano asume su ignorancia en la materia y reconoce carecer de pruebas para culpar a Cuba, lo que explica menos que se tomen medidas contra el país.

El único argumento es que Cuba debe proteger -nadie sabe de qué- a los diplomáticos norteamericanos. Si Estados Unidos aplicara esta norma al resto del mundo, tendría relaciones con muy pocos países. Además, hay poca moral para decirle esto a un país cuyos diplomáticos sí han sido asesinados y atacados de la manera más brutal en territorio norteamericano.

Quizás la diplomacia y la objetividad periodística obligan a hablar usando términos como “supuestos”, “no identificados” o “no comprobados” para referirse a los pretendidos ataques sónicos, pero cualquier persona medianamente informada y con dos dedos de frente sabe que se trata de una soberana mentira. En Cuba hay ruido, quizás demasiado, pero no es ultrasónico ni infrasónico, más bien es lo suficientemente evidente y democrático, para afectarnos a todos por igual.

El asunto entonces es determinar la razón que impulsa al gobierno norteamericano a mentir de esta manera y utilizarlo como excusa para tomar medidas que dañan aún más el estado de las relaciones entre los dos países.

La primera hipótesis es que las agresiones a los funcionarios, sónicas o no, resultaron del uso de medios técnicos para labores de inteligencia por parte de Estados Unidos. Un cable de AP del 17 de septiembre, al que llamativamente la prensa no le dio mucha atención, cita a un funcionario de la NASA diciendo que el problema fue originado por equipos LRAD-RX, diseñados por la empresa American Technology Corporation (ATC), para las comunicaciones de la CIA con sus agentes.

Según esta fuente, cuando se conoció el daño a la salud que producía el uso de estos equipos se decidió su desmontaje, para lo cual era necesario suspender los servicios consulares y otras actividades de la embajada.

Primero se utilizó como excusa los daños causados por el huracán Irma, pero todo indica que después se ajustó al cuento de la protección de los funcionarios.

Esta versión no excluye otra mucho más integral, a tono con las características de ese gobierno. Para Donald Trump, la política exterior de Estados Unidos consiste en meterle miedo al mundo.

Su estilo de negociación nos recuerda al Padrino: si haces lo que digo voy a ser condescendiente contigo, sino, le corto la cabeza a tu caballo preferido.

No debe ser casual que individuos como el mexicano Jorge Castañeda, bien informado de los recovecos de la política norteamericana, declare que solo la intervención de Cuba puede conducir a la destitución del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Es de suponer que presiones sobre Cuba se han ejercido en este sentido, pero Cuba no ha dejado de insistir en su apoyo al gobierno bolivariano. Que no le hagan caso molesta hasta el delirio a Donald Trump y está demostrado que no hacen falta ataques sónicos, para limitar su capacidad de escuchar a tanta gente que trata de controlar sus desboques.

El tercer elemento a tener en cuenta son las presiones de los sectores anticubanos ubicados en el Congreso. A Trump le sale barato complacerlos, a cambio de un apoyo que se torna desesperado en otros aspectos de la política doméstica y exterior de Estados Unidos, así como para la supervivencia de su propio gobierno, acusado e investigado por todas partes.

En resumen, los “supuestos” ataques sónicos han venido de perilla para desencadenar una tormenta perfecta contra Cuba, que incluye atemorizar a los viajeros norteamericanos y la cancelación indefinida de otorgamiento de visas, lo que coloca a Cuba, sin que se diga explícitamente, entre los países vetados para que sus ciudadanos viajen a Estados Unidos.

Esto ocurre cuando Cuba transita por una difícil situación económica, agravada por los enormes destrozos provocados por el paso del huracán. No es de extrañar que no haya habido un solo gesto solidario por parte del gobierno norteamericano hacia el pueblo cubano, sino todo lo contrario. En realidad el sistema estadounidense no está diseñado para ayudar a resolver crisis, sino para agudizarlas, hasta el punto que los países afectados no tengan otra alternativa que rendirse a sus pies. Al parecer, esa es la lectura que están haciendo del caso cubano.

Contrario a lo que podía pensarse hace solo unos meses, la convivencia con Estados Unidos se torna cada día más complicada para Cuba. Paradójicamente, la razón estriba en la debilidad de un gobierno como el de Donald Trump, incapaz de lidiar con sus propias limitaciones y actuar con la altura que dignifica la política, incluso en el caso de los imperios.

https://nuevatrinchera.wordpress.com/2017/10/03/cuba-eua-la-mentira-de-los-ataques-sonicos/

5 de octubre de 2017

Pedofilia, tráfico de niños y turismo sexual proliferan impunemente en Brasil

Josinaldo B. es un hombre desesperado. Su hija, de cuatro años, fue abusada sexualmente cuando tenía apenas un año y medio, pero a pesar de los informes médicos que atestiguan el abuso, aparentemente cometido por el abuelo materno y un primo, su lucha judicial ha chocado con la impunidad, como miles de otros casos de pedofilia y violaciones en el archipiélago brasileño de Marajó, en la cuenca de los ríos Amazonas y Tocantins.

“He puesto muchas denuncias, pero no ha pasado nada. Dos procesos judiciales fueron abiertos, uno por violación y el otro para exigir medidas protectoras para la niña, pero fueron archivados inexplicablemente”, explicó este hombre de 34 años en Breves, una ciudad de 100.000 habitantes.

La niña, C. B., que tuvo con una mujer que niega los abusos de su padre a la nieta, sigue estando en régimen de custodia compartida, por lo que todos los días pasa las noches en la misma casa donde reside el supuesto abusador.

“Imaginen lo que siento. Mi hija llora desesperadamente cuando la tengo que dejar en casa de su madre, donde vive el abuelo y el primo que abusaron de ella”, relata Josinaldo, cuya identidad fue preservada por motivos de seguridad.

Como la pequeña C.B., cientos de niños –o incluso miles, según los expertos- enfrentan cada año abusos sexuales, pedofilia o son incluso víctima del tráfico sexual nacional e internacional en el archipiélago de Marajó, en el estado amazónico de Pará.

El problema es ampliamente conocido por las autoridades, pero la impunidad sigue proliferando ante la negligencia de las fuerzas de seguridad, las autoridades locales, el Ministerio Público y el propio poder judicial.

En 2014 una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) –un instrumento en Brasil con capacidad para interrogar a cientos de personas y pedir al Ministerio Público tomar acciones legales -examinó las causas de los abusos sexuales a niños en el país y aportó datos a un fenómeno que calificó de “generalmente tolerado y hasta practicado por diversas autoridades”.

“Uno de los grandes problemas detectados por la CPI en el combate a la explotación sexual de niños y adolescentes es la impunidad y el desinterés por parte de las autoridades”, señaló el documento, que identificó en Pará 11.000 casos de abusos entre 2004 y 2012 y la existencia de 72 rutas de turismo sexual.

Algunos expertos atribuyen este problema a la miseria en Marajó, uno de los lugares con el menor índice de desarrollo humano de todo Brasil, a pesar de la extraordinaria riqueza en recursos naturales (frutas, madera, pescado).

Otros señalan que en la región –víctima de una cruel colonización europea y de la violencia de la bonanza del caucho (1870-1920)- domina un sistema social machista que permite una cierta tolerancia social a estos abusos, y por lo tanto impide un mayor número de denuncias y la implementación de la ley de protección a los menores.

Ante ese cuadro, algunas organizaciones vinculadas a la Iglesia católica trabajan para poder atender a las víctimas, que muchas veces no llegan a los diez años de edad, al mismo tiempo que denuncian a los abusadores, la corrupción y la negligencia de las autoridades, a pesar del riesgo de muerte para los activistas.

Una de las figuras más prominentes es Henriqueta Cavalcante, una monja que lleva diez años combatiendo la pedofilia y la prostitución infantil en la región, y que por ello está amenazada de muerte y tuvo que tener protección policial 24 horas al día durante dos años y nueve meses.

“Prefiero morir denunciando que vivir callada”, dice, mientras Notimex la acompaña en un viaje por Marajó de una semana. “Nuestro papel es denunciar. No importa que sea mi amigo, un juez o el propio Papa”, agregó, esta mujer a cuya oficina en la sede de Belén de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (CNBB, por sus siglas en portugués) llegan con frecuencia familiares de víctimas cuyas vidas han sido rotas.

De enero a agosto el número de denuncias recibidas por la CNBB asciende a 500, aunque Cavalcante asegura que muchas de ellas no serán objeto ni siquiera de una investigación policial y que el número real de casos puede ser cuatro veces superior.

La región norte de Brasil, donde se sitúa la selva amazónica, es una de las más azotadas por los abusos sexuales, así como por los embarazos precoces.

Un estudio del Banco Mundial de 2016 señaló que el 14.9 por ciento de las jóvenes urbanas de entre 15-19 años tienen ya un niño, mientras en áreas rurales el índice sube al 18.9 por ciento, en comparación con el 10.5 y 13.2 por ciento de media en el país, respectivamente.

Un estudio del brasileño Instituto Datafolha publicado en agosto de 2016 señaló que el 65 por ciento de las mujeres en Brasil tiene miedo de ser víctima de violencia sexual, mientras un tercio de la población brasileña considera que la víctima es la culpable en casos de violación.

http://www.elarsenal.net/2017/10/04/pedofilia-y-trafico-proliferan-impunemente-en-cuenca-del-amazonas/

3 de octubre de 2017

Evo Morales homenajea los 50 años de la muerte del Che Guevara en compañía de quienes le mataron

El lunes Evo Morales anunció cinco días de homenajes, entre el 5 y el 9 de octubre, al Che Guevara al cumplirse el 50 aniversario de su asesinato en la selva boliviana.

Morales afirmó que los actos en honor al guerrillero argentino-cubano contarán con la presencia de militares, que lo combatieron, derrotaron y asesinaron en 1967.

“Conversé con ellos, seguramente me acompañarán, pero repito lo que dije, las Fuerzas Armadas nacieron [en el siglo XIX] antiimperialistas”, explicó Morales. “Hemos decidido recordar su lucha antiimperialista y su internacionalismo”, destacó.

Hace unos días el gobierno boliviano anunció la asistencia de los guerrilleros cubanos Harry Villegas (Pombo) y Leonardo Tamayo (Urbano), que lucharon junto a Guevara en Bolivia en 1967.

Los militares bolivianos han mostrado más consecuencia que Morales y dijeron que no participarán en los actos conmemorativos, al considerar que los homenajeados deben ser ellos.

“No asistiremos porque consideramos que esto es algo político”, dijo Mario Moreira, suboficial delegado de los uniformados que combatieron al Che, en declaraciones al diario Página Siete.

El Estado “tiene la obligación de homenajearnos a nosotros que defendimos la patria”, reclamó el militar, que participó en los combates con la guerrilla del Che, entre el 23 de marzo y el 8 de octubre de 1967, día de la captura del guerrillero argentino-cubano.

Un día después de su captura, Ernesto Guevara fue asesinado cobardemente, con lo que finalizó la guerrilla abatida por el ejército regular, dirigido por Estados Unidos.

3 de octubre de 2017

Rendirse no sirve para nada: militantes de las FARC son amenazados de muerte

Carlos Antonio Lozada, de las FARC

Las FARC han solicitado una reunión extraordinaria con el gobierno de Colombia para evaluar la situación de seguridad que afecta a sus antiguos combatientes y familiares.

Han denunciado amenazas de muerte contra sus militantes por grupos de reaccionarios, según expresaron ayer en una rueda de prensa.

Desde que el año pasado el movimiento guerrillero firmó el acuerdo de paz con el gobierno, que los llevó a su desarme y los convirtió en una nueva fuerza política, han sido asesinadas unas 25 personas entre antiguos combatientes, colaboradores y familiares.

Uno de los representantes de la organización, Carlos Antonio Lozada, denunció este hecho y afirmó que han recibido amenazas de muerte en días recientes mediante correos electrónicos.

“Exigimos al gobierno nacional plenas garantías para que en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad”, expresó Lozada.

Consideran que detrás de la campaña de intimidación existe un grupo autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar que hasta 2006 estuvo activa y aniquiló a cientos de campesinos.

En un comunicado las FARC rechazan las amenazas contra la Fundación Legado y la organización Juventud Rebelde y convocan a todos los sectores del país para movilizarse “en defensa de la vida, como premisa fundamental para que pueda haber paz estable y duradera”.

Lozada pidió a los antiguos Presidentes de los gobiernos de Uruguay, José Mújica, y de España, Felipe González, quienes son verificadores del acuerdo “de paz”, que tomen en cuenta sus denuncias.

28 de septiembre de 2017

Un comandante disidente de las FARC muere en un operativo militar en Colombia

Mora, miembro de las FARC opuesto a la claudicación

Un comandante de la disidencia de las FARC conocido con el alias de “Euclides” murió en una operación militar realizada en el selvático y lluvioso departamento del Guaviare (sureste), acaba de informar el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

“FF.AA. abatieron a Euclides, disidente de FARC, en Guaviare”, escribió el jefe de Estado en Twitter en donde agregó que el “mensaje es claro: entréguense, de lo contrario les espera la cárcel o la tumba”.

El Ministerio de Defensa, indicó en Twitter que Euclides Mora estuvo en las filas de las FARC durante 32 años y que desde el año 2005 “era de los principales cabecillas de la organización”.

Añadió que el guerrillero muerto fue jefe de los frentes 39, 52, 54 y 62 y que desde el año pasado era “cabecilla de Crimen Residual”, que es como llama la oligarquía a los partidarios de continuar la lucha armada.

En diciembre del año pasado el Estado Mayor de las FARC apartó de sus filas a “Gentil Duarte”, “Euclides Mora”, “John Cuarenta”, “Giovanny Chuspas” y “Julián Chollo”, quienes en ese momento cumplían tareas de mando en la organización guerrillera.

Según las FARC se apartaron de la línea político-militar trazadas por la dirección, que firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano el pasado 24 de noviembre, que es una claudicación del movimiento guerrillero después de 52 años de lucha.

Sin embargo, algunos guerrilleros se opusieron al acuerdo y otros fueron expulsados del grupo armado por no asumir las directrices de la dirección de las FARC.

Actualmente los disidentes operan en departamentos como Guaviare, Guainía y Vichada, estos dos últimos limítrofes con Venezuela, así como en Nariño, fronterizo con Ecuador, especialmente en la localidad de Tumaco.

24 de septiembre de 2017

Muere en la cárcel un militante de las FARC

El militante de las FARC, Roberto Antonio Sepúlveda Muñoz, ha fallecido en la cárcel del Barne, en el departamento de Boyacá, donde se encontraba recluido a la espera de que le aplicaran la ley de amnistía, aprobada hace nueve meses en virtud de los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla y el gobierno de Colombia.

Sepúlveda, conocido como “Arturo” y “Catire”, llevaba preso desde hace nueve años y, a pesar de que padecía una enfermedad terminal y su salud se deterioraba, el gobierno no procedió a su liberación.

Un comunicado de las FARC detalló que el militante falleció en el hospital San Rafael de la ciudad de Tunja, debido que la enfermedad no fue tratada de manera eficiente y se convirtió en una bronconeumonía crónica.

En el documento las FARC exigen que se tomen medidas y se realice una investigación “exhaustiva” para determinar las causas reales del fallecimiento de Sepúlveda Muñoz y establecer las sanciones penales pertinentes.

También instan al gobierno a que garantice la atención médica y que de manera “definitiva” libere a todos los miembros de las FARC que aún se encuentran encarcelados.

También alertan sobre el “complejo cuadro médico” de otros tres militantes encarcelados: Bernardo Mosquera, José Ángel Parra y Jan Carlo Amaya.

La amnistía se puede conceder a los presos políticos colombianos tanto por vía judicial, es decir, por los jueces ordinarios, como por vía administrativa, a cargo del Presidente de la República.

El pasado 11 julio, el Gobierno informó que beneficiado a 7.696 exguerrilleros de la FARC con amnistías e indultos como parte del acuerdo de paz.

En el mes de julio, Seusis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”, uno de los dirigentes de la FARC, finalizó la huelga de hambre que mantuvo durante 25 días en solidaridad con los presos de las FARC que permanecen en las cárceles del país, y pidió su liberación “de manera expedita”.

“Santrich” explicó en una conferencia transmitida por NC Noticias que la decisión obedecía al decreto 1252 expedido el 19 de julio por el Gobierno.

19 de septiembre de 2017

La siniestra calavera de la CIA siempre está al acecho en Ecuador

Detalle del mural de Osvaldo Guayasamín

Nil Nikandrov

Un mural pintado en el interior del edificio del parlamento de Ecuador por el famoso pintor ecuatoriano, Oswaldo Guayasamín, titulado “Imagen de la Patria” incluye una imagen de una calavera sonriente con un casco estampado con la sigla “CIA”. Cuando el mural fue inaugurado el mes de agosto de 1988 Guayasamín explicó que esta imagen representa todas las amenazas contra su país natal. Y que durante casi tres décadas la “Calavera de la CIA” ha acechado a los diputados del parlamento con una siniestra sonrisa.

Las huellas dactilares de la CIA son visibles en docenas de incidentes en Ecuador en los cuales políticos que habían amenazado la política exterior de Estados Unidos fueron eliminados. Por ejemplo, En el mes de mayo de 1981 el avión que transportaba al presidente Jaime Roldós se estrelló en la provincia de Loja, una región montañosa de Ecuador. El presidente Reagan había tenido una relación hostil con los ecuatorianos: Roldós se había negado a aceptar la invitación a su toma del mando y había mantenido relaciones amistosas con los Sandinistas en Nicaragua y con el gobierno cubano. Roldós también demostró su solidaridad con el Frente Democrático de El Salvador que luchaba contra una dictadura militar. Roldós se encontraba planificando la reorganización de la industria petrolera ecuatoriana poniendo en peligro los intereses de las corporaciones petroleras transnacionales. Roldós fue desechado por toda una “serie de quejas” en su contra.

Una vez que Rafael Correa tomó la presidencia, la CIA aceleró su trabajo en Ecuador. Durante una entrevista reciente Correa mencionó que en los primeros días de su gobierno cierto diplomático norteamericano le solicitó una reunión durante la cual él se presentó como “el representante oficial de la CIA en Ecuador”. Tal individuo incluso hizo hincapié en que él actuaba de manera independiente del embajador norteamericano en Ecuador. Como lo señaló Correa en ese momento, “los norteamericanos todavía creen que ellos pueden controlar nuestro gobierno”.

Una de las consecuencias de las más recientes revelaciones del presidente Correa en torno a las actividades subversivas de los servicios de inteligencia norteamericanos en Ecuador fue un incidente que involucró a una agente de la CIA apodada “Swat”.

Desde el año 1984 hasta el 2007 una cierta Leila Haddad Pérez, descendiente de libaneses, operó en Quito como agente ilegal de la CIA. En primera instancia ella utilizaba un salón de belleza como fachada y posteriormente una tienda para la venta de alfombras. Su verdadero nombre era Sania Elías Zaitoum El Mayek. El principal interés de Swat eran los oficiales de alta graduación en las fuerzas armadas y la policía. Las colaboraciones de ellos eran recompensadas con “gratificaciones” pagadas en dólares –superiores muchas veces a sus sueldos oficiales— como también en promesas de un paulatino ascenso en sus carreras. Gracias a los esfuerzos de Swat, muchos cargos importantes en los servicios de inteligencia del Ecuador y en las fuerzas armadas estaban ocupados por agentes de la CIA.

Una de las metas principales era dificultar la participación de Ecuador en esfuerzos por integrar al continente y también impedir el fortalecimiento de cualquier alianza con Venezuela. También se lanzó una campaña contra líderes amigos de Ecuador, como Hugo Chávez Frías, Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales y otros.

La red de agentes dirigida por Swat hizo todo lo que pudo para impedir el cierre de la base militar norteamericana de Manta. La campaña electoral de Correa el año 2006 no ocultaba lo que él tenía planeado hacer respecto a la presencia de la base militar norteamericana en el país. Virtualmente cada agente de campo de la CIA en el país fue movilizado en respuesta, como también la inteligencia militar de Estados Unidos la cual incluía a políticos, funcionarios policiales, personal militar, periodistas, activistas sindicales y estudiantiles como también organizaciones no gubernamentales, ONG. Sus esfuerzos fracasaron. Como lo señaló Correa, los métodos empleados por Swat resultaron “torpes” y que “era obvio que ella era el cerebro de la CIA en Ecuador”. En consecuencia, el presidente de Ecuador decidió expulsar a Swat del país. En el mes de julio del 2009 la base militar norteamericana de Manta fue cerrada.

El embajador de Estados Unidos en Ecuador trató de negar la existencia de vínculos entre la CIA y políticos ecuatorianos. Con algo de ironía el presidente Correa le indicó al embajador norteamericano que “estudiara un poco más acerca de cómo funcionan estos servicios… como si él no lo supiera”.

Rafael Correa es consciente que su país todavía está en peligro de golpe de estado. Algunos analistas piensan que finalmente la conspiración de la CIA en Ecuador será dirigida por Mario Pazmino, ex director de los servicios de inteligencia del Ecuador. Correa lo acusó de ocultar informaciones estratégicas vitales respecto del ataque que fue lanzado a través de la frontera colombiana sobre un campamento ilegal de las FARC ubicado dentro del territorio ecuatoriano. Desde su inicio hasta el final, el ataque fue preparado por la CIA y los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos.

A consecuencia de estas denuncias, los servicios de inteligencia y contrainteligencia comprometidos del Ecuador, han sido objeto de reformas. Se ha establecido un Secretariado Nacional de Inteligencia, SNI se ha contratado a un nuevo personal y se ha instalado nuevos equipos especializados. Todo esto posibilitará un monitoreo efectivo de las organizaciones que responden a la CIA, tales como la USAID y la NED. Pronto se descubrió que Karen Hollihan, una ecuatoriana de ascendencia germano-norteamericana había sido enviada para restablecer la red de agentes en Ecuador.

Un sujeto de nombre Fernando Villavicencio trabajó como asistente de la Hollihan. El sujeto sostiene ser un experto petrolero pero su principal actividad fue la de denigrar al presidente Rafael Correa. Villavicencio fue condenado a 18 meses de cárcel, por difamación, pero huyó de la cárcel y ahora utiliza internet para la divulgación de artículos escritos por la CIA acerca de corrupción en el gobierno de Correa.

Otro activo contacto de la Hollihan responde al nombre de César Ricaurte quien encabeza la organización sin fines de lucro “Fundamentos” la cual monitorea “las amenazas a la libertad de información” en Ecuador, contribuyendo a que los críticos del gobierno se involucren en la campaña de “denuncias” de la CIA.

La ONG “Participación Ciudadana” que se especializa en “periodismo investigativo”, producto de la CIA, recibió la cantidad de 265.000 dólares de parte de la NED durante los últimos dos años para cubrir sus “gastos corrientes”.

El ciudadano ecuatoriano Mario Ramos, Director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, CAES que analiza las operaciones de Estados Unidos contra los gobiernos latinoamericanos que se rehúsan bailar al ritmo de Washington, señaló en TeleSUR que la CIA en sus actividades subversivas evalúa a cada país, antes de escoger “la estrategia de desestabilización apropiada, es decir, guerra económica, guerra psicológica o desinformativa y suma y sigue”.

Ramos piensa que con el objeto de contrarrestar tales operaciones subversivas, los latinoamericanos deben establecer “una estrategia de defensa integrada” que abarque las órbitas de la diplomacia, lo militar y las finanzas y deberán enfocar los esfuerzos de los servicios de inteligencia de sus países en esta tarea.

La denuncia de las actividades subversivas de la CIA en el Ecuador, el desfile de retratos de los perpetradores por televisión y el análisis de las desastrosas consecuencias para el país a cuenta de sus desleales actividades, constituyen pruebas que los dirigentes políticos de Ecuador tanto como los servicios de seguridad, han arribado a las conclusiones necesarias.

http://www.tiwy.com/read.phtml?id=2072

Más información:
– ¿Formó parte el asesinato de Roldós en 1981 del Plan Cóndor?

18 de septiembre de 2017

Los buscadores de oro exterminan a una tribu indígena brasileña del Amazonas

En agosto 10 miembros de una tribu desconocida del Amazonas que se encuentra en vías de extinción fueron asesinados por buscadores de oro brasileños, llamados “garimpeiros”.

La matanza ocurrió en el valle de Javari, en la zona brasileña del Amazonas y la tribu se mantenía aislada, sin contactos con el mundo exterior.

Recolectaban huevos en el río Jandiatuba, al oeste de Brasil, cuando tropezaron con los garimpeiros. La matanza hubiera pasado desapercibido de no ser por que los criminales se enorgullecieron de ello en el bar de una aldea vecina.

La Funai, institución brasileña de asuntos indígenas, ha abierto una ivestigación y dos garimpeiros han sido detenidos y trasladados a la ciudad de Tabatinga para declarar ante la policía.

Los garimperios se vanagloriaban de haber troceado los cadáveres para arrojarlos al río y llevaban una pagaya como trofeo, una especie de remo largo, según ha relatado Leila Burger Sotto-Maior, responsable de la Funai, al New York Times.

Es el segundo caso de matanza de indígenas en seis meses en la región, donde viven 2.000 indígenas agrupados en 20 comunidades diferentes.

El fiscal se ha curado en salud diciendo que la investigación no tiene visos de prosperar porque la región es muy grande y de difícil acceso.

La ONG Survival International acusa al gobierno de la matanza, la que califica como genocidio. La protección de la población indígena está garantizada por la Constitución brasileña, pero es papel mojado. No hay ningún interés en defender a los indígenas, por lo que los presupuestos de la Funai se han reducido.

Los indígenas están indefensos, a merced tanto de multinacionales como de aventureros sin escrúpulos que invaden sus tierras y territorios de caza y pesca.

14 de septiembre de 2017

Se inicia el juicio por la masacre de 133 presos políticos en la cárcel del Frontón, en Perú

La semana pasada se inició en Lima, la capital de Perú, el juicio contra 34 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra que participaron en la matanza de 133 presos durante un motín en la cárcel del Frontón en 1986 promovido por presos de la organización guerrillera Sendero Luminoso.

Hace 31 años, el 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos de Sendero Luminoso y el entonces presidente Alan García no vaciló en aplastarlo a sangre y fuego, cuya tarea encomendó a la Marina de Guerra, pertrechada con armamento de guerra.

La cárcel, construida en una isla frente al Callao, la provincia vecina a Lima, quedó reducida a escombros tras una serie de explosiones provocadas por las fuerzas armadas.

Pero los presos no sólo murieron en el enfrentamiento con la Marina sino en cobardes ejecuciones extrajudiciales después de que los últimos supervivientes se hubieran rendido.

El crimen fue declarado como un delito contra la humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, por lo que no prescribirá nunca. Uno de los abogados que representa a las víctimas, Hugo Noroña, declaró que “no queremos venganza de nada contra nadie, simplemente que se sepa la verdad”.

En octubre pasado, la fiscalía presentó formalmente la acusación contra 35 marinos por estos hechos, para los que pidió entre 30 y 25 años de cárcel, y en abril de este año el Poder Judicial reconoció que existen motivos para abrir el juicio oral.

Uno de los acusados reconoció ante los fiscales que existían órdenes de masacrar a los presos y fue retirado de la causa.

Desde el inicio del gobierno de Alan García en 1985, los presos de Sendero Luminoso habían realizado motines en varios penales con resultados diversos. En algunos la solución pasó por una firma de acuerdos y en otros hubo enfrentamiento.

El inclumplimiento de los acuerdos causó que los presos del penal El Frontón hablaran de un “plan genocida” que suponía el traslado a Canto Grande.

El 16 de junio, día en el que comenzaba el XVII Congreso de la Internacional Socialista en Lima, el sindicato nacional de carceleros anunció un paro indefinido, por lo que privaban a los presos de su derecho a recibir visitas. Eso caldea más los ánimos en el interior del penal y se amotinan el 18 de junio en el interior de una prisión que había sido modificada y preparada para un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas: túneles de resguardo, paredes reforzadas, etc.

Los presos capturaron rehenes y, aunque una comisión intentó negociar, el gobierno lo tenía todo preparado para la masacre.