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Martxelo Alvarez

“Usted debe responder, señor Pérez Zukovich, por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil…” Asi cantaba Víctor Jara en «Puerto Montt» y hoy, 45 años despues de su asesinato, un Tribunal chileno hace suyo al menos en principio ese “usted debe responder” y marca condenas y penas de prisión para nueve ex-militares golpistas chilenos autores o responsables en uno u otro grado del mismo en septiembre de 1973.

Mientras tanto el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona ha considerado hace dos dias que los restos del general Sanjurjo, uno de los cabecillas del golpe militar del 18 de julio de 1936, sean sacados de donde reposan en estos momentos –en Melilla, donde sus restos fueron recibidos con honores militares– y sean de nuevo colocados en el “Monumento a los Caídos”, ese edificio construido para glorificar el golpe del 18 de julio de 1936, de donde fueron exhumados el 16 de noviembre de 2016 por decisión de la Alcaldía de la capital navarra.

Una más de esas “cosas” cuasi-cotidianas que siguen poniendo en evidencia la persistente malformación genética de diseño transicional de esta democracia que dicen que tenemos, ese terrible cromosoma que enlaza en perversa secuencia las sentencias de Altsasu y la de “la manada”, la continuada corruptela politica e institucional, las declaraciones en impávida banalización, reconocimiento y apologia de la tortura del guardia civil Manuel Pastrana, la vuelta de Sanjurjo a su mausoleo en implicito homenaje y reconocimiento a sus “servicios a la Patria”…

Y algunos aún pretenden entretenernos con aquello de ver los huesos de Franco a la intemperie mientras arropan y actualizan la metástasis encubierta de esa carroña distribuida promiscuamente por ministerios, despachos, juzgados, cuarteles y comisarias, desde 1975, dos años más de los que hace del asesinato de Victor Jara, ese que de haber sido vasco seguramente hubiera sido objeto de la mofa del democrático guardia civil ya mencionado Manuel Pastrana por todo lo que chillaba mientras le machacaban los dedos a culatazos…

https://www.naiz.eus/eu/iritzia/cartas/usted-debe-responder-senor

Un día de 2010, la historiadora Rosa Ballester se encontraba husmeando en los archivos de la Organización Mundial de la Salud en la ciudad suiza de Ginebra, en busca de informes antiguos sobre la poliomielitis en España. De pronto, entre la montaña de papeles descoloridos, apareció un documento de 43 páginas mecanografiadas en francés, con el título Informe sobre la organización de los servicios sanitarios en España. Misión efectuada entre el 28 de septiembre y el 15 de diciembre de 1967 por el doctor Fraser Brockington. Ballester se quedó con la boca abierta.

“Nadie conocía la existencia de este informe”, recuerda ahora. “Brockington inventó la medicina social y fue una de las grandes figuras de la salud pública en el siglo XX. Y nos descubrió las vergüenzas”, relata la investigadora, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Brockington, que había sido catedrático de Medicina en la Universidad de Manchester, visitó España durante casi tres meses como consultor de la OMS y logró un acceso inédito a los despachos que manejaban la sanidad franquista. Su diagnóstico, una bofetada a la propaganda de la dictadura, ve ahora la luz por primera vez, más de medio siglo después de ser redactado.

El informe de 1967 denunciaba multitud de carencias. “Básicamente no existen consultas de especialidad ni consultas para cuidado prenatal, protección de la infancia, enfermedades venéreas y enfermedades pediátricas más que en las capitales de provincia”, sostenía Brockington. El médico también constataba “el fracaso de la Escuela Nacional de Sanidad en lo que respecta a la formación y a la investigación en Salud Pública” y alertaba del “desierto estadístico” que impedía conocer el estado real de la sanidad en España. “Los principios de la medicina social y preventiva”, escribía, “brillan por su ausencia”.

El denominado Informe Brockington deja claro que el estado de la sanidad española era “peor que el de muchos otros países en vías de desarrollo”, según subraya el historiador Esteban Rodríguez Ocaña, que acaba de publicar la traducción del documento en la revista especializada Gaceta Sanitaria. El expediente firmado por el médico británico era demoledor. Criticaba que Franco todavía no hubiese creado a esas alturas un Ministerio de Sanidad y que mantuviese descuartizadas las competencias en diferentes ministerios: la Dirección General de Sanidad pertenecía al Ministerio de Gobernación, pero la salud escolar dependía del Ministerio de Educación, los hospitales de la Seguridad Social se desarrollaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y la higiene ambiental recaía en los ministerios de Vivienda y Obras Públicas.

Era un caos con “efectos desastrosos”, según advirtió Brockington en 1967. “El escalón central se esfuerza poco o nada por coordinar su política. No existe un diálogo habitual entre los distintos ministerios”, alertaba. “Urge con premura resolver esta situación”.

Rodríguez Ocaña ha estudiado el origen de este embrollo organizativo. Tras el fin de la guerra civil en 1939, las facciones del bando ganador pelearon por repartirse el poder. Los militares católicos se hicieron con el Ministerio de la Gobernación y su Dirección General de Sanidad. Los falangistas, por su parte, se quedaron con el Ministerio de Trabajo y con el Instituto Nacional de Previsión, desde el que continuaron el programa de seguros sociales diseñado durante la República. El seguro obligatorio de enfermedad se aprobó en 1942, dejando fuera a la gran mayoría de los trabajadores del campo y a los desempleados. Con esta cobertura sanitaria, «el trabajador ya no sería un pobre que debería acogerse a la Beneficencia pública y vivir el rubor de ser hospitalizado entre mendigos, sino que sería un soldado a quien la sanidad de su ejército de paz atiende cuando ha sido baja en el servicio», aseguró en 1944 el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco.

“La propaganda insiste en que el seguro de enfermedad lo inventó Franco, pero la ley del seguro de enfermedad estaba en julio de 1936 admitida en las Cortes. No se la inventaron los franquistas. Ya había fake news entonces”, explica Rodríguez Ocaña, de la Universidad de Granada. Tras el seguro de enfermedad se aprobaron el de vejez e invalidez, en 1947; el de desempleo, en 1961; y todos ellos se unificaron en un sistema de seguridad social en 1963, según relata Rodríguez Ocaña en su libro Salud pública en España. De la Edad Media al siglo XXI.

Otros expertos ya han mostrado que la propaganda franquista no coincidía con la realidad, como constató Brockington en 1967. “Los hechos no encajan con el interés mediático mostrado por la dictadura hacia el problema sanitario”, señalan la historiadora Jerònia Pons y la economista Margarita Vilar en su libro El seguro de salud privado y público en España. Su análisis en perspectiva histórica, publicado en 2014. “La partida de presupuestos destinados a la Dirección General de Sanidad como porcentaje del presupuesto total del Estado permaneció estancada entre 1943 (1,05%) y 1958 (1,02%)”, apuntan las autoras.

“Las recomendaciones de Brockington se quedaron en un cajón”, lamenta Rodríguez Ocaña. En 1936, el Ministerio de Sanidad era una bandera enarbolada por la República. La anarquista Federica Montseny había cogido las riendas del gabinete, convirtiéndose en la primera mujer ministra de un Gobierno español. Pero todo desapareció con la guerra civil. El Ministerio de Sanidad no se recuperó hasta 1977, dos años después de la muerte del dictador.

Durante su estancia en España, Brockington dispuso de un despacho en la Dirección General de Sanidad, en Madrid. Desde allí, viajó por varias provincias españolas para obtener información de primera mano. En su informe, el experto también denunciaba el pluriempleo de los médicos españoles. Rodríguez Ocaña ha encontrado unas notas autobiográficas en los archivos de la Universidad de Manchester en las que Brockington recuerda asombrado que el director de la Escuela Nacional de Sanidad, Valentín Matilla, compaginaba su empleo con otros 16 cargos. “Esa no era manera de trabajar”, sentencia el historiador.

Rodríguez Ocaña y Ballester sí reconocen algunas mejoras llevadas a cabo por el régimen franquista, como la erradicación de la malaria y la disminución de la mortalidad infantil. Antes de la guerra civil, entre 1930 y 1934, de cada 1.000 nacidos vivos morían 120 niños antes de cumplir un año, frente a los 80 de Francia. El número fue cayendo durante la dictadura, llegando a 70 en 1950 (52 en Francia) y a 28 en 1970 (15 en Francia), según los estudios de la socióloga Rosa Gómez Redondo.

Ballester pone el foco en el “desierto estadístico” que confirmó Brockington. “Ni siquiera había estadísticas. ¿Cómo iban a actuar las autoridades?”, reflexiona Rosa Ballester. “En el caso de la polio, había niños pequeños que quedaban paralíticos o no podían respirar. Cuando algunos de los gerifaltes españoles acudían a congresos internacionales presumían de contar con respiradores, los llamados pulmones de acero, en todas las provincias, pero cuando venían los observadores de la OMS veían que había tan pocos aparatos que los médicos tenían que elegir qué niño moría y cuál vivía”.

https://elpais.com/elpais/2018/07/05/ciencia/1530792287_881383.html

Esta historia empieza con una huida. Militantes de la CNT han quemado hasta los cimientos el edificio del Instituto Católico de Artes y Oficios de Madrid y su director, el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, ha decidido marcharse a Bélgica. El ataque contra el edificio no ha sido casual, Pérez del Pulgar es un militante activo de la derecha más reaccionaria y utiliza su puesto para difundir propaganda, está convencido de la necesidad de frenar la expansión de las ideas marxistas entre los jóvenes. Solo unos meses después de su salida del país estalla la guerra y Pérez del Pulgar decide volver. Quiere ponerse al servicio del alzamiento, formar parte de la cruzada que va a salvar España.

Los siguientes meses los pasa en el norte de la península. Sabe que su lugar no está en el frente, pero en la retaguardia hay mucho trabajo para hombres como él. Pérez del Pulgar no pierde el tiempo. Contacta con Máximo Cuervo Radigales, un general muy cercano a la cúpula eclesiástica por su labor en la dirección del CEU. Cuervo Radigales está a punto de convertirse en uno de los hombres más peligrosos y oscuros del régimen franquista, pero para ello necesita la ayuda del jesuita. Entre los dos comienzan a construir el aparato ideológico que sostendrá el sistema penitenciario de la dictadura.

La recompensa llega enseguida. En 1938 Cuervo Radigales es nombrado Director General de Prisiones, y comienza a reorganizar las cárceles que están bajo el control de los golpistas. Con ayuda de Pérez del Pulgar, crea un sistema de trabajos forzados para los presos que se mantendrá durante toda la dictadura y que queda bajo el control de un nuevo organismo, el Patronato de Redención de Penas por Trabajo. Al frente del Patronato sitúa al jesuita, que responde directamente ante él. Acaba de nacer una de las maquinarias represivas más crueles del régimen. Este Patronato, sin embargo, no sería el único organismo que utilizaría trabajo esclavo, ya que al sistema penitenciario habría que sumar el sistema de campos de concentración que se creó por toda la península y donde también existían batallones de trabajo. Estos presos ni siquiera tenían pena que cumplir porque no habían sido juzgados, y dependían directamente de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), y luego de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios.

El sistema de trabajo esclavo del franquismo

Aunque el trabajo forzado de los presos era algo corriente desde el golpe de Estado, la construcción del Valle de los Caídos será una de las primeras grandes obras en utilizar mano de obra esclava de forma masiva. Franco quería un gran mausoleo, un monumento a la altura de la cruzada que acababa de acometer, y apenas esperó para ponerlo en marcha. El 1 de abril de 1940, en el primer aniversario de la victoria, se ordena el comienzo de las obras mediante decreto. El documento no deja lugar a dudas sobre el propósito, Franco quiere homenajear a los que han caído combatiendo a su lado: “Lugar perenne de peregrinación, en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires de la Cruzada”.

Aquí aparece de nuevo Pérez del Pulgar en nuestra historia. En un panfleto publicado a finales del 39 y que había titulado “La solución de España al problema de los presos políticos”, el jesuita sienta las bases de lo que será su labor al frente del Patronato de Redención de Penas por Trabajo: “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”. Del Pulgar va a hacerles pagar.

El funcionamiento del Patronato era sencillo: las empresas y los entes públicos solicitaban presos para trabajar y los responsables decidían la cantidad que les adjudicaba y la cárcel de donde eran seleccionados. El Archivo General de la Administración conserva los libros de actas que elaboró el Patronato entre 1940 y 1960, donde se detallan los presos adjudicados, el lugar de destino y la labor que van a realizar. Sin embargo, estos datos todavía no se han vaciado de forma sistemática, por lo que los investigadores que trabajan sobre el tema han recurrido a las Memorias de la Dirección General de Prisiones. Las investigaciones muestran que había empresas de todo tipo, incluido pequeño comercio y particulares que solicitan una criada para el servicio doméstico.

Mientras trabajaban, eran encerrados en colonias penitenciarias, en destacamentos penales, o en las propias cárceles. Para tener una imagen general del sistema de encierro, a estas colonias penitenciarias habría que sumarlas a la existencia de campos de concentración destinados al internamiento y la clasificación de los prisioneros de guerra.

Las cifras y la extensión de esta práctica a todos los sectores de la economía muestran que el sistema de trabajo esclavo no fue algo puntual, sino uno de los pilares claves de la economía franquista. Según los historiadores que han trabajado en esta cuestión, la mayor cantidad de presos fueron destinados a infraestructuras y obras públicas, como la construcción de vías férreas, carreteras, canales, cárceles y minas. Un ejemplo es la construcción de la cárcel de Carabanchel en Madrid, donde se sabe que en 1946 había 956 presos trabajando, aunque no se dispone de más datos sobre otros años.

En El Valle de los Caídos: Una memoria de España, una de las investigaciones más detalladas sobre la construcción del monumento, el historiador Fernando Olmeda no se atreve a dar cifras sobre la cantidad de presos que trabajaron en el Valle de los Caídos debido a la dificultad para conocer estos datos. Según las Memorias de la Dirección General de Prisiones, se trataría de unos 500 presos al año entre 1943 y 1950, aunque hay años en los que ni siquiera aparecen cifras.

Las obras fueron adjudicadas a tres constructoras, Banús, Molán y San Román, y los propios directivos se paseaban por las cárceles para seleccionar a los internos. Teodoro García Cañas, preso en la cárcel de Ocaña, recordaba en el libro “Esclavos por la patria” cómo Juan Banús examinaba personalmente los dientes y los músculos de los presos para escoger a los que pudiesen aguantar mejor. Muchos no lo hicieron. A las muertes por las malas condiciones de trabajo y el agotamiento se sumaron las que produjo la silicosis por las obras en las criptas.

Pérez del Pulgar observaba los avances del Valle de los Caídos y sonreía. Los presos se redimían no solo ante la patria, sino también ante Dios. A cambio de su trabajo, el Patronato había establecido un sistema de reducción de condenas y una paga económica cuyo objetivo era mostrar que era posible volver al buen camino y obtener el perdón. Sin embargo, lo cierto es que apenas se cumplieron. El sistema penitenciario de Cuervo Radigales estaba basado en la arbitrariedad y la tortura sistemática de los internos, a los que se aplicaban medidas como una política de dispersión constante que Radigales bautizó como “turismo penitenciario”. En cuanto al sueldo, se estableció un pago de 2 pesetas diarias de la que el Estado descontaba 1,5 para gastos de manutención.

La mayor fosa común de la península

Para la inauguración del Valle de los Caídos, Franco escogió otro aniversario de la victoria militar, el de 1959. Aunque en un primer momento se había decidido que solo fuesen enterrados allí los héroes del bando sublevado, en 1958 el régimen cambia de idea: una carta del ministro de Gobernación de ese año especifica que las inhumaciones se harán “sin distinción del campo en el que combatieron”. El lugar nunca dejó de ser un monumento a la victoria franquista, pero se decidió trasladar allí cadáveres procedentes de fosas comunes de prácticamente toda la península, sin tener en cuenta de dónde procedían ni avisar a sus familiares.

La enorme cantidad de traslados, que se prolongaron hasta 1983, convirtieron al Valle de los Caídos en la mayor fosa común de España, con 33.833 cuerpos. De ellos, 12.410 permanecen todavía hoy sin identificar. Aunque las fosas fueron declaradas de titularidad estatal en 2007, el acceso a ellas depende de la Iglesia gracias a los acuerdos de 1979 con el Vaticano, y esta ha utilizado esa potestad para negarse a que se efectuasen las identificaciones incluso cuando había sentencias judiciales favorables a los familiares, como sucedió en 2017 con el caso de Manuel y Ramiro Lapeña.

Estos acuerdos, que tienen el carácter de tratado internacional y por tanto están por encima de las leyes nacionales, son el principal obstáculo que afronta el gobierno para trasladar los restos de Franco. Sin embargo, el destino del monumento abre también otros interrogantes. Uno de ellos es el de su posible conversión a un memorial de las víctimas de ambos bandos, como recomendó el Comité de Expertos nombrado por Zapatero en 2011. La conversión parece complicada para un monumento que desde el principio tuvo clara su finalidad y que ha continuado siendo un lugar de homenaje el franquismo hasta ahora. Pero además, exige responder a preguntas como la financiación de su restauración, cuyo coste se estima en unos 13 millones de euros por el enorme deterioro que sufre el monumento.

En 2011, Joan Tardá propuso en el Congreso que estos costes corriesen a cargo de las empresas que se habían enriquecido con la mano de obra esclava. Para ilustrar su argumentación, utilizó una fotografía de las obras en la que se podía ver un cartel de la constructora Huarte, que después formaría la actual OHL. En el reverso de la foto, una anotación indicaba la necesidad de borrar el cartel para que no se asociase con la empresa. En realidad, la participación de Huarte en las obras se produjo de forma más tardía, en 1950, cuando según los datos de la Dirección General de Prisiones ya no había trabajo esclavo. No obstante, como señalaron los colectivos de memoria histórica de Navarra cuando le concedieron la Medalla de Oro de Navarra a Félix Huarte, la complicidad de este con la dictadura había sido enorme y se cree que utilizó trabajo esclavo en otras obras, como la construcción del aeródromo de Ablitas.

Huarte no fue la única. Las grandes fortunas del IBEX 35, construidas a base de trabajo esclavo, no querían dejar rastros de su pasado. OHL no era la única, como descubrieron las investigaciones del Financial Times en 2003 y La Marea en 2014, muchas otras grandes empresas también habían construido su fortuna gracias a los trabajos forzados, desde mineras como Norte o Duro a constructoras como Acciona y ACS o energéticas como Iberdrola o Gas Natural Fenosa.

Todas coincidieron en negarse a dar explicaciones y proporcionar información sobre ese asunto. El sistema creado por Pérez del Pulgar y Cuervo Rodigales seguía generando beneficios muchos años más tarde.

https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/los-esclavos-de-franco