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17 de octubre de 2017

Los incendios forestales los provocan las empresas que cobran por extinguirlos

Daniel Toledo

Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados.

Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción 2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que hemos tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que […] alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria […] y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000 € como alcalde de un municipio de 1.500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.

Andalucía: el funcionario que tiró de la manta

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.

Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.

Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.

González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.

Cuando acudió al Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que “se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.

“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.

González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.

María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.

En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.

Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.

Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.

Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.

Empresas investigadas por prender fuego a los bosques:

1. AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG
2. FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN
3. COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU
4. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA
5. TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO
6. TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios
7. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo
8. HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez
9. COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas
10. SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol
11. HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí
12. TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán
13. HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano
14. SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén

http://ctxt.es/es/20170906/Politica/14827/ctxt-incendios-corrupcin-portugal-Avialsa-Faasa.htm

15 de octubre de 2017

La CIA construyó en Polonia otra cárcel secreta para torturar a los secuestrados

En 2013 se descubrió que Estados Unidos había construido en Polonia una cárcel secreta en la base militar de Stare Kiejkuty, a 180 kilómetros de Varsovia, naturalmente con la complicidad de algunos sectores del gobierno.

En su interior los secuestrados también fueron torturados entre 2002 y 2005, según han declarado dos de ellos, que fueron internados en dicho lugar con la excusa del terrorismo. Un tercero ha iniciado una querella en la que reivindica ser considerado como víctima de secuestro.

Se abrió una investigación que, como también es natural, se ha convertido en maratoniana para que las aguas se calmen, Estados Unidos no responda a ningún requerimiento judicial, no se descubra a los “culpables” y se cierre el asunto entre agua de borrajas.

El terrorismo de verdad, el auténtico, el que practican los Estados modernos, es de sobra conocido en Europa gracias a la existencia de vasallos del imperialismo, sobre todo en las nuevas “democracias” de Europa oriental.

Hasta ahora los jueces han trabajado con recortes de prensa, informes de ONG y entrevistas de ciertos politicastros que admiten la existencia en Europa de acuerdos secretos con la CIA, cárceles clandestinas (black sites), secuestros por tiempo ilimitado, “interrogatorios reforzados”…

Guantánamo no ha sido la excepción sino la regla. El campo de concentración de Stare Kiejkuty lo inauguró la CIA en 2005. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo cerró los centros de internamiento nazis, como el de Treblinka, Polonia no conocía algo parecido.

Desde que los jueces abrieron las investigaciones hemos asistido a las típicas maniobras de obstrucción: traslado de los jueces y fiscales, tralado de la instrucción de Cracovia a Varsovia, secretos de Estado, dilaciones, negativas…

Uno de los secuestrados fue Abd al-Rahim al-Nashiri, un saudí al que Estados Unidos acusa del atentado contra el destructor USS Cole en octubre de 2000 en el puerto de Aden, en Yemen. Afirma que estuvo secuestrado en Polonia, donde le interrogaron, le torturaron, le violaron, le amanazaron, al él y a su familia, y le sometieron a simulacros de ejecución.

Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, conocido con el nombre de Abou Zoubaydah, es otro saudí que también afirma que le detuvieron y le trasladaron a Polonia, para lo que cuenta con un testigo de excepción, George Bush, quien en sus memorias, publicadas en 2010, confirma que Husayn degustó la tortura de “la bañera” (waterboarding) cuando cayó bajo las garras de la CIA.

Cuatro años antes, Bush reconoció que el espionaje mantenía cárceles secretas para los detenidos. Luego En 2013 Obama admitió que, además, habían estado torturando a los secuestrados.

Un yemenita detenido por la soldadesca del Pentágono, Walid bin Attash, es el que reclama que los tribunales polacos le reconozcan como víctima.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-hidden-history-of-the-cias-prison-in-poland/2014/01/23/
b77f6ea2-7c6f-11e3-95c6-0a7aa80874bc_story.html

12 de octubre de 2017

El gran laboratorio racista sudafricano

El 9 de noviembre de 1976 la Asamblea General de la ONU proclamó el 11 de octubre como el Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica, con el objetivo de reiterar la solidaridad con todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de las políticas de segregación racial que estuvieron vigentes hasta 1990 en Sudáfrica.

El apartheid, sistema impulsado e institucionalizado por descendientes de los antiguos colonos holandeses, consistió en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros.

El apartheid fue legal desde 1948, año en que el Partido Nacional ganó las elecciones, y estuvo en vigencia hasta 1990. Este sistema puso en marcha un sofisticado sistema jurídico por el que una minoría blanca (los afrikáneres) impuso una política de odio y de racismo hacia la población negra hasta en las costumbres más cotidianas.

La mayoría negra solo podía vivir en los territorios “bantustantes”, que equivalían a algo más del 13 por ciento de la superficie sudafricana.

Igualmente, este grupo no tenían derecho a acciones judiciales si eran expulsados o desplazados forzosamente. También se prohibía el matrimonio mixto y las familias negras no podían trasladarse libremente por el país, solo tenían derecho a recibir una educación subordinada a los intereses de los blancos.

Desde 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó anualmente el apartheid por contravenir los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU.

La Convención sobre el Apartheid fue aprobada por Asamblea General el 30 de noviembre de 1973 por 91 votos a favor y los votos en contra de Estados Unidos, Portugal, el Reino Unido y Sudáfrica.

Este organismo condenaba los “actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial y de oprimirlo sistemáticamente”.

De esta manera, se acordó la deposición de las políticas represoras con el presidente de Sudafrica, Frederik de Klerk, quien tomó medidas producto de presiones políticas locales e internacionales. Entre las medidas, se accedió a la liberación del líder social Nelson Mandela, que estuvo preso desde el año 1964 por luchar contra las políticas segregacionistas.

En 1994 Mandela asumió la presidencia de Sudáfrica, convirtiéndose en el primer presidente de color en un país en que los negros jamás dejaron de luchar contra la opresión, y en el que fueron atacados con látigos, cárceles y fusiles.

https://www.telesurtv.net/news/Apartheid-en-Sudafrica-La-institucionalizacion-del-racismo-20171011-0028.html

12 de octubre de 2017

2.000 denuncias de violación y explotación sexual contra soldados y personal de la ONU

Los cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (Minusca) han sido denunciados por drogar y violar a una adolescente en la localidad de Bambari el pasado 30 de septiembre, anunció ayer la ONU.

La víctima de 16 años relató que volvía de un funeral cuando unos cascos azules le ofrecieron una taza de té y horas después se despertó prácticamente desnuda y tirada en el suelo.

Tras las sospechas de posible violación, la joven fue trasladada a un hospital donde se sometió a diversas pruebas que certificaron que había sido víctima de sedantes y de abuso sexual.

Es el primer caso que se está investigado oficialmente, pese a que existen más de 2.000 denuncias contra cascos azules y otro personal de la ONU por abuso y explotación sexual en todo el mundo. Más de 300 de las denuncias proceden de menores de edad, según un informe publicado por la agencia de noticias Associated Press en abril pasado.

La denuncia de la joven llega en el momento en el que secretario general de la ONU, António Guterres, está preparando una reunión con las víctimas de abusos sexuales de los cascos azules cuando visite República Centroafricana, a finales de este mes.

Al menos 134 miembros del contingente de Sri Lanka participaron entre 2004 y 2007 de violaciones, explotación y abuso. Luego de una investigación de parte de la ONU estos fueron retirados de la fuerza, pero ninguno cumplió condena por sus actos. También los cascos azules de Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán y Uruguay tienen denuncias en su contra.

La explotación sexual por parte de las llamadas “fuerzas de paz” de la ONU es uno de los crímenes más persistentes y vergonzosos, porque la organización internacional y sus países miembros aseguran la impunidad de los criminales ante los tribunales locales.

https://www.telesurtv.net/news/Cascos-azules-implicados-en-nuevocasode-abuso-sexual-en-RCA-20171011-0057.html

11 de octubre de 2017

Las torturas de la CIA fueron mucho más brutales de lo que se ha admitido

Las torturas utilizadas por la CIA contra los detenidos fueron “mucho peores” de lo admitido hasta ahora, y los espías ocultaron información clave al Congreso y la Casa Blanca, afirmó un informe del Senado estadounidense en diciembre de 2014.

En la introducción del documento, la senadora Dianne Feinstein, dirigente del Comité de Inteligencia, no dejó dudas sobre el resultado de las investigaciones: “Es mi conclusión personal que, en cualquier acepción del término, los detenidos de la CIA fueron torturados”.

El demoledor informe de 525 páginas, con numerosos párrafos cubiertos con tinta negra para ocultar información confidencial, es apenas un resumen de una versión de más de 6.000 páginas que se mantienen en secreto.

El texto toma mucho cuidado de utilizar la palabra “tortura” y prefiere el eufemismo de “técnicas reforzadas de interrogatorio”, que había sido adoptado en el gobierno de Bush.

El documento que se presentó públicamente afirma categóricamente que los métodos de interrogatorio aplicados por la CIA fueron “brutales y mucho peores” de lo que se había admitido hasta el momento. Además, apunta el documento, esas torturas “no fueron una forma eficiente de adquirir información precisa u obtener la cooperación de detenidos”, aunque la CIA insistía en la eficacia del sistema.

Al analizar los argumentos de la CIA sobre la eficacia de la tortura, el comité investigador “revisó 20 de los más frecuentes ejemplos de éxito antiterrorista que la CIA atribuyó al uso de técnicas reforzadas de interrogatorio, y llegó a la conclusión que estaban equivocados en aspectos fundamentales”.

De acuerdo con la investigación, la CIA “no estaba preparada cuando comenzó a operar su Programa de Detención e Interrogatorio, más de seis meses después de haber recibido autorización para mantener detenidos”.

El estudio del Senado también denuncia que la CIA “no dirigió un recuento meticuloso o preciso del número de personas que detuvo, y del número de detenidos que no reunían el mínimo de condiciones de ser detenidas”.

Además, los programas de “métodos mejorados de interrogatorio” fueron diseñados por dos psicólogos contratados. “Para el año 2005, la CIA dependía mucho de operaciones tercerizadas ligadas al programa”, apunta el documento.

El texto acusa también a la CIA de haber presentado “información incorrecta” entre 2002 y 2007 al Departamento de Justicia sobre el alcance y los efectos de la tortura, e impedir que el Congreso logre supervisar la aplicación de ese método de interrogatorio. De esa forma, “la CIA impidió la supervisión por parte de la Casa Blanca y la toma de decisiones”, añade el informe.

La propia administración del programa de interrogatorios por parte de la CIA “complicó, y en algunos casos impidió” la acción de otros departamentos del gobierno.

Un párrafo del informe también señala que “la CIA coordinó el filtrado de información clasificada para la prensa, incluyendo información incorrecta sobre la eficacia” de los interrogatorios bajo tortura.

https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/torturas-mas-brutales-de-cia-articulo-532179

8 de octubre de 2017

Corea del norte frustra un plan de Estados Unidos para asesinar a Kim Jong-un

El gobierno de Pyongyang ha frustrado un plan de la Inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur para asesinar al dirigente norcoreano, Kim Jong-un, según la agencia pública norcoreana KCNA.

En un informe publicado el viernes, la agencia oficial norcoreana de noticias KCNA acusó a Estados Unidos de usar como pretexto la llamada lucha contra el terrorismo para derrocar a los gobiernos que considera hostiles.

“En mayo de este año, un terrible grupo de terroristas se infiltró en nuestro país por órdenes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el títere Servicio de Inteligencia de Corea del Sur con el fin de llevar a cabo actos terroristas contra nuestra dirección suprema con sustancias biológicas y químicas”, indica.

Según la agencia pública norcoreana, el fallido complot pone de relieve “la verdadera naturaleza de Estados Unidos como el principal responsable del terrorismo”, recogió la revista estadounidense Newsweek (1).

“Con el pretexto de la guerra antiterrorista y la no proliferación de armas de destrucción masiva Estados Unidos justifica el derrocamiento de otros gobiernos y sus invasiones en Oriente Medio”, afirma la KCNA.

La agencia norcoreana cita como ejemplos a Irak y Libia, que detuvieron sus programas nucleares y el ejército estadounidense invadió estos países.

El informe destaca el compromiso de Pyongyang de combatir el terrorismo y denunció que las injerencias de Estados Unidos son “la principal razón por la que el terrorismo internacional aún no se ha aniquilado”.

Con fecha anterior, el mismo medio norcoreano había acusado a Washington y Seúl de contratar a un ciudadano norcoreano para matar a Kim Jong-un utilizando “sustancias bioquímicas, radiactivas y venenosas”.

La tensión ha escalado de forma inusual en la península de Corea, a raíz de la sexta prueba nuclear de Pyongyang, la más potente hasta la fecha, y las medidas militares de Estados Unidos y sus aliados en la región.

En abril la cadena estadounidense NBC News aseguraba (2) que el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentó varias opciones a Trump, para frenar el programa nuclear de Corea del norte.

La más polémica consistía en la instalación de armas nucleares estadounidenses en todo el territorio surcoreano, una posibilidad con la que Washington podría limitar la ejecución de pruebas de misiles intercontinentales de Corea del norte, así como también enviar bombarderos estratégicos a regiones cercanas, como los desplegados en la isla de Guam.

La segunda era la de asesinar al dirigente norcoreano, Kim Jong-un y varios de altos funcionarios, con el fin de paralizar la toma de decisiones respecto al programa nuclear de ese país asiático.

Varios especialistas, como el antiguo embajador estadounidense en Corea del sur Mark Lieppert, advirtieron que esta opción tiene muchas desventajas, pues carece del apoyo de otras potencias mundiales, entre ellas China.

(1) http://www.newsweek.com/north-korea-reveals-us-terrorist-plot-overthrow-kim-jong-un-679988
(2) http://www.nbcnews.com/news/us-news/trump-s-options-north-korea-include-placing-nukes-south-korea-n743571

6 de octubre de 2017

Pedofilia, la sombra de Hollywood

El actor Elijah Wood de niño

Luego de que el actor de Glee, Mark Salling, se declarara culpable de posesión de pornografía infantil, repasemos que otros actores alzaron su voz -en un momento- para denunciar una circunstancia que parece muy arraigada en el cine americano. Los primeros casos datan de comienzos del siglo XX.

El actor que le dio vida al personaje de Frodo en “El señor de los anillos” fue el último que denunció este tipo de práctica en Hollywood. Y es que Elijah Wood dijo en una entrevista para medios internacionales: “Es probable que estas cosas sigan sucediendo”, advirtió.

Algunos datan el origen de la pedofilia en las fiestas de Fatty Arbuckle, un actor de cine mudo al que acusaron de acabar con la vida de la actriz Virginia Rappe en 1921. Arbuckle fue exonerado de este presunto crimen, pero sus fiestas eran de lo más comentado a comienzos del siglo pasado.

También durante los felices años veinte, Charles Chaplin dejó embarazada a su segunda mujer, Lita Grey, de apenas 16 años. Se divorciaron solo tres años después, pero aquel fue un primer indicio de que algo no iba bien en La Meca del cine.

Ya en la modernidad, uno de los casos más sonados fue el de Roman Polanski. A finales de los 70, Samantha Geimer lo acusó de violación. En una biografía que publicó recientemente, Geimer contó que todo ocurrió después de posar desnuda en el jacuzzi de la casa de Jack Nicholson en Los Ángeles. Polanski le dijo que estaba tomando unas fotos para una revista. Después vino el juicio por violación que impidió al cineasta regresar a Estados Unidos durante años. Ahora, Geimer ha dicho que el juicio es una farsa y que Polanski merece que se cierre del caso, “que le dejen pasar página”.

Otro desgraciado ejemplo fue el de Stephen Collins, quien reconoció haber abusado de varias menores de edad. Antes de confesar estos delitos, que el actor justificó por un trauma infantil, su exmujer se encargó de buscarle las vueltas: “Se sentía feliz de que fueran a tener una niña, pues no podría soportar el deseo de tener sexo oral con un niño”, dijo Faye Grant.

Además de Elijah Wood, otros hombres han denunciado acoso dentro de la industria del cine. A las duras palabras del protagonista de “El señor de los anillos” le precedieron otras de actores como Corey Feldman. El protagonista de “Los Goonies” o “Cuenta conmigo” reveló en un libro el nombre de dos individuos de Hollywood que abusaron de él cuando era menor.

A comienzos de 2014, Michael F. Egan III denunció abusos por parte de Bryan Singer. El actor dijo haber sido “violado numerosas veces” en una mansión de Los Ángeles donde se celebraban “sórdidas fiestas”, según la ABC y otros medios de comunicación.

http://www.panamaamerica.com.pa/ey/pedofilia-la-sombra-de-hollywood-1085388

5 de octubre de 2017

El exterminio de los rohingyas muestra las contradicciones del imperialismo en el sudeste asiático

Tras la brutal represión desatada en Myanmar (la antigua Birmania colonial) contra los rohingyas, varios medios internacionales independientes (no las grandes cadenas) han puesto en circulación versiones sesgadas de los acontecimientos, en varias líneas diferentes aunque, en definitiva, todas ellas cargan las tintas contra los oprimidos, lo cual es preocupante.

Otro rasgo común de ese tipo de insinuaciones es la falta de medida, algo también característico en este tipo de análisis. No ponen de manifiesto hechos falsos, sino que tratan de resaltar aspectos secundarios como si fueran los únicos o, al menos, los más importantes.

Esas corrientes establecen similitudes forzadas con la Guerra de Siria. En Asia el imperialismo también está fomentando nuevas “primaveras” al estilo de las de 2011. Del mismo modo, también aparecen las ONG que apoyan a los rohingyas y los fondos que llegan de Riad. El motivo son las buenas relaciones del actual gobierno birmano con China, países vecinos e inmersos en el proyecto de la Ruta de la Seda.

Ese tipo de afirmaciones son ciertas, pero se han expuesto de una manera muy descontextualizada. Myanmar no es Siria, ni Asia es Oriente Medio.

Es cierto que el imperialismo ha creado un grupo armado entre los rohingyas, un Al-Qaeda autóctono en el Estado de Rajin que el 25 de agosto provocó la reacción del ejército y la policía de Myanmar, pero hace ya decádas que los rohingyas están siendo marginados, perseguidos y masacrados, tanto en la etapa anterior de dictadura militar, como en la actual, que es una continuación de su precedecesora.

La situación en Birmania es, pues, otra buena oportunidad para entender los planes actuales del imperialismo y su forma de funcionamiento, incluso frente a Estados reaccionarios, como la actual Myanmar, donde operan las mismas ONG de siempre (Amnistía Internacional, Human Rights Watch), verdaderos caballos de Troya en cada uno de los países en los que operan, siempre financiados por los mismos “filántropos”: Estados Unidos (USAID, NED, IRI, NDI, Freedom House, Soros) y la Unión Europea.

Dichas ONG no trabajan sobre el terreno para ayudar a los represaliados sino para “crear opinión” en las grandes metrópolis, es decir, son los nuevos “corresponsales de guerra” que atraen la atención de los lectores hacia ciertos países, cuyos gobiernos están destinados a convertirse en víctimas de alguna campaña de desestabilización.

A través de dichas campañas, las ONG controlan una realidad que los demás ignoramos. Ellas fijan los hechos y crean los pretextos para convertir en aceptable -e incluso necesaria- cualquier agresión militar.

Algunos medios apuntan, incluso, al hecho de que el término “rohingya” es un invento reciente, que carece de ninguna otra entidad (nacional, étnica, cultural), con excepción de la religiosa, para poner de relieve la artificiosidad de un movimiento, lo cual alcanza a justificar la brutal represión.

Al conducir la atención hacia los rohingyas, se descuida la naturaleza política de Myanmar como Estado clientelar, su evolución, las elecciones del año pasado y la creación de un personaje, como la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, pieza a pieza, al estilo del Dalai Lama: una pura mercancía para llenar las primeras planas de los noticiarios.

El imperialismo sujeta los dos extremos del hilo, escribe Tony Cartalucci (*), tanto al fantoche de Aung San Suu Kyi como a sus precedentes gorilas, tanto al gobierno que reprime como a los grupos armados rohingyas, un instrumento de presión para sujetar mejor a los dos anteriores. Los tentáculos de Washigton y de Bruselas han creado los partidos políticos que pueden funcionar legalmente, los periódicos y radios autorizados, conceden becas a los jóvenes para lavarles la cabeza en las universidades occidentales…

Es así como se margina a los gorilas de los aparatos del Estado para sustituirlos por una casta, que si por un lado es dominante, por el otro es clientelar: creada a imagen y semejanza de occidente, pero abocada a la política tercermundista. El fruto más acabado del imperialismo en Myanmar es el nacionalismo budista con el que ganaron las elecciones el pasado año.

Aunque su cabeza visible sea el fantoche de Aung San Suu Kyi, todos y cada uno de los ministros han aplaudido -lo mismo que la Premio Nóbel- las matanzas de los rohingyas. Se trata de los becarios adiestrados por esas universidades occidentales tan “prestigiosas”.

Veamos a uno de ellos: el ministro de Información Pe Myint, que ha sido encargado de redactar los artículos sobre las masacres. Se trata de un médico nacido precisamente en el Estado de Rajin que se benefició de un programa de formación impartido por el Departamento de Estado para periodistas en la Fundación Indochina Media Memorial de Bangkok, de donde pasó en 1998 a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Iowa. A partir de entonces comenzó su carrera como “escritor” de novelas y redactor jefe del diario People’s Age Journal.

Si empezamos a tirar de cada uno de esos hilos, empezamos a encontrarnos con los mismos tinglados imperialistas de siempre. La Fundación Indochina Media Memorial aparece mencionada en los cables de WikiLeaks porque está financiada por el Departamento de Estado a través de los intermediarios que conocemos por montajes parecidos e imparte cursos a periodistas del sudeste asiático.

La misma conclusión se obtiene siguiendo el rastro babeante de las ONG que operan sobre el terreno, por lo que la conclusión es obvia: en Myanmar el imperialismo dirige los pasos de los criminales y de quienes los denuncian.

No obstante, para entender un crimen no hay que apoyarse tanto en la denuncia como en los criminales y en sus víctimas. Hay que empezar por el lugar de los “hechos”, el Estado de Rajin, donde ya se produce una primera diferencia respecto a Siria: el imperialismo no trata de destruir un Estado; se trata de un exterminio focalizado en un lugar de terminado.

Entonces es cuando aparece China, que está invirtiendo grandes cantidades en el Estado Rajin, que forma parte de la Ruta de la Seda. Sus fondos están yendo a parar al puerto de Sittwe, al que rodearán de grandes obras de infraestructura, carreteras, ferrocarriles y oleoductos que van de la costa a Kunming, en el interior del territorio chino.

La ola de protestas de las ONG que se inició este verano en Myanmar culmina una campaña anterior contra las obras de infraestructura, incluidos sabotajes, que viene acometiendo China en Rajin, con toda clase de pretextos (unos peores que otros). El gobierno de Pekín ha silenciado la represión contra los rohyngyas porque necesita mantener buenas relaciones con el gobierno de Rangún para un proyecto que es estratégico: disponer de una salida al Océano Índico que le suministre el petróleo procedente del Golfo Pérsico sin necesidad de atravesar el cuelo de botella del Estrecho de Malaca y el Mar de China Meridional, una zona en disputa.

Por su parte, Estados Unidos necesita un buen pretexto para llevar sus tropas a la región que, como muestran los mapas, es la frontera sur de China. Asia es el centro de gravedad de la política exterior del imperialismo estadounidense, cuyo objetivo primorcial es cercar a China con Estados vasallos o por medios propios.

(*) https://landdestroyer.blogspot.be/2017/09/analysis-by-analogy-myanmar-is-not-syria.html

5 de octubre de 2017

Pedofilia, tráfico de niños y turismo sexual proliferan impunemente en Brasil

Josinaldo B. es un hombre desesperado. Su hija, de cuatro años, fue abusada sexualmente cuando tenía apenas un año y medio, pero a pesar de los informes médicos que atestiguan el abuso, aparentemente cometido por el abuelo materno y un primo, su lucha judicial ha chocado con la impunidad, como miles de otros casos de pedofilia y violaciones en el archipiélago brasileño de Marajó, en la cuenca de los ríos Amazonas y Tocantins.

“He puesto muchas denuncias, pero no ha pasado nada. Dos procesos judiciales fueron abiertos, uno por violación y el otro para exigir medidas protectoras para la niña, pero fueron archivados inexplicablemente”, explicó este hombre de 34 años en Breves, una ciudad de 100.000 habitantes.

La niña, C. B., que tuvo con una mujer que niega los abusos de su padre a la nieta, sigue estando en régimen de custodia compartida, por lo que todos los días pasa las noches en la misma casa donde reside el supuesto abusador.

“Imaginen lo que siento. Mi hija llora desesperadamente cuando la tengo que dejar en casa de su madre, donde vive el abuelo y el primo que abusaron de ella”, relata Josinaldo, cuya identidad fue preservada por motivos de seguridad.

Como la pequeña C.B., cientos de niños –o incluso miles, según los expertos- enfrentan cada año abusos sexuales, pedofilia o son incluso víctima del tráfico sexual nacional e internacional en el archipiélago de Marajó, en el estado amazónico de Pará.

El problema es ampliamente conocido por las autoridades, pero la impunidad sigue proliferando ante la negligencia de las fuerzas de seguridad, las autoridades locales, el Ministerio Público y el propio poder judicial.

En 2014 una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) –un instrumento en Brasil con capacidad para interrogar a cientos de personas y pedir al Ministerio Público tomar acciones legales -examinó las causas de los abusos sexuales a niños en el país y aportó datos a un fenómeno que calificó de “generalmente tolerado y hasta practicado por diversas autoridades”.

“Uno de los grandes problemas detectados por la CPI en el combate a la explotación sexual de niños y adolescentes es la impunidad y el desinterés por parte de las autoridades”, señaló el documento, que identificó en Pará 11.000 casos de abusos entre 2004 y 2012 y la existencia de 72 rutas de turismo sexual.

Algunos expertos atribuyen este problema a la miseria en Marajó, uno de los lugares con el menor índice de desarrollo humano de todo Brasil, a pesar de la extraordinaria riqueza en recursos naturales (frutas, madera, pescado).

Otros señalan que en la región –víctima de una cruel colonización europea y de la violencia de la bonanza del caucho (1870-1920)- domina un sistema social machista que permite una cierta tolerancia social a estos abusos, y por lo tanto impide un mayor número de denuncias y la implementación de la ley de protección a los menores.

Ante ese cuadro, algunas organizaciones vinculadas a la Iglesia católica trabajan para poder atender a las víctimas, que muchas veces no llegan a los diez años de edad, al mismo tiempo que denuncian a los abusadores, la corrupción y la negligencia de las autoridades, a pesar del riesgo de muerte para los activistas.

Una de las figuras más prominentes es Henriqueta Cavalcante, una monja que lleva diez años combatiendo la pedofilia y la prostitución infantil en la región, y que por ello está amenazada de muerte y tuvo que tener protección policial 24 horas al día durante dos años y nueve meses.

“Prefiero morir denunciando que vivir callada”, dice, mientras Notimex la acompaña en un viaje por Marajó de una semana. “Nuestro papel es denunciar. No importa que sea mi amigo, un juez o el propio Papa”, agregó, esta mujer a cuya oficina en la sede de Belén de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (CNBB, por sus siglas en portugués) llegan con frecuencia familiares de víctimas cuyas vidas han sido rotas.

De enero a agosto el número de denuncias recibidas por la CNBB asciende a 500, aunque Cavalcante asegura que muchas de ellas no serán objeto ni siquiera de una investigación policial y que el número real de casos puede ser cuatro veces superior.

La región norte de Brasil, donde se sitúa la selva amazónica, es una de las más azotadas por los abusos sexuales, así como por los embarazos precoces.

Un estudio del Banco Mundial de 2016 señaló que el 14.9 por ciento de las jóvenes urbanas de entre 15-19 años tienen ya un niño, mientras en áreas rurales el índice sube al 18.9 por ciento, en comparación con el 10.5 y 13.2 por ciento de media en el país, respectivamente.

Un estudio del brasileño Instituto Datafolha publicado en agosto de 2016 señaló que el 65 por ciento de las mujeres en Brasil tiene miedo de ser víctima de violencia sexual, mientras un tercio de la población brasileña considera que la víctima es la culpable en casos de violación.

http://www.elarsenal.net/2017/10/04/pedofilia-y-trafico-proliferan-impunemente-en-cuenca-del-amazonas/

29 de septiembre de 2017

Si el asesinato lo comete la Policía Nacional, la pena es de sólo dos años de cárcel

¿Quién dice que en España ya no se tortura? Los cinco policías nacionales acusados del asesinato a palos de un detenido, Diego Pérez Tomás, en 2014, han aceptado dos penas que suman, en su conjunto, cuatro años de cárcel al reconocer los delitos de detención ilegal y homicidio imprudente.

Una risa; una auténtica tomadura de pelo para un detenido al que mataron de una brutal paliza.

La Fiscalía, las acusaciones particulares, defensa y Abogacía del Estado han apañado el negocio para evitar un juicio público. Como siempre que condenan a un policía, la prensa, cuando informa, si es que lo hace, no indica sus nombres, a diferencia de todos los demás casos.

La jueza ordenó prisión para seis policías, pero uno de ellos, G.J.G.M., murió en octubre de 2015 cuando estaba encarcelado en la prisión de Estremera, supuestamente por una pancreatitis.

A los policías les acusaron de la desaparición y muerte de Diego Pérez Tomás el 11 de marzo de 2014. Su cadáver fue encontrado dos semanas después flotando en aguas de Cala Cortina. Los policías compartían turno en las llamadas patrullas Zeta de la comisaría de Cartagena y un testigo dijo haber visto a la víctima en un coche policial la noche en que desapareció.

El 11 de marzo de 2014 Diego Pérez Tomás, de 43 años, cometió el error de llamar al 091 de Cartagena, solicitando auxilio policial toda vez que estaba asustado al sentirse amenazado por unos individuos. Pérez Tomás sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad que determinaba un grado de discapacidad del 45 por ciento.

El 091 encomendó a dos de lois matones para que acudieran al lugar a bordo de un vehículo patrulla, y otros dos policías acudieron a bordo de otro vehículo con servicio en la zona centro. También acudió un tercer coche patrulla al que correspondía el servicio en la zona de Barrios, sin que hubieran sido comisionados por el 091 ni hubiera causa justificada para su presencia.

Una vez que localizaron a la víctima en la vía pública junto a su domicilio, los policías comenzaron a cachearle y uno de ellos le dio una bofetada, según la jueza. A continuación le ordenaron que se subiera a uno de los vehículos policiales.

En lugar de trasladarle a la comisaría o a un centro sanitario, decidieron llevarle a Cala Cortina, un lugar solitario y aislado que dista cinco kilómetros del domicilio de Diego y de las zonas de patrulla de los policías.

Luego los policías mintieron a la Sala del 091 informándole que habían tranquilizado a Diego, ocultando que los tres vehículos policiales se estaban trasladando a la Cala con la víctima a bordo.

Los policías procedieron a propinar golpes a Diego «con ánimo de atentar contra su vida» o «asumiendo esta posibilidad», y aprovechándose de su superioridad numérica, física y del aislamiento del lugar a esa hora que disminuían o anulaban las posibilidades de defensa o auxilio. Como resultado de la agresión, le causaron la muerte «por rotura de las vértebras del cuello», para, a continuación, arrojar el cadáver al mar desde algún punto de la bahía.

El cadáver fue hallado en la bahía de la playa de Cala Cortina, dos semanas después. Presentaba lesiones traumáticas: le habían matado a golpes.