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15 de diciembre de 2016

Del partido único fascista a las asociaciones del ‘Movimiento’

El Tribunal Supremo, como podía esperarse, se ha lavado las manos. Con ello se trata de impedir o al menos retrasar aún más la legalización de estos partidos, entre los que está el nuestro. Los franquistas y el Gobierno se frotan las manos. Éste que prometió al rectificar con el decreto-ley de febrero la Ley de Asociación Política, la legalización para todos los partidos, muestra una vez más su posición de obstaculizar al máximo la implantación de la democracia y de llevar a término su reaccionario programa reformista.

Durante los últimos 15 años, los sucesivos Gobiernos fascistas han ido modificando la legislación sobre el derecho de asociación. Concretamente en los últimos tiempos ha habido el Estatuto de Asociaciones Políticas del Movimiento de 1974, la Ley de Asociaciones Políticas de 1976 y el decreto-ley último que modifica algunos aspectos de aquella ley. También está la Ley de Asociaciones de 1964, todavía sin derogar, para las asociaciones culturales y recreativas. Estas modificaciones han ido al compás del deterioro y descomposición del Régimen fascista, jalones en la lucha del pueblo por la libertad.

Inmediatamente de acabada la Guerra Nacional Revolucionaria, las fuerzas fascistas victoriosas imponen el Partido Único, FET y JONS, como única asociación política legal. Expresamente se promulga una Ley por la que serán objeto de represión todos los partidos, organizaciones sindicales y asociaciones que no apoyaron el “glorioso alzamiento” de Franco. No sólo era delito haber apoyado al Gobierno legal republicano, era delito lo que no constituyera apoyo entusiasta y fervoroso al “Movimiento Nacional”. El Partido Único servía de cobijo y amparo a los mayores rufianes y en los tiempos más difíciles del hambre y el estraperlo, los líderes del Partido Único cocinaron las mayores fortunas.

Sólo hay que echar una mirada a los Franco, los Girón, Serrano Súñer, Fernández Cuesta y otros de cuyo nombre no queremos acordarnos. A medida que se restablece y aumenta la lucha popular contra la tiranía del régimen fascista, la dictadura comienza a sentirse herida. Las grandes movilizaciones de metalúrgicos vizcaínos, mineros asturianos y trabajadores madrileños a principios de la década de los 60, va a producir el primer efecto en el terreno que estamos comentando. Las Cortes franquistas aprueban en 1964 una Ley de Asociaciones, que aunque está destinada a aquellas “que no tengan fines políticos”, es presentada como el primer paso hacia la libertad de asociación. Ello con el fin de engañar al pueblo haciéndole creer que el fascismo se va a acabar y por obra de los propios fascistas.

Mas tarde, cuando comienza de forma continuada y efectiva la lucha popular antifascista y se inicia la descomposición del régimen, las movilizaciones en protesta contra el juicio de Burgos de 1970, los fascistas tienen que echar marcha atrás y comienzan a reconocer que el Partido Único del “Movimiento” no les sirve. No reconocen, ni mueven un dedo siquiera para hacerlo, el derecho democrático de asociación, pero a finales de 1974 aprueban el Estatuto de Asociación Política que permite formar asociaciones políticas, pero dentro del “Movimiento”, presentándolo como el no va más para el ejercicio de este derecho elemental. La verdad es que, acogiéndose dicho Estatuto, se formaron asociaciones como las del propio Suárez, Girón, Fernández de la Mora, Cantarero del Castillo, etc., que lo único que hicieron fue llevarse varios miles de millones de pesetas del presupuesto el Estado que sufragamos todos los españoles.

Muerto Franco y coronado Juan Carlos, al iniciar la Reforma, los fascistas ven la necesidad de crear una nueva Ley de Asociaciones para tapar por ese flanco las enormes grietas que va abriendo el pueblo en el régimen. Aunque intentarán retrasarlo lo más posible, las grandes luchas comenzadas con el 11 de diciembre de 1974, continuadas con la de finales de 1975 y principios de 1976, obligan al Gobierno monárquico de Arias a presentar a las Cortes la Ley de Asociaciones Políticas actual, que es aprobada por éstas, cuando ya ha tomado posesión de su cargo el Gobierno de Suárez.

Esta Ley, que se distancia grandemente de la anterior al no obligar a jurar los Principios Fundamentales del “Movimiento”, sigue siendo sin embargo una ley antidemocrática. Deja en manos del Gobierno apreciar quién puede o no ser legalizado. Nada más ser aprobada por las Cortes, ya surgieron las protestas. La Ley de Asociaciones Políticas estaba destinada a que el Gobierno legalizara a quienes no le llevaran la contraria. Al resto se le podían aplicar varios artículos para denegarles la legalización. Tan burdo era el truco que la Ley nació muerta. Sólo se acogieron a ella las “asociaciones del Movimiento” y los “históricos” de Murillo [una escisión del PSOE]. Ningún partido u organización democrática picó el anzuelo. Tan desprestigiada estaba esta ley —y lo sigue estando— que la primera medida del Gobierno tras la Huelga General Política de finales de enero de este año [1977], fue la de su modificación en algunos aspectos. Por medio de un decreto-ley dejaba sin efecto el trámite de “la ventanilla” y para aparecer más democrático el Gobierno dejaría de decidir sobre la legalización de cualquier Partido en última instancia, pasando a la Sala IV del Tribunal Supremo tal decisión.

Así lo ha hecho con una treintena de partidos y organizaciones, precisamente los que más se han destacado en la lucha por la democracia, entre los que se encuentra la ORT. Una maniobra destinada a impedir o al menos a retrasar la legalización de todos, intentando al mismo tiempo distraer a la gente sobre la “independencia” del Gobierno, como recientemente se vanagloriaba Suárez en las declaraciones al periódico alemán “Der Spiegel”.

El Gobierno, con este nuevo trámite pasa la pelota al Tribunal Supremo, cuando lo que tenía que hacer desde el primer momento era legalizar a todos, sin restricción alguna. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo —nombrados sus componentes por el Gobierno y cúspide de la “justicia” fascista— entra en el juego de éste aparentando un enfrentamiento al no dar el visto bueno al nombramiento del Presidente de la Sala IV y al inhibirse a los 30 días de haber recibido los expedientes. ¡Si el enfrentamiento hubiera sido más real que aparente, podían haberse inhibido el primer día y no retrasar el asunto!

Al mismo tiempo, mientras los trámites estaban en el Tribunal Supremo, el Gobierno ha seguido ordenando que se detenga a militantes y dirigentes de partidos democráticos, llegando al extremo en el caso de nuestro Partido, de procesar a camaradas y a permitir el asalto a la sede central de la ORT. Actitud hacia nuestro Partido que ha motivado una carta de protesta al Presidente del Gobierno firmada por varias personalidades políticas entre las que se encuentran Ruiz Giménez, Gil Robles, Enrique Múgica, Santiago Carrillo, Fernández Ordoñez… Este comportamiento del Gobierno es intolerable. Si persiste en él nos obligará a un enfrentamiento directo con el reformismo para sustituir este Gobierno por un Gobierno Provisional Democrático.

—ORT, En Lucha, núm.145, abril de 1977

15 de diciembre de 2016

Del fascismo al yihadismo, pero siempre al servicio del capitalismo

Fernández Aceña, hoy en la yihad

Esta mañana la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tomará declaración a Daniel Fernández Aceña, un sicario de los GAL condenado en 1984 por el asesinato del ferroviario francés Jean Pierre Leiba en Hendaya. Luego el sicario pasó de los GAL al yihadismo y viajó a prestar sus servicios profesionales a Afganistán y Siria.

Desde el año pasado en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA-4), han detenido a un total de 173 yihadistas, reales o supuestos.

Fernández Aceña, nacido de Irún, fue detenido el martes en Segovia. En 1999 admitió que había espiado a personas de Euskadi norte (el país vasco-francés), que pasaban después al servicio de información de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), entonces dirigido por el comandante Enrique Rodríguez Galindo.

Ahora el Ministerio del Interior detiene a su antiguo colaborador porque le considera como un individuo muy peligroso y han registrado dos viviendas que tenía, una en el barrio de Santa Eulalia de Segovia y otra en La Granja, cerca de Madrid, donde han encontrado vídeos escabrosos, con imágenes de decapitaciones y que el detenido poseía con el fin de adoctrinar a otros, según la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz.

El detenido pasó del fascismo al yihadismo. Se había autoadoctrinado “en el extremismo religioso de carácter yihadista y realizaba labores de difusión de propaganda” del Califato Islámico, dice el Ministerio del Interior. Era muy activo en las redes sociales yihadistas. Desde el verano de este año había acelerado su proceso de radicalización, manifestando su apoyo a las acciones terroristas cometidas en Europa a lo largo de los últimos meses.

Fernández Aceña, en tiempos del GAL

En 1984 las cosas era un poco distintas. Fernández Aceña era un fascista de Irún al que la Guardia Civil condujo a crear un comando del “Gal Verde”, del que formaron parte Mariano Moraleda Muñoz, Vicente Fernández Fernández y Juan Luis García Anuarde. El asesinato de Leiba fue un encargo del empresario Victor Manuel Navascués Gil, un fascista y contrabandista que colaboraba con la Guardia Civil. El otro elemento del comando era un guardia civil apodado “Andrés”, un conductor a las órdenes de Rodríguez Galindo. Aceña reconoció en comisaría al tal “Andrés” mediante fotografías, pero se dieron órdenes de echar tierra encima.

Entonces no existían los acuerdos Schengen e Irún era una ciudad fronteriza donde los sicarios de Rodríguez Galindo se ganaban un sobresueldo con el contrabando y la guerra sucia. A Rodríguez Galindo que sólo era comandante en Irún, el gobierno del PSOE le ascendió a general por los crímenes cometidos en acto de servicio.

Al comando fascista de aquella localidad, que encabezaba Fernández Aceña, se le conocía como “los niños protegidos de Galindo”, y estaban asesorados por el guardia civil del Servicio de Información, Enrique Dorado Villalobos. En la comisaría de Irún el hoy reconvertido a yihaidista, aseguró que fue un guardia civil quien le entregó el arma y le señaló la persona que debía asesinar.

El entonces vicepresidente del gobierno del PSOE, Alfonso Guerra, mintió públicamente a los medios. Afirmó que los secuaces del comandante Rodríguez Galindo sólo eran unos jóvenes que hacían méritos para ingresar en los GAL, “pero que no pertenecían a ellos”. Se tapó a los comparsas y, con mucha más razón, a los jefes que movían los hilos desde los despachos del Ministerio del Interior.

Según la Fiscalía, Navascués era el intermediario encargado de pagar a los mercenarios de los GAL entre 1,2 y 5 millones de pesetas por el asesinato de los refugiados políticos vascos. Durante el juicio salió absuelto. Estuvo huido durante siete meses, pero se presentó en la Audiencia Nacional después de asegurarse de que el resto de los acusados le habían exculpado.

Con sus sicarios el Estado fascista es como la mafia. Se rige por un pacto de silencio. Ni ve, ni oye, ni entiende.

11 de diciembre de 2016

¿Por qué quedaron impunes los crímenes de la transición?

Manuel J.García Caparrós

Rosa Burgos

Con frecuencia he pensado en las personas que, el 4 y el 12 de diciembre de 1977, en plena transición, habían matado a García Caparrós y a Fernández Quesada. ¿Cómo habrían sido sus vidas desde entonces? ¿Han podido llevar una existencia normal o, por el contrario, el peso de haber matado a otra persona les ha corroído o abatido durante todos estos años?

En estos dos casos los procedimientos acabaron con sobreseimiento provisional porque no había motivos suficientes para acusar a nadie como autores, cómplices o encubridores. Pero autores los hubo, y si no se descubrieron fue, precisamente, porque también hubo cómplices y encubridores que tampoco fueron procesados. Esos cómplices y encubridores otorgaron favores, que hoy, casi 40 años después, pueden ser calificados como envenenados, ya que, en uno y otro caso, por poco que se analicen los sumarios respectivos, se llega a esa conclusión.

Cuando el 4 de diciembre de 1977 Manuel José García Caparrós sale en Málaga a la manifestación por la autonomía de Andalucía, ni siquiera intuye que su flamante cazadora marrón sería atravesada por una bala de 9 mm que extinguiría su vida. La entonces Policía Armada utilizaba, habitualmente, las pistolas Star del mismo calibre. Es el comisario jefe de Málaga, del que dependía el autor del disparo, el que se encarga de la investigación. Favores.

El primer escrito que entrega al Juzgado ya es significativo: “No se puede determinar qué persona causó la muerte por el desorden y agresividad de los manifestantes”. El juez le ordena remisión de la relación de policías. Se la envía aunque se toma su tiempo y tarda cinco días en hacerlo. El Juzgado cita en primer lugar a los mandos: al brigada Pabón Barquero y a los cabos primeros; entre éstos está M.P.R. Todos declaran el día que fueron citados, excepto uno: M.P.R., que alega enfermedad, y lo hará el día 28 de diciembre.

Pero en los pasillos del Juzgado, ese día, no sólo hay policías, está también un testigo, Andrés Vázquez, que sin ser citado comparece voluntariamente porque cree que puede aportar datos interesantes. No sabemos -ni lo sabremos nunca- si en los pasillos del juzgado se intercambiaron algunas palabras o, simplemente, se miraron y se reconocieron, o no se vieron o ni siquiera coincidieron en la hora. Andrés, el día 4 de diciembre de 1977, sí que habló con el cabo M.P.R., al mismo tiempo que lo hizo Francisco de la Torre, entonces diputado de UCD y ahora alcalde de Málaga y ex senador del PP, pues M.P.R. tenía la pistola aún en la mano y el entonces diputado y ahora alcalde le dijo que hiciera el favor de guardarla, que había mujeres y niños, y el cabo M.P.R. le contestó que también los policías tenían mujeres y niños.

M.P.R. declara ante el juez que no hizo uso de la pistola ese día. Pero veremos si eso fue verdad. Hay un testigo fundamental, Alfredo Inocencio, que estaba al lado de García Caparrós cuando le disparan y, en ningún momento, nadie le pregunta si vio quién lo hizo. Al parecer no tenía transcendencia. Favores.

Como el juez considera que el autor es un policía se inhibe a favor de la jurisdicción militar que, al rechazar la competencia, es el Tribunal Supremo el que decreta que el sumario, con la bala, vuelvan a la militar. El tiempo que está el procedimiento en esa jurisdicción –la militar- no se practican pruebas de ninguna clase ni se le toma declaración a nadie. Favores. Un cambio legislativo hace que retorne la causa otra vez a Málaga, a la jurisdicción ordinaria.

Han pasado más de tres años y el sumario no ha avanzado nada. Sin más se dicta auto de conclusión, se remite a la Audiencia y comienza un largo camino de revocaciones propiciadas, sobre todo, por el abogado designado por el padre de García Caparrós, aunque también el fiscal, Luis Portero García, (asesinado por ETA en el año 2000) adopta importantes iniciativas.

Lo primero que hace el abogado es pedir cuando puede, esto es cuatro años más tarde, ya que el sumario había sido declarado secreto, algo fundamental que todos habían olvidado: la prueba de balística de los policías que dicen haber disparado. El resultado es rotundamente negativo. Lógicamente se intenta archivar la causa, pero de modo sorpresivo el letrado pide otras pruebas de balística: las de las pistolas del cabo M.P.R. y del policía A.B.B.

¿Por qué el Letrado pide la balística contra ellos cuando en el sumario hay trece policías más que afirman haber sacado las pistolas, pero no haber hecho uso de ellas? La respuesta no la sabremos nunca porque el abogado falleció unos años después de los hechos, pero puede que tomara en consideración ciertas de ellas? La respuesta no la sabremos nunca porque el abogado falleció unos años después de los hechos, pero puede que tomara en consideración ciertas descripciones físicas que Andrés Vázquez hace de ciertos policías; de cualquier modo constan datos para poder afirmar que el letrado no iba desencaminado.

M.P.R. fue casi de inmediato destinado a otra localidad, aunque dentro de la provincia de Málaga. El día de autos tenía asignada la pistola nº 861.768. Esa pistola, poco tiempo después, fue dada de baja. ¿Por qué si el arma no estaba en mal estado y, además, M.P.R. seguía perteneciendo al Cuerpo? Favores. Al final se localiza y se somete a balística. Es entonces cuando se emite informe negativo referente a la pistola del policía A.B.B. pero, por lo que respecta a la pistola de M.P.R., observan similitud entre algunas de las lesiones con valor identificativo impresas en las balas testigo por ella disparadas y en la bala dubitada.

Entonces el fiscal pide un informe detallado, informe que no se hace nunca, aunque sí se dice que la pistola reseñada puede haber disparado la bala dubitada recibida, “pero en modo alguno se afirma que lo haya sido”. Dudas. Dudas que hay que atajar cuanto antes… pero ¿cómo? Sencillamente dándole un cambiazo a la bala. Y se hace. Favores. Han pasado siete años desde la muerte y el último informe de balística expone que las erosiones de la bala podían ser debidas a haber impactado contra una ¡madera!

Definitivamente se sobresee la causa porque lo único cierto es que hay un muerto. Ya no hay bala, ni autor, ni encubridor, ni cómplice. El cabo de la Policía Armada M.P.R. tenía 36 años en 1977. Siempre vivió en Vélez-Málaga hasta el momento de su muerte, ocurrida hace sólo unos años. Nunca se podrá decir que fue él el autor porque ni siquiera fue imputado, pero sus propios compañeros dejaron un reguero de sospechas.

Javier Fernández Quesada

Un muerto más, ni un responsable

Ocho días después de la muerte de García Caparrós, otro joven, Javier Fernández Quesada, sale del piso de estudiantes que comparte con sus hermanos en La Laguna. Bajo el brazo lleva una carpeta con apuntes de Biológicas, y en su mente muchas utopías e ilusiones. Cuando esa mañana se viste tampoco imagina que la camiseta blanca y el jersey azul marino de lana iban a ser atravesados por una bala disparada por un guardia civil en el mismo campus universitario.

Un disparo certero de los más de doscientos que efectuó el 12 de diciembre de 1977 la Guardia Civil en ese recinto. Los casquillos, a montones, se encontraron cerca de donde mataron a Javier, pero también a más de quinientos metros. Muchos estudiantes los recogen y los entregan en las dependencias judiciales. Algunos guardias civiles también lo hacen, pero no consta su entrega a ningún juez. Favores. La bala que lo mató nunca apareció, aunque por los datos de la autopsia se sabe que era un proyectil propulsado por un arma corta. Las armas cortas que ese día llevaban eran las pistolas Star de 9mm corto y largo, y casquillos de ese tipo, ocho en total, forman parte de las piezas de convicción.

Ningún guardia civil reconoce haber disparado armas de ese tipo. El sumario tramitado por la jurisdicción militar, que fue la competente, es muy deficiente, ya que ni siquiera se concretan los agentes que entran al recinto, las armas que portaban, ni se hacen pruebas de balística. En las declaraciones no constan sus datos personales, como el D.N.I. o el lugar y fecha de nacimiento. Favores. Todo se generaliza para esconder la verdad, pero la verdad resurge al entrelazar ciertas declaraciones, aunque hay detalles, los más importantes, como quién mató a Javier, que nunca se sabrán.

Tampoco sabremos nunca las armas que llevaban los mandos: el teniente coronel Antonio Encinas Cueto; el coronel jefe del tercio Manuel González López; ni el comandante ayudante Palau. No se sabe porque nunca se les preguntó, aunque todos estaban allí, en el recinto universitario, cuando los disparos. A todos ellos se les tomó declaración. A todos menos a uno: al comandante ayudante. Sin embargo, sí asistió a la junta de orden público que convocó el gobernador civil Luis Mardones después de la muerte de Javier, pero no a la que se celebró el día anterior. ¿Por qué? ¿Qué tenía que informar que no consta en ningún lado?

En el sumario nunca se identificó totalmente ya que siempre se aludía a él por su cargo: comandante; y por su apellido: Palau. Es en la hemeroteca del periódico ABC de fecha 27/9/1989 donde figuraba su nombre y apellidos y, también, su foto. El comandante Palau había ascendido a coronel, y el citado periódico daba la noticia de su toma de posesión en un acto presidido por el Delegado del Gobierno en Canarias, ahora ex Fiscal General del Estado, Eligio Hernández. Pero, ¿quién es Manuel Palau Carrera?

Manuel Palau dejó la carrera militar, pero no Santa Cruz de Tenerife, donde aún vive y donde ha realizado algunos negocios inmobiliarios relacionados con su segunda carrera, la de aparejador. Ha mantenido buenas relaciones con el gobierno canario, de CC, pues en el año 1995 se le adjudicó, por contratación directa y por 10 millones de pesetas, la elaboración, valoración e informatización de los bienes inmuebles del patrimonio de la isla de Gran Canaria. Goza de buen reconocimiento en la isla de Tenerife, es socio honorífico del Real Casino de Tenerife y presidente del consejo de administración de La Palma Golf S. L.

Todos los mandos de la Guardia Civil que entraron en la universidad de La Laguna el 12 de diciembre de 1977 fueron condecorados años después. Al teniente coronel Antonio Encinas Cueto, en 1984, se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo. El coronel jefe del tercio Manuel González López fue condecorado, en 1982, con la cruz de plata. A Manuel Palau Carrera se le concedió la medalla del Sahara en el año 1980. También Luis Mardones, entonces gobernador civil de Tenerife, y durante veinticinco años diputado por CC, tiene su condecoración: la Gran Cruz del Mérito Militar, concedida en 1999.

Luis Mardones, máxima autoridad cuando matan a Javier, difunde rumores maliciosos para que sirvieran de cortina de humo y resguardaran a los auténticos autores. El día que se jubiló como diputado, el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, le dijo: “Puede irse tranquilo, ya tiene un sitio en la mejor historia de la democracia y del Congreso de España. Muchas gracias por todo lo que ha hecho y espero que disfrute de la vida”. Siguiendo ese consejo hoy nos lo podemos imaginar sentado en un cómodo sillón del paseo marítimo, comentando a ciertos amigos: “Hicimos bien… hicimos bien”.

Fuente: http://www.publico.es/politica/favores-envenenados-casos-transicion-garcia.html

11 de diciembre de 2016

Católicos y fascistas

Desde 1941 el régimen fascista de Franco y el Vaticano pactaron la santificación de los curas-guerreros más significados en la historia española del crimen. En su mayoría esos curas-guerreros eran fascistas destacados en su defensa del nacional-catolicismo y de la Cruzada anti-roja. A pesar de la “democracia”, después las cosas siguieron igual. Juan Pablo II, por ejemplo, celebró varias canonizaciones y santificó a los personajes más reaccionarios y fascistas de la historia española.

Uno de de los 498 sacerdotes fascistas elevados a la santidad eterna por el Vaticano hace diez años fue el beato Gabino Olaso Zabala, un asesino, torturador y chivato reconocido por su propias víctimas. El cura filipino Mariano Dacay, fue una de las personas brutalmente torturadas por dicho criminal. En su libro autobiográfico dice Dacay: “El padre Gabino Olaso Zabala contemplaba mi martirio en las torturas con signos visibles de placer. Llegó a pedir a los guardias que me tratasen con más clueldad. Me propinó una brutal patada en la cabeza, que me dejó sin sentido”.

Lo mismo cabe decir del golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973. Como quedó demostrado en la investigación que realizó el Senado norteamericano 30 años después, el plan golpista fue organizado conjuntamente con agentes de la CIA. Según la documentación desclasificada, Nixon decidió que el régimen de Allende no era aceptable para Estados Unidos y pidió a la CIA que evitara la llegada de Allende al gobierno o que lo derrocara, autorizando la entrega de 10 millones de dólares para este objetivo. La CIA debía llevar a cabo su misión sin el conocimiento de los Departamentos de Estado o Defensa. Edward Korry, embajador estadounidense en Santiago de Chile entre 1967 y 1970, reveló que además Frei, el candidato opositor a Allende, democristiano, consiguió sumas enormes del Vaticano, de los partidos democristianos alemán e italiano y de las casas reales de Holanda y Bélgica.

El papa Pío XII bendijo al franquismo como obra de dios, elevó la Guerra Civil a la categoría de Cruzada y condecoró al general Franco con la Orden Suprema de Cristo, la más alta institución vaticana, condecoración que le impuso el nuncio apostólico Antonicetti, delegado en la zona franquista durante el alzamiento militar. El Vaticano y la Iglesia española participaron directamente en las atrocidades cometidas por el régimen español, del cual la Iglesia española formó parte esencial. La Iglesia católica siempre mantuvo excelentes relaciones con la España del criminal Franco, con la que firmó otro Concordato en 1951.

El cardenal Isidro Gomá desde el primer momento de estallar la Guerra Civil se colocó al lado de los sublevados, reorganizando la Iglesia en la zona franquista para la lucha contra la República y la democracia. Su apasionada defensa del franquismo en las pastorales y en la Carta colectiva del episcopado español, tuvieron gran repercusión internacional. Cuando terminó la guerra, dando un nuevo reconocimiento al franquismo, publicó “El Catolicismo y la Patria”, verdadera apología del terrorismo de Estado.

Cuando estalló la Guerra Civil, el obispo de Salamanca Enrique Pla y Daniel, como todos los jefes católicos, se colocó también en el bando de los sublevados. En septiembre de 1936 apoyó al bando franquista con su pastoral “Las dos ciudades”. En colaboración con la propaganda franquista, en 1939 publicó el documento El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España. En 1940, sustituyendo al cardenal Gomá, fue nombrado Arzobispo de Toledo y Primado de España. En 1946 fue nombrado Cardenal. Gobernó la Iglesia española durante más de veinte años, dejando claro su total colaboración con todas y cada una de las brutalidades del régimen franquista contra los demócratas que luchaban contra el fascismo.

Cuando Himmler viajó a España en octubre de 1940 para crear la policía española a imitación de la Gestapo alemana que él dirigía, visitó el monasterio de Montserrat, donde fue recibido por el abad y toda la comunidad monástica en pleno. Durante décadas, cada domingo, en las misas los curas rogaban por su Caudillo; la defensa del franquismo estuvo en cada plegaria, en cada rezo, en cada discurso y en cada púlpito. La Iglesia española controlaba casi la mitad de la prensa de la época y jamás emitieron ni una sola voz crítica hacia los desmanes del régimen.

A raíz de la ocupación alemana de Bohemia y Moravia -la actual República Checa-, Eslovaquia se independizó, convirtiéndose en un satélite de la Alemania nazi. Gobernaba el país -de mayoría católica- un partido nazi cuya cabeza era el primer ministro, Bela Tuka, pero el presidente de la República era un sacerdote católico, Josef Tiso, un reaccionario antisemita. En 1942 empezaron las deportaciones de los 80.000 judíos que había en Eslovaquia. En el verano de 1944 hubo una sublevación popular y, para sofocarla, entraron las tropas alemanas en el país. El Vaticano envió al sacerdote Tiso un telegrama en nombre de Pío XII en la que pedía que ajustara sus sentimientos y sus decisiones a las exigencias de su dignidad y de su condición sacerdotal. En su contestación Tiso minimizó la gravedad de lo que sucedía, dando a entender que las deportaciones tenían como destino las fábricas alemanas, e incluso se deslizaba alguna expresión antisemita. En 1947 el cura Tiso fue capturado por el Ejército Rojo y fusilado.

10 de diciembre de 2016

Los fascistas italianos crearon el Vaticano

Todas las religiones son el opio del pueblo. Están para embaucar a las masas, someterlas e impedir que se levanten contra sus opresores. Pero entre todas las religiones, el catolicismo destaca como un conglomerado singularmente reaccionario y pernicioso para los trabajadores.

Ninguna religión está encabezada por un único tirano espiritual y material; ninguna religión tiene un Estado propio y es a la vez un poder espiritual, económico y político en todo el mundo; ninguna religión dispone de los medios financieros y monopolistas de los que disponen el Vaticano y los obispos católicos; ninguna religión ha tan estado apegada al poder dominante como los católicos ya desde la época del imperio romano; ninguna religión ha recurrido a feroces guerras exterminadoras para imponerse como el catolicismo desde la época de la Cruzadas.

Los católicos disponen de un Estado propio gracias al fascismo, gracias a Mussolini, a la vieja Italia fascista. Con la firma en 1929 del Tratado de Letrán entre el gobierno de los camisas negras y el Vaticano, Mussolini regaló a la iglesia católica su propio Estado soberano y toda una serie de garantías y medidas de protección diplomáticas de las que ninguna otra religión disfruta. Se le concedió inmunidad y sus diplomáticos empezaron a gozar de privilegios internacionales. Por eso el Vaticano es el único Estado teocrático del mundo, una reliquia de la más siniestra reacción mundial en el mundo del siglo XXI.

Desde sus mismos orígenes el Vaticano demostró su habilidad para entablar lucrativos negocios con los gobiernos fascistas. Los tres grandes defensores de la fe católica fueron Hitler, Mussolini y Franco; los tres firmaron sus respectivos concordatos con el Vaticano. Al concordato de 1929, firmado con Mussolini, le siguió otro con el III Reich de Hitler. Su gestor, Francesco Pacelli, fue una de las figuras clave del pacto con Mussolini; su hermano el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII fue el encargado de negociar como Secretario de Estado vaticano, la firma del tratado con la Alemania de Hitler, que era de origen católico, como Goebbels, Von Pappen y muchos otros jerarcas nazis. El cinturón de la Wehrmacht decía así: Gott mit uns (Dios está con nosotros). Dios estuvo siempre con los campos de concentración y las cámaras de gas, en la cavernas de la Gestapo y en el búnker hitleriano en Berlín.

Pero dios no era omnipotente; el Ejército Rojo fue más fuerte que todas la plegarias y liberó a toda Europa de la peste parda.

La Santa Sede se benefició de la exención impositiva de sus bienes en beneficio de sus curas, misioneros, parroquias, fundaciones, empresas y todo su gigantesco imperio monopolista. Los beneficios que recibió el Vaticano del fascismo fueron enormes pero, entre ellos, los beneficios fiscales fueron preponderantes. El Vaticano es el más grande paraíso fiscal del mundo: no pagan derechos arancelarios por sus importaciones. Se ahí que uno de sus negocios más lucrativos sea el blanqueo del dinero negro proveniente del tráfico de armas y del narcotráfico, muy por delante de Panamá, las islas Caimán, Suiza, Bermudas o Liechtenstein.

Pio XI siempre se deshacía en elogios hacia Mussolini. Llegó a afirmar que era un hombre enviado por la divina providencia. Por su parte, Mussolini se comprometió a introducir la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas del país y dejó el matrimonio bajo el patronazgo de las leyes canónicas, que no admitían el divorcio.

Los regímenes fascistas de Europa estuvieron siempre apoyados de manera entusiasta por los católicos. El régimen nazi en Alemania bajo Hitler, el fascismo italiano bajo Mussolini, el fascismo español bajo Franco, la dictadura salazarista en Portugal, el régimen clerical-fascista de Tiso en Eslovaquia, los rexistas en Bélgica, los vichystas en Francia, el régimen de los ustachis en Croacia y el de los militares golpistas en Argentina son pruebas contundentes del compromiso católico con la más negra reacción mundial.

9 de diciembre de 2016

‘Quieren desvincular el robo de niños de los crímenes del franquismo’

Sol Luque Delgado

Desde que estalló en 2009 el caso de los bebés robados en maternidades, entre los años 60 y 90, las víctimas han conseguido dar pasos importantes, pero se han topado con el Gobierno y la justicia española.

El robo de niños sí ha sido reconocido como un delito de lesa humanidad por Naciones Unidas y el derecho internacional, y sigue en marcha la querella contra los crímenes del franquismo, causa penal abierta en Argentina. Charlamos con Sol Luque Delgado, hermana gemela de un niño robado en 1965, presidenta de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, vicepresidenta de la Federación X-24 y portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina por los crímenes del franquismo (CeAqua).

En abril de 2012, Sol Luque estaba en la puerta del Ministerio de Justicia. No le permitieron entrar. Tampoco a Eduardo Raya, representante de la asociación ADN-D y padre de una niña robada. El ministerio, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, creía que estas dos víctimas no eran representativas. ¿Por qué? Sol Luque responde: «Seguramente sabían que estoy muy vinculada a la memoria histórica. Desde las instituciones del Estado se quiere desvincular el robo de bebés de los crímenes del franquismo».

En ese día frío, junto a otras asociaciones y más de treinta medios de comunicación –muchos de ellos extranjeros–, Gallardón, Ana Mato (Sanidad), Jorge Fernández (Interior) y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, escenificaron su compromiso de investigar el robo de niños. Las promesas se las ha llevado el viento.

Pero las asociaciones no han parado. Las víctimas se han organizado y han conseguido logros importantes. «En junio de ese año nos constituimos como Federación X-24», explica Luque. La X-24 agrupa a la casi totalidad de organizaciones de víctimas del robo de niños en el Estado español. Cada una, en sus territorios, ha conseguido documentar y poner nombre propio a quienes robaban y vendían bebés desde el final de la dictadura hasta los años 90, ya en democracia.

Un relato propio de una investigación policial, pero hecho por madres y hermanos con mucho trabajo. Tienen una gran base documental que prueba que las madres no estaban locas. En varias comunidades autónomas han conseguido normativas para avanzar en ausencia de actuaciones del Estado.

Ése es el caso de Canarias, donde su Parlamento acaba de aprobar una proposición no de ley (PNL) que dará luz verde a la primera ley sobre el robo de niños en España. Con esa normativa se abrirán archivos, una comisión de investigación con víctimas y policía, incluso se incluirá estos hechos en los libros de texto. Además, el Cabildo ha pedido perdón a las víctimas como institución del Estado.

«Si esa ley se pudiera llevar al Parlamento español, sería muy importante. Pero la predisposición del Gobierno es nula», dice Luque. Mientras, otras comunidades están respaldando también a las víctimas. «La Asamblea de Madrid ha aprobado en octubre, por unanimidad, otra PNL que insta a investigar el robo de niños. Todos los grupos votaron a favor, salvo un diputado del PP que ‘se había equivocado con el teclado…’, dijo», explica Luque. Lo más representativo «es la creación de una comisión documental que instará a organizaciones públicas y privadas que custodian documentación de los niños robados a entregarla. También podrá instar al Gobierno a actuar», aclara Luque.

Otra actuación prevista es dar más recursos al Instituto del Menor y la Familia para que aceleren los trámites cuando una persona adoptada quiera saber su origen biológico. Aunque no queda claro si la Iglesia abriría sus archivos, «se instaría a que lo hagan».

La artífice de esta PNL ha sido Carla Antonelli, diputada del PSOE comprometida con las asociaciones de Madrid: Adelante Bebés Robados, SOS Bebés Robados Madrid y Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. «No todas las comunidades están colaborando. Pero sí hay logros, como en Andalucía, donde se ha elaborado una ley de memoria histórica propia, y en ella se recoge un apartado sobre bebés robados; Valencia, con grupos políticos sensibilizados con la causa; Cataluña, donde también hay avances. En otras, como País Vasco, no se atienden las demandas de SOS Bebés Robados Euskadi», dice Luque.

Y es rotunda: «La implicación del Gobierno en aclarar el robo de niños es nula. Las fiscalías y audiencias provinciales están siguiendo las instrucciones de la última circular, de octubre, de la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien ordena a los fiscales no atender los requerimientos de la jueza María Servini en la causa argentina, en la que también está incluido el caso de los bebés robados».

A la pregunta de si esta actitud podría cambiar ahora, la portavoz de las víctimas se muestra pesimista: «Precisamente acaba de ser nombrado fiscal general del Estado José Manuel Maza. Este magistrado fue quien pidió condenar a Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo, ya al final [del proceso], cuando todo el Supremo lo absolvía en esa causa, tras condenarle por la Gürtel».

A pesar del desánimo de las víctimas, porque se han topado «con un muro en la justicia», en este tiempo se ha conseguido convencer a la sociedad de que estos hechos ocurrieron, gracias a la tarea de visibilización de las asociaciones.

Una de esas acciones es la que lleva a cabo todos los meses la asociaciones Adelante Bebés Robados y Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. Todos los primeros domingos de mes se dan cita en la Puerta del Sol para dar vueltas en la plaza. «Siguiendo el ejemplo de las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo en Buenas Aires, ejemplo que también replican aquí los compañeros de la Ronda de Sol, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que se concentran todos los jueves», dice Luque. Esto mismo se lleva a cabo en ciudades como Cádiz, Granada o Málaga.

El caso de Ascensión López ha movilizado a todas las organizaciones: «Su historia demuestra la injusticia que se vive en España con el robo de bebés. Ella es una afectada, una niña que cree que fue robada. En su investigación se ha encontrado con una religiosa que es familiar de su padre adoptivo y cuenta con papeles que revelan su presunto robo», dice Luque.

«Las víctimas no somos abogados y podemos cometer errores cuando hablamos. Fruto de la impotencia, Ascensión dio el nombre de la monja y ella la denunció por ‘daños en su honor’. Y es curioso que, mientras para las víctimas las denuncias se alarguen en los juzgados hasta ser archivadas, en este caso, en un periodo cortísimo, el juzgado condenó a Ascensión a una multa y una indemnización de 40.000 euros, y pena de cárcel si no pagaba», relata Luque. La movilización ha conseguido parar el ingreso en la cárcel y está pendiente de un indulto solicitado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no llega.

Mientas, la Justicia da carpetazo. «No sólo nos archivan las denuncias, es que la Fiscalía General del Estado no nos da la información que solicitamos», denuncia Luque.

Se calcula que han sido interpuestas más de 2.000 denuncias de víctimas sobre el robo de niños y más del 90% han sido archivadas. «En aquella reunión de febrero de 2012, uno de los compromisos era darnos información. Sólo contamos con un documento oficial que en 2014 se filtró a un medio de comunicación y que habla de unas 1.900 denuncias, de las cuales casi 400 más o menos estaban en activo entonces».

Sobre la prescripción de los robos de niños, Luque dice que «ya no sigue vigente tras la circular de diciembre de 2012 a las fiscalías provinciales dictada por Torres-Dulce». La portavoz de las víctimas de niños robados apunta que ésta es la única actuación «avanzada».

«Mantiene que es un delito de detención ilegal de carácter permanente, es decir, hasta que la persona robada no tenga consciencia de que fue desaparecida y denuncie no corren los 15 años», explica. «Si ahora mi hermano Francisco, que tiene 51 años, se da cuenta de que es una persona desaparecida, el juzgado tiene que investigar», continúa.

La portavoz cuenta que en Huelva se siguen cerrando casos por prescripción. Esa circular también permite «exhumaciones, pruebas de ADN, etc., pero no se está haciendo». No se hacen ilusiones porque asegura que igualmente las denuncias se cierran «por falta de pruebas, pero la investigación la tiene que hacer el Estado y el Gobierno no hace nada», concluye.

«En el ministerio ha habido un giro radical. Fue cuando en el Senado, en 2014, se presentó una PNL para conseguir apoyos. Las asociaciones estábamos en el palco de invitados y Catalá tuvo una intervención indignante diciendo que se estaba investigando y que la oficina que creó Gallardón en la calle de La Bolsa, en Madrid, estaba teniendo éxito», relata Luque.

Comenzaron a protestar durante la intervención del ministro «porque eso era falso», y fueron desalojados. «A partir de ahí, el ministerio nos ignora. Eso demuestra su falta de aceptación: si protestas eres el enemigo», dice Luque.

Además, «no quieren que seamos una causa, mejor caso a caso, individualmente. Cuando llega la denuncia masiva de bebés robados en 2011, dan traslado a las fiscalías provinciales, para investigar como si no hubiera lazos comunes. Si el robo de bebés fuera una causa, debería ser considerado un crimen de lesa humanidad», dice Luque.

Señala que Torres-Dulce también insistió en que no tenían nada que ver con los crímenes del franquismo. Justo lo contrario que dicen Naciones Unidas y la querella argentina. «Si hay algo claro es que el robo de niños empieza en la dictadura y continúa en el tiempo en la democracia. No sólo hemos convencido a la sociedad de que esto ocurrió, también a las propias víctimas del franquismo de que somos parte de ellas«.

Hoy el relato del robo de niños impregna la memoria histórica. Por ello, «la querella qrgentina era el camino lógico, aunque no sabíamos si nos iban a admitir tras la experiencia aquí». En el caso de la dictadura argentina fueron robados cerca de 500 niños. En el Estado español, hasta 1952 se estima que fueron 30.000 los bebés robados. Desde ese año hasta los 90, las asociaciones de afectados calculan que hay miles de casos más. Luque recuerda que cuando se trasladó a Buenos Aires y se entrevistó con Estela de Carloto, Nora Cortiñas y con la propia Servini, «tenían clarísimo que el robo de niños es un crimen del franquismo. Ellas habían pasado por lo mismo».

A pesar de las más de 2.000 denuncias por robo de bebés y la gran cantidad de médicos implicados, sólo está previsto que se siente en el banquillo del Juzgado 46 de Madrid Eduardo Vela, por el caso de Inés Madrigal. Está acusado por decenas de víctimas. El ginecólogo Abelardo García Balaguer, de la Línea de la Concepción, en Cádiz, está imputado en la querella argentina. La jueza Servini mandó un exhorto para que se le tomara declaración o se extraditara. La Fiscalía hizo una circular en octubre y pidió que se ignorara.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/saberes/32482-se-ha-querido-desvincular-robo-ninos-la-memoria-historica.html

7 de diciembre de 2016

Letonia pone la svástica nazi en las plazas y calles

Letonia que, como los demás países bálticos, ha vuelto al III Reich desde que se integró en la Unión Europea, vive una verdadera orgía fascista. Es casi como España, con sus desfiles y toda su parafernalia. No puede extrañar que desde la entrada en la Unión (Europea) y la salida de la otra Unión (la Soviética) se sientan tan felices. Los veteranos de las SS han empezado a cobrar su pensión, mientras los del Ejército Rojo han perdido la suya.

Es posible que todo sea culpa nuestra, que vemos fantasmas donde no los hay, pero nos parece que el adorno que el ayuntamiento ha puesto en un parque de Riga no es otra cosa que una cruz gamada. Quizá se hayan aficionado a la simbología indoeuropea o a las viejas runas vikingas, es decir, que no sean nazis sino que tengan las mismas aficiones simbólicas que ellos…

Todo puede pasar, sobre todo si la sensibilidad está a flor de piel, pero vean: en 2013 el equipo de hockey sobre hielo Dínamo de Riga también dibujó una svástica aprovechando un baile tradicional durante un partido contra un equipo… ruso.

Ante la proliferación de simbología nazi por las calles de Riga, los turistas se han sorprendido y los vecinos han protestado con mensajes a los medios de comunicación: no es una buena idea llevar a los niños a jugar a un parque presidido por la svástica. ¿O deben acostumbrarles desde el principio a convivir con la simbología nazi?, ¿a normalizarla?

El alcalde la Riga, Nils Usakovs, ya ha dicho que a pesar de las protestas no va a quitar los símbolos del parque. En la residencia oficial del presidente de Letonia, Raimonds Vejonis, han cortado el césped para dibujar la svástica sobre él y los gabinetes de imagen tuvieron que redactar sibilinas notas de prensa acerca de que se trata de un símbolo pagano, que antiguamente simbolizaba la vitalidad y la felicidad.

Más o menos es lo que dice el PP en España: es mejor dejar los símbolos franquistas tal y como están porque forman parte de “nuestra” historia. O sea, que ellos no tienen otra historia que la franquista.

Los desfiles nazis, convocados por el “Club 415”, también son otra tradición histórica en Letonia, lo mismo que los campos de concentración, donde incineraron a polacos, a rusos, a judíos… a todos los que no eran nazis. No deberíamos extrañarnos si dentro de poco en aquellos lugares alguien organiza una barbacoa para que las tradiciones nacionales de los hornos crematorios no se pierdan.

Letonia fue el país donde se cometieron las peores matanzas de toda Europa. De los 85.000 judíos que había en 1941, cuando se retiró el Ejército Rojo, sólo encontraron vivos a 500 a su regreso. La ciudad de Rumbola se convirtió en el símbolo de la masacre. En dos semanas 30.000 judíos fueron llevados al ghetto de Riga, alineados delante de las fosas y acribillados por las metralletas.

Esos que hoy el gobierno de Letonia considera “héroes”, fueron los que apretaron el gatillo.

7 de diciembre de 2016

Los independentistas gallegos se echan las manos a la cabeza

Independentistas gallegos en el banquillo

Juan Manuel Olarieta

Sí, el quinto aniversario de las detenciones de los cuatro independentistas gallegos Eduardo Vigo, Roberto Rodríguez, Maria Osorio y Antom Santos, acusados de pertenecer a “Resistência Galega” era una buena oportunidad para hacer balance, pero el artículo “Cinco años de represión y criminalización del independentismo gallego” (*) está muy lejos de haberse acercado a lograrlo.

La continua referencia a que “es la primera vez que ocurre algo así” sólo tiene un pequeño desafase de 80 años. Ni empezó en 2011, ni empezó en Galicia, ni tampoco se va quedar ahí. Lo peor que les puede ocurrir a los independentistas gallegos es que se crean el ombligo del mundo cuando ni siquiera son el ombligo de España (afortunadamente para ellos).

No hay nada más frustrante que comprobar que los nacionalistas gallegos no saben ni a qué ni a quién se están enfrentando, y cuando su adversario se esfuerza por dejarles las cosas muy claras con detenciones, juicios y encarcelamientos, meten la cabeza debajo del ala y denuncian que esas “injusticias” sólo les suceden a ellos. ¿Acaso a otros les dejan la vía libre?, ¿a los anarquistas?, ¿a los titiriteros?, ¿a los raperos quizá?

Que el Estado considera como terrorista a todo aquel que, como bien dice el artículo, “cuestione el sistema capitalista” es tan viejo como el mismo capitalismo y por eso en España la Primera Internacional se prohibió desde su aparición en 1869, o sea, hace un siglo y medio. Por eso mismo, en las cárceles purgan largas condenas quienes no se limitan a “cuestionar”, sino que luchan y se enfrentan al capitalismo y a su Estado.

De la misma manera, hay que poner de manifiesto que hay otros que no padecen esa misma represión, y el artículo debería preguntarse por qué motivo. ¿Será que hay anticapitalistas que en realidad no cuestionan el capitalismo?, ¿será que hay independentistas que no cuestionan la unidad del Estado?, ¿qué diferencia a unos, los represaliados, de los otros, los tolerados?

Si hasta 2013 Ceivar no se apercibió de que la Audiencia Nacional mantiene una cacería “de militantes de todo tipo de organizaciones que hasta ahora operaban legalmente”, como afirma el artículo, será porque sus miembros nunca han leído los periódicos, ni escuchado la radio, ni visto la televisión. Desde su mismo origen hace 40 años, es la especialidad de ese tribunal. Es más, Ceivar debería tomar nota de que ha habido organizaciones, dentro y fuera de Galicia, que nunca han podido “operar legalmente” a lo largo de su historia, lo cual les debería llevarse a preguntar: si ha habido organizaciones que han podido “operar legalmente” hasta ahora, ¿qué ha cambiado para que ya no puedan hacerlo?

El artículo incurre en una repetición de la monserga de cada día: en España las personas tienen derechos y libertades, aunque ocasionalmente los mismos resultan violados. Pero al mismo asegura que esa violación es “permanente”, lo cual es una contradicción. Pues bien, sepan que en Galicia no hay ninguna clase de derechos en absoluto para todos aquellos que luchan contra el capitalismo y su Estado centralista. En otras palabras, lo “permanente” es la falta de derechos y lo que ha ocurrido con los independentistas gallegos no es una ninguna excepción sino la regla general.

Después de 80 años es increíble que aún haya alguien en Galicia que se eche las manos a la cabeza y siga haciendo aspavientos, como si estuviera ante algo sorprendente, de tal manera que cada vez todo parezca empezar de nuevo. Lo de Alfon fue un caso único, lo de Bódalo también. Entonces hay que pedir la libertad de cada uno de ellos, y mucho mejor si es por separado, si se crea un comité de colegas para pedir la libertad de uno de ellos, o del otro, o la de los anarquistas de la Operación Pandora, o la de esos 30 que han sido acusados de enaltecimiento del terrorismo por su solidaridad con los gallegos represaliados. ¿No ha oído hablar el autor del artículo de una Operación Araña que ha conducido ante la Audiencia Nacional a decenas de “enaltecedores del terrorismo”?, ¿a quiénes incluye y quiénes deja fuera del recuento?, ¿por qué motivo?

Siempre he entendido que quienes piden la liberación de unos u otros presos, lo mismo que quienes reclaman una “amnistía social” no quieren ser confundidos con “los terroristas de verdad”, con aquellos que sí se han propuesto acabar con el capitalismo. Opino además que con su pronunciamiento lo que quieren es que los otros, “los terroristas de verdad”, permanezcan encerrados de por vida. Es una reedición de la traición de la transición: que salgan unos a costa dejar a los otros dentro.

Los independentistas gallegos, según el artículo que comento, ni siquiera llegan hasta ese punto. No exigen salir de la cárcel sino “sólo” cambiar de cárcel, que los encierren en una más cercana a su lugar de residencia. Seguramente es porque tienen bien asumida su condición de reclusos. Incluso se ha creado una asociación (Que voltem para a casa!) con tal fin, en la que es posible que califiquen como “casa” a lo que no es más que una cárcel inmunda. Si se refieren a otra cosa, ¿por qué no hablan de la liberación de los presos independentistas, o sea, de la amnistía total?

(*) https://borrokagaraia.wordpress.com/2016/12/03/galiza-cinco-anos-de-represion-y-criminalizacion-del-independentismo-gallego/

Cartel pegado en el Metro de Madrid en 1978

4 de diciembre de 2016

Telecinco se burla de las víctimas del franquismo

El criminal Serrano Súñer

La pervivencia del fascismo en España, a cara descubierta, hace que 80 años después las televisiones sigan haciendo una apología aberrante del genocidio y las matanzas nazis en los campos de concentración.

La asociación Amical Mauthausen considera que con su miniserie “Lo que escondían sus ojos”, Telecinco se burla de las víctimas del franquismo. La ficción, estrenada la semana pasada y basada en la novela homónima de Nieves Herrero, está centrada en la figura del ministro -y cuñado- de Franco Ramón Serrano Suñer, que protagoniza una historia de amor.

La entidad, sin embargo, lamenta que la producción “olvida mencionar que el enamoradizo Ramón de la serie es poco menos que un genocida”. “No sabemos qué escondían sus ojos, pero sí sabemos de primera mano que se esconde en esta serie sobre su protagonismo: el fascismo, el odio y la muerte”.

En un comunicado, la junta directiva de la Amical Mauthausen recuerda que Serrano Suñer, que era “admirador del nazismo”, quiso “borrar” el hecho de que 9.000 ciudadanos españoles pasaron por los campos de concentración nazis, y que de éstos, unos 5.500 perdieron la vida. “5.500 muertos que son responsabilidad directa de Serrano Suñer”, dice la entidad, que señala que el ministro fue “el responsable” que muchos republicanos se convirtieran en presos de Hitler.

“Él y su cuñado, Francisco Franco, permitieron los asesinatos del nazismo, observaron tranquilamente como miles de republicanos eran encerrados y masacrados, sin mover un dedo”, añade el comunicado, y subraya que “los que sobrevivieron, el tétrico ministro no les puso ninguna facilidad”, ya que “consiguió que el régimen franquista no los reconociera como españoles y les negó el regreso al hogar que muchos anhelaban”.

Por este motivo, la entidad considera que “Lo que escondían sus ojos” constituye “una afrenta directa a las víctimas del franquismo y del nazismo y sus familiares”, y “una falta de respeto a todas las personas que trabajan por la recuperación de la memoria histórica”. En palabras de la Amical, el intento de “edulcorar” una figura como la de Serrano Suñer -a quien define como uno de los personajes “más negros” de la historia de España- “es un ataque a todos los principios democráticos”. En consecuencia, la entidad pide “la retirada inmediata” de la serie y una disculpa por parte de Telecinco.

Fuente: http://www.ara.cat/media/LAmical-Mauthausen-Telecinco-burlar-se-franquisme_0_1696630450.html

29 de noviembre de 2016

Trump y el fascismo del siglo XXI

El artículo de William I. Robinson, profesor de sociología de la Universidad de California-Santa Barbara (*), resume con precisión casi todos los tópicos con los que se aborda la delicada situación internacional en ciernes, empezando por un título redondo (“Trump y el fascismo del siglo XXI”) que sólo es imaginable cuando se alude a personajes con personalidad propia, como Trump, Duterte, Erdogan, Orban y otros que airean en voz alta lo que otros callan.

En ese tipo de exposiciones, como la de Robinson, nunca quedan suficientemente claros los motivos por los cuales Trump es un fascista y no Obama o Clinton, aunque es evidente que ambas exposiciones, la de Trump y la de Robinson son simétricas. Aunque no sepan de lo que hablan, los que utilizan ese tipo de vocablos (“fascismo”) lo hacen de la misma manera contundente que Trump.

Nos hemos habituado al lenguaje neutro y aséptico que ha impuesto la burguesía en los últimos años, donde los cínicos son “centristas” o “moderados” del tipo Al-Nosra, que se lavan la cara cambiando las siglas. Con la televisión, las luchas políticas se han llenado de eufemismos para preservar lo políticamente correcto, mientras que quienes se quitan la máscara aparecen como lo que realmente son: fascistas.

Lo que no es políticamente correcto se califica de “populista”, cuando debería ser al revés. Lo contrario, el cinismo y la hipocresía, se justifican precisamente por su corrección, porque es lo que -según creían ellos- atraía votos. Ahora resulta que no es así. Los votantes se han cansado del lenguaje político anodino y buscan emociones fuertes. En realidad, los votantes se cansan de todo y de todos, excepto de votar.

No es fácil entender por qué Trump es un racista, mientras que a Obama nadie le ha calificado así, a pesar de que pocas veces un gobierno de Estados Unidos ha matado a más negros en las calles que con un negro en la Casa Blanca.

No es fácil entender por qué a Trump se le califica de machista, mientras que a Clinton nadie le ha calificado así, a pesar de haber defendido ante los tribunales a los violadores mofándose de las mujeres que fueron sus víctimas.

Un determinado tipo de lenguaje pone la realidad encima de la mesa, mientras que el otro la encubre. La indignación de académicos como Robinson procede de ahí: al sacar a la superficie un lenguaje que se había dejado de utilizar, se creen que eso (el fascismo, el racismo) no existía. Ante la ocultación es una obviedad imprescindible recordar que el lenguaje no cambia la realidad, sólo la percepción que tenemos de ella.

Por eso nosotros nos alegramos del fin de los eufemismos, de que la reacción se quite la máscara, de que se hable claro y, sobre todo, de que vuelva a triunfar el lenguaje de la Internacional Comunista, aunque sólo se trate de eso, del lenguaje, que nada tiene que ver con el comunismo.

El profesor Robinson incurre en otro defecto tan extendido como el de tejer cadenas de frases, las suyas propias, en réplica a otras frases, las de Trump, contraponiendo unas ideas a otras ideas, que es la mejor forma de no salir del idealismo.

También da la impresión de que hay quienes, como Robinson, necesitan discursos demagógicos, la provocación retórica, para poder reaccionar y que sus anticuerpos segreguen la réplica, que siempre es verbal. Antes estaban contra la “globalización” pero cuando Trump rechaza esa misma “globalización” tampoco les gusta.

La diferencia entre Trump y Robinson es muy evidente: el primero sabe lo que quiere y lo que no quiere, algo que no se puede decir de quienes se oponen a él. Tiene las cosas muy claras por otra obviedad a la que recurre Robinson: la de catalogarle como un “miembro de la clase capitalista transnacional”, algo en lo que tampoco se diferencia de Clinton en nada.

Si tenía intención de explicar algo, Robinson podía haber continuado por esa obviedad, de la que se desprenden todas las demás. Por ejemplo, Estados Unidos es un país capitalista cuya prosperidad dependió de la esclavitud (de los negros) y la emigración (de los blancos). El racismo, como ya hemos explicado aquí, nunca fue más que un aspecto de la lucha de clases y no del color de la piel.

Como cualquier otro burgués, la política migratoria de Trump no tiene otro objetivo que el de incrementar la explotación de la clase obrera, para lo cual debe mantenerla sometida y humillada, o sea, sin papeles y sin derechos de ningún tipo. “Ejército industrial de reserva”, lo llamó Marx hace 150 años, algo tan viejo como el capitalismo.

Por cierto, ese capitalismo no está ante ninguna encrucijada, como asegura Robinson. No tiene ninguna opción, ni ninguna posibilidad de reforma porque es un sistema agotado. El único recorrido marcha, en efecto, hacia el “fascismo del siglo XXI”, que no supondrá ningún “giro bursco”, como cree Robinson, porque será equivalente al fascismo del siglo anterior.

Los burgueses como Trump saben eso de sobra. Por eso no pretenden reformar nada. No engañan a nadie porque no tienen ninguna alternativa que ofrecer, absolutamente ninguna. No prometen nada y eso es lo que a algunos no les gusta. Quieren que les engañen, que les prometan algún cambio, reformas, esperanzas, perspectivas… algo que nos pueda caer del cielo sin que nos cueste ningún esfuerzo personal.

Los únicos que tienen alternativa son los proletarios y consiste en la revolución socialista. No hay ninguna otra posibilidad intermedia.

(*) http://www.alainet.org/es/articulo/181986