Leandro García Fernández trabajaba en la logística de una cadena de franquicias de pizzas. Levantaba manualmente entre 5.000 y 6.000 kilos al día, a veces durante 20 horas seguidas. El 1 de julio de 2015, se le diagnosticó una hernia discal entre las vértebras L4 y L5 como consecuencia del sobresfuerzo continuo. Se sometió a inyecciones, una resonancia magnética e infiltraciones, hasta que finalmente se le cedió el grado de discapacidad, inicialmente del 36 por ciento y que subió a un 47 por ciento en la última revisión médica.
Denunció a la empresa y tramitó la petición de “recargo de prestaciones”, para que se le proporcionase el 45 por ciento restante del cobro de la baja, ya que los menores de 55 años solo reciben el 55 por ciento de la base reguladora de la Seguridad Social.
La empresa no contaba con el Informe de Prevención de Riesgos Ergonómicos, que debería regular las cargas máximas de los trabajadores y demás aspectos relativos a la protección de la seguridad y salud laboral. Inspección de Trabajo resolvió la denuncia a favor de Leandro García y multó a la empresa con 9.000 euros, la cual recurrió la denuncia con la finalidad de retrasar los trámites lo máximo posible. A día de hoy, el trabajador sigue pendiente de juicio y cobrando el 55 por ciento de la baja correspondiente.
Este es uno de los múltiples casos que reflejan que la poca atención de las empresas a los riesgos laborales puede acabar afectando de por vida a un trabajador, sin llegar a los desenlaces más trágicos que acaban en fallecimiento.
Los últimos datos del Ministerio de Empleo del primer semestre de 2017 hablan de un total de 300 muertes por trabajo, 245 durante la jornada laboral y 55 in itinere. Los accidentes suman ya un total de 657.169, con un incremento de 17.765, un 2,7 por ciento, respecto al primer semestre de 2016, con una tendencia al crecimiento desde 2012.
Hay una clara relación de la reforma laboral de febrero de 2012 con el aumento de los accidentes de trabajo. Los síntomas se manifiestan en el auge de contratos por días y hasta por horas, las extensas jornadas de trabajo y los recortes en inspectores y medidas de prevención de riesgos laborales. La mayoría de incidentes ocurren con trabajadores con contratos muy breves, que carecen de formación sobre seguridad.
Pierden extremidades, son golpeados o aplastados por objetos o maquinaria, se precipitan al vacío, trabajan horas excesivas, padecen de estrés, dolores musculares o sufren infartos. Algunos casos son más sonados que otros, como el “accidente del trapecista” del festival Mad Cool, fallecido por un golpe de calor mientras asfaltaba en plena canícula o las protestas por la pésima situación laboral de “las kellys” o camareras de piso, pero la precariedad laboral es una realidad cotidiana para muchos trabajadores.
Estrés y ansiedad laboral
El aumento de la precariedad tiene como consecuencia directa la falta de inversión. Ha habido una reducción del 60 por ciento en inversión desde la aplicación de la reforma. Además, la negociación de convenios actual es extremadamente lenta e inefectiva para abordar este área.
La deplorable situación de muchos trabajadores conlleva estrés y ansiedad, patologías directamente relacionadas con infartos y enfermedades cardiológicas, principal causa de accidentes y fallecimientos en el trabajo pero cuyo diagnóstico se desvía con demasiada frecuencia.
Araceli Mateo Barreno lleva trabajando para una gran superficie comercial desde 1983, inicialmente como personal administrativo. En 2012, con motivo de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial de la Comunidad de Madrid que permitió libertad de horarios, se obligó a todos los empleados a trabajar domingos y festivos, lo que desencadenó en una huelga por parte de los empleados. Como respuesta, la empresa recolocó a Mateo en la sección de pescadería, aún sabiendo que tenía una protrusión discal.
El supermercado no contaba tampoco con el Informe de Prevención de Riesgos Ergonómicos y Mateo debía levantar pesos excesivos a diario. Como consecuencia, los dolores aumentaron y la protrusión derivó en una hernia discal.
En 2012 empezaron los juicios. Se le denegó la razón a la trabajadora y se calificaron las dolencias como “enfermedad común” y no relacionada con su puesto de trabajo. “Es la propia Seguridad Social, que supuestamente debe velar por la salud de los trabajadores, la que evita establecer filtros que asocien dolencias y accidentes a las condiciones laborales”, explica Araceli.
Finalmente, el Tribunal Superior de Madrid aprobó la demanda y está pendiente la resolución del Tribunal Supremo. “Una cosa es la ley y otra muy distinta, la realidad práctica”, añade en referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Precisamente es en el comercio y en la industria manufacturera donde se concentra un mayor número de accidentes laborales. Pero los mayores incrementos en este año se han dado en la construcción y la agricultura.
El caso de Nati Carmona Hernández escenifica lo difícil que es convencer a una empresa de que debe adaptar el puesto de trabajo a las limitaciones físicas del trabajador. Carmona llevaba 13 años siendo oficial de jardinería en Móstoles. Hace tres años, empezó con quejas por escrito y petición de una adaptación de su puesto a su condición física: lesión en las cervicales y en el hombro derecho a causa del sobresfuerzo constante. A esto se suma el daño psicológico causado por su situación laboral.
Tras una evaluación de la Inspección de Trabajo, se certificó la necesidad de una adaptación para la trabajadora, que establezca limitaciones respecto al peso máximo que puede levantar o las maniobras que puede realizar. La empresa debe redactar un informe específico dirigido a Nati, todavía pendiente y sin fecha exacta de tramitación. “Las empresas son bastante reticentes a conceder adaptaciones y la falta de personal incentiva el aumento de accidentes laborales”, explica la trabajadora.
Empresas fuera de control
Estos casos ocurren en sectores bajo un cierto control. Pero aún es más complicado sortear los riesgos laborales en sectores donde se trabaja en la economía sumergida. En el sector de los cuidados, con las empleadas en un hogar, es casi imposible vigilar que se cumplen unas condiciones básicas de seguridad.
Muy pocos de estos casos salen a la luz. El 18 de agosto una trabajadora doméstica falleció en el domicilio donde trabajaba al caer dentro de un pozo. Con la ley de inviolabilidad de domicilios particulares, resulta muy difícil determinar los riesgos en el trabajo en hogares. Además, la falta de regulación y el carácter generalmente forzoso de estas actividades incentivan la precariedad. No hay convenios, no hay negociación ni hay información sobre seguridad. Mucho menos, opción a reclamaciones.
Como las personas que trabajan en las casas, la mayor parte de los accidentes laborales de trabajadores “en negro” se oculta, como se tapa su relación laboral y que de darse a conocer en su totalidad, hincharían bastante las cifras oficiales.
Casos trágicos como el del hombre que perdió un brazo al manejar maquinaria para la que no tenía formación en la panadería dónde trabajaba sin contrato, o el del trabajador sin papeles al que ofrecieron darse de alta en la Seguridad Social tras una amputación por un atrapamiento con una máquina de ignifugación son la punta del iceberg. La contratación ilegal afecta especialmente a mujeres e inmigrantes sin papeles, sectores más vulnerables en los que la mayoría de accidentes y fallecimientos quedan en el anonimato.
